Juramento o promesa

Tras la oleada electoral y la marejada de pactos (que aún no ha acabado) llega la resaca de las investiduras. Eso siempre es divertido, con los juros y los prometos, los que quitan crucifijos y los que los ponen y el enconado debate sobre el tema que se olvida en una semana. Ya hubo algo de eso hace unas semanas, cuando se constituyó el Congreso y los diputados accedieron a sus cargos. Los representantes de la patulea fascista juraron su cargo “por España” (1) mientras que los de JxCat y ERC se marcaron discursitos independentistas y añadieron el consabido “por imperativo legal” antes de sus promesas.

El juramento es, históricamente, el acto protocolario por el cual una persona toma posesión de un cargo público. Es decir, antes de jurar puede ser que reúna los requisitos (en el caso de los diputados haber sido elegido por el pueblo español; en el caso del presidente del Gobierno haber sido designado por el Congreso, en el caso de un funcionario haber aprobado las oposiciones…) pero no ocupa todavía el cargo. Los estadounidenses tienen un término muy preciso para expresarlo: presidente electo, es decir, persona que ha sido elegida como presidente pero que aún no ostenta el cargo porque no ha expirado el mandato del anterior. El juramento es la frontera.

En cuanto a la promesa, se incorporó a nuestro derecho como término laico equivalente a “juramento”. En efecto, jurar suele tener connotaciones religiosas (se jura por Dios) mientras que prometer tiene más que ver con las convicciones éticas del sujeto. Como digo, ambos términos son intercambiables a nivel práctico. En España, lo normal es que los cargos públicos de izquierdas prometan y los de derechas juren, salvo excepciones como José Bono o Soraya Sáenz de Santamaría.

Podemos preguntarnos, incluso, por la legalidad de esta fórmula. Al fin y al cabo, si vivimos en una democracia, ¿por qué una persona que ha sido elegida por el pueblo necesita alguna condición extra (en este caso prometer que va a defender la Constitución y las leyes, etc.) para perfeccionar su cargo? De hecho, este requisito no está previsto en la Constitución. Y hay países donde han prescindido de la jura solemne, y se limitan a firmar la documentación que acreditan sus cargos.

Sin embargo, se puede contestar de contrario que la política es en buena parte espectáculo, y que no es tan absurdo marcar de forma ceremonial el momento en que un cargo empieza a ejercer, siempre que sea mediante un acto sencillo y que no se exceda en el protocolo. En cuanto a la previsión legal, es cierto que no se menciona en la Constitución, pero sí en la Ley Electoral (artículo 108.8 LOREG) y en diversas normas menores.

Vale, pues vamos al tema del tuneo del texto. La forma de prestar el juramento o promesa está regulada en el Real Decreto 707/1979, que solo tiene un par de artículos (2). En esencia, la persona que vaya a tomar posesión debe jurar o prometer que va a cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y que va a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Si le van a nombrar ministro, además, se añade el compromiso de guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Ese contenido se puede acatar por dos vías: o bien la persona que va a dar posesión pregunta si el designado jura o promete cumplir con todo eso (y el designado contesta con una “simple afirmativa”) o bien directamente el designado jura o promete con su propia voz toda la fórmula. Y ya está, eso es todo. Ninguna opción para la creatividad, para los vivaspañas, para los recuerdos a los presos políticos o para los “por imperativo legal”. Todo eso simplemente no entra en lo que prevé la ley.

¿Entonces?

Pues entonces nada. Porque, como siempre, esto es un asunto que, por encima del griterío de nuestros gobernantes, el Tribunal Constitucional resolvió hace años. Y la respuesta, en realidad, es bien sencilla. ¿Qué exige la Ley Electoral? Que se jure o se prometa el cargo. ¿Qué exige el reglamento? Que ese juramento o promesa tengan un cierto contenido (lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución…). ¿Ha cumplido el cargo público con esas dos cosas? Sí. Pues en ese caso, como si además quiere arrancarse por soleares: el juramento o promesa es válido.

El caso que se suele citar es el de la STC 119/1990, de21 de junio, en el que se resolvió el recurso de amparo de unos diputados de Herri Batasuna a los que la Mesa del Congreso había negado la condición de diputados precisamente por añadir la fórmula “por imperativo legal” en su promesa. Ellos recurrieron al TC con base al artículo 14 (derecho de igualdad) y 23.2 (derecho a acceder a cargos públicos). El Tribunal les dio la razón, con un párrafo que me parece bastante clarificador por sí mismo (FJ 7):

“En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de su valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora”.

O, en otras palabras: no puede ser que una simple fórmula esté por encima del derecho de un diputado elegido por el pueblo a recoger su acta de diputado y empezar a trabajar. Es perfectamente válido que un diputado no le conceda validez moral al juramento o promesa, o que pretenda denunciar que se lo imponen, o que quiera añadir otras coletillas en expresión de la ideología política por la cual le han votado. ¿Por qué no iba a serlo? Vivimos en un contexto de pluralismo político, y se supone que quienes rechazan el sistema también caben en el Congreso.

Aparte, el TC pone en su contexto histórico la fórmula “por imperativo legal” y explica que la existencia de reservas hacia el juramento o promesa no es algo que hayan inventado los de Herri Batasuna. Al contrario, en el parlamentarismo clásico también se hacía, pero “mediante una breve explicación que el Diputado hacia seguir, sin solución de continuidad, a la emisión de su juramento o promesa”. En ese sentido, la duda viene a ser: ¿mantenemos esta estructura o permitimos que estas reservas se incorporen a la propia fórmula del juramento o promesa? Es decir, el problema se ha convertido en una simple duda de formato.

La conclusión solo puede ser una: sí, un cargo público puede tunear su fórmula de juramento o promesa todo lo que quiera, porque un formalismo no está por encima de los derechos fundamentales. El límite de este razonamiento está, precisamente, en el hecho de que la pronuncie: si cuando termina de hablar se puede entender que no se ha comprometido (no ha dicho el “sí”, por ejemplo), entonces se le podría vetar el acceso al cargo. En otras circunstancias, no.

Y bueno, yo pondría también otro límite, que es el dictado por la razonabilidad del tiempo. Si detrás de ti tienen que jurar o prometer otras doscientas personas, no sueltes discursitos ni te pongas en plan “viva España, viva el rey, viva el orden y la ley”, que ya lo dice el refrán: en esta vida se puede ser de todo menos pesado.

 (1) Sus diputados en las Cortes valencianas fueron aún más rancios: juraron “por Dios y por España”, fórmula que ya habían usado los andaluces.

(2) A pesar de que en este artículo nos estamos centrando solo en el juramento o promesa de cargos políticos, este decreto se aplica también a funcionarios, que deben prometer acatamiento a la Constitución antes de que su nombramiento se haga efectivo.

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