La
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de los
documentos más interesantes de la revolución francesa. Fue el primer texto
aprobado por la Asamblea Nacional revolucionaria, y recoge de todo: verdaderos
derechos (libertad religiosa, libertad de imprenta, igualdad), principios
jurídicos (principio de legalidad), obligaciones para el Estado (formar una
Guardia Nacional, distribuir equitativamente los impuestos) y valores políticos
que sería difícil encontrar en un texto más maduro.
Entre
esos valores hay una idea que los constituyentes franceses expresan con notable
concisión. Se trata del artículo XVI, que es una frase más propia de un tratado
político que de un texto jurídico: “Una sociedad que no garantiza los derechos
ni establece la separación de poderes no tiene Constitución”. La frase hizo
fortuna y ha perdurado como resumen de las dos grandes características que
tiene que tener un sistema para poder llamarse constitucional: medios jurídicos
para garantizar los derechos fundamentales y división de poderes.
Ésta
es la razón por la cual sostengo que, con el PP en el poder, nos deslizamos
lentamente hacia una dictadura. “Garantía de los derechos” y “separación de
poderes” no son dos bienes absolutos, que o existen o no existen, sino dos
continuos: los derechos fundamentales pueden estar más o menos protegidos y los
poderes del Estado más o menos separados. En el siglo XXI ya no hay dictaduras
con ideología vertebradora, logo chulo y uniformes aptos para una sesión de
sadomasoquismo. Lo que se lleva ahora es, por el contrario, ir recortando
poquito a poco los dos bienes que definen el sistema constitucional hasta que
ambos queden por debajo de cualquier mínimo razonable.
Eso
es precisamente lo que está haciendo Rajoy, con la ventaja de que él es
presidente en un sistema parlamentario: en este modelo, el jefe de gobierno es
quien tiene a su favor a la mayoría parlamentaria, lo cual quiere decir que el
poder ejecutivo y el legislativo ya están bastante confundidos. En la
legislatura antepasada esa mayoría era sólida, lo que le permitió dedicarse a
joder nuestros derechos fundamentales (Ley Mordaza), a controlar el poder
judicial (reforma en el modo de elección de los vocales del CGPJ), a llenar el Tribunal
Constitucional de colegas y a ampliar sus competencias.
Ahora
la cosa ha cambiado: Rajoy tiene que hacer frente a un Parlamento algo más
levantisco, por tanto es imperativo que lo controle. A esto se debe la noticia
que conocimos el otro día: Rajoy pretende que el Tribunal Constitucional
le permita vetar iniciativas legislativas. Si lo logra, las proposiciones de
ley que no gusten en Moncloa recibirán un veto por parte del presidente del Gobierno
cuya legalidad nadie podrá comprobar. En la práctica, eso impedirá que la
oposición presente propuestas para derogar las barbaridades legales impuestas
entre 2011 y 2015.
Vamos
a ver esto con un poco más de detenimiento. Normalmente las propuestas de ley
las presenta el Gobierno, lo cual tiene cierta lógica porque es quien dirige la
política del país. Pero no es el único sujeto autorizado para iniciar la
tramitación de una propuesta legislativa: también pueden hacerlo el
Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas autonómicas y 500.000
firmas populares. En un momento en el que el PP está en minoría en el Congreso,
esta facultad cobra muchísima importancia, porque una alianza de diversos
grupos opositores puede conseguir que una proposición de ley se tome en
consideración, se debata y se apruebe sin que el Ejecutivo pueda hacer nada
contra ello.
El
PP no puede permitirlo, y ha acudido raudo a una competencia que le concede la Constitución,
concretamente el artículo 134.6: su derecho a vetar cualquier
proposición que suponga aumento del gasto público o disminución de los
ingresos. Esta facultad está prevista en el artículo constitucional que regula
los Presupuestos Generales del Estado, y normalmente se invoca para vetar
enmiendas a dichos Presupuestos que presenten los grupos parlamentarios. No existe
costumbre de emplearla para vetar proposiciones de ley, aunque alguna vez se ha
hecho.
