Presos políticos

Cuando por fin parecía que el procés se estaba desinflando (espantá belga incluida) han venido el Ministerio Fiscal y la Audiencia Nacional a darle un nuevo balón de oxígeno. Ayer nueve consellers fueron a declarar ante el Juzgado Central de Instrucción que lleva su caso y ya no salieron: la jueza Lamela decretó prisión provisional incondicional para todos ellos, excepto para el que dimitió antes de la DUI, que puede eludirla con una fianza de 50.000 €. Las causas alegadas por su señoría son el riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Por supuesto, el debate se ha vuelto a encrespar. Y ha aparecido el término que sale siempre en estos casos: presos políticos. ¿Son estos nueve miembros del Govern presos políticos? Voy adelantando que yo creo que sí. Para explicarlo, primero tenemos que tener claro qué cosa es un preso político.

Un preso político es, como su propio nombre indica, alguien que sufre cualquier clase de privación de libertad debido a sus ideas políticas. Pero aquí nos encontramos con un problema, y es que raras veces hay legislación que castigue las ideas. Los regímenes autoritarios no son tan tontos como para meter en un Código Penal un tipo que consista en ser comunista, o anarquista, o (como en este caso) separatista. Al contrario, los presos políticos suelen acabar en esa condición porque les acusan de otros delitos: atentar contra el orden público, atacar al Estado, esa clase de cosas.

Esto quiere decir que es complicado probar la existencia de presos políticos. Todo sistema jurídico puede negar que un preso es político: “no, no, tal persona no está en la cárcel por sus ideas, sino porque ha cometido un delito contra el orden público”. Y lo más divertido es que formalmente es verdad. Se encuentran pruebas que permiten fabricar una acusación más o menos sólida contra esa persona y justificar la prisión. Eso permite a los defensores del régimen llenarse la boca con lo respetuosos de los derechos fundamentales que son sus gobernantes y lo malos que son los opositores.

En el caso de los miembros del Govern hay un problema añadido, y es que ellos sí que han cometido delitos. Y hablo de delitos de verdad, no de engendros apañados a medida para perseguir a opositores. Concretamente me refiero a prevaricación (dictar actos sin base legal, como la convocatoria de referéndum), malversación (distraer dinero de su finalidad, por ejemplo para organizar un referéndum ilegal) y desobediencia (vulnerar las órdenes dadas por el Tribunal Constitucional). Por supuesto, tendrá que ser un tribunal quien determine cuál es la responsabilidad de cada conseller, pero de momento estos tipos penales están ahí y a priori son aplicables al caso. De hecho, aparte de por rebelión, el procedimiento está abierto también por malversación, que es sin duda la acusación más sólida de las tres que he mencionado en este párrafo.

Entonces, si esto es así, ¿dónde reside la condición de presos políticos de los miembros del Govern? En que la reacción del Estado contra ellos es mucho más potente de la que corresponde a los delitos cometidos. O, en otras palabras, si estos mismos hechos se cometen para otra finalidad que no sea independizar Cataluña del resto de España, no tendríamos este cirio montado. Estaríamos con juicios normales ante jueces ordinarios, no con la Audiencia Nacional ni con prisiones provisionales.

Hay que recordar una cosa: en España no hay ningún tipo penal que castigue un intento pacífico de secesión como el que se ha llevado a cabo en Cataluña. El delito de rebelión, del que tanto se habla estos días, está definido como un “alzamiento violento”, y aquí no ha habido ni alzamiento ni violencia. Así que solo queda acusar por los tipos genéricos que he mencionado más arriba (malversación y demás), y en ese caso el respeto por la legalidad debe ser exquisito. Hacer cualquier otra cosa que vaya en perjuicio de los encausados nos sitúa, precisamente, en el terreno de los presos políticos.

Ojo, que todo esto no me lo estoy inventando yo. En 2012 el Consejo de Europa aprobó un documento donde se definía lo que era un preso político. Alguien privado de su libertad tendrá la condición de preso político si está en cualquiera de estos casos:

1. La detención se ha impuesto vulnerando cualquiera de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
2. La detención se ha impuesto por razones puramente políticas, sin conexión con ningún tipo penal.
3. La longitud o las condiciones de la detención son, por razones políticas, claramente desproporcionadas respecto del delito.
4. Por razones políticas el reo es detenido de forma discriminatoria en comparación con otras personas.
5. La detención deriva de un procedimiento claramente ilegal y esto parece estar conectado con los motivos políticos de las autoridades.

