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lunes, 17 de febrero de 2020

Objeción de conciencia


El Gobierno de Pedro Sánchez parece estar siguiendo a rajatabla el llamado “ciclo económico político”, que consiste en esencia en concentrar en la primera mitad del mandato todas las decisiones impopulares o de corte más ideológico para realizar al final las que tienen un impacto más directo en la economía de sus votantes (subidas de pensiones, rebajas de impuestos) con el fin de fidelizarlos. Creo que eso explica que acabemos de estrenar Gobierno, como quien dice, y ya estemos con el asunto de la eutanasia.

Aunque en realidad la eutanasia es una medida mucho menos polémica de lo que quieren hacernos creer los de siempre. Las encuestas que se han ido haciendo muestran un amplio apoyo popular a que se regule la eutanasia activa. Sí, hay pequeños núcleos, agrupados en torno al partido de siempre y al PP (que no deja de intentar imitar al partido de siempre, con los resultados que ya estamos viendo) que preconizan grandes males y asesinatos en masa de ancianos si se aprueba la norma. Pero en general, creo que la mayoría de españoles tenemos un punto muy de “vive y deja morir” de lo más aceptable, al menos en este aspecto.

De hecho, llevábamos ya varios intentos. Ya hace dos legislaturas (es decir, en la segunda de Rajoy, en la que se produjo la moción de censura) presentó el PSOE una ley de eutanasia, que fue bloqueada indefinidamente en la Mesa del Congreso gracias al filibusterismo que en aquella época gustaban de practicar PP y C’s. Fuimos a elecciones, empezó la legislatura fallida y el PSOE volvió a presentar una proposición de ley para regular este tema, que no salió adelante porque el Congreso se disolvió a los pocos meses. Parece ser que, ahora sí, a la tercera va a ser la vencida.

La proposición de ley de eutanasia (se llama proposición porque no sale del Gobierno, sino de un grupo parlamentario, el del PSOE) todavía puede cambiar mucho durante la tramitación parlamentaria, así que no la voy a comentar demasiado. Sí que voy a dejar claro que esto regula la eutanasia activa, es decir, lo que todos entendemos por eutanasia: matar o ayudar a morir a una persona que sufre una enfermedad dolorosa a petición de la misma. Otros conceptos anejos, como la eutanasia pasiva (retirada del soporte vital a quien lo necesita) y los cuidados paliativos (administración de sedantes a quien sufre un dolor fuerte) son plenamente legales, aunque no están regulados, y no son objeto de la propuesta del PSOE.

Quizá el aspecto que más me interesa de momento, sobre todo porque creo que sufrirá más bien pocos cambios, es el de la objeción de conciencia. Es curioso que las dos grandes leyes sobre derechos corporales impulsadas por el PSOE (me refiero, claro está, a esta futura ley de eutanasia y a la ley del aborto de 2010) incluyan este derecho. En ambos casos se ha hecho para reducir la conflictividad social y facilitar la aceptación social entre los profesionales de la salud. “Sí, los servicios sanitarios tienen que llevar a cabo procedimientos de aborto/eutanasia, pero tú, concreto trabajador que estás en contra, no tienes por qué”.

El artículo 19.2 de la ley del aborto establece el derecho de todos los profesionales sanitarios directamente implicados en la práctica de la IVE a negarse a colaborar. Esta negativa tiene que expresarse con antelación (no dice con cuánta, pero supongo que se refiere a “no te niegues cuando ya estamos listos para entrar en quirófano”) y por escrito. Abarca solo la IVE, no la atención anterior y posterior, que deberá prestarse en todo caso. Y, muy importante, el derecho a la objeción de conciencia nunca puede menoscabar el acceso ni la calidad de la prestación.

Este último inciso fue el más complicado de aplicar en la práctica. Así, muy pronto se supo que las mujeres que querían abortar en Navarra tenían verdaderos problemas, y que de hecho tenían que irse a Comunidades Autónomas fronterizas, debido al número de objeciones. Para controlar este problema, la oposición navarra consiguió que se aprobara un registro de médicos objetores, que fue avalado por el Tribunal Constitucional (1). En cuanto al aborto en Navarra, parece que se solucionó, como en otras Comunidades Autónomas, con conciertos con clínicas privadas, una solución prevista en la ley como excepcional.

Pues bien, la propuesta del PSOE sobre eutanasia bebe de todas estas experiencias previas. El artículo 16 de la proposición reitera la obligación de ejercer la objeción de conciencia anticipadamente y por escrito, y reitera de nuevo la idea de que se trata de un derecho que corresponde solo a los profesionales directamente implicados. No llega a decir lo que sí dice la ley del aborto (que las objeciones de conciencia no pueden impedir el acceso a la eutanasia), lo cual es a mi parecer un error. Sin embargo, sí obliga a las Administraciones a crear un registro de objetores que tiene por objeto “garantizar una adecuada gestión de la prestación”.

A mí, la verdad, es que me parece tibio. Creo que ninguna de estas dos leyes debería mencionar la objeción de conciencia, pero, si van a reconocerla, tendría que sujetarla a más límites. Los registros deberían ser obligatorios en ambos casos, y quizás usarlos para establecer controles numéricos: no más de un 30% o un 35% (o lo que se establezca) de objetores por cada centro donde se realicen estas intervenciones, sin incluir a residentes, sujeto a estricto orden de entrada de las solicitudes de registro y dejando siempre un mínimo de profesionales que no puedan objetar (al menos un médico y un enfermero).

