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martes, 22 de octubre de 2019

Hacienda y el embargo de salarios


Cómo es Idealista. Ese maravilloso portal inmobiliario publicó hace unos días una noticia con el siguiente titular: “El Supremo permite a Hacienda embargar el salario mínimo”. No voy a enlazarla; buscadla si queréis, pero yo no le doy visitas. En la pieza (firmada, por cierto, por una señora que se apellida igual que el dilecto alcalde de Madrid, porque la endogamia es una cosa muy mala), se habla de la reciente publicación de un “importante auto” en el que se ha “resuelto”, en sentido contrario al contribuyente, la cuestión de si Hacienda puede embargar el salario mínimo que se haya ahorrado en meses previos.

No puedo entender de qué forma ha conseguido la señora Martínez-Almeida meter tantas mentiras en un titular y un par de párrafos.

No nos confundamos, ojo: Hacienda puede embargar parte del salario mínimo, con los límites que vamos a ver en este mismo artículo. Pero es mentira que ese auto sea “importante” (tiene una página de razonamiento jurídico, que además no va sobre este tema), es mentira que le haya “permitido” nada a Hacienda (se limita a citar la ley y a decir que es muy clara) y es mentira que haya “resuelto” ninguna cosa o que fije ningún “criterio” (de hecho, inadmite el recurso: rechaza tramitarlo). Incluso es mentira que “acabe de publicarse”: es del 26 de septiembre, de hace tres semanas. ATS 9295/2019, dictado en recurso 889/2019, por si alguien quiere buscarlo.

Vamos a ver de qué va la cosa. Como todos sabemos, cuando tú tienes deudas es posible que, si las impagas, te embarguen. Un embargo es un mecanismo por el cual te desposeen de tus bienes y se los dan a tu acreedor hasta que se salda la deuda. Y quizá el bien más jugoso a la hora de embargar son las cuentas bancarias, que es a donde llega el dinero de los sueldos y salarios. Es dinero líquido, con lo cual no hace falta nada más: una transferencia y se paga al acreedor.

Pero claro, el pago de deudas tampoco puede reducir al deudor a la indigencia. Así pues, hay límites, establecidos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se consideran todas las rentas líquidas del sujeto que suelen usarse para vivir (salarios, pensiones, honorarios de actividades profesionales, beneficios del trabajo autónomo…) y, si no superan la cuantía del salario mínimo, no se embarga. En otras palabras, el salario mínimo interprofesional es inembargable. Si se gana más, el embargo va por tramos: para la cuantía de un segundo SMI se puede embargar el 30%, para la de un tercer SMI el 50%, y así sucesivamente.

Esta medida es sin duda progresista, pero nos genera una pregunta: ¿qué pasa con el dinero ahorrado? Si yo gano muy poco dinero (en el peor de los casos, menos del SMI) pero, de la manera que sea, lo he ido ahorrando a lo largo de los meses, ¿eso es salario (solo embargable con los límites que acabamos de ver) o es ahorro (embargable al 100%)? ¿Qué hacemos con ello? Parece razonable considerarlo ahorro, pero esa razonabilidad puede ser muy cruel en la práctica. ¿Establecemos entonces un criterio temporal?

Eso es justo lo que hace la LEC. El artículo 588.4 dice que, cuando se embargue una cuenta corriente en la que entra de forma habitual un salario (o un sueldo, una pensión, una retribución o conceptos equivalentes) se considera que ese salario es el importe ingresado por ese concepto en el mes en que se produce el embargo o, si ese mes no se ha producido ningún ingreso, el que se ha producido el mes anterior.

Si el que embarga es un organismo tributario (Hacienda, vaya, se trate de la estatal, de la autonómica o de la local) los embargos no están regulados en la LEC, porque no hace falta ir a un juicio para declararlos: la Administración puede ir directamente a por los bienes del contribuyente, cuentas incluidas. Por ello, los límites de los artículos 588.4 y 607 LEC no serían aplicables en principio. Sin embargo, la Ley General Tributaria declara que lo son (artículo 171.3 LGT) y, más aún, cita de forma textual el criterio temporal que acabamos de analizar.

No hay duda de que se trata de un criterio restrictivo. Solo hay salario o pensión (por tanto, solo hay límites al embargo) si se ha recibido dinero por ese concepto en el mes presente o, si este mes no se ha cobrado nada, si se ingresó el mes pasado. Todo lo que esté fuera de ese concepto es ahorro, dinero líquido, y se puede embargar al 100%, aunque proceda del salario mínimo o de una pensión de subsistencia.

Pero que el criterio sea restrictivo no quiere decir que sea nuevo ni que se lo haya inventado el Tribunal Supremo. De hecho, la Ley General Tributaria es de 2003 y la reforma que se hizo en 1995 de la norma anterior ya establecía uno similar (aunque algo más amplio: se consideraba salario “el último importe ingresado” por ese concepto, fuera cuando fuera). Y esto lo he comprobado yo en media hora tonta sin tener nada más que acceso a Internet y mis conocimientos previos de derecho, algo que asumo que tiene la tal Martínez-Almeida, que se define como “licenciada en #Derecho” en su bio de Twitter. Vamos, que venir ahora a hablar de un novedoso criterio que va a causar polémica es más bien mentir.

¿Cómo fue entonces el caso que suscitó esta controversia? Pues muy simple. La Diputación de Barcelona trabó un embargo contra un particular por deudas tributarias, y en ese embargo pilló cantidades que estaban fuera del límite de un mes previsto en el artículo 171.3 LGT. Es decir, cantidades que serían 100% embargables. El particular recurrió y, sorpresivamente, el Juzgado le dio la razón: consideró que estos saldos, procedentes de pensiones no contributivas, eran inembargables debido a su escasa cuantía. Así que la Administración tributaria barcelonesa recurre en casación al Tribunal Supremo pidiendo que se dicte jurisprudencia, es decir, que explique cómo ha de interpretarse el precepto.

El Tribunal Supremo le contesta que no procede. La casación no está para corregir posibles vulneraciones legales hechas por tribunales inferiores, sino para unificar la interpretación judicial de las normas, con el fin último de que todos los jueces en todo el país apliquen las mismas leyes de la misma forma. Esto se hace en una serie de supuestos tasados que no concurren aquí. Además, sigue diciendo el Supremo, el artículo es muy claro respecto de lo que se considera sueldo, salario o pensión a efectos de embargo tributario. ¿Que el Juzgado de Barcelona no lo ha aplicado debido al razonamiento que sea? Pues es una pena pero la casación no es sitio para discutir eso.

Y esto es todo lo que dice el famoso “auto que va a levantar ampollas”. Inadmite el recurso porque se está intentando discutir en casación algo que no debe discutirse en casación. De hecho, es un auto que va más sobre la casación que sobre cuestiones tributarias, a las que cita de pasada y para justificar que no existe interés casacional.

En realidad esta clase de artículos solo sirve para una cosa: para demostrar que Idealista funciona igual de bien como portal de noticias que como portal inmobiliario. Se publica la misma clase de morralla.





