¿Por qué castigamos?

A la luz de los asesinatos de Diana Quer y del niño Gabriel, el debate sobre la cadena perpetua ha vuelto a nuestro país. El PSOE, Podemos y los nacionalistas están impulsando una reforma del Código Penal con el objetivo de sacar esta inhumana pena de nuestra legislación. El PP, que fue quien la reinstauró en 2015, se opone. Ciudadanos ha optado por ponerse en plan veleta y ha pasado de apoyar la derogación a votar en blanco para por último pedir el mantenimiento. En el momento de escribirse estas líneas, el Congreso acababa de tumbar las enmiendas a la totalidad contra la proposición de derogación, por lo que el trámite sigue por sus cauces. Si todo va como debe, en unos meses nos habremos librado de la pena de prisión perpetua.

Antes de seguir adelante, quiero hacer una aclaración. Quizás se haya notado que me he referido a esta pena como “cadena perpetua” y no como “prisión permanente revisable”. Lo hago a raíz de esta reflexión, que me ha hecho darme cuenta de hasta qué punto el término legal es un eufemismo. La cadena perpetua no revisable (encerrar a alguien de por vida) no existe en nuestro entorno jurídico: todas las penas de prisión indefinida son revisables. Y sin embargo, se siguen llamando “cadena perpetua” o término equivalente: prisión perpetua, life imprisonement, emprisonnement à vie, lebenslange Freiheitsstrafe, etc. En esas circunstancias, usar el nombre legal de “prisión permanente revisable” me parece hacerle el juego a un legislador que no se atrevió a usar el término mucho más duro de “cadena perpetua”.

Hecha esta precisión, sigamos. La cuestión es que el debate sobre la cadena perpetua ha hecho aflorar uno más profundo, que enfrenta a los penalistas desde antiguo: ¿por qué castigamos? ¿Cuál es la finalidad de la pena? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando la imponemos? Así, los detractores de la cadena perpetua dicen que no sirve para disuadir a ningún delincuente potencial, mientras que sus partidarios afirman que el objetivo no es disuadir a nadie, sino apartar de la sociedad a quien ya ha cometido delitos particularmente graves. Sin saberlo, estas dos posturas se corresponden con dos de las respuestas que se han dado a esta pregunta tan importante: ¿con qué objetivo le imponemos una sanción a los delincuentes?

A lo largo de los siglos, esta pregunta ha recibido respuestas para todos los gustos. En primer lugar, ha habido autores que han dicho que la sanción penal no debe buscar ningún fin práctico. Es el mero delito el que justifica la pena, que debe imponerse solo porque es justa, sin importar si sirve para algo o no. Así, en la Europa preilustrada se sancionaba porque el delincuente transgredía el orden social decidido por Dios y por tanto merecía un castigo. También hubo filósofos ilustrados que defendieron esta posición. En este sentido, Kant creyó encontrar una justificación racional a la ley del talión: si el delincuente mata es porque considera que esa regla de conducta debe convertirse en ley, por lo que el castigo apropiado es matarle, independientemente de qué efectos prácticos va a tener esa ejecución.

Hoy en día estas teorías absolutas de la pena se consideran desfasadas. Se entiende que toda pena tiene que buscar un fin práctico: la prevención o evitación de futuros crímenes. La pena es una advertencia o aviso que tiene como objetivo la reducción del nivel de delitos en la sociedad. Sin embargo, hay distintos enfoques, dependiendo de a quién se dirija esa advertencia y de cómo se realice. En primer lugar, podemos distinguir entre teorías de la prevención general y teorías de la prevención especial, y dentro de cada una podemos hacer subdivisiones.

Las teorías de la prevención general sostienen que la pena es un aviso dirigido al conjunto de la sociedad. A su vez, este enfoque se divide en dos versiones, que ven a la sociedad de forma distinta:

• Los teóricos de la prevención general negativa conciben a la sociedad como un reducto de potenciales delincuentes, que solo respetarán la ley si el castigo por romperla es mucho más alto que la posible satisfacción de cometer el delito. Así pues, la finalidad de la pena es disuadirles de cometer delitos. Algunos de los teóricos más antiguos de la PGN proponían incluso la ejecución pública de las penas, con el objetivo de maximizar la intimidación.
• Las teorías de la prevención general positiva, por el contrario, entienden que los ciudadanos son en su mayoría respetuosos de la ley y que es más probable que sean víctimas que delincuentes. Entonces, la pena tiene por objetivo mantener y reforzar esa “conciencia jurídica” que tenemos de forma natural. En otras palabras, se busca que veamos que los delincuentes son castigados y que el sistema funciona.