Es un simple ejemplo, no una propuesta seria. Pero quiero una regulación firme y tasada que garantice que siempre va a haber profesionales sanitarios disponibles para atender las prestaciones de aborto y de eutanasia. Y si para eso hay que establecer límites, se establecen. ¿Discriminatorio? No lo creo. Es cierto que estás permitiendo a algunos ejercer su derecho mientras que se lo deniegas a otro, pero es que, y aquí está el quid de la cuestión, el derecho a la objeción de conciencia no es un derecho constitucional.

La Constitución recoge la objeción de conciencia en un único caso, que además ya no se aplica: el servicio militar obligatorio. En el resto de supuestos no existe. Es cierto que, en las primeras etapas de vigencia de nuestra Constitución, el TC dijo que el derecho a la libertad de conciencia (artículo 16 CE) garantizaba el derecho a la objeción de conciencia, pero luego se echó para atrás: si cualquiera pudiera negarse a cumplir las leyes porque le parecen mal o porque su moral no está de acuerdo con ellas, no existirían leyes. Hablaríamos casi de “disolución del derecho”.

Entonces, cuando la ley del aborto y la ley de eutanasia recogen la objeción de conciencia en temas moralmente controvertidos, lo hacen porque quieren. Es, por decirlo mal y pronto, un regalo que hace el legislador y que no tendría por qué hacer. El derecho a no practicar abortos ni eutanasias si te parecen mal estos procedimientos existirá solo mientras el legislador quiera, y existirá solo en las condiciones que el legislador quiera (2).

Ya hemos visto, de hecho, que ambas normas priman –aunque de forma mucho más clara la del aborto– la prestación del servicio sobre el derecho a la objeción de conciencia de los prestadores. El establecimiento de criterios numéricos solo sería una forma de concretar esta primacía, dándole además seguridad jurídica para todas las partes implicadas. Por supuesto, ambos registros tienen que tratarse con un nivel exquisito de protección de datos personales, ya que tienen conexión directa con las opiniones políticas y morales de los inscritos.

Sin embargo, ya he dicho que todo lo anterior me parece broza innecesaria. El derecho a la objeción de conciencia y el registro asociado me sobran por completo. Lo siento, pero si eres médico o si eres enfermero lo eres para todo, también cuando tu trabajo te obliga a asistir al paciente en una decisión que moralmente te parece horrenda. ¿Que de momento no estamos maduros para este debate y el aborto de plazos y la eutanasia activa solo se pueden aprobar aceptando a la vez la objeción de conciencia sanitaria? Vale. Pero esta debería ser algo llamado a extinguir en una década como máximo.

En unos años hablamos, entonces. Una modificación legal rapidita, quizás incluso para incluir contenido sancionador, y nos ponemos en serio con lo de que el aborto sea un negocio debido a que muchos médicos de la pública objetan a practicarlo o con lo de que no se puedan implantar reformas sociales de calado en este país sin dejar puertas traseras. No suena mal, ¿eh?





(1) Recordemos que la propia ley del aborto sigue recurrida ante el TC desde hace ya diez años.

(2) De hecho, en la ley del aborto el artículo que regula la objeción de conciencia no tiene carácter de ley orgánica, es decir, que no está vinculado con los derechos fundamentales. En el proyecto de ley de eutanasia curiosamente sí lo tiene, pero espero que tal carácter desaparezca durante la tramitación.



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miércoles, 12 de febrero de 2020

Homeopatía en los tribunales


Pelearse la verdad científica en los tribunales puede provocar resultados inesperados. Que se lo digan si no a los 22 homeópatas valencianos a los que una jueza de Instrucción ha dado un tremendo revolcón al archivar por completo su querella contra dos particulares que hablaron en contra de esta práctica pseudoterapéutica. El asunto se reflejó en una noticia de prensa; por desgracia no he conseguido el auto original ni otros medios han abundado en la información. Aun así, algunos aspectos del caso me han parecido de relevancia.

El tema empieza con Aurelio Duque y Fernando Cervera, que son directivos de dos asociaciones de las que se dedican a promover la medicina basada en la evidencia y a luchar contra las pseudoterapias. Más en concreto, Duque es presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y Cervera es vocal de la Asociación Para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Durante estos años ambos han ido publicando distintos artículos y entrevistas sobre la homeopatía, en la que la calificaban del fraude que es.

Esto, que podría parecer una simple declaración de argumentos científicos, en realidad incluye una lucha de (o más bien contra el) poder, ya que el Colegio de Médicos de Valencia sigue siendo uno de los reductos de esta pseudoterapia en el Estado. Uno de sus consejeros, Rafael Torres, no solo es homeópata sino que dirige la sección de “Medicina Integrativa” de la institución. Pues bien: en octubre del año pasado 22 homeópatas valencianos, incluyendo al tal Torres, se querellaron contra Duque y Cervera. ¿El argumento? El de siempre: que los escritos eran calumniosos.

El delito de calumnia consiste en imputarle a alguien un delito sabiendo que es mentira o, al menos, con “temerario desprecio hacia la verdad”. A mi parecer, la causa estaba perdida para los homeópatas ya desde el principio. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque para imputar un delito hay que imputárselo a alguien. Hacer afirmaciones genéricas sobre una práctica (“la homeopatía es un fraude”) no es imputar un delito.

Más aún: incluso aunque se llamara estafadores a todos los homeópatas, el supuesto delito sigue estando falto de concreción. Sería como si yo digo que “todos los políticos son unos ladrones” y me acusa de calumnias un concejal de Carrizo de la Ribera, provincia de León. Estamos justo en la línea entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor, conforme, pero aún por la parte de fuera: gritar cosas contra colectivos profesionales no es delito de calumnia aunque lo que grite sea mentira.

