Hola, dictadura

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de los documentos más interesantes de la revolución francesa. Fue el primer texto aprobado por la Asamblea Nacional revolucionaria, y recoge de todo: verdaderos derechos (libertad religiosa, libertad de imprenta, igualdad), principios jurídicos (principio de legalidad), obligaciones para el Estado (formar una Guardia Nacional, distribuir equitativamente los impuestos) y valores políticos que sería difícil encontrar en un texto más maduro.

Entre esos valores hay una idea que los constituyentes franceses expresan con notable concisión. Se trata del artículo XVI, que es una frase más propia de un tratado político que de un texto jurídico: “Una sociedad que no garantiza los derechos ni establece la separación de poderes no tiene Constitución”. La frase hizo fortuna y ha perdurado como resumen de las dos grandes características que tiene que tener un sistema para poder llamarse constitucional: medios jurídicos para garantizar los derechos fundamentales y división de poderes.

Ésta es la razón por la cual sostengo que, con el PP en el poder, nos deslizamos lentamente hacia una dictadura. “Garantía de los derechos” y “separación de poderes” no son dos bienes absolutos, que o existen o no existen, sino dos continuos: los derechos fundamentales pueden estar más o menos protegidos y los poderes del Estado más o menos separados. En el siglo XXI ya no hay dictaduras con ideología vertebradora, logo chulo y uniformes aptos para una sesión de sadomasoquismo. Lo que se lleva ahora es, por el contrario, ir recortando poquito a poco los dos bienes que definen el sistema constitucional hasta que ambos queden por debajo de cualquier mínimo razonable.

Eso es precisamente lo que está haciendo Rajoy, con la ventaja de que él es presidente en un sistema parlamentario: en este modelo, el jefe de gobierno es quien tiene a su favor a la mayoría parlamentaria, lo cual quiere decir que el poder ejecutivo y el legislativo ya están bastante confundidos. En la legislatura antepasada esa mayoría era sólida, lo que le permitió dedicarse a joder nuestros derechos fundamentales (Ley Mordaza), a controlar el poder judicial (reforma en el modo de elección de los vocales del CGPJ), a llenar el Tribunal Constitucional de colegas y a ampliar sus competencias.

Ahora la cosa ha cambiado: Rajoy tiene que hacer frente a un Parlamento algo más levantisco, por tanto es imperativo que lo controle. A esto se debe la noticia que conocimos el otro día: Rajoy pretende que el Tribunal Constitucional le permita vetar iniciativas legislativas. Si lo logra, las proposiciones de ley que no gusten en Moncloa recibirán un veto por parte del presidente del Gobierno cuya legalidad nadie podrá comprobar. En la práctica, eso impedirá que la oposición presente propuestas para derogar las barbaridades legales impuestas entre 2011 y 2015.

Vamos a ver esto con un poco más de detenimiento. Normalmente las propuestas de ley las presenta el Gobierno, lo cual tiene cierta lógica porque es quien dirige la política del país. Pero no es el único sujeto autorizado para iniciar la tramitación de una propuesta legislativa: también pueden hacerlo el Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas autonómicas y 500.000 firmas populares. En un momento en el que el PP está en minoría en el Congreso, esta facultad cobra muchísima importancia, porque una alianza de diversos grupos opositores puede conseguir que una proposición de ley se tome en consideración, se debata y se apruebe sin que el Ejecutivo pueda hacer nada contra ello.

El PP no puede permitirlo, y ha acudido raudo a una competencia que le concede la Constitución, concretamente el artículo 134.6: su derecho a vetar cualquier proposición que suponga aumento del gasto público o disminución de los ingresos. Esta facultad está prevista en el artículo constitucional que regula los Presupuestos Generales del Estado, y normalmente se invoca para vetar enmiendas a dichos Presupuestos que presenten los grupos parlamentarios. No existe costumbre de emplearla para vetar proposiciones de ley, aunque alguna vez se ha hecho.

Así que, cuando en octubre la oposición y las Asambleas autonómicas presentaron varias proposiciones de ley (entre ellas una para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE), el Gobierno se apresuró a vetarlas aduciendo que incrementaban muchísimo el gasto público. Pero el veto fue a parar a la Mesa del Congreso (1), donde el PP está en minoría. La Mesa decidió que los vetos no estaban justificados, los levantó y ordenó que estas proposiciones de ley se tramitaran.

Ahí es donde está el conflicto que el Gobierno quiere plantear al Tribunal Constitucional. El Gobierno opina que la Mesa no puede controlar que su veto sea más o menos acertado, sino limitarse a tramitarlo. La Mesa, por el contrario, entiende que dado que sus funciones incluyen calificar los escritos de índole parlamentaria, decidir sobre su admisibilidad y pronunciarse sobre si se tramitan o no, está perfectamente habilitada para juzgar si una proposición de ley incide sobre las finanzas públicas o si simplemente el Gobierno se está aprovechando de una competencia que debería usarse para otras cosas.

Yo opino que tiene razón la Mesa, entre otras cosas porque es el órgano rector del Congreso y, como he mencionado, uno de sus trabajos es precisamente controlar los requisitos de los escritos que entran. Si el Gobierno pretende vetar una proposición de ley argumentando que aumenta el gasto público, la Mesa debe poder controlarlo igual que controla si están las 500.000 firmas de la iniciativa legislativa popular o que un proyecto etiquetado como ley ordinaria no tenga materias reservadas a la ley orgánica. La Mesa no es un notario que se limite a dar fe de los argumentos del Gobierno, sino que puede valorarlos.

El PP parece olvidar algo muy importante: las Cortes son el superior jerárquico del Gobierno, porque son quienes representan al pueblo español (artículo 66CE). Cualquier facultad del Gobierno que pase por encima de las Cortes (como la del artículo 134.6 CE) tiene que interpretarse de manera restrictiva: sí, el Gobierno puede vetar las proposiciones legislativas que impliquen aumento del gasto, pero la Mesa del Congreso puede controlar que de verdad lo implican. Si no, estaríamos concediéndole un poder exorbitante. Propio de una dictadura.

El Gobierno va a meter al Tribunal Constitucional de por medio, planteando un conflicto de competencias. Hablamos del mismo Tribunal Constitucional que hace poco ha dicho que la ley que le concede competencias coercitivas para hacer cumplir sus sentencias es perfectamente constitucional, así que yo me espero cualquier cosa. Igual para esto sí se pone las pilas, empezamos el año con una sentencia que le dé la razón al Gobierno y la oposición pierde una de las pocas armas que le quedan para influir en la legislación.

Escribo esto un 20 de noviembre, aunque se publicará unos días después. Los fachas exaltan hoy la figura de Franco en plena impunidad. La verdad es que cuando hace un año escribí que España no tiene Constitución no podía imaginar que la deriva conservadora (incluso desde ese punto de partida tan bajo) iba a ser tan brutal. El Gobierno recorta lentamente cada pequeña opción que nos queda de levantar la voz, de oponernos, de variar el rumbo de la política del país.

Oh, sí, España es una tiranía y cada vez lo será más. Pero como formalmente seguirá funcionando como democracia y no habrá desfiles con uniformes de sadomasoquismo, no será identificada como tal y no lucharemos contra ella. Hola, dictadura.

(1) La Mesa es el órgano que gobierna el Congreso de los Diputados. Está compuesta por el presidente del Congreso, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Ahoramismo el PP tiene tres de los nueve asientos, mientras que los otros tres grandes grupos parlamentarios (Socialista, Ciudadanos y Unidos Podemos-En Comú-En Marea) tienen dos cada uno.