Seguridad jurídica

Vivimos un verdadero maremágnum legislativo. Si hay algo de lo que no se puede acusar a este Gobierno es de pasividad: trabajan a diario y con constancia por el objetivo de llevarnos al abismo. La Ley del Aborto, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y el recorte de la jurisdicción universal son todas normas que han sido aprobadas con el único objetivo de…

Así podría empezar un artículo cualquiera de cualquier periódico o bloguero de izquierdas. Y probablemente, con ese comienzo sería ampliamente difundido y retuiteado, llegaría a portada en Menéame y se llenaría de comentarios elogiosos hacia el autor. Y nadie se daría cuenta de una cosa, pequeña pero relevante: nada de lo que he mencionado está aprobado. No son normas en vigor. No son Derecho. No obligan a nadie. Son proyectos que, con seguridad, acabarán aprobándose, pero hoy por hoy no son ley.

“Buah”, podrá pensarse, “ya está éste con sus sutilezas de abogado. ¿Qué más dará?” Pero sí da. Da, y mucho. Porque si los periódicos anuncian a bombo y platillo que es Derecho lo que no lo es, la gente empieza a actuar según lo que estipulan las nuevas normas. ¿Cuántas mujeres creen que la Ley Gallardón está en vigor y ya no pueden abortar salvo casos restringidos? Yo he leído alertas feministas que aclaraban que no lo está ante las consultas sobre el tema. ¿Cuántas personas acuden a manifestaciones con más miedo del habitual por si les aplican la Ley de Seguridad Ciudadana? Yo he oído expresar este temor a amigos míos, gente bien informada.

Me decidí a escribir este artículo el otro día, cuando leí a un iluminado columnista de El País decir que la clave para entender el cierre de SeriesYonkis es la “reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual” (1). Y lo hice porque los periodistas, como profesionales de la información, deberían tener un mínimo de rigor y no decir que están produciendo efectos normas que no pueden aplicarse. Si ya es bastante malo que en los titulares se diga día sí y día también que “el Gobierno aprueba la ley de…”, que en cuerpo de los artículos y columnas de opinión se persista en el error es deprimente.

Aun cuando el cuerpo del artículo diga correctamente que el proyecto está en fase de tramitación, que no está aprobado, ¿qué importa? La gente se informa como se informa y tiene la comprensión lectora que tiene. Y no hablemos de los informativos, con sus constantes “la nueva ley prohibirá…” sin ninguna referencia a cuándo va a entrar en vigor esa prohibición. ¿Cuánta gente se informa en este país sólo (o principalmente) con el telediario? Quienes nos molestamos en buscar fuentes de información mejores (que, gracias a Twitter, obtenemos con facilidad) solemos olvidarnos de que no somos mayoría.

En los momentos de mayor paranoia a uno le da por pensar que, al margen de lo que puedan hacer periodistas bocazas, esta desinformación es una estrategia consciente. Y no me extrañaría. Al fin y al cabo estamos en un proceso de demolición no sólo del Estado social sino del Estado de Derecho, y la seguridad jurídica (consagrada en el artículo 9.3 CE como un principio que debe garantizarse) no iba a ser ajena a ello.

En el Antiguo Régimen, antes de las revoluciones liberales, interpretar el Derecho era un problema menor al lado de una tarea aún más titánica: identificar qué era Derecho. Saber cuáles de las normas escritas (con distintos nombres y fuentes y sin jerarquía clara), de las sentencias y dictámenes previos y de las costumbres que podían conocerse estaban en vigor y eran aplicables en un juicio era prácticamente imposible. Ello llevó a los ilustrados a postular la idea de la seguridad jurídica: es necesario que todo el mundo pueda conocer qué normas hay, qué dicen y cuándo entran en vigor. Fruto de esta idea nacieron, entre otras cosas, los Boletines Oficiales.

Hoy en día no se pueden hacer secretas las normas y dejar de publicar el BOE, pero sí se puede, si se quiere mermar la seguridad jurídica, recurrir a la desinformación. Hay que aprovechar que la gente ve el Derecho como una nebulosa, que no diferencia entre decreto, ley o sentencia, que no ve nada raro cuando lee que un “proyecto de ley” tiene efectos o que no conoce la jerarquía normativa. ¿El objetivo? Desmovilizar a la población a base de confundirla. La huida hacia delante de un Estado sin legitimidad.

A la hora de analizar el impacto de las normas jurídicas en la sociedad, hay que tener en cuenta una cosa: a la gente le da miedo el Derecho. Es común, al recibir una notificación del Juzgado o de la Administración, ponerse de los nervios y no hacer el más mínimo intento de entenderla, supongo que porque “saben” (creen) que no van a ser capaces. No digo ya la mera idea de sumergirse en la lectura de una ley que, a poco que sea complicada (pienso en normas administrativas o fiscales) desalienta a cualquiera que no tenga formación específica.

En realidad es bastante normal. El Derecho no sólo posee un lenguaje técnico propio, sino que de la correcta comprensión del mismo se deriva algo tan importante como saber qué puede hacer y qué no puede hacer el sujeto. No resulta raro que muchas personas sean incapaces de enfrentarse a él. Aprovecharse de esa incapacidad para reprimir es repugnante.

       (1) Esa “reciente reforma” entró en el Congreso de los Diputados el 14 de febrero y está en plazo de presentación de enmiendas. Quedan aún muchos trámites y varios meses para que la norma se publique en el BOE.