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martes, 15 de octubre de 2019

La farsa de los juicios por escarnio


Hace unas semanas publiqué, al hilo de otra cosa, una entrada en la que hablaba de las formas que tienen los jueces de evitar que las querellas imbéciles lleguen más allá sin necesidad de esperar a la absolución o al sobreseimiento. Se trata simplemente de un juicio hipotético que el juez debe hacer cuando le llegue el asunto: “Si esto estuviera probado, ¿sería delito?” Y si la respuesta es “No”, tiene que archivar sin más trámite.

Esto no se hace nunca. No se hizo así en el caso del Santo Coño Insumiso: la jueza llamó a declarar a las portadoras de la vulva de plástico (al menos a las tres identificadas) y las tuvo sometidas a una instrucción que duró dos años. Por fin, en junio de 2016 tomó la única decisión posible, que era archivar el caso –ya lo comentamos aquí–, pero los Abogados Cristianos, que tienen tiempo y dinero infinito para perderlo en chorradas, recurrieron. La Audiencia Provincial consideró que el hecho podría ser delito, así que obligó a reabrir el caso y a terminar la instrucción. Ahora, cinco años y medio después de los hechos, por fin se ha dictado la sentencia de primera instancia que las absuelve… ¡y la acusación amenaza con recurrir!

Es el ejemplo paradigmático de “pena de banquillo”. Años y años sometidas a un procedimiento absurdo, que no va a tener consecuencias penales pero que sí las tiene reales, a nivel económico y psicológico. Gastar dinero en abogados y procuradores, perder tiempo en reuniones y juicios, preocuparte por el futuro… Y, por supuesto, la intimidación que supone de cara al ejercicio de derechos fundamentales, el llamado “efecto desaliento”. Porque sí, estamos hablando de derechos fundamentales: la libertad de expresión incluye, siempre ha incluido, la crítica burda, grosera y hasta blasfema.

Además siempre es lo mismo. El delito de escarnio consiste en burlarse de creencias o ritos “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa” (1). Como ya hemos dicho más de una vez, en ese “para” es donde está todo. El “para” quiere decir que si se demuestra que había otra intención (por ejemplo, de hacer bromas, de protestar políticamente o de criticar una decisión religiosa) ya no se puede condenar por escarnio. Porque la burla ya no se habrá hecho para ofender, sino para cualquier otra cosa. ¿De qué forma probamos una intención? Es complicado, así que estamos sobre todo a lo que declare el acusado. Y sí, este puede mentir para evitar la condena, pero in dubio pro reo: si no está claro, hay que fallar a su favor.

Los más perspicaces ya se habrán dado cuenta de que el delito de escarnio es inaplicable a poco que el acusado tenga un abogado que sepa el ABC del derecho penal (2).

Entonces, los juicios por escarnio a los sentimientos religiosos (el de Krahe, el de Abel Azcona, este del Santo Coño) se convierten en una farsa. Los denunciantes saben que nunca se va a llegar a nada, pero aun así acusan. Los denunciados saben (porque se lo dicen sus abogados) que nunca se va a llegar a nada, pero aun así se asustan, porque leches, estás encausado en un procedimiento penal. Así seguimos hasta que alguien dicta sentencia firme y nos vamos todos a casa.

Cabe preguntarse aquí varias cosas. La primera es por qué el Ministerio Fiscal o los jueces colaboran con semejante patochada. La función de la Fiscalía, recordémoslo, no es acusar siempre y caiga quien caiga a todos los implicados en el procedimiento: es buscar que se cumpla la legalidad. El fiscal puede pedir la absolución, y sin duda debería haberlo hecho en este caso. En cuanto a los jueces, ¿por qué hacerle caso al delirio persecutorio de los Abogados Cristianos? ¿Por qué la jueza de instancia admitió la querella, aunque luego sobreseyera? ¿Por qué el tribunal de apelación le obligó a proseguir el procedimiento?

En segundo lugar, ¿por qué esto se tiene que cerrar con una disculpita pública y con la enésima sentencia donde el juez dice que “a ver, esto es muy grosero pero no es delito” (3)? Parte de la farsa de la que hablo es que todos hacemos como que nos creemos que, cuando las acusadas sacaron un coño de plástico remedando un paso procesional por el medio de Sevilla, no tenían ni la más mínima intención de ofender los sentimientos religiosos de los católicos. Anda ya. Claro que lo tenían. Mezclado, por supuesto, con la intención reivindicatoria: se trataba de sátira, de parodia, de sarcasmo en forma de vulva de plástico. Y era ofensivo. Intencionadamente ofensivo. Porque eso es lo que busca la sátira: ofender, molestar, picar, fastidiar, remover conciencias.

Así que, cuando, según el auto, las acusadas “niegan que la intención de la citada protesta fuera expresa, inequívoca y específicamente” la de ofender están mintiendo, y eso podría declararlo cualquier juez que tuviera un poco de ganas de meterse en ese fregado. Porque es obvio. Porque claro que querían ofender. No solo ofender, pero sí ofender. Sin embargo, el juez hace como que se lo cree porque es ridículo condenar a alguien por, atención, voy a repetirlo, PASEARSE POR LA CALLE CON UN COÑO DE PLÁSTICO QUE PARODIA UN PASO PROCESIONAL. Lo pongo en mayúsculas por si alguien aún no se ha empapado bien del absurdo que supondría.

¿Qué pasaría si un juez se saltara la farsa y viera que sí hay intención de ofender? Pues que tendría un problema. Porque la ley le dice que debe condenar, pero existe jurisprudencia nacional y (sobre todo) internacional muy marcada y constante sobre la protección del discurso satírico y de la libertad de expresión, jurisprudencia que podría entrar bajo la eximente de ejercicio de un derecho (artículo 20.7º CPE). La mayor parte de los jueces no están formados para resolver un conflicto de este calibre, y creo que acabarían condenando. Así que tendrían que venir el TC o el TEDH, años después, con el mazo. En esas circunstancias, me parece normal que los acusados se presten también a la farsa y digan “no, señoría, yo no quería ofender”.

Tengo la sensación de que todo lo que he dicho en este artículo lo he dicho ya mil veces, porque lo que tiene este país con el delito de escarnio es un constante Día de la Marmota. Aun así creo que hay que decirlo todas las veces que haga falta, porque la farsa de los delitos por escarnio solo terminará el día en que desaparezcan del Código Penal y los Abogados Cristianos y demás grupúsculos afines se queden sin mecanismos por los cuales acusar a gente que no ha hecho nada.

Solo ofender.







(1) El delito de escarnio se tipifica para proteger a los creyentes, al contrario que el antiguo delito de blasfemia, que no tenía ninguna conexión con estos. Encuadrar el antiguo delito de blasfemia fue un problema para muchos de nuestros Códigos Penales históricos, ya que incluso los más autoritarios tenían un poso de liberalismo que hacía difícil de tragar la idea de un “delito contra Dios”.

(2) El único caso donde tengo constancia de que uno de estos juicios haya acabado en condena es este: el acusado se asustó y aceptó una condena de conformidad.

