HazteOír, desinteresado

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno español en el siglo XXI. Logros: sobrevivir a Susana Díaz, ganar una moción de censura (básicamente por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno) y quitarle a HazteOír la condición de asociación de utilidad pública. Y pare usted de contar. Porque sí, queda como año y medio de legislatura –hasta el 26 de junio de 2020– pero ya hay en el aire una sensación como de mandato agotado. El Gobierno no tiene presupuestos ni socios y, aunque de momento nadie habla de elecciones anticipadas, su capacidad de tomar medidas parece muy comprometida.

Al menos, como digo, lo de HazteOír está atado y bien atado. Al menos durante este año y medio, esta pandilla de reaccionarios no va a poder disfrutar de todas las ventajas que da la condición de utilidad pública. Iba siendo hora, ¿eh? Llevaba teniendo esta consideración desde mayo de 2013, es decir, casi seis años durante los cuales ha gozado de una buena cantidad de privilegios fiscales. Privilegios que añadían una vuelta de tuerca más a la ofensa que supone la existencia de semejante grupo de odio.

El punto de quiebre ha sido, claro, el famoso autobús con un mensaje transfóbico que anduvieron paseando por toda España en 2017. El de “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva” y toda esa mierda. Ese autobús ya provocó que el Ministerio de Interior de Zoido (todavía con el PP a los mandos, pero ya defenestrado Fernández Díaz) volviera a valorar la condición de utilidad pública de HazteOír, aunque al final se la mantuvo. Aquello fue más bien un gesto de cara a la galería, por mucho que en su momento yo me atreviera a expresar cierta esperanza.

Ahora bien, pasó el tiempo y HazteOír tuvo que rendir cuentas de esa campaña (que no solo era el autobús sino toda clase de material a repartir en colegios y centros educativos), pues como asociación de utilidad pública también está obligada a ciertas obligaciones documentales. Presentó las cuentas en agosto de 2018, es decir, justo cuando acababa de entrar el nuevo Gobierno; en estas cuentas estaba, claro, esta actividad. Y eso ha sido lo que ha empleado la Secretaría General Técnica del nuevo Ministerio del Interior para justificar la decisión.

Cabe recordar que la condición de utilidad pública se concede a aquellas asociaciones que promuevan el “interés general” y cuyos fines sean de carácter cívico, educativo, científico, de promoción de los valores constitucionales, de protección de la infancia, de voluntariado social, de defensa del medio ambiente y así hasta veinte finalidades que puede perseguir una de estas asociaciones. Pero es que, además, el artículo 4.5 de la ley que regula el derecho de asociación impide que los poderes públicos faciliten “ayuda” (y sin duda la condición de utilidad pública es una ayuda importante) a las asociaciones que “en su proceso de admisión o en su funcionamiento” discriminen por nacimiento, sexo, raza o cualquier otra circunstancia.

Y ahora vayamos a la campaña. Según ha trascendido a prensa (pues la resolución administrativa, que yo sepa, no se ha publicado), el Ministerio considera ahora que HazteOír ha expresado sus propias ideas de una manera extralimitada, puesto que ataca la dignidad de colectivos enteros. En los extractos citados por distintos diarios se habla de “mensajes atentatorios (…) incompatibles con cualquier reconocimiento público” y de “falta de respeto por otras opciones distintas a las defendidas por esta entidad, incompatibles con la necesaria promoción del interés general”.

Eso sí, el Ministerio no llega hasta el punto de censurar las manifestaciones de HazteOír o considerarlas discurso de odio. Antes bien, las considera dentro de la libertad de expresión: la asociación puede existir, puede estar formada y dirigida por transfóbicos y puede soltar al aire estos mensajes tan nocivos porque existen la libertad ideológica y de expresión. Sin embargo, eso no quiere decir que el Estado le tenga que conceder beneficios fiscales. Si tu principal actuación durante el año 2017 es una campaña que es básicamente un insulto hacia todo un colectivo, no te quejes de que te quitan la condición de utilidad pública.

Por supuesto, el jefe de HazteOír ya ha salido a decir que esto es una sanción, que va a recurrir y que va a poner más autobuses. Al recurso le auguro poco recorrido: trabajar con conceptos jurídicos tan indeterminados como “objetivos de interés general” o “utilidad pública” es lo que tiene. La Administración tiene un margen de apreciación muy amplio, siempre que motive, y aquí lo ha hecho. En cuanto al tema de que le están haciendo objeto de una persecución ideológica y que esto es una dictadura… pues qué vamos a decir, si son las chaladuras habituales.

En la entrada sobre el tema que escribí en 2017 (y que he enlazado más arriba) he mencionado que un Ministerio valiente se atrevería no solo a retirarle la condición de utilidad pública a HazteOír, sino a revocar el acto de 2013 por el que se la concede, asumiendo que otorgársela fue un error desde el principio. Por supuesto, esto no va a pasar: no es solo que el PSOE no quiera meterse en otro fregado (y más en uno de resultado tan incierto) sino que se le ha pasado el plazo para tomar una medida de ese calibre. De momento, eso sí esta pandilla de impresentables no va a rapiñar más dinero público por esta vía.

En estos tiempos es todo un consuelo.

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