Privatizando la justicia: la Ley de Jurisdicción Voluntaria

El proceso de demolición del Estado social es, en realidad, muy sencillo. Primero esparces el rumor, que corre hasta que se convierte en un lugar común, de que lo público es una mierda. Apoyas esa afirmación con hechos, recortándolo cada vez que puedes. Y, finalmente, ofreces una alternativa privada a quien pueda pagársela, a ser posible en régimen de monopolio y/o vinculada a tus colegas. Así se hace con la educación, así se hace con la sanidad y así se hace en las pensiones.

Yo, iluso de mí, pensaba que no podrían hacerlo en la justicia. Vale, es cierto, el primer paso ya está dado: la Justicia en España es, cada vez más, un cenagal insondable donde se sabe cuándo se entra pero no cuándo se sale (1). A pesar de las promesas del ministro, que ha dicho que para 2016 la Administración de Justicia no usará papel (lo que ha producido un sonoro LOL por parte de todos los operadores de un sistema judicial que aún emplea el fax como medio habitual de notificaciones), el hecho que los juicios se señalen a tres, cuatro o hasta siete años vista da buena cuenta de lo mal que funciona todo.

Pero claro, uno se dice: “vale, la justicia va mal y está así de forma consciente, pero… esto no se puede privatizar. Esto ha sido público siempre. Es el núcleo esencial del Estado, no ya de Derecho sino incluso del Antiguo Régimen. ¿Cómo van a privatizarlo?” Pues pueden. Claro que pueden. Voy a contaros cómo.

Se ha publicado hace poco la Ley de Jurisdicción Voluntaria. La jurisdicción voluntaria cubre aquellos procedimientos que tienen que realizarse delante de un juez pero en los cuales no hay, en principio, un conflicto. Son bastantes: adopciones, matrimonios, divorcios de mutuo acuerdo, tutelas, nombramientos de auditores de cuentas, nombramientos de albaceas testamentarios… mil cosas. Esas materias estaban reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y, cuando se hizo la de 2000, no se incluyeron. La Disposición Final 18ª de esta última norma obligaba al Gobierno a preparar un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria antes de un año. Por supuesto, hasta 2015 no la hemos tenido.

Pues bien: la Ley de Jurisdicción Voluntaria regula y actualiza todas esas materias… y de paso las privatiza parcialmente. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. El cuerpo de la ley establece toda una serie de procedimientos de jurisdicción voluntaria, que recaen sobre todo en los secretarios judiciales. Y las disposiciones finales (que ocupan exactamente la mitad de páginas de la ley), por la puerta de atrás, modifican otras normas para concederle esas mismas competencias, de forma concurrente con los secretarios judiciales, a notarios y registradores de la propiedad (2).

Por ejemplo, en el matrimonio. Actualmente, si quieres casarte tienes que instruir un expediente ante el Registro Civil (que comprueba si tu pareja y tú reunís los requisitos) antes de prestar el consentimiento. Pues bien: desde 2017 podrás realizar este expediente ante un notario. Un notario también podrá casarte y tramitar la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, esto desde que la ley entre en vigor en este mismo mes. Por supuesto es voluntario: puedes decidir no hacerlo y acudir al procedimiento común, ante un secretario judicial. Pero este procedimiento común, claro está, es mucho más lento, y si te vas a librar de varios meses de espera sólo pagando un poco más…

O en empresas. De nuevo, quienes quieran realizar ciertos trámites en sociedades de capital (reducir capital social, convocar Juntas cuando no se hubieran convocado incumpliendo requisitos legales, nombramiento de auditores, designación de interventores para liquidar la empresa) pueden acudir al secretario judicial, que lo hará de forma gratuita. Pero, si no quieren esperar, pueden pagar el arancel correspondiente y pedir que se lo haga un registrador mercantil.

Veis por dónde va, ¿no? Dejar competencias propias de la justicia en manos de unos colapsados secretarios judiciales (que cada vez tienen más funciones) pero a la vez concedérsela a particulares que las ejercen previo pago. Quien tenga dinero se lo hará rápidamente por el notario o por el registrador; quien no, a la lenta vía jurisdiccional. O, en otras palabras: en vez de mejorar la justicia para todos, permiten que los ricos se escapen de la necesidad de usarla.

He calificado a los notarios y a los registradores de la propiedad como particulares porque, aunque la ley los considere funcionarios públicos (y les dé competencias en consecuencia), en realidad no lo son. No tienen superior jerárquico, contratan empleados en su propio nombre y a su arbitrio y no cobran de una nómina sino de los clientes que entran por la puerta. Son en realidad profesionales privados protegidos por una altísima barrera de entrada: una oposición. Y ahora, pese a eso, están en crisis. Así que el Gobierno, en atención a la amistad que les tiene (recordemos que el propio Rajoy es registrador de la propiedad) lleva unos años dotándoles a la desesperada de competencias. ¿Que la gente deja de comprar y vender terrenos? Pues no os preocupéis, bonitos, que de casarse y de montar empresas no van a dejar y os vamos a conceder las competencias sobre esos temas.

Esto, al margen de los problemas que pueda provocar (3) es malo de por sí. Como ya se ha dicho, se crea una justicia de dos velocidades, donde el que tenga dinero puede conseguir una resolución rápida y el que no lo tenga tiene que esperarse. Lo mismo sucede con los procedimientos contenciosos, es decir, donde sí hay conflicto: la tendencia cada vez más es a desjudicializarlos, abriendo la posibilidad de arbitrajes o mediaciones. En definitiva, se trata de extraer todas las cuestiones posibles del ámbito de la Administración de Justicia para que sólo se dirija a ella quien no tenga más remedio… y acabe con un juicio señalado para 2022.

(1) Diría que es como el pantano de fuego pero sin R.A.G. (Roedores de Aspecto Gigantesco) si no fuera por las denuncias de ratas en algunos Juzgados.

(2) A veces incluso concediéndosela exclusivamente. Así, la aceptación de la herencia a beneficio de inventario (ese caso en el que el heredero sólo acepta la herencia si los bienes son superiores a las deudas, porque éstas se pagan con aquéllos y la herencia sólo se acepta si después de esta operación quedan activos) ahora debe hacerse ante notario, sin intervención ninguna del juez o del secretario judicial. Así lo dice la DF 1ª, en el párrafo 81.

(3) Como el denunciado aquí: ¿qué pasa si el notario que realiza el expediente matrimonial entiende que la pareja puede casarse, ésta se casa y luego el encargado del Registro Civil se niega a inscribir el matrimonio porque entiende que el notario se equivocó y la pareja realmente no puede contraer?