(3) Lo dicen siempre. En este caso está en el FJ 2. El juez la llama “actividad absolutamente prescindible y gratuita en sus formas”. En otros párrafos dice que algo así “no es necesario” y que se trata de “ensalzar la feminidad de la manera poco glamurosa que acabo de exponer”. Gracias, señoría, nadie le ha preguntado. Ah, y también se marca una absurda “envidia de fatwa”.



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miércoles, 2 de octubre de 2019

La sentencia de Franco


Es hora de sacar la basura. O, por si mis sutiles metáforas no se entienden, el Tribunal Supremo le ha dado la razón al Gobierno y ha dictaminado que Francisco Franco debe ser trasladado al mausoleo familiar de Mingorrubio en el plazo más breve posible. La estimación es completa y unánime: ni licencia de obras, ni oposición del prior ni nada parece oponerse ya a que el próximo Consejo de Ministros le ponga fecha a la exhumación. Además, a un PSOE en campaña electoral permanente hasta le puede venir bien volver a vestirse de progresista durante un rato.

Recordemos un poco qué nos ha llevado hasta aquí. En agosto de 2018, el naciente Gobierno de Pedro Sánchez modificó vía decreto-ley la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de dar cobertura jurídica a la exhumación de Franco. Pasados unos meses dictó dos acuerdos basados en esa nueva redacción normativa, en el primero de los cuales ordenaba la exhumación y requería a la familia que designara un lugar de enterramiento diferente a la catedral de la Almudena. Como la familia no lo hizo, se dictó el segundo acuerdo, designando el cementerio de Mingorrubio y fijando ya fecha.

La familia Franco recurre estos dos acuerdos, y lo hace con tres argumentos:
  1. Que la modificación legal en que se basan es inconstitucional.
  2. Que además, los acuerdos son ilegales por sí mismos.
  3. Que, aunque no lo fueran, la familia tiene pleno derecho a enterrar el cadáver del dictador en la Almudena.


1. La inconstitucionalidad de la reforma de la LMH
Un tribunal ordinario, como es el Supremo, no puede decidir si una ley es o no inconstitucional. Lo que pedían los Franco es que el Supremo entendiera que la modificación de la LMH hecha en agosto de 2018 por decreto-ley era contraria a la Constitución y, por ello, le pidiera al Tribunal Constitucional que la anulara (lo que se llama una cuestión de constitucionalidad). El Tribunal Supremo no le hace ni caso.

Los Franco alegaban media docena de argumentos para pedir la inconstitucionalidad de la reforma de 2018. Nos centraremos solo en dos de ellos, que son los que me parecen más interesantes. El primero es el de la singularidad del caso. Vienen a decir que el decreto-ley no es una norma general, sino una ley particular, que se pretende aplicar solo a una persona (Francisco Franco) a pesar de estar redactada en términos generales que podrían hacerla aplicable a otras.

Me explico: la modificación de 2018 no habla en ningún momento del cuerpo de Francisco Franco, sino que convierte el Valle de los Caídos en un lugar de conmemoración a las víctimas de la Guerra Civil, y por tanto prohíbe que allí reposen cadáveres de personas que no hayan muerto a consecuencia de dicha guerra. Esta norma podría aplicarse a varias decenas de cuerpos, incluyendo veinte monjes benedictinos fallecidos entre 1963 y 2018, o al menos eso dice la familia en su demanda. El argumento es: “habéis redactado una norma en términos generales para cubrir el expediente, pero lo único que queréis con ella es sacar de la cripta a Franco”.

Muy bien, linces, lo habéis pillado. Y aun así, eso no determina inconstitucionalidad ninguna. Porque resulta que el carácter de Franco es singular. Cedo la palabra al Tribunal Supremo. Es un poco largo, sí, pero bastante claro.

“No nos parece que sea necesaria una especial explicación para poner de relieve el carácter único del caso. Las circunstancias que se reúnen en torno a la persona de cuyos restos mortales se está debatiendo lo manifiestan con absoluta claridad. Fue el Jefe del Estado surgido de la Guerra Civil y ocupó una posición central en el ordenamiento presidido por las Leyes Fundamentales del Reino que dieron forma al régimen político por él encabezado y se caracterizó por negar la separación de poderes y el pluralismo político y social fuera del Movimiento Nacional. La extraordinaria singularidad de su figura la convierte, efectivamente, en un caso único (…).


Por tanto, no nos parece desproporcionado, arbitrario ni contrario al principio de igualdad que (…) a la hora de establecer que, en el Valle de los Caídos, conjunto monumental de titularidad pública estatal, solamente reposen quienes murieron a consecuencia de la Guerra Civil --decisión en sí misma no cuestionada-- se haya tenido especialmente en cuenta que sus restos yacen allí en un lugar destacado. Ni, por las mismas razones, vemos exceso en que, a partir de las nuevas previsiones legales, el primer procedimiento en seguirse haya sido el que nos ocupa. (…)


No estamos, pues, ante el trato diferenciado a una persona particular en un espacio privado. Por eso y, dadas las características del enterramiento de sus restos, no es posible reducir cuanto a ellos se refiere a la esfera privada y familiar ni apreciar un trato discriminatorio injustificado ni, tampoco, vejatorio”.


Vamos, que el Supremo lo deja claro: Franco fue un jefe de Estado, y no uno cualquiera, sino un dictador que duró décadas. Su cuerpo no se puede tratar como cualquier otro a la hora de enterrarlo en el lugar de honor de un conjunto monumental de titularidad pública. El hecho de que haya más personas allí enterradas que no murieron en la Guerra Civil no es relevante: sus procedimientos de exhumación se pueden iniciar después.

El segundo argumento que quiero señalar, ya muy brevemente, es una supuesta alteración a los derechos a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa que tienen los deudos del general Franco. Ese derecho se habría visto infringido al no permitirle enterrarlo donde quieran. El Tribunal Supremo acepta que hay conexión entre las ceremonias religiosas de enterramiento de difuntos y ambos derechos, pero niega la infracción de derechos, porque los familiares no tienen la facultad incondicionada de disponer sobre los restos de sus muertos. Las leyes podrán permitir exhumaciones en casos concretos, y se reitera la idea de que ni Franco es cualquier muerto ni el Valle de los Caídos es cualquier sepultura.

2. La ilegalidad de los acuerdos
Por si el Tribunal Supremo no aceptaba que la modificación legal de 2018 era inconstitucional, los Franco presentaron una segunda batería de argumentos, dirigidos de forma directa contra los mismos acuerdos de exhumación. Los más relevantes tienen que ver con la inviolabilidad de la basílica y con la licencia de obras.

La inviolabilidad de la basílica está garantizada en el artículo 1.5 del Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos. Este precepto dice que todos los lugares de culto católicos son inviolables “con arreglo a las leyes”, y fija dos consecuencias de esa inviolabilidad: no se pueden demoler sin ser desacralizados y no se pueden expropiar sin antes dar audiencia a la autoridad eclesiástica.

Ahora bien, ¿hay otras consecuencias de esa inviolabilidad? ¿Significa también que no se puede entrar a hacer obras (como, en este caso, una exhumación) sin permiso de la Iglesia? El Gobierno parece entender que sí, puesto que pidió al prior de la fundación benedictina que gestiona el Valle de los Caídos su anuencia para realizar la exhumación, anuencia que no obtuvo debido a que la familia se oponía al traslado de los restos. Lo que la familia dice ahora, ante el Tribunal Supremo, es que entrar sin ese permiso eclesiástico vulnera el Acuerdo entre España y la Santa Sede.

