Asesinos en listas

El PP y sus medios afines son incapaces de soltar el cadáver de ETA, ni siquiera cuando ya lleva lustros oliendo. Han pasado 14 años desde que la banda terrorista atentó por última vez, 13 desde su último asesinato, 12 desde el cese definitivo de su actividad armada y 5 desde un comunicado de disolución que, en aquel momento, no le importó ya demasiado a nadie. En las elecciones de este año votará gente que nunca ha visto a ETA en las noticias, y en las siguientes lo harán personas que nacieron cuando ya estaba inactiva. ETA es historia, y como tal deberíamos tratarla. 

Escribo esto, por supuesto, al hilo de la decisión de Bildu de presentar listas electorales en las que hay condenados por terrorismo, incluyendo asesinatos. Ex etarras que han cometido actos terribles, pero que, después de cumplir la pena correspondiente, se presentan a unas elecciones. Claro, ya está la campaña electoral hecha para el PP y el partido nazi: esta gente, que parece incapaz de hablar de temas locales en unas elecciones autonómicas y municipales, ha decidido que Pedro Sánchez es personalmente responsable de la decisión. Y ahí los tenemos, dispuestos a estirar el tema todo lo que dé de sí.

Así que venga, hablemos del tema: asesinos en listas electorales, ¿qué pensamos de ello? Lo primero que hay que decir es que cualquier valoración debe hacerse desde la ética y la oportunidad política, no desde el derecho. Una persona que cumple su condena es una persona que tiene, como es lógico, sus derechos intactos, y nada en la ley impide que se presente a unas elecciones si encuentra a un partido que lo quiera llevar en listas. Cualquier otra opción convierte el delito en una mancha permanente, en un baldón imposible de lavar, y es, por ello, contrario al principio de reinserción.

Es importante recalcar esto. Cuando uno ve que en una lista electoral hay personas que fueron condenadas por delitos graves, el automatismo es poner el grito en el cielo, en especial si no nos gusta el partido en el que van. «¡Algo así debería estar prohibido!» Y no. Toda pena de prisión superior a 10 años lleva aparejada, entre otras cosas, la prohibición de acceder a cargos públicos. Aunque la pena sea inferior, el juez puede imponer también esa prohibición. Pero una vez cumplida la pena, el reo ya ha saldado cuentas con la sociedad: seguir restringiendo sus derechos es impedir que se reinserte.

¿Aunque tengan antecedentes penales? Sí, aunque tengan antecedentes penales. Los antecedentes penales no son más que el registro de penas impuestas, que tiene valor sobre todo a efectos de aplicación de la agravante de reincidencia. De forma limitada, se tienen en cuenta también en oposiciones a cuerpos especialmente sensibles (como policía) o a puestos de trabajo que implican el contacto con menores. Pero resulta que la participación política es un derecho fundamental. Privar de él a gente que ya ha cumplido condena y que está limpia es demasiado, por mucho que en sus antecedentes penales aún figure el registro pasado.

Además, ya tenemos algo así, justo para casos de terrorismo. La Ley de Partidos permite ilegalizar a las formaciones que incluyan «regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas». Pero, a pesar de los griteríos de la derecha, no está nada claro que se esté incumpliendo esta norma. Primero, por el escaso número de candidatos ex etarras respecto del total de personas incluidas en las listas. Y segundo, porque Bildu recoge en sus Estatutos el rechazo a la violencia e incluso en ciertos momentos ha hecho a sus candidatos firmar tal rechazo. Por lo que menos automatismos y menos exigir leyes represivas y más enfocar este asunto desde donde se debe.

Es, como decíamos, un tema ético y de oportunidad política. Y precisamente por oportunidad política me parece una mala decisión. Bildu es una formación que nace para ser un partido de izquierda abertzale capaz de sortear los complejos (y a veces absurdos) requisitos que imponía el Estado en materia de terrorismo. Estos requisitos han perdido vigencia porque ETA ya es historia, pero en la época supusieron la ilegalización de varias formaciones dentro de este espectro político. Bildu pasó el corte, y ahora se descuelga con esto.

