Laico, aconfesional y la madre que lo parió

“Es que España es un Estado aconfesional, no laico”. Es una frase corriente. Se dice desde posiciones pro-católicas para ver si comulgamos con ruedas de molino. Se afirma desde la izquierda, con resignación, esperando el día en que una reforma constitucional nos acerque al anhelado modelo francés. Y sin embargo, nadie puede precisar bien lo que significa. No es extraño. El derecho eclesiástico del Estado, que es el que regula la libertad religiosa (1), no es una disciplina que sobresalga por la claridad de sus conceptos. En medio de este marasmo voy a intentar terciar yo, a ver si nos aclaramos con el objeto del debate.

Como primera aproximación, podemos acudir al diccionario. La RAE nos dice que “aconfesional” y “laico” son sinónimos: el primer término significa “Que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión” y el segundo quiere decir “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”. Las diferencias son, como se ve, de matiz. En ambos casos se trata de adjetivos que denotan independencia de la religión. Aplicados al Estado, hablan de unas instituciones públicas separadas de lo confesional, que no reconocen de manera oficial ninguna religión. El opuesto de un Estado aconfesional o laico sería, por tanto, un Estado confesional.

Por supuesto, el diccionario no es un medio adecuado de definir conceptos técnicos. Sigamos, entonces, con los escritos de los eclesiasticistas. Y aquí es donde empezamos a patinar. Porque, por ejemplo, muchos consideran que hay una diferencia entre “laicismo” y “laicidad”: en ambos casos hablaríamos de un Estado sin religión oficial, pero el laicismo sería una postura beligerante, hostil o como mínimo indiferente hacia la religión (casi una especie de “ateísmo de Estado”) mientras que la laicidad valoraría de forma positiva el hecho religioso. El laicismo se vincula con un anticlericalismo más bien decimonónico, mientras que la laicidad sería la simple no sacralidad del Estado. En este sentido, no sería lo mismo un Estado “laico” (equiparable aquí a “aconfesional”: sin religión oficial) y un Estado “laicista” (que mira la religión con hostilidad).

Llegamos al quid de la cuestión. Aconfesional y laico son sinónimos, sí, pero un Estado no confesional puede adoptar muchas posiciones hacia la religión, desde su consideración positiva como un hecho sociológico que puede contribuir al bien común hasta su rechazo completo, pasando por cierta indiferencia. En esta escala, se tiende a usar el término “aconfesional” para las versiones más amables y complacientes con la religión, mientras que se prefiere “laico” o “laicista” para las que son más beligerantes. Es éste el sentido que hay que darle a la frase de que España es aconfesional y no laica. Hablamos de términos que tienen una honda significación histórica, por lo que las diferencias parecen mayores de lo que son.

Es precisamente por eso, por lo significativos que son los términos “aconfesional” y “laico”, que se decidió huir de ellos en el debate de la Constitución. La propuesta original del artículo 16.3 CE decía que “El Estado español no es confesional”, pero se modificó hasta que quedó la redacción actual: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Es una fórmula mucho más vendible, pero que en esencia significa lo mismo: separación de Iglesia y Estado y neutralidad religiosa por parte de éste. En ese sentido, se puede afirmar que el Estado español es laico.

Vale, tenemos un Estado laico o aconfesional, que lo mismo da. Pero ¿qué orientación tiene hacia las confesiones religiosas: positiva, indiferente o negativa? Parece claro que positiva. El artículo 16.3 CE, después de dejar clara la no confesionalidad del Estado, matiza: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Es decir, no hay religión oficial pero se valora el hecho religioso como algo positivo y beneficioso y se manda al Estado que coopere con las confesiones mayoritarias.