El Tribunal Supremo centra la cuestión: la basílica está en España y además es un bien de titularidad pública estatal. Es decir, que una cosa es inviolabilidad y otra la completa ajenidad a las leyes del Estado: la inviolabilidad es una garantía de la libertad religiosa, y no puede usarse para evitar el cumplimiento de las leyes cuando estas no buscan coartar aquella libertad. Cosa que no se busca en este caso. Por ello, decae la negativa del prior a la entrada de los obreros y a la realización de las obras.

En cuanto a la licencia de obras, se sabe que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Madrid (el famoso juez Yusty) aceptó como medida cautelar la paralización de la exhumación porque había un informe pericial de parte que decía que mover la losa era complicadísimo y peligrosísimo. Lo mismo han dicho los familiares ante el TS. Dicen que se trata de una obra mayor, y eso tiene muchos requisitos urbanísticos, requisitos que no cumpliría el informe favorable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Sin embargo, el Tribunal Supremo tampoco compra este argumento. Aprecia que las operaciones son levantar una losa, sacar el cadáver y volver a poner la losa. ¿Cómo va a ser eso una obra mayor? La documentación técnica no muestra especiales problemas de seguridad ni la obra implica modificación urbanística. Así que también desaparece toda esa línea argumental, que era quizás la única que podía ya retrasar un poco el asunto.

3. El entierro en la Almudena
La última línea de defensa estaba situada en la catedral de la Almudena. La familia decía que quería enterrar al dictador allí, en la sepultura familiar. Sin embargo, el Gobierno se negó y ordenó un mausoleo cerrado en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que es donde está el cuerpo de Carmen Polo. La familia discute las razones de seguridad que privilegian Mingorrubio sobre la Almudena, pero el Supremo llega a la conclusión de que ambos pueden tener sus propios problemas y que un atentado en el entorno de la Almudena siempre sería peor que otro en un cementerio en medio de la nada.

Pero es que además, no han sido solo razones de seguridad las que han llevado al Gobierno a descartar la Almudena. Este templo es un lugar de culto abierto, accesible al público, en el centro de Madrid, por lo que se podría convertir una tumba particular con mucha facilidad en un símbolo de la sublevación, la guerra y la represión de la dictadura, algo contrario a los objetivos de la LMH (1). El Tribunal Supremo considera eso el argumento definitivo para descartar la Almudena y fijar Mingorrubio.



La conclusión de todo lo anterior es que el recurso de los Franco se desestima y que se confirman en todo los dos acuerdos del Gobierno. Hasta donde yo puedo ver, ya no hay ningún impedimento jurídico para tirar adelante con la exhumación. Pero como este país es experto en dar sorpresas desagradables, me disculparéis que sea cauto: hasta que no vea la mojama en su nueva ubicación no echaré las campanas al vuelo.




(1) No hay que ser muy listo para saber que eso es justo lo que quieren los familiares: masas de franquistas peregrinando en la Puerta del Sol. Impedirlo es prioritario.








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viernes, 20 de septiembre de 2019

Capillitas enfadados


¿Hay algo más rancio que una cofradía de Semana Santa? Sí: una cofradía de la Semana Santa sevillana.

Estos días ha sobrevolado a media altura una noticia del ABC redactada con un lenguaje que es pura Celtiberia. “El Ministerio de Cultura saca a la luz imágenes prohibidas de los cristos de Sevilla”, dice la pieza, firmada por un pieza llamado Javier Macías que debe ser muy regocijante de ver en su vida personal. Además es un gran ejemplo, si no de ética periodística, sí de proactividad: en vez de esperar a la noticia, se ha fabricado una a su medida (con polémica incluida) y lo ha reconocido en el periódico.

El asunto es el siguiente: resulta que el Ministerio de Cultura (más en concreto el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el IPCE), por transparencia, ha publicado online, entre otros muchos miles de documentos, unos cuantos informes sobre diversas restauraciones que se han llevado a cabo en las tallas de las hermandades sevillanas. Esos informes contienen fotografías que ilustran el trabajo hecho y las distintas fases del proceso. Y a Javier Macías eso le ha parecido mal.

¿Y por qué le ha parecido mal a Javier Macías? Pues, atención, porque las imágenes son “íntimas” e “hirientes”. En ellas aparecen “las principales devociones sevillanas diseccionadas, llenas de hierros, lo que ha desatado una enorme polémica dado el impacto visual que causan”. Y, atención, lo peor de todo, es que en todo el asunto el Ministerio trata a las tallas “como si fueran obras de arte sin el componente religioso y devocional que despiertan”. ¡Traición, ignominia! ¡Tratar a las obras de arte como obras de arte!

Así que Javier Macías, muy indignado, publicó el artículo que he enlazado arriba y además llamó a las hermandades para asegurarse de que lo vieran y se generara una buena polémica, como reconoce en un segundo texto subido horas después. Lo ha conseguido, claro está: si los capillitas son algo más aparte de rancios es cerriles, y ya han salido en masa a quejarse de que les tocan los muñecos de madera.

Los argumentos son variados y más bien balbuceantes. El primero es el típico que aparece siempre que los curas abren la boca en un debate público: “ay, es que mis sentimientos religiosos”. Por supuesto, sus sentimientos religiosos llegan hasta más allá de Orión, porque cuando eres un capillitas privilegiado siempre está bien marcar lejos la frontera a partir de la cual puedes quejarte.

Al parecer, los sentimientos religiosos ya no se ven vulnerados solo porque alguien escarnezca a la religión o profane objetos sagrados (los dos delitos contra los sentimientos religiosos que recoge el Código Penal), ¡sino también porque se difundan fotos de una restauración aprobada por la hermandad o cofradía dueña de la talla! Claro, es que son fotos indecorosas, porque aparecen el cristo o la virgen despiezados y sin que se les guarde el respeto debido. Pues vale, puedo entender que te moleste, pero hay un interés en la difusión de esas fotografías y tus sentimientos no son suficientes para que deje de haberlo.

Esto nos lleva al segundo argumento que han venido usando: que los informes eran material científico y no divulgativo, y por ello no debían estar al alcance del público general. ¡Hala! ¡Diga usted que sí, caballero! La ciencia, bien guardadita en cajones bajo siete llaves, aunque se haya pagado con dinero público. Las obligaciones del Estado en materia de transparencia que queden en un segundo plano porque me molesta ver a mi talla en la mesa de reparaciones.

El tercer grupo de argumentos, por llamarlos de alguna manera, tienen que ver con la propia licitud en la difusión de las imágenes. El propio Javier Macías es el primero en abonar esta idea, al hablar en su primer artículo de “imágenes prohibidas” y al argumentar en el segundo que se necesita el permiso de la cofradía o la hermandad para difundir fotos las tallas porque éstas “están registradas”. Hoy, al ver que lo que dice no se aguanta, se ha descolgado con un tuit donde pretende aplicar… ¡la prohibición de hacer fotos en museos!

