Ana Mato y la reproducción asistida

Si una cosa buena tiene un Gobierno ultraconservador compuesto por corruptos con más cara que espalda es que no te aburres nunca. Unas veces es Rajoy haciendo de Don Tancredo y mostrando que sí, una vez más puede inventarse una estrategia para no contestar ninguna pregunta. Otras, Gallardón decidiendo amablemente por todas las mujeres y cargándose soterradamente el sistema de justicia. A veces emerge Wert con el tiempo justo para soltar alguna parida sobre lo vagos que son los estudiantes para inmediatamente volver a hundirse en el fango. Y, de fondo, el runrún del caso Bárcenas y los gritos desaforados de los adláteres, miembros de las NN.GG., prensa afín y demás lameculos.

 A la que le ha tocado entretenernos esta semana ha sido a Ana Mato, nuestra ínclita ministra de Sanidad. Resulta que, en un esfuerzo por priorizar y ahorrar en las maltrechas cuentas públicas, el Ministerio que ella dirige va a dejar de incluir los tratamientos de fertilidad para solteras y para parejas de mujeres. Las Comunidades Autónomas podrán seguir ofertando esos tratamientos: País Vasco y Andalucía ya han dicho que lo va a hacer.

¿Tiene sentido esta medida? ¿Tiene un sustento científico, alguna justificación racional? A primera vista puede parecer que sí: si hay que priorizar, es mejor dedicar las técnicas de reproducción asistida a quienes tienen problemas de fertilidad que a quienes no los tienen, ¿no? Pues no.

Cabe recordar que tener hijos es un derecho. Lo es en el sentido más jurídico de la palabra, piense uno lo que piense sobre la relación entre padres e hijos. Cierto, no es parte de los derechos fundamentales ni de los derechos humanos, aunque algunas Constituciones lo están incorporando (1). Pero es un acto que no está prohibido ni es obligatorio: en definitiva, un derecho.

 Lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad es dificultar el acceso a medios técnicos para poder ejercer este derecho a mujeres que, voluntariamente o no, se apartan del canon familiar que dicta el patriarcado. La retórica de que se trata de una cura para una enfermedad es falaz, y lo es por dos razones:

       1.- La esterilidad se puede dar en mujeres de cualquier estilo de vida (emparejadas o solteras) y de cualquier orientación sexual (heterosexuales, lesbianas o bisexuales), independientemente de que tengan más o menos problema para conseguir un donante de esperma. ¿En base a qué se financian tratamientos sólo para las mujeres emparejadas con un varón, si no es para dificultar que las demás tengan hijos? ¿Por qué la financiación de la reproducción asistida de una mujer emparejada y con un donante dispuesto depende del sexo de su pareja?

       2.- Los tratamientos de fertilidad que se incluyen en la cartera de servicios del Ministerio también se aplican cuando, en la pareja heterosexual, el estéril es el hombre. Aquí parece que no se aplica la jocosa declaración de Mato de que “la falta de varón no es un problema médico”, ya que aquí falta un varón (pues el que hay no puede cumplir su parte en la procreación) y sin embargo el sistema público de salud cubre la situación. A la mujer emparejada con un estéril no se le dice que busque a otro que le insemine: ¿por qué a la mujer soltera y a la lesbiana sí? ¿Es que Mato no es consciente de lo absolutamente faltas de empatía que son sus declaraciones? Si una mujer no quiere emparejarse, o no encuentra con quien, o se siente atraída por las mujeres, ¿qué clase de psicópata le dice que se busque un rabo para que le done el esperma necesario?

En definitiva, el argumento que pretende negar que aquí haya una discriminación no se aguanta por ninguna parte. Habrá que ver el texto final de la norma, pero tal y como parece que será tiene visos bastante evidentes de inconstitucionalidad. Porque el “corte” real, como ya he demostrado, no está entre quienes son estériles y quienes son fértiles sino entre quienes tienen un modelo familiar que le gusta al Ministerio de Sanidad y quienes no.

(1) Puede incardinarse en el derecho a decidir sobre la propia salud sexual y reproductiva, que algunas Constituciones redactadas en el siglo XXI incorporan. Así lo hace, por ejemplo, la de Bolivia (artículo 66).