No sé si la jueza entra en estos extremos, que ya por sí solos bastarían para archivar. Porque lo que sí analiza es ese requisito de “falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Cuando Duque y Cervera dijeron que la homeopatía es un fraude, que no funciona, que son puras bolitas de azúcar, ¿estaban mintiendo o, como mínimo, siendo inveraces? ¿Se lo estaban inventando todo para mancillar el honor de unos pobres terapeutas alternativos (perdón, complementarios)?

Pues parece que no. Y para llegar a esa conclusión, la jueza repasa las actuaciones contra la homeopatía que se han dado desde distintas ramas del Estado. La piedra de toque parece ser un informe de la Real Academia de Farmacia que considera que “puede poner en riesgo la salud”, pero se mencionan también la “ofensiva” contra las pseudoterapias de varios departamentos ministeriales (que han pasado a considerarla una simple práctica sin valor sanitario) e incluso el cambio de concepto de la palabra en la RAE, de nuevo para pasar de ser un “sistema curativo” a una “práctica” (1).

Esta manera de razonar me parece lo más notable del auto de sobreseimiento. Creo que si la querella se hubiera interpuesto hace cinco o diez años, cuando aún no habría empezado esta ofensiva del poder político contra la homeopatía, el resultado habría sido otro. Se habría seguido adelante y al final Duque y Cervera habrían sido absueltos después de un proceso más largo que habría incluido un juicio propiamente dicho, mientras que aquí se ha ventilado en la instrucción.

Un juez no tiene por qué saber de ciencia. La oposición no te hace más listo ni más sabio, solo te da mucha profundidad de conocimientos jurídicos. Entonces, cuando a un Juzgado llega un caso como este, ¿cómo hace el juez para decidir? Puede que no sepa lo que es la homeopatía, es posible que le suene como “una cosa que cura” o incluso que la haya usado. Ahora están frente a él unos homeópatas y unos señores que dicen que toda la homeopatía es mentira.

Si lo pide, seguro que ambas partes aportan informes periciales muy convincentes que son difíciles de contrapesar para el juez. Queda el recurso de pedir una pericial judicial, pero ¿exactamente cómo se valora si todo un campo que dice tener aplicaciones médicas las tiene o no? ¿Quién y cómo perita eso? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en instrucción, no en el juicio propiamente dicho, y que el juicio es por calumnias: no es lo más común ponerse a pedir periciales, y menos científicas.

Así que al final, el único parámetro fácil que tiene a mano el juez para decidir es lo que hayan hecho otras ramas del Estado. Si los colegios profesionales avalan la homeopatía, si esta incluso se distribuye en el sistema público de salud, si sus productos se venden en farmacias como medicamentos, ¿cómo no va a considerar el juez que estamos faltando a la verdad al decir que es un fraude? Por el contrario, si hay una ofensiva contra esta pseudoterapia que involucra hasta a la RAE y si se la ha echado de todos los lugares que ocupaba hace unos años, ¿cómo va a atentar contra la verdad denunciarla?

Por eso es tan importante que desde todas las partes del Estado (Gobierno, Administración estatal, Administraciones autonómicas, Universidades, Colegios profesionales) se luche en general contra las pseudociencias. Este ejemplo es un caso de laboratorio perfecto de cómo cuando se le quita legitimidad social y política a estas engañifas se drena también sus intentos de defensa ante un juez si alguien se atreve a criticarlas. Y por supuesto, es importante mantener fuertes los servicios de salud, para que puedan dar una atención de calidad y que nadie sienta ganas de ir a uno de estos estafadores solo porque sienta que allí, al menos, le escuchan.

A este caso aún le queda algo de cola, pues evidentemente los homeópatas recurrirán el sobreseimiento y aún podría reabrirse, pasar a juicio y todo lo demás. Sin leer la sentencia no me atrevo a opinar. De momento es una victoria. Y si a los homeópatas les pica, ya saben: que disuelvan ortiga en agua y se lo beban. Pero que guarden un poco, por si vienen mal dadas en el futuro.




(1) Se menciona también que los productos homeopáticos han salido del listado de medicamentos. Sin embargo, esto no es correcto. Los productos homeopáticos se registran por un procedimiento simplificado, solo con que demuestren inocuidad. Aun así había muchos vendiéndose sin estar registrados y ahora es de hecho cuando se está procediendo a su regularización.



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martes, 4 de febrero de 2020

Agua gratis


Las bromas sobre el agua de Madrid se han convertido en un tópico igual de corriente que la propia agua. Yo participo en ellas de buen grado (al fin y al cabo, para un tópico bueno que hay sobre los madrileños…), y aunque está claro que son bromas, tengo que reconocer que me gusta mucho el agua del grifo de mi ciudad. Por supuesto no es la única localidad del país con agua corriente de buen sabor, pero es en la que yo vivo y por ello voy a hablar desde esta perspectiva.

Desde hace tiempo, el vaso de agua para el que la pide (o la jarra de agua para grupos grandes) está en retroceso. No me refiero, claro está, a no clientes, sino a personas que ya están consumiendo otra cosa –unas raciones, una cena, unos bocadillos– y que en vez de regarla con alcohol, refrescos o zumos pide agua del grifo. Esta práctica ha sido siempre tolerada por los hosteleros, pero cada vez más es común encontrarse con malas caras, con límites arbitrarios, con olvidos casuales de justo esa comanda o incluso con negativas.

Por eso me gusta la campaña Agua del Grifo, Por Favor, que ha cristalizado en una proposición no de ley aprobada por la Asamblea de Madrid, con el solo voto en contra de los de siempre. Las proposiciones no de ley no tienen valor jurídico, así que de momento no vale para nada, pero puede ser la base de un futuro acuerdo normativo, como el que ya tienen otras Comunidades Autónomas. El caballo de batalla, claro está, es la obligación o no de ofrecer agua del grifo de forma gratuita en los locales de hostelería.