Vamos a ser claros: las fotos las hizo el IPCE para sus propios informes mientras restauraba las tallas para las hermandades en el marco de un acuerdo de colaboración. Son, por lo tanto, propiedad intelectual del IPCE, y es el IPCE quien decide si las guarda, las pone en Internet, las destruye o las envía por correo en un sobre perfumado. Son suyas. Y no hay mucho más que hablar.

Vale, ¿y qué es eso otro de que algunas de las tallas están registradas y no se pueden usar imágenes suyas sin permiso de la cofradía? Eso es, así escrito, un bulo. Como todos los bulos se basa en algo cierto, claro está. Muchas de las hermandades de todo el país han registrado el nombre y la imagen de su cristo o virgen como marca. Así por ejemplo, si yo quiero vender camisetas con la imagen de la virgen de la Macarena de Sevilla (una de las registradas), tengo que hacerlo en las condiciones que me imponga el titular de la marca: puede prohibírmelo, puede obligarme a pagarle un tanto alzado o un porcentaje, etc.

Pero este registro tiene, como todos, limitaciones. El más importante es que las marcas se aplican en el tráfico económico. Si yo quiero hacer un fotomontaje de la susodicha virgen para publicar en un programa de humor, si publico en Facebook una foto de una procesión donde se ve esa talla o, como en este caso, si ilustro un informe sobre la restauración de la escultura, nada de eso es vulneración de marca. No estoy usando esa imagen para intervenir en el comercio de bienes y servicios, sino para fines no lucrativos, y eso está fuera del derecho de marcas.

Por desgracia, el único argumento que han tenido que usar los cofrades es “somos capillitas, damos mucho miedo, hacednos caso o iremos a cantaros saetas”, porque el Gobierno ha reculado mientras se deshacía en disculpas. Le ha faltado decir aquello de “Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo”: retirará los informes controvertidos y se disculpa por haber ofendido los sentimientos religiosos de los cofrades.

Pues al final sí que era verdad que los ofendiditos conseguían cambios.







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miércoles, 18 de septiembre de 2019

Querella sin fundamento


Una de las preguntas que más enerva a cualquier abogado es “¿Esto es denunciable?” Todo es denunciable, porque la denuncia es libre. Tú puedes denunciar que tu vecino respira demasiado fuerte y su ruido te impide concentrarte en tus prácticas nocturnas de trombón, si quieres. Otra cosa es, claro está, lo fundamentada que esté una denuncia concreta, el recorrido que pueda tener y la posibilidad que tenga de llegar a buen puerto, todo lo cual depende de parámetros que no pueden contestarse en una charla de café presidida por el “¿Es denunciable?”

En principio, el juez tiene mecanismos variados para impedir que prosperen las denuncias que no deberían estar ahí. Hablemos solo del proceso penal. El más obvio es, por supuesto, la absolución: si llegados al final del procedimiento se ve que el acusado es inocente, se le absuelve y ya está. Pero parece muy gravoso y muy largo, ¿no? ¿No hay ninguna forma de hacerlo antes? Bueno, sí. Si durante la fase de instrucción (aquella en la que el juez está investigando) salen indicios de que un encausado no tiene nada que ver siempre se puede sobreseer la causa en lo que tiene que ver con él.

Pero ¿y qué pasa con las denuncias tontas? ¿Aquellas que denuncian hechos que obviamente no son delito, o que intentan implicar a personas que no tienen relación con los mismos? ¿Es que en todas hay que hacer el paripé de admitirlas a trámite, imputar a gente, llamarla a declarar y luego sobreseer? ¿No tenemos un mecanismo para que el juez pueda leer esas denuncias y directamente archivarlas, sin molestar a los denunciados con citaciones que no van a valer de nada?

Pues tenerlos los tenemos, pero viendo casos como el del profesor querellado por decir que en las prisiones catalanas hay torturas, uno diría que están de adorno. Vamos a los hechos y luego hacemos el comentario. Resulta que este hombre, Iñaki Rivera, lleva años estudiando el sistema penitenciario catalán (1), y denunciando vulneraciones de derechos dentro de los muros de las mismas. Hace un año, salió en TV3 presentando un informe sobre este tema. Le preguntaron si había torturas en las prisiones catalanas y su respuesta fue (minuto 9, traducción mía):

“Sí. Hay torturas, hay maltrato y hay vejaciones, aunque sé que cuesta mucho hablar de este tema. Si hablas de forma confidencial con gente del régimen de internamiento seguro que te contarán una serie de circunstancias vejatorias, incluyendo maltrato físico y psíquico, como la denominada “contención mecánica”, la posición de Supermán de la que hablan los presos (boca abajo en slip durante más de 24 horas), inyecciones que se ponen sin autorización de la gente… Cada uno podrá calificarlo como maltrato o como tortura”.

Pues bien: esa parodia de sindicato denominado Comisiones Obreras se ha querellado contra Iñaki Rivera por, atención, calumnias. Calumnias, ese delito que consiste en atribuirle a otro de forma falsa un delito. ¿Por qué un sindicato? Porque se supone que representa a los trabajadores de la prisión, pobres funcionarios, a los que aquí Rivera estaría calumniando. Pero esto no es lo grave; como he dicho al principio, la denuncia es libre. Lo grave es que el juez ha admitido el asunto a trámite.

Admitir a trámite quiere decir citar a Rivera, generarle preocupaciones, obligarle a gastar dinero en profesionales, silenciarlo de cara al futuro… todo un rosario de consecuencias negativas, la llamada “pena de banquillo”. Y todo para nada, porque lo que ha dicho no es delito. La calumnia es, ya lo hemos dicho y así lo define el artículo 205 del Código Penal, la “imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad”. Y para imputar un delito es necesario imputárselo A ALGUIEN. Cosa que Rivera no ha hecho.

No voy a discutir ahora toda la jurisprudencia sobre la necesidad de concreción para cometer el delito de calumnias, pero es bastante evidente. Este delito se castiga para proteger el honor, en tanto bien individual. ¿Cómo se va a penar una imputación delictiva que no se refiere a nadie en concreto, aun en el caso de que fuera falsa? Además, fijémonos en lo que dice Rivera. Rivera dice “en las cárceles se tortura”, no dice "la tortura es una práctica diaria y común en las cárceles" ni “la mayoría de funcionarios de prisiones torturan a los presos”, algo que a mi entender sí podría estar dentro de las lindes de la calumnia (más la segunda frase que la primera). Sin embargo, con lo que ha dicho realmente, ¿qué calumnia hay si se refiere a las víctimas más que a los agresores?

Para comprender el absurdo, me quedo con los ejemplos que pone aquí Jacobo Dopico. Esto es tan ridículo como si sale alguien en la tele diciendo que en los Ayuntamientos españoles hay corrupción, le denuncia un concejal de Almuradiel (provincia de Ciudad Real) porque ha llamado corruptos a todos los políticos municipales del país y eso es una grave calumnia, ¡y el juez va y se lo admite a trámite! ¿Es que nos hemos vuelto locos?

