Aforamientos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado un filón en lo simbólico. Agotado ya el tema de Franco, es necesario buscar un nuevo asunto, con un perfil muy concreto: que sea algo barato, puramente simbólico, con la aspiración de mejorar la calidad de la democracia y, sobre todo, ajeno al PP. La cuestión de los aforamientos ha sido perfecta, porque es algo en lo que mucha gente está de acuerdo y que por tanto obliga a retratarse al PP.

La jugada política es magnífica. Una reforma constitucional no va a salir sin el apoyo del Partido Popular (1), así que aquí no van a poder ponerse de perfil mediante la abstención, que es lo que han hecho con el tema de Franco: cualquier cosa que no sea votar “Sí” será torpedear la medida. Medida, por cierto, que es bastante popular, pues llevamos ya unos cuantos años de runrún antiaforamientos. Pero es que el PP está dirigido por Pablo Casado, un hombre que se está jugando una condena penal por el tema del máster y que precisamente acaba de beneficiarse de la prerrogativa de aforamiento.

Así las cosas, la propuesta de Sánchez es un trágala en toda regla. Si el PP no la apoya, diga lo que diga para justificarlo, le van a acusar de preferir la defensa de su líder al bien del país. Si la apoya, la victoria es de Sánchez aunque el PP también llevara el tema de los aforamientos en su programa electoral. Sí, un negocio redondo para el presidente del Gobierno, que marca el paso de la agenda política y se distancia de su principal competidor.

Pero ¿qué son los aforamientos? Lo expliqué más en detalle en esta entrada, pero lo resumo ahora. En el parlamentarismo liberal, los diputados y senadores tienen diversas prerrogativas o privilegios. Es correcto referirse a ellas por estos nombres, porque están concebidas como tales: dada la especial posición de los parlamentarios en el sistema político (son representantes de la soberanía popular), tiene sentido que estén más protegidos que el resto de ciudadanos de la acción de la justicia. Con estos privilegios se busca fomentar su independencia y evitar que cualquiera con dinero (o incluso el propio Gobierno) entierre a denuncias a los políticos del otro bando.

Las tres prerrogativas que reconoce nuestra Constitución son:

• Inviolabilidad: los parlamentarios no pueden ser enjuiciados por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
• Inmunidad: los parlamentarios no pueden ser detenidos salvo en caso de delito flagrante y no pueden ser procesados sin autorización de su Cámara.
• Aforamiento: los parlamentarios son juzgados por el Tribunal Supremo.

Eso, y solo eso, es lo que significa el aforamiento: que el fuero que correspondería a los delitos cometidos por diputados y senadores deja de corresponder al juez natural (el del lugar del delito) y pasa a pertenecer al Tribunal Supremo. Nada más. El resto de prerrogativas parlamentarias son manifestaciones de la inviolabilidad o de la inmunidad, y Sánchez no ha propuesto tocarlas.

Hay quien ha cuestionado que el aforamiento sea un verdadero privilegio, porque priva al imputado de la doble instancia penal. Al fin y al cabo, contra las decisiones del Tribunal Supremo no hay recurso ordinario. Aun así, yo sí creo que lo es, ya que sirve para proteger a los parlamentarios de acusaciones espurias: no es solo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sea más pejiguera que muchos jueces de Instrucción para admitir a trámite una querella (2), sino que a la hora de denunciar da más pereza hacer el ridículo ante el Supremo que ante un Juzgado cualquiera.

Así pues, es un privilegio. En principio, y como acabamos de ver, está previsto para miembros de las Cortes Generales, aunque la Constitución lo extiende también al presidente del Gobierno y los ministros. En otras palabras, según la Carta Magna solo están aforados los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno, es decir, los componentes más importantes del poder político.