El agua del grifo es un servicio que, en la actualidad, se ofrece por cortesía, y de la misma forma se deja de ofrecer. Es parte incluso de la propia imagen del bar: en este local tienen wifi gratis y en ese se precian de no tenerla para fomentar el diálogo (1); este sitio es tan fino que te traen toallitas húmedas entre plato y plato; en este bar son amables y te ponen agua mientras que en aquel no. Esa clase de cosas.

En el momento en el que deja de ser una cortesía para convertirse en una obligación jurídica (o que se amenaza con ello), los empresarios ponen el grito en el cielo para presagiar catástrofes sin cuento, perros y gatos cohabitando y la destrucción de todas las naciones. Salvo, claro está, que el malvado Estado les subvencione los vasitos de agua o les permita cobrárselos a los clientes. Al fin y al cabo, como dice aquí algún trabajador que se cree que va a heredar la empresa, “el agua cuesta dinero”.

Es un argumento que no me acaba de convencer, la verdad. ¿Cuánto dinero cuesta un vaso de agua? Si nos referimos al coste propiamente dicho, a lo que en derecho se llamaría “daño emergente”, es unos pocos centilitros de agua y una fracción de la electricidad, el agua y el jabón invertidos en el lavavasos. Se mide en céntimos, si es que puede medirse.

¿Y el lucro cesante? Lo que se sostiene es que existe el peligro de que alguien con un vasito de agua te ocupe una sola mesa durante una tarde, con el consiguiente perjuicio, o el hecho de que una persona que bebe agua no consume otra cosa. El primer argumento no solo es ridículo (¿pasa eso en la realidad, más allá de la anécdota?) sino que es fácilmente escalable. ¿Cuántos euros hay que gastar a la hora para que te permitan estar ahí? ¿Toda la tarde con un agua es un problema como para rasgarse las vestiduras pero toda la tarde con un refresco (dos euros de gasto) no lo es (2)?

En cuanto al otro caso, supongo que depende del comportamiento de los clientes. Personalmente, si a mí me deniegan el vaso de agua no pido bebida, y además trato de no volver a ese local. Ni siquiera es un boicot, es que me siento mejor tratado en lugares donde no tienen problema en servirme agua. Y yo voy a lugares donde me tratan bien, como cualquier cliente.

Insisto, porque creo que esto muchas veces se olvida, en que estamos hablando de clientes. De gente que ya está consumiendo algo de comer, o que incluso pagó una bebida en una ronda previa. ¿De verdad es tan problemático ponerles agua cuando lo pidan, aunque eso te vaya a hurtar los pocos euros de la cocacola o la caña? ¿Tantos son al día los bebedores de agua como para que se te descuadre el presupuesto? Porque de verdad que en este país están los bares llenos y basta asomarse a cualquiera de ellos para darse cuenta de que no beben agua precisamente.

Así pues, parece que los perjuicios del agua obligatoria y gratuita no son para tanto. En cuanto a sus beneficios, son obvios: se facilita el acceso a un bien que es un derecho humano, se regula una cuestión controvertida (hay mucha gente que cree que ya es obligatorio servir agua gratis en los bares) y se suministra una bebida de buena calidad, sana, rica y mucho mejor a nivel medioambiental que sus alternativas.

Porque al final el asunto va de eso. De que tenemos un grave problema de obesidad a nivel social debido entre otras cosas a que bebemos mierda a punta pala constantemente (alcohol, bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas) y de que tomamos bebidas con un alto impacto ecológico entre producción, transporte y reciclado. El agua incide en la solución de ambos problemas. Y, de todas las aguas, la mejor (por calidad, por precio, de nuevo por lo medioambiental y casi diría hasta por sabor) es la del grifo, por supuesto allí donde sea bebible.

Ante estos argumentos, que los hosteleros “pierdan” unos pocos céntimos al día no me parece tan reseñable. La gente sigue queriendo raciones, sigue queriendo menús del día y platos combinados, sigue queriendo cenas y sigue queriendo rondas de otras bebidas. Garantizar el agua, al final, no pude perjudicar a nadie.







(1) Aunque creo que esto ya no lo hace nadie.

(2) A ver, está claro que cualquier hostelero quiere crucificar al tipo que se le plantifica allí a las cuatro, pide una cocacola y a las siete no se ha levantado. Incluso hay estrategias para forzar su salida. Pero no exige la intervención del poder público para prohibir esta clase de actitudes.



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viernes, 31 de enero de 2020

Quebrantamiento de condena


La semana pasada se publicó una noticia curiosa en relación a las órdenes de alejamiento. El Tribunal Supremo había confirmado la condena de un hombre por saltarse la orden de alejamiento que pesaba sobre él tras un juicio previo de violencia de género. La peculiaridad es que el hombre fue sorprendido con su ex pareja en un hotel, donde se hallaban ambos alojados. En otras palabras: parece que la mujer consintió que el hombre se saltara la orden de alejamiento. Y aún así le condenan. ¿Cómo se come eso? Pues, como siempre, de forma mucho más fácil de lo que los interesados habituales nos cuentan con tono de indignación.

Para empezar, dos precisiones. La primera es que en el derecho español no existe una cosa llamada “orden de alejamiento”. Por el contrario, hay una serie de medidas que pueden variar según el caso: las dos que uno más asocia con el concepto de orden de alejamiento son la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella, pero se pueden incluir muchas otras, como la obligación de llevar un dispositivo de geolocalización, la prohibición de residir en determinado lugar o la prohibición de acudir a determinados territorios o establecimientos.