Los dos primeros criterios no parecen demasiado aplicables al caso. Son los supuestos más burdos, que casi no se dan: los que mencionábamos más arriba de detener a un comunista por ser comunista y declararlo así. El tercero parece referirse más a las condiciones materiales del encierro, sobre las cuales no hay demasiado que decir. Pero los requisitos cuarto y quinto parecen pensados para este caso.

Veamos el punto cuarto. Ya he mencionado la diferencia de trato que han sufrido Junqueras y los demás respecto de otras personas juzgadas por el mismo delito. Un tribunal distinto, unas medidas cautelares desorbitadas, unas peticiones de pena excesivas, etc. Vayamos en exclusiva al auto, que decreta la prisión provisional alegando razones de reiteración delictiva y de riesgo de fuga. Es absurdo. ¿Qué reiteración delictiva puede haber cuando han sido destituidos de sus cargos? ¿De qué riesgo de fuga hablamos cuando son personas que se han personado voluntariamente en la AN? Si queréis saber más sobre la debilidad argumental del auto podéis leer este artículo, éste o este último (o los tres), pero a mi entender la cuestión está clara: a los consellers se les ha impuesto una detención discriminatoria, y la prueba de ello está en los debilísimos argumentos que justifican la medida.

Y en relación al quinto punto (procedimiento ilegal), solo hay que examinar dos cuestiones: que la acusación de rebelión no se sostiene (especialmente por la ausencia total de violencia en todo el procés, salvo la que sufrieron tres coches de la Guardia Civil mes y medio antes de la DUI) y que, aunque se sostuviera, la Audiencia Nacional no es competente para juzgarla. Pero, igual que con las acusaciones previas de sedición, la Fiscalía se ha montado un apaño jurídico para llevarla ante este tribunal, que a su vez ha tragado con la farsa.

No voy a discutir sobre la preparación técnica de los miembros del Ministerio Fiscal: asumo que es excelente. Entonces, ¿qué les lleva a acusar por un delito que claramente no se ha cometido ante un tribunal que claramente no tiene competencia para juzgarlo? Obvio: razones políticas. Y, como la prisión provisional de los consellers ha sido acordada en el seno de un procedimiento de estas características, lo que tenemos son presos políticos.

He leído hoy que el Ministerio Fiscal no puede estar actuando de manera política porque a Rajoy esto no le viene bien. Efectivamente, parece que así es: con Puigdemont en Bélgica, la Administración catalana bajo control del Estado y los partidos independentistas aceptando las elecciones del 21-D, el conflicto parecía terminado. Esta decisión incomprensible lo vuelve a avivar. Según quienes sostienen esta interpretación, el Ministerio Fiscal y la jueza Lamela demuestran su independencia realizando una actuación que no le viene nada bien al Gobierno.

Ante esto cabe decir dos cosas. La primera, que no toda acción política tiene por qué estar coordinada. Es posible que el Ministerio Fiscal y una jueza de la Audiencia Nacional actúen por motivaciones políticas fuera del control del Gobierno y frustren, en principio sin querer, los planes de éste. No sería nada raro que, ante una situación tan complicada, actores diferentes pensaran en soluciones distintas al mismo conflicto.

Y la segunda, que también es posible negar la mayor y afirmar que al PP esto le viene genial. Enardece a sus votantes, polariza el país y tapa las corruptelas que siguen saliendo y que le afectan. Por supuesto, afirmar esto quiere decir que al PP no le interesa solucionar este conflicto sino su propio rédito electoral, pero no creo que esto sorprenda ya a nadie. Y ojo, que esta interpretación no quiere decir que el Gobierno controle de forma general a la Fiscalía. Un fiscal puede ejercer la profesionalidad más exquisita a la hora de investigar las tramas relativas al PP pero volverse loco cuando alguien le toca la unidad de España y alinearse bajo la bandera del Gobierno caiga quien caiga.

Así que sí, creo que los miembros del Govern son en este momento presos políticos. Sin negar que han cometido delitos, la reacción contra los mismos ha sido desproporcionada en grado sumo, y lo ha sido por su ideología y sus actuaciones políticas. Y eso solo tiene un nombre.

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