Sin embargo, y por virtud de diversas leyes, poco a poco se ha ido extendiendo esta prerrogativa. Así, los Estatutos de Autonomía se la conceden a los diputados autonómicos, aunque lo refieren al TSJ autonómico y no al Tribunal Supremo. La LOPJ se la atribuye a toda clase de cargos públicos y análogos, desde los miembros del Tribunal Constitucional o el defensor del pueblo hasta los componentes de la Familia Real. También están aforados los jueces y fiscales, lo cual eleva la cifra de beneficiados por esta prerrogativa hasta las cinco cifras (17.600, calcula ElDiario.es), o hasta las seis si contamos con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lo curioso es que si Pedro Sánchez tuviera de verdad ganas de reducir el número de aforamientos podría empezar por podar este gigantesco árbol establecido en las leyes. ¿Qué sentido tiene que los policías y los guardias civiles sean juzgados siempre por la Audiencia Provincial, o que hasta el último cargo político tenga un aforamiento? En caso de jueces y fiscales se entiende mejor, porque el aforamiento evita que una persona sea juzgada por su compañero de trabajo o, peor aún, por un tribunal inferior; aun así, en otros países no tienen esta institución y existen otras formas de garantizar la independencia judicial.

Pero Pedro Sánchez no ha hablado de modificar leyes orgánicas u ordinarias, sino de reformar la Constitución, es decir, los aforamientos de parlamentarios y de ministros. Es evidente que le mueven más las consideraciones estratégicas de las que hablamos al principio que una verdadera voluntad regeneradora. Y esto me supone un problema por una razón: el aforamiento es cuestionable, sí, pero si se va a mantener es más lógico dejarlo para las personas que están en el núcleo del sistema que para las que están en el exterior. Si alguien va a estar privilegiado, prefiero que sean los diputados y senadores a que lo sea la infanta Sofía o el cabo de la Guardia Civil de Torrecilla del Molino.

Al final, parece que lo que habrá será una solución intermedia: se mantendrá el aforamiento, pero solo para delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Es decir, un diputado que use su influencia para robar dinero público será juzgado por el Tribunal Supremo; otro que conduzca un coche bajo la influencia del alcohol, no. El PP, después de un primer momento conspiranoico donde ha dicho que la propuesta responde a un oscuro pacto con los separatistas, ha afirmado que podría aceptarla si se incluyen los aforamientos autonómicos. Así que habrá que estar a la expectativa de lo que suceda en los próximos días.

Si se aprueba, por cierto, es muy complicado que afecte al tema del máster de Casado. Para empezar, porque si el Tribunal Supremo le imputa antes de que entre en vigor la reforma constitucional, ésta tendría que aplicarse de forma retroactiva, y eso requiere que se prevea en la propia norma. Y para seguir, porque la tesis de la jueza que ha remitido el caso al Tribunal Supremo es que a Casado le regalaron un máster en atención a su posición política. Es cierto que entonces no era diputado estatal sino autonómico, pero se sigue tratando de un delito relacionado con su cargo público.

Veremos qué pasa. Mi previsión es que al final el PP traga (se acepte o no lo de los aforamientos autonómicos) y la reforma sale adelante. Al no tratarse de algo que afecte al modelo de Estado, a la Corona o a los derechos fundamentales, puede hacerse por la vía rápida. Sin embargo, veo probable que Podemos aproveche que tiene más del 10% de diputados para forzar que la medida se apruebe por referéndum. En ese caso se incumpliría el plazo de 60 días previsto por Sánchez, claro. Yo lo vería como algo positivo: será refrescante votar algo que tiene que ver con nuestra Constitución por primera vez en cuarenta años.

(1) Para reformar la Constitución se necesita o bien el voto de 3/5 de cada Cámara, o bien un acuerdo entre ambas mediante una comisión mixta, o bien el voto de 2/3 del Congreso y de la mayoría absoluta del Senado. Dado que el PP tiene la mayoría absoluta del Senado, se necesita su participación para cualquiera de estos tres procedimientos.

(2) Muchos jueces de Instrucción tienen un sistema basado en admitir todo lo que les llega, llamar a declarar a todos los implicados y luego archivar lo que no se sostenga. Este sistema se aplica incluso ante acusaciones de hechos obviamente no delictivos. Véase el caso Willy Toledo.

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