Además, no ayuda a analizar el asunto de forma homogénea el hecho de que la llamada orden de alejamiento se puede imponer en muchos momentos del proceso penal. Se puede imponer como medida cautelar (es decir, mientras se tramita el procedimiento), pero también como pena (es decir, como una de las sanciones, igual que la prisión o la multa), e incluso como parte de las condiciones para suspender la pena o dentro de una medida de libertad vigilada.

La segunda precisión es que la pena de orden de alejamiento no cabe solo en supuestos de violencia de género. Están previstas en todos los delitos donde hay un componente personal, desde los homicidios y agresiones sexuales hasta los robos y estafas, aunque solo es obligatorio imponerla en los casos de violencia doméstica (que incluye la de género). Lo mismo sucede con su consideración como medida cautelar, como parte de las condiciones para suspender la pena, etc.

Aún así, forzoso es reconocer que esta medida es una de las estrellas de la legislación anti-violencia de género, y quizás eso explica que cuando se habla de la orden de alejamiento se haga en femenino: jueces y abogados tienden a pensar que su destinataria es una mujer que sufre violencia de género. El hecho es que no tiene por qué ser así. Y que, de hecho, usar esta terminología hace difícil que se comprendan según qué cosas. Por ello necesito que cale esta idea: no hay una orden de alejamiento especial para víctimas de violencia de género, por mucho que el lenguaje expresado para hablar de ella sea muy equívoco.

Hechas estas dos precisiones, empecemos. ¿Qué pasa cuando te saltas una orden de alejamiento (por simplificar: cuando te acercas a quien no debes o te comunicas con quien no debes)? Que es delito. Un delito de quebrantamiento de condena, previsto en el artículo 468.2 CPE y penado con entre seis meses y un año de cárcel. A estos efectos, el delito se llama quebrantamiento y da igual que la orden de alejamiento sea por condena, por medida cautelar o por lo que sea.

Sin embargo, enseguida te surge la duda: ¿qué sucede si la persona protegida por esa orden de alejamiento permite (o incluso incita) ese acercamiento? ¿Se puede castigar al sujeto que en esas condiciones incumple la orden? Durante un tiempo, el Tribunal Supremo dio sentencias en un sentido y en otro: algunas afirmaban que cómo se va a castigar al obligado si la víctima entendía que ya no necesitaba protección; las otras sostenían que la aplicación de un instrumento punitivo no puede quedar al arbitrio de la víctima.

En 2008, se sentó criterio definitivamente mediante un acuerdo no jurisdiccional (1) que decía, textualmente, “El consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 del CP”. Vemos de nuevo ese lenguaje: a pesar de que el asunto a resolver era “interpretación del art. 468 del CP en los casos de medidas cautelares de alejamiento en los que se haya probado el consentimiento de la víctima”, se sustituye en la resolución “víctima” por “mujer”, como si solo esta pudiera ser tutelada por una orden de alejamiento. En fin.

La cuestión es que, se expresara como se expresara, estaba claro: el consentimiento de la víctima NO excluía el castigo si alguien se saltaba una medida cautelar de alejamiento. Y si eso es así, con más razón si se trata de una pena de alejamiento, porque la pena es una decisión firme que se toma contra alguien que ya sabemos que es culpable. Las razones son las que ya he apuntado arriba: el delito de quebrantamiento de condena se tipifica para proteger el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, no para proteger a la víctima. Dicho así suena muy bronco, pero es exactamente eso; se supone que la protección de la víctima será una consecuencia necesaria de que la Justicia funcione bien, y por eso lo que aquí se intenta proteger es esta, no aquella.

La víctima merece protección, pero hay decisiones que no puede tomar. Con la medida cautelar es más discutible, porque hay mecanismos para su levantamiento, pero con la condena no es así: la única opción es cumplirla. Supongo que parece inhumano (“¡estáis impidiendo que una pareja se reconcilie!”), pero el reverso sería que la víctima decidiera sobre si una pena se cumple o no y hasta cuándo. Eso es muy problemático desde el punto de vista de la legalidad.

En 2008, entonces, se dijo que el consentimiento de la víctima no excluye el castigo. Pero lo que empezaron a hacer algunas Audiencias Provinciales fue considerar una atenuante. Una cosa que poca gente sabe es que la lista de circunstancias atenuantes (es decir, que reducen la pena) del Código Penal no está cerrada, sino que se puede apreciar “cualquier otra de análoga significación que las anteriores”. Esta era la divergencia jurisprudencial: algunos tribunales entendían que el quebrantamiento consentido debía atenuarse debido a dicho consentimiento; otros entendían que no. Esto es lo que resolvió el Tribunal Supremo la semana pasada.

Y lo resolvió, como ya sabemos, en sentido negativo. Tiene sentido en realidad: los mismos argumentos que existen para denegar la exclusión de la punibilidad, y que hemos resumido más arriba, se aplican palabra por palabra para impedir que se cree una atenuante analógica.

Cuando el Código habla de “circunstancia de análoga significación” quiere decir que los tribunales pueden apreciar atenuantes que signifiquen lo mismo que otras que sí están recogidas en la ley. El Código Penal no recoge de forma general la atenuante de consentimiento por parte de la víctima, así que no se puede trazar la analogía. La recoge en algunos delitos, pero son delitos de carácter personal (homicidio, lesiones), y el quebrantamiento es, como hemos dicho, un delito que busca proteger un bien jurídico colectivo: el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Quien tendría que consentir, en todo caso, sería dicha Administración de Justicia.

La conclusión solo puede ser una (FJ 1): “claudica cualquier posibilidad de anclar en el consentimiento de la (…) víctima del delito (…) la "análoga significación" que faculta la construcción de una atenuante”. Y ojo, que aquí el Tribunal habla en general. Aunque este caso concreto vaya de violencia de género, esta conclusión (y la mayor parte de argumentos que llevan a ella) es general y se aplica a todos los supuestos donde hay una orden de alejamiento quebrantada.

