El fenómeno de los fascistas manifestándose delante de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo es algo que trasciende nuestras fronteras, por desgracia. Algunas veces adopta la forma de manifestaciones, otras se tumban en el suelo para impedir el paso, en otras ocasiones abordan a las pacientes con rezos, estadísticas o peticiones (incluso con furgoneta de ecografías) y, si nadie les hace caso, ya pasan a las pintadas o a los atentados.
Por supuesto, la sociedad tiende a rechazar esta clase de actitudes. Así que en varios municipios han aparecido carteles que las promueven. «Rezar frente a una clínica abortista está genial. Este mensaje podría ser cancelado por la inminente reforma de la Ley del Aborto». Algunas ciudades ya han retirado esta publicidad; en otras, como en Madrid, la oposición lo está pidiendo, aunque supongo que nuestro dilecto alcalde hará el caso acostumbrado.
De esta campaña me llaman la atención dos cosas. La primera es que está hecha, según sus promotores, para «combatir la corrección política dando voz a las posiciones silenciadas por el pensamiento único». Pero la cosa es que dichos promotores son la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), una asociación privada que tiene como objetivo promover el ideal católico en todos los ámbitos de la vida: tienen editoriales, periódicos, sociedades de caridad y hasta universidades.
La ACP no es una iniciativa que naciera hace cuatro días. Tiene más de un siglo de historia, la mitad del cual se lo pasaron como parte activa del régimen de Franco. Elementos como Onésimo Redondo (fundador de las JONS) eran miembros de la ACP. Más tarde, ya en la dictadura, fueron una de las «familias» más importantes del régimen. Como sabemos, las «familias» eran grupos de personas que se adscribían al régimen en líneas generales pero que tenían cada uno sus propias ideas: estaban los católicos de la ACP, los militares, los falangistas, los carlistas, más adelante los tecnócratas… Franco promovía a unos y rebajaba a otros a su conveniencia. En general, la «familia» de los católicos ocupó los Ministerios de Asuntos Exteriores y, sobre todo en la primera mitad del régimen, de Educación.
Claro, desde la dictadura han pasado ya unas cuantas décadas, pero hay manchas que son para siempre. La ACP es gente que durante veinte años se encargó de la educación del régimen franquista, que representa a una Iglesia que ha sido religión de Estado en este país hasta hace cuatro días y religión predominante hasta hace dos y que tiene una política activa de propaganda de conversiones. Es muy curioso que vengan ahora con que si pensamiento único y no sé qué.
Creo que no hay mejor ejemplo de hasta qué punto todas estas quejas sobre «corrección política» y «pensamiento único» son dogwhistles fascistas. Propagandistas activos de una religión que cuenta en su haber con inquisiciones y cruzadas varias, que se resiste como gato panza arriba a abandonar la educación de niños, que consiguió un tratado internacional que les reconoce el derecho a impartir una asignatura adoctrinadora durante todos los niveles de educación obligatoria, que condena toda clase de relaciones humanas que no se adapten a su estrecha visión de la vida. Gente que lleva el adoctrinamiento en su ADN considera que la promoción de otros valores que no son los suyos es «pensamiento único». Sí, una buena muestra de lo que han pasado a significar estas palabras en la era de la posverdad.
Tenemos el quién, vamos al cómo, que es la segunda cuestión que me interesa. Y el cómo es: grupos de fuerzapartos rezando delante de clínicas de interrupción del embarazo. Claro, aquí la palabra «rezar» es importante. Rezar es una actividad pacífica, la comunión del ser humano con su dios. ¿Cómo va a estar mal rezar, sea ante clínicas o sea en iglesias? ¿Qué clase de Gobierno comunista puede prohibir los rezos? ¡Rezar es parte de la libertad religiosa, así que claro que puedo decir que hacerlo «está genial»!
El problema es, claro, que rezar no es nunca solo rezar. Los rezos van acompañados de imprecaciones, de insultos, de intentos más o menos chapuceros de convencer a una persona que es probable que esté en una situación psicológica complicada de que haga lo que no quiere hacer y cargue durante toda la vida con un niño que no quiere tener, de ataques a trabajadores. Incluso cuando son «solo rezos», las cosas tienen un contexto, y todos sabemos lo que significa un grupo de payasos rezando delante de una clínica de IVE. Sabemos quiénes son, por qué están ahí y qué implicaciones tiene ese acto.