Así
que, cuando en octubre la oposición y las Asambleas autonómicas presentaron varias
proposiciones de ley (entre ellas una para paralizar el calendario de
implantación de la LOMCE), el Gobierno se apresuró a vetarlas aduciendo
que incrementaban muchísimo el gasto público. Pero el veto fue a parar a la Mesa
del Congreso (1), donde el PP está en minoría. La Mesa decidió que los vetos no
estaban justificados, los levantó y ordenó que estas proposiciones de ley se
tramitaran.
Ahí
es donde está el conflicto que el Gobierno quiere plantear al Tribunal
Constitucional. El Gobierno opina que la Mesa no puede controlar que su veto
sea más o menos acertado, sino limitarse a tramitarlo. La Mesa, por el
contrario, entiende que dado que sus funciones incluyen calificar los
escritos de índole parlamentaria, decidir sobre su admisibilidad y pronunciarse
sobre si se tramitan o no, está perfectamente habilitada para juzgar si una proposición
de ley incide sobre las finanzas públicas o si simplemente el Gobierno se está
aprovechando de una competencia que debería usarse para otras cosas.
Yo
opino que tiene razón la Mesa, entre otras cosas porque es el órgano rector del
Congreso y, como he mencionado, uno de sus trabajos es precisamente controlar
los requisitos de los escritos que entran. Si el Gobierno pretende vetar una
proposición de ley argumentando que aumenta el gasto público, la Mesa debe
poder controlarlo igual que controla si están las 500.000 firmas de la
iniciativa legislativa popular o que un proyecto etiquetado como ley ordinaria
no tenga materias reservadas a la ley orgánica. La Mesa no es un notario que se
limite a dar fe de los argumentos del Gobierno, sino que puede valorarlos.
El
PP parece olvidar algo muy importante: las Cortes son el superior jerárquico
del Gobierno, porque son quienes representan al pueblo español (artículo 66CE). Cualquier facultad del Gobierno que pase por encima de las Cortes
(como la del artículo 134.6 CE) tiene que interpretarse de manera restrictiva:
sí, el Gobierno puede vetar las proposiciones legislativas que impliquen
aumento del gasto, pero la Mesa del Congreso puede controlar que de verdad lo
implican. Si no, estaríamos concediéndole un poder exorbitante. Propio de una
dictadura.
El
Gobierno va a meter al Tribunal Constitucional de por medio, planteando un
conflicto de competencias. Hablamos del mismo Tribunal Constitucional que hace
poco ha dicho que la ley que le concede competencias coercitivas para hacer
cumplir sus sentencias es perfectamente constitucional, así que yo me
espero cualquier cosa. Igual para esto sí se pone las pilas, empezamos el año
con una sentencia que le dé la razón al Gobierno y la oposición pierde una de
las pocas armas que le quedan para influir en la legislación.
Escribo
esto un 20 de noviembre, aunque se publicará unos días después. Los fachas
exaltan hoy la figura de Franco en plena impunidad. La verdad es que cuando
hace un año escribí que España no tiene Constitución no podía imaginar
que la deriva conservadora (incluso desde ese punto de partida tan bajo) iba a
ser tan brutal. El Gobierno recorta lentamente cada pequeña opción que nos
queda de levantar la voz, de oponernos, de variar el rumbo de la política del
país.
Oh,
sí, España es una tiranía y cada vez lo será más. Pero como formalmente seguirá
funcionando como democracia y no habrá desfiles con uniformes de
sadomasoquismo, no será identificada como tal y no lucharemos contra ella. Hola,
dictadura.
(1)
La Mesa es el órgano que gobierna el Congreso de los Diputados. Está compuesta por
el presidente del Congreso, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Ahoramismo el PP tiene tres de los nueve asientos, mientras que los otros tres
grandes grupos parlamentarios (Socialista, Ciudadanos y Unidos Podemos-En
Comú-En Marea) tienen dos cada uno.