Eso no quiere decir, claro está, que haya que imponerle la misma pena al quebrantador que lo hace sin consentimiento que al que lo hace con consentimiento, puesto que ya hemos visto que este delito tiene un marco penal de seis meses a un año. De hecho, en este caso se le condenó a siete meses, probablemente porque existía dicho consentimiento. Pero crear una atenuante a partir de la nada no se puede hacer.

Esto es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que se basa en lo que dijo en 2008. Es razonable, pero yo no acabo de estar satisfecho. La época en la que la víctima no tenía ningún control sobre el proceso se ha acabado: ahora quiere tenerlo, para sentir que se ha hecho justicia más allá de la fría aplicación de una pena. Parte de ese proceso puede ser dialogar con el agresor o incluso perdonarlo, más si entre ellos había alguna relación personal. En este caso la orden de alejamiento era de cinco meses porque se trataba de una suspensión de condena por un simple delito de amenazas, pero puede ser de hasta diez años, o incluso de hasta diez años tras la salida de la cárcel. ¿No es esto contrario a los deseos de muchas víctimas?

Pero por otro lado, no dejo de pensar que precisamente cuando hay relaciones personales de por medio (señaladamente en casos de violencia doméstica, y mucho más señaladamente en casos de violencia de género) las órdenes de alejamiento son un instrumento utilísimo para evitar que el agresor siga reproduciendo la violencia psicológica que, con toda probabilidad, precedió a los delitos de carácter más físico y verbal por los que fue castigado. Y ese instrumento funciona, cuando lo hace, por la posibilidad de castigar a quien lo rompe. Desde ese punto de vista, sí me parece buena idea recordar que, al menos llegado un punto del proceso, las órdenes de alejamiento dejan de ser algo sobre lo que la víctima pueda decidir.

Así que mi conclusión es: no hay conclusión. No valoro la sentencia, por una vez. Creo que de existir esa atenuante debería establecerla el legislador, no los jueces por medio de analogía, pero ¿debería existir? ¿Debería existir solo para casos ajenos a la violencia de género? ¿Sí para las medidas cautelares pero no para las órdenes impuestas ya en sentencia? Sinceramente, no lo sé.






(1) Los acuerdos no jurisdiccionales son acuerdos del TS que no tienen que ver con ningún caso concreto, sino que se dictan para explicar cómo van a interpretar la ley de aquí en adelante.



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martes, 28 de enero de 2020

Los datos personales de personas fallecidas


La protección de datos es una materia que nos permea. España (Europa en general) es puntera en esa materia, frente a territorios mucho más relajados como EE.UU. La idea de que los datos personales de cada uno –su nombre, su dirección, sus condiciones de salud, sus opiniones políticas, su número de teléfono, sus prácticas sexuales, sus contraseñas de servicios online... todo lo que uno pueda pensar– son parte del derecho a la intimidad y por ello deben estar protegidos es relativamente nueva, pero tanto la Unión Europea como el Estado español la han adoptado como un principio que rige su actuación política y jurídica.

Todos recordamos el cachondeo hace unos años cuando entró en vigor en la UE el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que todas las webs que manejaban bases de datos se pusieron a mandar correos electrónicos para pedir el consentimiento expreso a las personas incluidas para seguir tratando esa información. A pesar de que los reglamentos europeos son de aplicación directa, España decidió promulgar una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos para sustituir a la antigua y conformarse con el marco europeo. La norma nueva es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDG), y lleva un añito en vigor.

Este nuevo marco (el GDPR a nivel europeo, la LOPDG a nivel estatal) blinda los datos personales. Salvo supuestos justificados, nadie puede acceder a mi información personal salvo que yo dé una autorización expresa o exista algún interés público relevante.

Vale. ¿Y si yo me muero? ¿Qué pasa con mis datos personales (sobre todo con mis cuentas en redes sociales, protegidas por datos tales como la contraseña) si fallezco sin dar esa autorización, que nadie en el mundo ha dado? ¿Las cuentas se tienen que quedar ahí para siempre, como fantasmas, eternos testimonios de que yo una vez existí? ¿Mis familiares y allegados deben soportar encontrarse con mi cara o con mi foto de perfil en búsquedas aleatorias?

El GDPR no nos da ninguna respuesta. Su considerando 27 dice que el Reglamento no se aplica a las personas fallecidas. Los considerandos son la forma en que el derecho europeo estructura las exposiciones de motivos de las normas. Es decir, que el considerando 27 no es jurídicamente vinculante, pero sí sirve para explicar la voluntad del legislador y para interpretar el GDPR. Por tanto, en principio, cuando el artículo 1 de este Reglamento dice que “establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales”, hay que entender que se aplica solo a las personas físicas vivas.

¿Qué pasa entonces con los datos de las personas fallecidas? Al quedar fuera del GDPR, ¿pierden toda la protección? ¿Hemos pasado de la sobreprotección de la legislación europea a la completa libertad para hacer con esos datos lo que se quiera? ¿Nos hemos ido al extremo opuesto? No exactamente. El considerando 27 del GDPR dice algo más: remite a los distintos Estados para regular el régimen de los datos personales de los fallecidos. Y España lo ha hecho.