Nuestro Estado laico está, por tanto, más cerca de lo que se suele llamar “aconfesionalidad” que del malvado y anticlerical laicismo (2). Ahora bien, eso no significa que todo valga. La Constitución no dice nada más que lo que he citado; más en concreto, no explica en qué tienen que plasmarse esas relaciones de colaboración entre el Estado y las confesiones mayoritarias. Por ejemplo, parece lógico dentro de este marco que se suscribieran convenios con las religiones más grandes para garantizar asistencia religiosa a personas privadas de libertad (enfermos en hospitales públicos, reos penitenciarios, militares en misión) o para cambiar días festivos de origen católico por otros distintos. Pero el resto de cuestiones son mucho más discutibles.

La Constitución no obliga a financiar de forma directa a la Iglesia católica, ni a conceder exenciones de impuestos a las confesiones religiosas, ni a mantener una red paralela de colegios religiosos con concierto económico, ni a introducir la asignatura de religión (católica o la que sea) en el currículo educativo, ni mucho menos a que el Gobierno mande una representación oficial a las procesiones u ordene bajar la bandera a media asta durante la Semana Santa. La Constitución solo obliga a cooperar. Todos estos actos, que los fans del catolicismo quieren hacer derivar de este deber de colaboración, van de lo innecesario a lo puramente inconstitucional según vulneren más o menos el principio básico, que sigue siendo la no confesionalidad del Estado.

Así pues, menos lobos. Para muchos, “aconfesional y no laico” quiere decir “privilegio católico”, y ya no cuela. El catolicismo sigue siendo la religión más extendida de este país, pero la capacidad de sus sacerdotes de influir en la gente está en franca decadencia. Si aún aguanta como mayoritario en las encuestas es porque nos hemos inventado la cómoda categoría de “no practicante”, que viene a significar una persona que no va a misa, no cree en la mayoría de los dogmas, pasa del papa e incluso puede que no crea en Dios pero que se identifica como católico por razones culturales. Cada vez tienen menos lógica sus privilegios.

En este sentido, y como ya he comentado alguna vez, la respuesta del Estado no es reducir esos privilegios, sino aumentar los de las demás confesiones. La carambola es que a lo mejor así se consigue un modelo similar al que querían los constituyentes. El problema es, claro, que a muchos ese modelo no nos convence y preferiríamos un Estado que fuera más indiferente hacia la religión, que no la persiguiera pero que desde luego no la valorara como un hecho positivo. No quiero que se quemen iglesias, pero sí que las confesiones sean financiadas por sus fieles y que no tengan asignaturas en el sistema educativo público. Y ojo, que algo así podría implementarse dentro del marco del actual artículo 16.3 CE, pues ya hemos visto que es un precepto muy poco concreto, que no obliga a ningún acto determinado.

En resumen, la contraposición entre aconfesional y laico no tiene demasiado sentido. En ambos casos hablamos de un Estado que no tiene religión oficial, aunque se suele usar el primer término para aquellos que miran la religión de forma positiva y el segundo para quienes la contemplan con hostilidad. En España lo que tenemos es algo que formalmente se inclinaba hacia esta contemplación positiva del hecho religioso, pero que materialmente implicaba un privilegio católico importante. El descenso a la irrelevancia de la religión católica ha hecho que estos privilegios se extiendan a otras confesiones, pero en realidad no es necesario: sin cambiar una coma de la Constitución se podrían reducir los puntos de contacto entre el Estado y las religiones y acabar con ese incómodo olor a incienso que parece permearlo todo.

Sería tan bonito…

 (1) No confundir con el derecho canónico, que es el derecho interno de la Iglesia católica.

(2) Como curiosidad, tengo aquí delante el manual de Derecho Eclesiástico del Estado de Antonio Martínez Blanco, que aparte de ser de 1994 tiene un tufo a clerigalla que tira para atrás. Cita a diversos autores, que definen el régimen constitucional actual con expresiones tan pintorescas como “sana laicidad”, “laicidad con la cooperación suo modo entre las confesiones religiosas y el Estado”, “neutralidad confesional matizada con vínculos de cooperación” e incluso “laicidad respetuosamente neutral”.

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