Pues debe ser que sí, porque, como he dicho al principio del artículo, hay vías para no admitir a trámite esta denuncia. Los artículos 269 y 313 LECrim mandan desestimar las denuncias y querellas que versen sobre hechos que no revistan carácter de delito. Es decir, que el juez debe hacerse aquí un juicio hipotético: “si estos hechos que me han denunciado resultan probados, ¿serían delito?” Si la respuesta es “sí”, seguimos adelante con el procedimiento. Pero si la respuesta es “no”, archivamos y no molestamos a nadie con tonterías.

Esto no se hace casi nunca. ¿Por qué? A saber. Quizás por prolijidad (“llamo a declarar al denunciado y que cuente su versión, y así miro a ver si hay algo”) o por costumbre judicial (son artículos que ya no se suelen aplicar, y eso pesa más de lo que queremos creer). Igual es porque el juez quiere ahorrarse largos y costosos recursos, que pueden llegar hasta al Tribunal Constitucional, donde el denunciante alegue que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al ni siquiera llamar a declarar al denunciado. Es más seguro y más fácil abrir la causa, tomar un par de declaraciones y cerrar la causa. Y también ralentiza más el Juzgado y causa más sufrimiento a la otra parte, pero bueno.

En este caso, la pena de Iñaki Rivera va a ser solo la de banquillo: un par de mañanas perdidas en paseos a los Juzgados y un mal rato declarando. Pero a ver si vamos cambiando la cultura judicial y abolimos eso también, porque no tiene ningún sentido.




(1) Cataluña es la única Comunidad Autónoma que tiene transferidas las competencias penitenciarias. En el resto del Estado, las cárceles dependen del Ministerio del Interior. Por eso tiene sentido analizar de forma separada las cárceles catalanas.




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martes, 10 de septiembre de 2019

A la Robótica por la Religión


El temario de las oposiciones de juez es, si no el más largo de todos los que se estudian en España, sí uno de los del top 5. Derecho civil, penal, procesal, contencioso-administrativo… todo metido en plan embudo hasta que aprendes a cantarlo como un papagayo. Uno se preguntaría si no sería mejor otro sistema de selección, no solo por los indudables sesgos de clase que tiene el modelo de oposiciones (¿quién puede permitirse estar tres, cuatro, cinco años encerrado en casa sin trabajar ni cobrar?) sino porque, con todo lo que estudian, acceden a la plaza con lagunas enormes en diversas materias.

Por ejemplo, derechos fundamentales.

Creo que solo desde el desconocimiento más absoluto en materia de derechos fundamentales se puede explicar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº2 de Santiago de Compostela, en el que declara válida la norma que obliga a un alumno a escoger la asignatura de Religión si quiere cursar otras asignaturas de Bachillerato como Tecnología Industrial, Dibujo Artístico, Anatomía Aplicada o Volumen. Por desgracia no he podido acceder a la sentencia, solo a los párrafos citados en prensa, pero el argumento del juez queda bastante claro.

La situación es la siguiente: en 1º de Bachillerato, los alumnos gallegos tienen 32 horas lectivas a la semana, de las cuales 26 están ocupadas con asignaturas troncales: lengua castellana, lengua gallega, inglés, educación física, las específicas de su modalidad, etc. Las 6 horas restantes deben repartirse entre asignaturas específicas o de libre configuración, de las que tienen que escoger dos o tres. Las hay de una, de dos, de tres y de cuatro horas semanales. Si miráis el decreto que regula la ESO y el Bachillerato en esta Comunidad Autónoma (más en concreto su Anexo V, página 1488) encontraréis la carga horaria.

¿La habéis visto ya? ¿Veis cuál es el problema?

En efecto. Hay varias asignaturas de cuatro horas, varias asignaturas de tres y varias de dos, pero solo una materia de una hora semanal: la Religión. La Religión, que normalmente será la católica, que puede ser de otra confesión, pero que en todo caso me da igual. Eso quiere decir que, si yo soy un estudiante gallego de 1º de Bachillerato tengo tres opciones:
  • O me cojo una materia de 4 horas y una de 2.
  • O me cojo tres materias de 2 horas.
  • O me cojo una materia de 3, una de 2 y la única de 1, es decir, Religión. Una asignatura de adoctrinamiento, creada para venderte lo buena que es la Iglesia católica.


¿Que quiero dar materias de 3 horas sin pasar por el aro de una asignatura confesional? Me jodo y pedaleo. No hay ninguna opción para mí.

No puedo entender cómo el Juzgado no ha visto que aquí hay una discriminación. Quizás es que no ha querido verlo. Dice la sentencia que no se discrimina porque “el alumno y sus padres, de entender que no era de su preferencia la materia de religión, tenían otras alternativas para conseguir las seis horas semanales”. Es decir, que se permite que los no católicos (porque, no nos engañemos, la asignatura de Religión es religión católica en el 95% de ocasiones) terminen el Bachillerato sin someterse a un año de adoctrinamiento forzoso. Pues muchas gracias, supongo. Pero aun así, esto es discriminatorio.

¿Por qué? Simple. Porque se está tratando de forma desigual a personas según su confesión. A los católicos se les permite acceder a todas las asignaturas del currículo; a los no católicos, no. Y esa diferencia no tiene ninguna justificación, porque no hay nada en Dibujo Artístico o en Tecnología Industrial que fomente este sesgo pro-católico. Se trata simplemente de que el programa se ha construido para hacer que mucha gente se matricule en Religión, supongo que para maquillar números o para intentar conseguir alguna conversión suelta en alguna clase especialmente inspirada. Que la cosa está muy mal, y como ya no hay hambre generalizada se están quedando sin clientes.

Otro aspecto controvertido de la sentencia es que evita derivar cualquier responsabilidad a la Xunta de Galicia y centra todo el problema en el instituto que no ofertó más asignaturas de una hora. Es cierto que los centros pueden ofrecer otras asignaturas distintas de las previstas en el decreto. La tan cacareada Robótica, que se ha mencionado en todas las noticias sobre el tema, pertenecía a este grupo, junto con otras que se daban en ese instituto como Antropología o Coeducación para el siglo XXI. Para eso hay un proyecto educativo y los centros tienen una autonomía.

Pero un centro educativo no puede tener la responsabilidad de solucionar una discriminación que tiene ámbito legal y autonómico. Si aquí el problema es que el decreto que regula el Bachillerato monta un currículo discriminatorio, la solución es distribuir la carga horaria de otra forma a nivel autonómico, no esperar que cada centro se invente asignaturas extra de una hora semanal. No se puede compartir el argumento del juez de que la discriminación la ha producido el centro, porque el centro no está obligado más que a seguir el decreto autonómico.

Estamos ante lo que en derecho administrativo se llama “elementos normativos desgajados”. Se trata de una norma partida en trozos, cada vez más concretos. A la hora de establecer los currículos educativos de Bachillerato hay una ley nacional, unas normativas autonómicas y luego la oferta final de cada centro. Si en el segundo paso se introduce una discriminación, el tercero quizás pueda arreglarla, pero en el caso de que no lo haga, culpar de la discriminación a este tercer actor es hacer trampita jurídica.