Supongamos que estos candidatos son elegidos. ¿Cómo va a ser su paso por la política? Después de cualquier discurso, de cualquier propuesta, de cualquier intervención, se va a levantar enfrente de ellos un señor o señora de derechas y se va a llenar la boca diciendo que «yo no hablo con asesinos». La propuesta quedará olvidada y hasta se aplaudirá a este señor de derechas. No parece lo más productivo a la hora de hacer política.

Por otra parte, desde el plano de la ética, la cuestión es peliaguda. Lo más obvio es pensar algo como lo siguiente: vale, el delito no debe ser una mancha jurídica indeleble, pero ¿querría yo ir a alguna parte con gente que cometió delitos tan graves? Si yo tuviera un partido político, ¿los metería en mis listas? ¿Creo que alguien así merece participar en la construcción del futuro? Y, si las respuestas son positivas, ¿qué dice eso de mí?

Hay un problema con este punto de vista, y es que la cuestión se puede enfocar también desde el otro lado. Si alguien ha abandonado la violencia, ha cumplido su pena, apoya ahora las soluciones pacíficas y quiere hacer política, ¿por qué no permitírselo? ¿Qué hay de malo en facilitar que una persona que ha tenido este cambio se reinserte y vuelva a ocupar un puesto valioso en la sociedad? ¿No facilitaría precisamente la reconciliación dentro de una sociedad tan fracturada?

A ETA se le estuvo diciendo durante décadas que podía hablarse de todo si abandonaba las armas y hacía política de forma pacífica. Lo afirmaron hasta líderes de la derecha: estos días se ha vuelto a comentar una frase de Aznar cuando era presidente del Gobierno: «Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas». Y joder, tenía razón. Pero claro, pasa el tiempo, los que empuñaban las armas cumplen sus penas, pretenden optar a un escaño y ahora de repente nos parece mal. Es entonces cuando uno empieza a verle las costuras a esta oleada de indignación moral.

¿Sabíais que estas no son las primeras elecciones en las que Bildu presenta candidatos condenados por terrorismo, incluso por delitos de sangre? Tanto en 2015 como en 2019 lo hicieron. Claro, en 2015 gobernaba Rajoy y 2019 fue ese año raro donde hubo dos elecciones generales. Bildu no era el tema. Pero ahora Bildu es socio de gobierno y parece que hay que atizarle con todo a Pedro Sánchez en unas elecciones autonómicas y locales que la derecha se está tomando como unas pre-generales.

¿Y sabíais que no son estas las únicas listas electorales donde va gente condenada por asesinato? La lista electoral de Falange para el Ayuntamiento de Bilbao, finalmente anulada por razones formales, llevaba en el primer puesto a uno de los asesinos de Atocha. Es cierto que no es lo mismo un micropartido sin opciones que un socio de gobierno, pero nadie de la derecha parece estar preocupado porque en la España de Pedro Sánchez puedan presentarse a las elecciones asesinos fascistas.

Así que la indignación moral que exige que todo el mundo tome postura ante estos hechos es, para sorpresa de nadie, fabricada. Y, como a mí no me gusta que me fabriquen la indignación, me rebelo. Me niego a tomar partido. Hay razones tanto a favor como en contra de llevar a ex etarras en las listas, y yo no estoy seguro de cuáles prevalecen en este caso concreto. Tampoco es mi función estarlo, ya que no voto en Euskadi.

Eso sí, hay algo que sí tengo claro: si metes a ex etarras en tus listas, los mantienes cuando las cosas se ponen feas y llevas la decisión hasta el final. Meterlos y luego sacarlos a poco que la derecha te monta tres titulares es perder cualquier razón que pudieras tener. Más aún si pones una excusa tan lamentable como el respeto a las víctimas. ¡Se supone que ya ponderaste eso a la hora de incluirlos! Lo que le tocaba hacer a Bildu es dar la cara por sus candidatos y que fueran los votantes quienes decidieran, no dejarlos caer. Ahora han quedado como débiles y se ha instalado la idea de que fue una decisión errónea, cuando no criminal.

De momento, eso sí, parece que la polémica ha quedado zanjada, aunque el PP y el partido nazi van a intentar seguir tirando del burro muerto un trecho más. A ver si se callan y podemos tener unas elecciones locales donde se hable de los temas de cada localidad.

 

 

 

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