La LOPDG sostiene el mismo principio que el GDPR, es decir, que no es aplicable a los datos de personas fallecidas (artículo 2.2.b), pero enseguida establece qué ha de hacerse con estos datos. El artículo 3 regula varios supuestos:
  • Fallecido mayor de edad que hubiera designado a alguien para gestionar este tema: obviamente, es esta persona o entidad quien debe encargarse de cumplir las instrucciones del fallecido en lo relativo al acceso, rectificación y supresión de datos.
  • Fallecido mayor de edad que en vida no hubiera dejado instrucciones al respecto: son sus herederos y sus familiares (aunque no sean herederos) quienes pueden acceder a sus datos personales y, en su caso, solicitar su rectificación o supresión. Es posible que el fallecido prohíba expresamente esta posibilidad, en cuyo caso los datos no se borrarán.
  • Fallecimiento de menores o incapacitados: los legitimados para solicitar el acceso, rectificación y supresión de los datos son los representantes legales y el Ministerio Fiscal.


En definitiva, el artículo 3 LOPDG está pensando sobre todo en el borrado de datos. Cuando alguien muere, mantener su nombre en los archivos y ficheros en los que estaba ya no tiene ningún sentido.

Sin embargo, creo que eso no es lo que nos preocupa. Sí, si nos morimos nuestros herederos pueden dirigirse a la lista de correo de Ortopedias Fernández para que borren nuestro nombre y no nos manden más publicidad, pero creo que lo que perturba de este asunto son los perfiles en redes sociales. Y de eso se ocupa, más específicamente, el artículo 96 LOPDG, que menciona un derecho que suena más rimbombante de lo que es: el derecho al testamento digital.

El derecho al testamento digital tiene que ver, precisamente, con “el acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información”, o sea, a cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales y demás. Y la regla viene a ser la misma: se legitima a una serie de personas, que coincide en lo esencial con la lista del artículo 3 (aunque se añaden algunos legitimados más, como el albacea testamentario) para que ejecuten las instrucciones del fallecido y, si estas no existieran, para que decidan sobre los datos. Si los legitimados solicitaran el borrado de los perfiles en redes sociales, este deberá realizarse sin dilación.

Por tanto, el régimen siempre es el mismo, tanto en el artículo 3 (más general) como en el 96 (ceñido a los datos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información): se está a las instrucciones del fallecido y, si no existen, deciden los parientes. Cabe entonces preguntarse cómo se dejan esas instrucciones. El artículo 96.1.b LOPDG parece aceptar la posibilidad de que se haga por testamento, pero ¿y si no hay testamento? O ¿y si queremos salirnos del marco del artículo 96? ¿Cómo se redacta ese documento de instrucciones?

Pues… no se sabe. Ambos preceptos, el 3 y el 96, remiten a un Real Decreto que deberá regular cómo se acreditará la validez y la vigencia de estos documentos, y menciona incluso la posibilidad de establecer un sistema de registro. Pero este Real Decreto, hasta donde yo sé, no se ha dictado. Así que no existen mecanismos específicos para demostrar cuál era la voluntad del fallecido.

Antes de la LOPDG, la única norma al respecto era un artículo del Real Decreto que desarrollaba la LOPD, que no mencionaba en absoluto la voluntad de la persona fallecida y que dejaba por tanto al pleno arbitrio a los familiares. Ahora la ley opta por otro criterio,  como hemos visto, pero mientras no diga cómo debe ejecutarse dicho criterio, no será realmente posible ponerlo en vigor. Sí, existen formas de intentarlo (una escritura pública suscrita por el fallecido, el propio testamento, quizás incluso un documento privado), pero todas recaen en un vacío legal y eso hace las cosas más difíciles.

Podemos ponernos a especular cuánto tardaremos en tener el Real Decreto que regule este asunto. Yo digo que diez años.





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domingo, 19 de enero de 2020

Tus hijos no son tuyos


La derecha tiene una orientación mental muy curiosa. Basta que Isabel Celaa, ministra de Educación, diga que los niños no son propiedad de sus padres, para que salten como fieras con espumarajos en la boca. “Si no son propiedad de sus padres, ¿de quién son?”, han preguntado. “¿Del Estado? ¿Del partido?” “Mis hijos son míos y no del Estado”, ha llegado a afirmar Pablo Casado, en un ejercicio de identificación con las ideas de Vox que muestra hasta qué punto los partidos de la derecha son la misma rata con distinto collar.

Y el hecho es que… no. No lo son. Ni de los progenitores, ni del Estado, ni del partido, ni de nadie. Los hijos son suyos propios porque son seres humanos. Debido a que no tienen plena autonomía, se configura sobre ellos una red de potestades jurídicas, que corresponde primariamente a los progenitores y secundariamente a otros sujetos (profesores, jueces) y que a veces incluye el derecho de impartirle al niño órdenes o instrucciones o de imponerle castigos. Eso nadie lo discute.

Pero eso no quiere decir que tus hijos sean tuyos. Muy al contrario. Esa red jurídica que hay sobre ellos (y que, de nuevo, no solo te corresponde a ti como progenitor) tiene como finalidad principal protegerlos, educarlos y cuidarlos. Si quieres seguir con el lenguaje de la propiedad, que insisto en que es incorrecto, deberías decir más bien que tú no eres propietario de tus hijos, sino su custodio o depositario. Tienes la obligación de velar por ellos, de cuidar que estén bien y de estimular su potencial, para que al llegar a los 18 años se los puedas devolver a sus verdaderos dueños en un estado de conservación óptimo.

Por eso se llama “patria potestad” y no “propiedad sobre los hijos”. En derecho, una potestad es un derecho-deber, es decir, una relación jurídica que otorga una serie de facultades (por ejemplo, en el caso de los hijos, tomar toda clase de decisiones por ellos) pero a la vez es obligatorio ejercerla, no puede ser desatendida. Yo a mi propiedad la puedo dejar abandonada si quiero; a mi hijo no: debo ejercer la patria potestad y debo ejercerla bien, pensando siempre en el interés superior del menor y no en mis propios prejuicios, traumas, sesgos o problemas emocionales.