No sé si el chaval discriminado querrá recurrir esta sentencia o preferirá dejarlo estar, dado que es muy probable que ya haya superado el 1º de Bachillerato cuyo inicio provocó este proceso. Yo le animaría a que continuara. No sé si lo político puede ganarse, así que nos queda lo judicial, que a veces alguna alegría sí da.


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martes, 3 de septiembre de 2019

¿Es ilegal la gestación subrogada?

[NOTA: Si has consultado esta entrada antes del sábado 7 de septiembre de 2019, puede que recuerdes que decía algo distinto a lo que ahora dice. Eso es porque, debido a correcciones que me hicieron por Internet, he tenido que modificar buena parte. Gracias a @LenoreLenoir por el aviso.]

Los fans de la gestación subrogada viven en un entorno de confusión constante. Intentan defender que lo que hacen es legal, pero entonces algún vivo les pregunta por qué tienen que irse a Ucrania a hacerlo y se bloquean. Y encima se genera una ensalada de términos que, entre su uso común y su uso técnico, no hay quien entienda: que si ilegal, que si prohibido, que si nulo, que si delito, que si tal, que si cual. ¿Entonces? Analicemos el tema con un poco de detalle.

El primer concepto que hay que tener en cuenta es el de “filiación”. La filiación es el vínculo legal entre progenitores y prole. Cuando tú naces, en el Registro Civil normalmente se inscribe una filiación materna (la madre) y una filiación paterna (el padre). Actualmente se puede romper este principio –por ejemplo, se pueden inscribir dos filiaciones maternas, en el caso del hijo biológico de una mujer casada con otra mujer–, y por supuesto siempre ha sido posible que alguno de los campos quede en blanco –si no se conoce quién es uno de los progenitores de la criatura, o si es huérfano por partida doble–, pero lo común sigue siendo determinar una filiación materna y otra paterna.

La filiación es importante, porque es la base sobre la que se construyen la patria potestad (el conjunto de derechos y obligaciones de los progenitores hacia su prole) y la guarda y custodia (con quién conviven las criaturas). En general, nuestro Código Civil opta por un sistema de determinación de la filiación basado en el parto: la filiación materna se acredita por el nacimiento, la paterna es más sencilla si está casado con la madre y algo más complicada si no lo está, pero hay mecanismos para reclamarla.

La gestación subrogada es un contrato por el cual una mujer (la gestante) gesta y pare al hijo de otras personas (el / los subrogante/s). En otras palabras, los subrogantes tienen un óvulo fecundado que quieren convertir en un maravilloso bebé, pero por las razones que sean no tienen ningún útero donde llevar a cabo el proceso, y es la gestante quien presta el suyo, sea por dinero o de manera (jaja) altruista y no remunerada. Sobre estas condiciones básicas se pueden añadir cláusulas más específicas, pero la idea general es esa: una mujer que gesta un óvulo fecundado ajeno y lo pare cuando ya está en su punto. A nivel legal, diríamos que la gestante renuncia a la filiación del niño que acaba de parir y se la concede a los subrogantes.

Pues bien, ese contrato no está permitido en el derecho español. No es legal. Así lo deja claro el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (LRA). Este contrato está tan fuera de la ley como, yo qué sé, un contrato de compraventa de órganos, un contrato de alquiler de vivienda que intente hacerse sobre una ruina inhabitable, una donación de algo que no te pertenece o cualquier otro similar. No se puede hacer. Y como no se puede hacer (dentro de la ley), usar los términos “ilegal” y “prohibido” para referirse a la gestación subrogada en España es perfectamente válido.

¿Cuáles son las consecuencias de esa ilegalidad? La primera de todas, prevista en el propio artículo 10 LRA, es la nulidad del contrato. Esto es lo básico, lo primero que hacemos cuando nos encontramos con un acto jurídico ilegal: entender que es nulo. Un negocio nulo es un negocio que no existe, que no ha llegado nunca a nacer de forma válida. Por tanto, no puede desplegar efectos. Si alguien intenta realizar este contrato en España, sería como si no lo hubiera realizado: la filiación materna sería determinada por el parto (es decir, a favor de la gestante), de acuerdo a la regla general, y hay mecanismos para determinar la paterna. Lo cual, dicho sea de paso, puede ser un problema para la gestante, porque no recibiría nada del dinero que le han prometido y se encontraría de repente con un niño.

En principio no hay más consecuencia: el contrato es nulo y la filiación materna se determina a favor de la gestante, punto. Pero si aun así se intenta ejecutar el contrato (es decir, entregar el niño a los subrogantes), se estaría incurriendo en un delito de alteración de paternidad tipificado en el artículo 221 CPE y penado con hasta cinco años de cárcel y hasta diez años de privación de la patria potestad. Este artículo castiga tanto a la gestante como a los subrogantes, también al intermediario si lo hubiera, y se prevé la clausura de guarderías, colegios y otros establecimientos de puericultura que se hayan empleado en el delito. Vamos, que no es ninguna broma.

Más en concreto, lo que se castiga es la acción de entregarle a otra persona un menor, saltándose los procedimientos legales de acogimiento o adopción, con el fin de que esa persona receptora establezca una relación análoga a la de filiación. No es necesario que la persona que entrega el menor (en este caso la gestante) tenga una relación de parentesco con él, aunque en el supuesto de la gestación subrogada ya hemos visto que es legalmente su madre. Lo que sí se requiere es que haya compensación económica, pero es que, digan lo que digan desde Ciudadanos, ninguna gestación subrogada carece por completo de compensación económica.

También cometen este delito de alteración de paternidad los subrogantes que se van a un país extranjero para recibir al bebé (artículo 221.2 CPE). Ahora bien, esta mención no se puede aplicar a quienes se van a un país donde la gestación subrogada es legal. Si recordamos la descripción de la conducta, exige que se vulneren los procedimientos de acogimiento o adopción, y aquí los subrogantes lo que han hecho es irse a un país donde dichos procedimientos les permiten hacer lo que quieren de forma legal. Lo que sería delito es pasar a cualquier Estado que prohíba la gestación subrogada (Francia, por ejemplo), hacer allí la técnica (o cualquier recepción de un menor de edad) y luego volver a España.

Queda por preguntarse, entonces, qué pasa con los subrogantes que se van a países donde esa técnica es legal y se traen a los niños aquí. Ya vimos que existe una puerta trasera en la legislación española por la cual esas criaturas pueden acabar con la filiación establecida a favor de sus subrogantes, en virtud de una interpretación (a mi juicio dudosa) del principio de interés superior del menor que se hizo en una instrucción de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En esta instrucción, en resumen, se permite inscribir como hijos de subrogantes españoles a los bebés nacidos por gestación subrogada en países donde esta técnica es legal siempre que se cumpla una serie de requisitos. ¿Y si no existiera esa puerta de atrás? ¿Qué pasaría si se derogara esta instrucción?

Pues seguramente nada, porque esta instrucción no es más que un mecanismo para unificar los criterios de los Registros Civiles de los distintos consulados. Lo que seguro que no podría pasar es que se considerara a los subrogantes autores de un delito. Ya hemos visto que el delito de alteración de paternidad no es aplicable, pero quedaría por analizar otro: el de trata de seres humanos.

