Aconfesionalidad y cultura política

Estudiando la historia de España del siglo XIX se puede identificar un fenómeno muy curioso, que he dado en llamar “optimismo constitucional”: la idea de que los males del país se arreglan cambiando de Constitución. Creo que es algo que sigue presente en el pensamiento de cierta izquierda española. Y es un problema, porque se trata de una idea errada: cambiar de Constitución, si siguen gobernando los mismos, no vale para nada.

Pongamos el ejemplo de la aconfesionalidad del Estado (1). El artículo 16.3 CE lo deja meridianamente claro: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Hay quien piensa que el problema religioso en España (2) se arreglaría si se suprimiera la segunda frase de ese párrafo, que obliga a los poderes públicos a llegar a acuerdos con las confesiones. Una vez hayamos pasado de la laicidad positiva que consagra nuestra Constitución a una aconfesionalidad pura “a la francesa” todo se arreglará y nuestra legislación se verá libre de influencia religiosa católica. Esto es exactamente el optimismo constitucional: todo se arregla modificando la norma fundamental.

Por desgracia, eso no es así. No es así porque la ley es letra muerta salvo que haya voluntad de hacerla cumplir. Y si nuestros gobernantes no cumplen el modelo de aconfesionalidad que establece nuestra Constitución, nada nos hace pensar que vayan a obedecer uno más estricto. Yo estoy a favor de ese cambio constitucional, pero el hecho es que la presión eclesiástica sobre nuestras vidas podría reducirse mucho sin hacerlo (3). Bastaría con actos como el de la alcaldesa de Torrelavega.

La susodicha, del PSOE, ha cometido lo que, según la oposición, es un sacrilegio y un crimen contra Dios y los hombres: se negó a ir como representante municipal a la misa y procesión de la patrona del pueblo y a cederle a ésta el bastón de mando. ¡Penitenciàgite! Lo que debería ser normal en un Estado aconfesional (la ausencia de representación institucional en actos religiosos) se ha convertido en un debate municipal. La edición en papel de El Diario Montañés hablaba de “sorpresa, incredulidad y malestar” en el pueblo, mientras que el PP ha dicho que la alcaldesa es “egoísta” y una “deshonra” para el municipio. Por cumplir un mandato constitucional.

Un mandato constitucional, sí, el de que ninguna confesión tenga carácter estatal. No podemos olvidar esta norma, sin la cual no existe verdadera aconfesionalidad, por mucho que vaya acompañada de otras. El Estado tendrá que firmar acuerdos con las confesiones, pero desde un punto de vista de separación entre ambas entidades: no son lo mismo, no valen para lo mismo y ninguna puede cumplir la función de la otra. Ni las confesiones pintan nada en las instituciones estatales ni los poderes públicos en las ceremonias religiosas.

La neutralidad del Estado en materia religiosa es una de las salvaguardas más importantes de la libertad de conciencia, que a su vez es uno de los derechos esenciales de una democracia (4). Eso basta para desmontar las argumentaciones, presuntamente seculares, del PP local. Este partido no ha hablado de religión sino de tradición, de algo que une al pueblo y de una costumbre que han cumplido “todos los alcaldes y alcaldesas de Torrelavega”. Hacer pasar lo religioso por algo tradicional, popular y, bueno, no religioso, es una estrategia vieja. Pero no cuela: la misa, la procesión y la cesión del bastón de mando es una ceremonia con sentido para los torrelaveguenses católicos, no para los demás. Y en un Estado que respeta la libertad religiosa no puedes presumir que todo un pueblo pertenece a la misma confesión.

La alcaldesa de Torrelavega se ha limitado a cumplir con un mandato constitucional, y ya hemos visto cómo se ha puesto la oposición. No es una peculiaridad propia de ese pueblo: comentando esta noticia un sevillano me contaba que él no se imaginaba esa actuación por parte de ninguno de sus alcaldes… y hablamos de una capital autonómica. Simplemente hay gente que no puede sufrir que se avance hacia un Estado verdaderamente neutral en cuestiones religiosas. Y esa gente grita mucho, por lo que se perpetúa una tradición política en la que las cosas de la Iglesia mejor no meneallas.

Ése es precisamente el meollo: la cultura política. No avanzaremos nada hasta que deje de haber miedo de abordar las necesarias reformas en materia de relación entre la confesión católica y el Estado. Una reforma constitucional ayudaría, qué duda cabe, pero el problema está en otra parte: en la práctica legislativa y política diaria. Con la Iglesia hemos topado.

(1) Uso “laicidad” y “aconfesionalidad” como sinónimos; cosa que, pese a lo que se suele decir, son.

(2) Consistente en unos obispos que no dejan de meter la nariz y las manos en la legislación con el consentimiento de los gobernantes

(3) Aunque no quiero dedicar el artículo a hablar de eso, nunca está de más decir que constitucionalmente no estamos obligados a mantener la casilla de la Iglesia en el IRPF o a tener una asignatura de “religión católica” en la educación pública.

(4) Y sí, sé que existen democracias más avanzadas que la española, como la británica, que tienen confesiones estatales. No contradice lo que he dicho: la democracia británica es buena por toda una serie de razones y mala en otros aspectos, como éste. El balance final es mejor que el español.