Absueltos de narcotráfico porque su barco fue registrado sin orden judicial

En este blog parece que últimamente seguimos la tendencia de utilizar sentencias cántabras para explicar conceptos jurídicos. Sucedió así en el caso de los jueces que ordenaron a un hombre indemnizar a su esposa por el trabajo doméstico, y sucede así en este caso. Como en el otro supuesto, partimos de un titular llamativo: “Absueltos de tráfico de cocaína porque la incautación de la droga se realizó sinautorización en el camarote de un velero”. Y esto, ¿cómo se come?

En realidad es algo muy simple. No todo vale a la hora de obtener una prueba. Aunque a veces las series de policías estadounidenses hagan que nos olvidemos, las confesiones obtenidas bajo coacción, los registros sin orden judicial y las escuchas no autorizadas no son legales. Y la sanción es muy dura: las pruebas obtenidas ilegalmente, y todas las que se deriven de ellas, deben excluirse del proceso. Si un investigador policial comete una ilegalidad y le pillan, hace que todo su trabajo haya sido en balde.

Uno de los derechos fundamentales que más probablemente se van a ver comprometidos en una investigación criminal es la intimidad. Las personas tenemos derecho a delimitar una cierta esfera de nuestra vida privada en la cual nadie puede inmiscuirse. Esta esfera no es abstracta, sino que se expresa en ámbitos concretos: nuestras llamadas de teléfono, nuestro correo postal y electrónico, el contenido de nuestro ordenador… y el lugar donde vivimos. Estos lugares son sagrados, y es necesario que haya muy buenas razones para inmiscuirse en ellos.

Pensemos en la protección de la morada. Aquí se aplica ese viejo dicho británico que dice que “el hogar de un inglés es su castillo”. Para entrar en un domicilio particular, las fuerzas de seguridad tienen que estar en alguno de los supuestos legales, que en las investigaciones criminales son tres: consentimiento de los moradores, que se esté cometiendo un delito flagrante desde el interior (1) o que una orden judicial lo permita. Si no estamos en ninguno de esos tres casos, la entrada es ilegal, las pruebas obtenidas son nulas y los policías pueden enfrentarse a un juicio por allanamiento de morada.

Esto es exactamente lo que ha pasado en este caso: se trataba de un velero que hizo la travesía del Atlántico hasta Portugal. Una vez allí, y gracias al soplo de la Policía española, las autoridades portuguesas entraron en el barco y requisaron 260 fardos de cocaína, que estaban escondidas en un doble fondo de un camarote. Dado que los agentes no tenían autorización judicial para entrar en los camarotes, ese hallazgo debe ser excluido del proceso y todo el caso se viene abajo. Muy bien hecho, policía portuguesa.

“Espera un momento”, podríais decir. “Tú has hablado de domicilio o de morada: ¿qué tiene eso que ver con un camarote?” Todo. Cuando pensamos en esos conceptos siempre nos imaginamos una casa en la que vive alguien de forma permanente, pero no tiene que ser así. Al fin y al cabo, ¿para qué le interesa al Derecho penal delimitar el concepto “morada”? Para proteger la intimidad. Por tanto, ¿qué locales podrán considerarse “morada”? Aquellos donde normalmente se desenvuelve la intimidad. Simple.

Eso quiere decir que se considera morada la residencia habitual de una persona, junto con todas las dependencias que tengan comunicación interior con ella (por ejemplo, un garaje que tenga acceso al chalet por una puerta interior). Pero también lo es una segunda residencia. Más aún: se considera morada a una caravana, una habitación de hotel, una tienda de campaña e incluso una chabola. En general, la jurisprudencia suele citar tres requisitos: que se trate de un espacio cerrado, que en él puedan desarrollarse las actividades normales de la vida cotidiana aunque sea de forma eventual y que el morador tenga un derecho legítimo a usarlo. Si estamos en ese caso, lo que tenemos delante es una morada.

En este caso, parte de la discusión del caso giró acerca de si el camarote en cuyo interior se encontró la droga tenía o no puerta. Se llegó a la conclusión de que sí, por lo que se cumple el requisito de que se tratara de un lugar cerrado. Dado que ni se obtuvo el consentimiento de los tripulantes para entrar en el camarote (ello habría sido imposible, puesto que no hablaban portugués y los agentes tampoco sabían inglés) ni el delito era flagrante (los fardos de droga estaban escondidos bajo el suelo), estamos claramente ante una extralimitación de las funciones policiales. La consecuencia: prueba nula y absolución en masa gracias a la torpeza de los policías.

No he dicho nada novedoso. España lleva décadas siendo destino de tráfico de drogas por vía marítima, así que nuestros tribunales han tenido muchas oportunidades de pronunciarse sobre el tema. Han establecido la doctrina que he desarrollado en los párrafos anteriores, que en este caso se limitan a aplicar sin salirse un ápice (2). Igual que en el caso de la indemnización por trabajo doméstico, estamos ante una sentencia que sorprende a profanos pero que no es extraña ni particularmente original.

Así que ya sabéis: si alguna vez os dedicáis al tráfico de drogas, mejor en camarotes.

(1) El delito flagrante, dicho corto y mal, es el que se aprecia con los sentidos en ese momento: vemos a alguien tirando piedras a los transeúntes desde el balcón, oímos gritos de auxilio desde dentro, etc.

(2) La sentencia menciona algunos casos interesantes que funcionan como excepciones a esta doctrina. Se ha denegado el carácter de morada a los camarotes cuando el barco se usó para un único transporte de forma análoga a un coche, cuando la droga estaba almacenada de forma visible en una zona común, cuando abarrotaba un camarote hasta el punto de hacer imposible que nadie viviera allí, etc. Nada de eso concurre en el presente caso.

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