Los famosos rezos delante de clínicas son manifestaciones políticas. Tienen motivaciones políticas (llamar la atención sobre lo que para ellos es un genocidio y avergonzar o hacer reflexionar a quienes lo cometen), aunque dichas motivaciones tengan base religiosa. La política y la religión no son compartimentos estancos, sino que pueden retroalimentarse. Que unos posicionamientos políticos tengan base religiosa no los hace menos políticos.
Como tales manifestaciones, están amparadas por el derecho de reunión, pero tienen que cumplir las normas que regulan este derecho. Deben ser comunicadas (y estoy seguro de que no lo son, porque son recurrentes), so pena de que sus promotores sean sancionados. ¿Se están instruyendo estas sanciones? Yo supongo que no, porque la autoridad puede prohibir o modificar las circunstancias de la manifestación si las propuestas por sus promotores ponen en peligro a personas o bienes. Aquí la autoridad no parece que esté modificando nada, ya que estas reuniones se celebran en las mismas puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, en horario de apertura (1). Es decir, en las horas y lugares donde más peligro de acoso ofrecen. Y si la autoridad no garantiza los derechos de las pacientes y los trabajadores, menos creo que sancione a quienes los vulneran.
Rezar no es «casa». Rezar es un derecho fundamental, pero no convierte lo ilícito en lícito. Un acoso realizado por medio del rezo sigue siendo un acoso, igual que lo es cualquier otro delito. Y esto nos lleva a otro punto importante: estos rezos ¿son delito? ¿Cuál? Bueno, lo obvio parece ser pensar que es acoso, pero no está tan claro: el acoso exige una insistencia y una reiteración que aquí no se da, porque, aunque los rezadores están ahí de forma permanente, apenas ven a cada víctima un par de veces con suerte. No siguen a cada víctima, sino que están plantados en un sitio e increpan a todas las personas que pasan. Quizás cuadre más con el tipo básico de coacciones, que consiste en impedir a otro ejercer una conducta legal o forzarle a hacer lo que no quiere. El problema es que este delito se tiene que cometer con violencia, y aquí entra ya toda la discusión sobre si la presión moral puede o no considerarse violencia (2).
En todo caso, sea o no delito, está claro que son actos que atentan contra la libertad de las personas que acuden a abortar o a trabajar en una clínica de IVE, conductas ambas plenamente legales. Por supuesto, está muy bien que los fuerzapartos tengan sus ideas y las expresen, pero hay que armonizar los derechos de todo el mundo. En ese sentido, la regulación de esta clase de manifestaciones es lógica: como mínimo, debe obligarse a que cumplan con todos los trámites del derecho de reunión y debe impedirse que sean en la misma puerta de los centros. Unos pocos metros más abajo o en la acera de enfrente cumplen con su objetivo pero no resultan tan perturbadoras.
Aunque, por supuesto, todos sabemos que esta regulación, por muy bienintencionada que sea, es un parche al estilo que nos tiene ya acostumbrados el Gobierno más progresista de la Historia. Porque lo suyo sería acabar de una vez con la objeción de conciencia del personal sanitario y que los abortos se hagan en los hospitales públicos y no en clínicas especializadas. A ver si estos listos son capaces de distinguir, en la puerta del Gregorio Marañón, a la mujer que va a abortar de la que va a operarse de apendicitis, y al médico que practica abortos del que hace neurocirugías.
Así se acabaría con el problema de raíz. Pero claro, los
médicos llorarían, y el Gobierno más progresista de la historia no puede
permitirse eso.
(1) En realidad, para que la autoridad pueda controlar estas actividades no es necesario que se consideren manifestación, puesto que los Ayuntamientos pueden disciplinar el uso del espacio público y regular los actos que se celebran en él. Pero para mí es obvio que son manifestaciones.
(2) Teniendo en cuenta que el acoso se considera un tipo de
coacción, parece claro que el Código Penal ya no considera que la palabra «violencia»
se refiera en exclusiva a la física.
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