El delito de trata de seres humanos está definido en el artículo 177 bis CPE. Castiga a quien “capte, transporte, traslade, acoge o reciba” a una víctima, sea con violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima o mediante la entrega de pagos a la persona que poseyera el control de la víctima. Si la víctima es menor de edad, ni siquiera es necesario recurrir a estos medios comisivos, sino que basta con realizar las acciones que he citado (captar a la víctima, trasportarla, etc.).

¿Entonces? Entonces, la acción de los subrogantes que se van a Ucrania y se traen un bebé no entra en este tipo penal, porque para que sea trata de seres humanos se requiere otro requisito. Más en concreto, con la trata se debe buscar algún fin de los tasados en la ley: esclavitud, explotación sexual, explotación para realizar prácticas delictivas, extracción de sus órganos, etc. Y los subrogantes, normalmente, no buscan esos objetivos. Así que no han cometido el delito de trata de seres humanos.

Por concluir entonces: la gestación subrogada es una actividad ilegal o prohibida, pero que no llega al extremo de ser delito sino que es un simple contrato nulo. Sin embargo, si ese contrato se intenta ejecutar sí se estaría cometiendo un delito de alteración de paternidad. Eso a nivel legal, claro. A nivel social no voy a hablar de lo que me parece porque necesitaría otro artículo entero.




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sábado, 31 de agosto de 2019

Vacuna a la fuerza

“La Justicia autoriza a vacunar a dos niños en contra de la negativa de la madre”. De esta forma tan equívoca titulaba ElDiario.es una noticia. Otros medios lo expresaban mejor: “La justicia obliga a una madre a vacunar a sus hijos tras la demanda del padre” (El País), “Un juez de Vigo permite a un padre la vacunación de sus hijos frente a la negativa de la madre” (El Faro de Vigo), “La Audiencia de Vigo autoriza a un padre la vacunación de sus dos hijos frente a la negativa de la madre” (RTVE, que se equivoca con el nombre del órgano y aun así es más comprensible que ElDiario.es), etc.

¿Por qué me parece tan importante nombrar al padre en el titular? Porque es el origen del conflicto, y eso es el núcleo de la sentencia. En España, la vacunación es voluntaria. Podemos discutir sobre si esta política es beneficiosa o no, o sobre si hay que modificarla. Yo, creo que ya se sabe, y al contrario que la mayoría de las personas contrarias al movimiento antivacunas, no creo que la obligatoriedad sea una buena idea en España en este momento. Sin embargo, estoy dispuesto a debatirlo, siempre partiendo de la única base posible: que las vacunas son un medio de prevención útil y barato para una docena de enfermedades conocidas que pueden llegar a ser mortales.

Pero volvamos a nuestra familia viguesa. Mientras no se cambie esta política, mientras en España las vacunas sean voluntarias, los progenitores podrán decidir si se las ponen o no a sus retoños. Solo en casos muy concretos un juez podrá forzar una vacunación. Por eso el titular de ElDiario.es resulta tan malo, porque esconde cuáles son las características del conflicto en el cual el juez ha tomado esta decisión. ¿Es que los críos estaban en medio de un brote de sarampión? ¿Es que la guardería o el colegio impidieron la matriculación de alguno de ellos y el asunto se judicializó? En definitiva, ¿qué interés hay implicado para que se fuerce a la madre a hacer algo que en principio no tiene que hacer?

Los otros tres encabezados sí lo explican: la decisión del padre. Y en efecto, cuando lees la noticia, sea ya la de ElDiario.es o la de cualquier otro medio, queda claro cuál es el perfil del conflicto: progenitores separados desde 2013 que discuten sobre si hay que vacunar a las criaturas o no. Papi dice que sí; mami (que no se considera “antivacunas” pero que tiene prejuicios sobre la seguridad de este procedimiento) dice que no. Y, como no nos ponemos de acuerdo y no hay forma de llegar a un compromiso, tiene que decidir el juez.

Aquí, insisto en ello, no hay más tutía que darle la razón al padre o dársela a la madre. O se vacuna o no se vacuna. No hay otra opción: los puntos intermedios, como solo vacunar a uno de los dos críos o solo poner algunas de las vacunas, son tan estúpidos que ni se plantean. Por tanto, el juez tiene un embolado encima de su mesa. Por suerte su trabajo es solucionar esta clase de embolados. Casi podríamos decir que un juez es un solucionador profesional de embolados.

¿Cómo resolvemos un conflicto entre dos progenitores, cada uno de los cuales quiere hacer con el menor una cosa que es lícita pero no obligatoria? Y aquí me da igual que el debate sea vacunarlos o llevarlos a Eurodisney. O que reciban catequesis y hagan la comunión, como ya ha pasado alguna vez. Si uno de los progenitores quiere que el crío haga esa cosa no obligatoria y el otro no quiere, el único criterio que puede usar el juez para decidir es el del superior interés del menor. Que es, claro está, el que debe regir siempre en pleitos de esta clase.

En los casos que he puesto de Eurodisney o de la catequesis es más difícil identificar el interés superior del menor, al menos sin descender mucho al caso concreto. Pero en materia de vacunación está claro: vacunar es mejor que no vacunar, desde cualquier punto de vista. Por supuesto, lo es si lo miramos desde la perspectiva médico-sanitaria, porque la vacunación le va a dar a esa criatura un escudo contra enfermedades. Pero también desde la social y educativa, porque cada vez más centros de enseñanza o deporte obligan a presentar la cartilla de vacunación actualizada para tramitar la matrícula. Y esto último lo tiene en cuenta la sentencia también.

No obsta a nada de lo anterior que el padre en principio (antes de la separación) estuviera de acuerdo con no vacunar a los críos, o que tal decisión radique en las creencias de la madre. La ideología evoluciona, y el padre puede haberse informado mejor sobre el tema: tiene derecho a criar a sus hijos según las ideas que tiene ahora, no según las que tenía hace seis años. Y la madre también tiene derecho a tener sus creencias y a criar a su prole en ellas, por supuesto, pero siempre que no sean perjudiciales. Si hay un conflicto, el criterio rector debe ser siempre el del interés superior del menor.

Ya son dos los órganos judiciales que le quitan la razón a la madre y se la dan al padre, siempre, por supuesto, que cumpla el calendario vacunal: tampoco puede quedar al abrigo de su voluntad que los niños reciban o no las inmunizaciones. Primero lo dijo el Juzgado de Primera Instancia de Vigo y ahora lo ha ratificado la Audiencia de Pontevedra. Imagino que el caso se detiene aquí. No he mirado en profundidad si esta decisión es recurrible, pero espero que la madre no tenga muchas ganas de seguir pleiteando.

Los hijos no son de sus padres. Los progenitores deben cuidar a su prole con cariño, dedicación y, sí, poniendo los mejores medios posibles para que estén bien y se desarrollen de forma íntegra. Tus creencias tienen el espacio que queda después de eso. ¿Te parece poco? Qué pena. Por desgracia, tus hijos son personas distintas a ti y tienen derechos frente a ti,

¿No te gusta? Haber tenido plantas.




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