Totalmente de acuerdo. Algo que expresé en twitter el otro día en relación con esto es que creo que este gobierno no es consciente del terrible error que es utilizar las instituciones como si fueran su cortijo, modificando normativas y competencias para beneficiarles y quitarle soberanía a otros agentes, y en última instancia al pueblo. Porque parece que no entienden que todos los mecanismos que están usando para apuntalarse en el poder, como lo de no responder ante el Congreso cuando están en funciones, sientan un peligroso precedente de artimañas que pueden ser usadas en su contra cuando cambien las tornas y se vean en la oposición. Es una estrategia peligrosa y sus consecuencias son mucho peores de lo que imaginan.
ResponderEliminarPuede ser. El fin de toda dictadura es autoperpetuarse, y en el PP tienen claro que les apoya una mayoría simple de españoles y que eso no cambiará a corto plazo. Yo no sé hasta qué punto tienen en la cabeza el escenario de bajar en votos y pasar a ser oposición. Así que, en ese contexto, probablemente no le importe degradar el sistema hasta este punto.
EliminarPartiendo de que la posición del Gobierno es un abuso en toda regla, como te comenté en Twitter, hay dos cosas que se pueden hacer. La primera, que toda disposición normativa que pueda impactar en los gastos presupuestarios entra en vigor el 1 de enero del año siguiente, fuera del ejercicio presupuestario en vigor. Tengo entendido que es lo que hizo Podemos en Andalucía cuando el PSOE dijo que la Ley de Cuentas Abiertas incrementaba los gastos.
ResponderEliminarLa segunda, se modifica el Reglamento del Congreso para aclarar que, en caso de discrepancia entre el Gobierno y la Mesa sobre si una norma genera incremento de gasto, decide el Pleno del Congreso. El Reglamento del Parlamento de Andalucía tiene esa misma regla y en el del Congreso no encuentro nada parecido. Lo que diga el Tribunal Constitucional, llegado el caso, prevalece sobre el Reglamento, pero es una forma de tensar la cuerda y defender la potestad parlamentaria.
La verdad es que la primera idea me parece ingeniosísima xD La otra, teniendo en cuenta que la reforma del Reglamento exige mayoría absoluta, coincido contigo en que es más una forma de presionar al Gobierno ("todo el Parlamento en tu contra") que otra cosa.
EliminarVeremos lo que dice el TC. Yo estoy cagadísimo.
¿Es esto lo que sintieron los alemanes en 1933?
ResponderEliminarIgual :/
EliminarHola Vimes, antes de nada y de nuevo quería felicitarte por tu blog, muy instructivo y ventana a todo lo referente al mundo judicial.
ResponderEliminarDesde mi ignorancia creo que la única manera de asegurar la "imparcialidad" y no intromisión en órganos judiciales como el CGPJ, TS, TC... Es introducir el azar como método elección. Creo que estaría bien que los elegidos se eligiesen al azar dentro de un cupo al que cualquiera pudiese acceder cumpliendo unos mínimos (de carrera (pej ser juez), de tiempo dedicado (pej 15 años), etc) e incluso igual pues una puntuación en función de una serie de variables (como recusaciones, si tribunales superiores han fallado contra el juez X veces, etc) que aumentase o disminuyese las posibilidades de cada candidato de ser elegido.
Quería saber tu opinión al respecto, y disculpas anticipadas por mi posible mal uso de conceptos o términos jurídicos.
Saludos,
Carlos
Ay, si no había respondido a esto.
EliminarUn dato poco conocido es que en Atenas, cuna de la democracia, sólo los cargos muy especializados se elegían: el resto se sorteaban. Yo llevo años defendiendo una postura similar a la tuya, especialmente para órganos tan importantes como el CGPH o el TC, pero también para según qué órganos colegiados de la Administración.