Con esta entrada interrumpo la serie de
posts sobre la tríada de leyes mordaza que fueron aprobadas el mes pasado. No
dejan de ser noticia vieja y a mí me gusta comentar la actualidad. Y la
actualidad hoy es la reforma de la Ley del Aborto que ha presentado el PP en el
Congreso. La propuesta no viene del Gobierno, sino del partido, y así se han
evitado una serie de engorrosos trámites prelegislativos (dictámenes y demás)
que podrían retrasar una norma que tiene que salir rapidito para contentar a los
fuerzapartos. A los que aún se dejen contentar por lo que ellos consideran una
reforma descafeinada. A los tres.
De momento lo único que se ha aprobado es
admitirla a trámite, es decir, iniciar los trabajos parlamentarios que
conducirán a que, en un periodo de tiempo variable, esté aprobada y en vigor.
¿Cuánto va a tardar? No más de un par de meses; quizás menos, si el Gobierno le
mete el turbo. Veremos.
El PP siempre ha estado en contra de que
las menores decidan. Lo estaba en 2002, cuando aprobó la Ley de Autonomía del Paciente, cuyo artículo 9.4 pretendía conceder a los padres la
capacidad de decidir sobre esta materia (1). Y lo está ahora, que introduce un
nuevo párrafo en ese precepto que establece, sin sombra de duda, que para que
una menor aborte es necesario “el consentimiento expreso de sus representantes
legales”. Elimina así el ágil y razonable procedimiento establecido en la
vigente Ley del Aborto: las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar deberán
comunicárselo a uno de sus tutores salvo que aleguen una situación de conflicto
grave.
Lo que pretende introducir el PP, no lo olvidemos, es una excepción
al régimen general que dice que los mayores de 16 años pueden por sí solos
prestar consentimiento a los actos médicos. ¿Está justificado introducir esa
excepción? Pues no parece, pero vamos a dejar al legislador que se explique. Para
eso está la exposición de motivos de las leyes, ¿no? La de la propuesta es
cortita, de unos pocos párrafos. Vamos a analizarla.
Empieza diciendo que el hecho de que las
mujeres de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus padres o tutores cuando abortan es
fundamental. ¿Fundamental para quién? ¿Para ellas? Sí, pero “no se trata únicamente de la
protección de la menor”, sino que el Código Civil establece para los padres una
serie de deberes de protección hacia los hijos. Con la Ley del Aborto vigente
algunos padres no podrán cumplir con esta obligación, ya que sus hijas podrán
impedir que se enteren.
Hasta aquí todo correcto. Conforme: habrá
algunos padres que no puedan cumplir con sus deberes hacia sus hijas. ¿Y por
qué esto es un problema? Atención: porque priva “a las menores de la protección
(…) de poder contar, en un momento crucial y complicado de su vida, con la
asistencia de quienes ejercen su patria potestad”. Toma ya pirueta argumental.
Esto no se sostiene por ningún lado. La
posibilidad de no comunicar a los padres la decisión de abortar está abierta a
cada mujer, que tendrá que solicitarlo expresamente. ¿De qué forma esta
regulación le priva de la asistencia de sus padres? Al contrario, le permite
elegir si la desea o no la desea. Más aún porque la ley actual sólo permite
dejar de informar a los padres si hubiera un “peligro cierto de violencia
intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos (…), desarraigo o desamparo”.
El texto vigente permite que las menores de edad sean apoyadas por quienes las
aman y, a la vez, que los maltratadores y violentos sean expulsados de su lado.
¿Dónde está el problema?
En ninguna parte, claro. La proposición
de ley ha tenido que inventárselo para justificar el querer cargarse una regulación
ponderada y razonable. Esta asquerosa neolengua se ve incluso desde el título
de la propuesta: “Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores”. Es
necesario inventarse que la ley que ampara a las menores de sus agresores en
realidad las desprotege. Creado este falso desamparo puede venir el PP
a “arreglarlo”, aprobando una ley que deja a las jóvenes en manos de la buena
voluntad de sus progenitores. ¿Y si hay desacuerdo? No hay problema: que
resuelva el juez atendiendo al superior interés de la menor. Y si el pleito
sale años después, cuando el feto ya es un niño con la comunión hecha… pues
bueno, mala suerte.
En fin, lo de siempre: viendo el PP que
no cuela aprobar una ley que destroza la vida de muchas mujeres, saca por la
puerta de atrás una norma que hace lo mismo con las más débiles. En realidad el
número de víctimas de esta nueva ley va a ser escaso: muy pocas mujeres se han
acogido a la posibilidad de no comunicar el aborto a sus progenitores, como es
lógico si asumimos que en la mayoría de familias esta decisión no provocará una
situación de violencia. Pero eso es un arma de doble filo, ya que esos mismos
números prueban que no se está abusando de la excepción. Entonces, ¿por qué
eliminarla? ¿Por qué abocar a las menores a la violencia familiar?
Ésa sí es una pregunta fácil. ¿Por qué?
Por simple conservadurismo.
(1) Aunque con tan mala técnica
legislativa que en realidad no lo hizo. Jacobo Dopico lo cuenta muy bien aquí.
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