Las teorías de la prevención especial sostienen que la pena es un aviso dirigido al delincuente, con el objetivo de que no reincida. De nuevo, este enfoque se puede dividir en dos versiones:

• El enfoque de la prevención especial negativa sostiene que la pena debe amedrentar al delincuente para que no lo vuelva a hacer y, en casos extremos, inocuizarlo. Bajo este paradigma se justifican la cadena perpetua sin revisión y también la pena de muerte.
• Por último, las ideas de la prevención especial positiva entienden que la finalidad de la pena es reinsertar al delincuente. Conciben el delito como desviación social, y buscan arreglarlo mediante un tratamiento basado en la educación, el trabajo y la intervención psicológica. El objetivo último es dar al delincuente herramientas para que viva sin transgredir las normas.

Por supuesto, estas cuatro son solo las teorías básicas. Hay autores que las han combinado, que han sostenido que en diversas partes del procedimiento se persiguen finalidades distintas, que se han centrado en elementos distintos (1), etc. Yo tiendo a opinar que ninguna de las cuatro logra captar por completo la función de la pena y que cualquiera de ellas da lugar a excesos y a contradicciones si se aplica en solitario y hasta las últimas consecuencias.

Además, también hay que entender de dónde venimos. Estamos ahora en una época de resaca: después de una etapa en la cual las ideas de reinserción y rehabilitación tuvieron un gran predicamento (de los ’60 a los ’80, más o menos), ahora se han hecho patentes las debilidades de ese enfoque. Por ejemplo, desde posiciones de izquierdas se suele sostener que la idea de resocialización es clasista, porque se aplica solo a delitos, digamos, “de pobres”. ¿Cómo reinsertas a delincuentes que ya están dentro de la sociedad, como a un político corrupto o a un empresario defraudador? Y, si la función de la pena es reinsertar y éstos ya están insertados, ¿lo lógico no sería no castigarlos?

Otras críticas al paradigma resocializador han venido por el lugar donde debe llevarse a cabo esta reinserción: las prisiones. Una prisión es una “institución total”, donde todo está pautado y decidido desde arriba y donde la autonomía del preso es nula. Exactamente lo contrario de la vida en el exterior. La conclusión es obvia: en una prisión no puedes preparar a nadie para que viva fuera. Por eso son tan importantes en el tratamiento de rehabilitación los permisos, los terceros grados y la libertad condicional: se trata de una ganancia progresiva de autonomía que desemboca en la liberación total. Cuando la derecha intenta reducir o dificultar el acceso a estos periodos con la excusa del “cumplimiento íntegro de las penas”, en realidad lo que hace es impedir la reinserción.

Una tercera crítica es que si el fin de la pena es reinsertar al preso, se puede frustrar con mucha facilidad si el preso no quiere reinsertarse. Ningún tratamiento (ni psicológico ni de otro tipo) puede pasar por encima de la voluntad del reo. No puedes imponerle a nadie que se eduque, o que trabaje, o que vaya a terapia. Aparte de ir contra sus derechos fundamentales, hay una cuestión básica de eficacia: un tratamiento impuesto no sirve para nada (2).

¿Qué queda, entonces, después de esta resaca resocializadora? Un mundo en el que no está muy claro cuál es el objetivo concreto que debe buscar la pena. Parece, como vemos en el debate de la cadena perpetua (y en iniciativas como las ya mencionadas de "cumplimiento íntegro"), que hemos vuelto a posiciones de prevención especial negativa. Sin embargo, el ideal rehabilitador no se ha perdido del todo, sino que debe ser reconducido a una pretensión más modesta: hay que entender que la reinserción es un derecho del preso. Eso quiere decir que la Administración debe poner a disposición del condenado los mecanismos necesarios para que se reinserte, y que el legislador tiene el deber de no establecer penas que frustren dicha resocialización.

En ese sentido, es posible que la idea de la reinserción no nos haya dado la respuesta a la pregunta de por qué castigamos, pero sí nos ha enseñado qué límites debe tener el castigo. Y si algo queda claro es que la cadena perpetua, al menos su versión española, está fuera de esos límites.

(1) Por ejemplo, en las últimas décadas ha ganado predicamento una versión de la prevención general positiva muy basada en las ciencias sociales, que sostiene que el objetivo de la pena no es tanto que no haya crimen (pues en todas las sociedades lo hay) como que éste no destruya el orden social. La idea es que el delincuente rompe nuestras expectativas normativas (“la gente va a obedecer las normas”), por lo que la pena debe confirmar la legitimidad de dichas expectativas. No se trata tanto de influir en conductas concretas como en dinámicas sociales.

(2) Ya se sabe cuál es el chiste favorito entre profesionales de la salud mental. “¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla? Solo uno, pero la bombilla tiene que querer cambiar”.

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