Precisamente por todas estas razones (porque tus hijos no son tuyos, porque son personas que deben ser cuidadas), existe otra serie de instituciones que también tienen potestades sobre los niños. Estas potestades no son la patria potestad, pero existen y no se pueden obviar. Así, los centros educativos tienen potestad para educar, una potestad derivada directamente del artículo 27 de la Constitución. Ese artículo del cual parece que solo existe el párrafo 3 (que regula el famoso derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos), pero que en realidad es bastante largo. Incluye, por ejemplo, el párrafo 2, que fundamenta la educación en valores como el objeto de la educación.

Ya hemos hablado alguna vez de cómo la derecha interpreta el derecho de los padres a decidir la formación moral de los hijos. Este derecho sin duda existe, pero no puede entenderse como algo omnicomprensivo, es decir, como la facultad de envolver a tus hijos en una burbuja moral donde no entre nada más que tu propia influencia. Primero, porque no es posible. Y segundo, porque existen otros sujetos con potestades para cuidar a tu prole y garantizar su superior interés.

Esto nos lleva, claro está, al tema del PIN parental. El nombre, por cierto, es una chuscada, una simple copia del mecanismo que existe en páginas web y plataformas de televisión para bloquear el acceso de los menores a determinados contenidos. Exactamente eso es lo que es. Se trataría de la obligatoriedad de que los progenitores presten su consentimiento expreso a las actividades llamadas “complementarias”, es decir, a las charlas y talleres que se dan en horario lectivo pero no son las asignaturas del programa.

El problema aquí es de terminología. Es como las pagas extraordinarias, que mucha gente se cree que son una especie de regalo del empresario en vez de una de las catorce partes en que se divide el salario anual. Pues aquí lo mismo: las actividades complementarias son igual de obligatorias que las asignaturas en las que se divide el programa (es decir, que las Matemáticas, la Lengua, el Inglés o las Ciencias Sociales), porque son parte de la programación del centro escolar.

Volvemos al artículo 27 CE: como ya hemos mencionado, dice muchas cosas. Y una de las cosas que dice es que los centros públicos tienen autonomía de gestión por medio de órganos que representen a la comunidad educativa (artículo 27.7). Esta autonomía no llega hasta el punto de poder crear un currículo completo, pero sí puede establecer asignaturas optativas o, como es el caso que nos ocupa, actividades complementarias: el documento donde se toman estas decisiones es el proyecto educativo del centro, que es público y se revisa con periodicidad. Si no te gusta, cambia al niño de centro o preséntate al Consejo Escolar, pero los vetos están de más.

“Objetar” a las charlas de “contenidos polémicos” o de sexualidad es igual que objetar a las matemáticas: sin duda una declaración de intenciones, pero ilegal. Invade potestades ajenas, potestades que están para garantizar los derechos de un menor de edad. Sí, los derechos. Recibir educación sobre sexualidad, sobre violencia de género y sobre cuestiones LGTB es un derecho, porque en el siglo XXI saber de estos temas es necesario para “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Vaya, he vuelto a citar la Constitución.

Una cosa que quizás no sabías, José Alberto: los menores de edad (sí, tus hijos también) mantienen relaciones sexuales. Los menores de edad (sí, tus hijos también) se ennovian, y en esas relaciones pueden aparecer dinámicas de maltrato. Los menores de edad (sí, tus hijos también) van a tener amigos LGTB o van a serlo ellos mismos. Gestiónalo como mejor puedas, porque esto son verdades. Y es necesario darles herramientas para que se enfrenten preparados a estas cuestiones, igual que se les dan charlas de educación vial o de prevención contra incendios, igual que se les lleva de excursión a lugares de interés o igual que se les explican contenidos más reglados. Punto.

¿No te gusta? Lo lamento mucho, pero es lo que hay. La escuela, la escuela pública, está para garantizar que todo el mundo recibe unos estándares mínimos de conocimiento, y las “cuestiones polémicas” hace mucho que están dentro de ese estándar mínimo, merced a la formación en valores. Insisto, tienes herramientas para (intentar) evitarlo, pero mientras tu hijo esté matriculado en un centro público, las charlas y actividades complementarias son obligatorias. Y si lo que se habla en ellas está en contra de la educación que queréis darle en casa, tenéis una solución: que vuestra posición sea mejor, para que triunfe frente a los contenidos transmitidos por la escuela.

Porque esa es otra. ¿Tan poco confiáis en vuestros valores como para pensar que unas pocas charlas al año se los van a cargar? ¿De verdad creéis que vuestras ideas son tan débiles que la única forma de que se transmitan a vuestros hijos es aislándolos, de manera que no reciban ninguna otra influencia? Tiene que ser triste vivir en un mundo que da tanto miedo, ¿eh? Pero, de nuevo, ni vuestra prole ni los profesores del colegio tienen la culpa de que estéis asustados.

El PIN parental no sirve para garantizar el derecho de los padres a que los hijos reciban formación moral de acuerdo a sus convicciones, porque ese derecho no lo abarca todo. Al contrario, el PIN solo vale para coartar las potestades de otros sujetos que pueden impartir formación de carácter ético, señaladamente la escuela pública. Y eso no se puede hacer. Por eso, tengo la sensación de que no tardará en caer, sea por presión política o por decisión judicial.

Pero, como siempre, queda el resto. El residuo. Queda la reclamación de Vox, queda el PP subiéndose al carro con alegría digna de mejor causa y queda Ciudadanos siendo la veleta habitual pero que al final votará lo que tenga que votar. Esta mierda ilegal y que se basa en la patrimonialización de seres humanos todavía no se ha expandido al resto de Comunidades Autónomas donde gobierna el trifachito, pero es cuestión de tiempo que lo haga.

Y allí donde lo haga tendrá que tenernos enfrente.



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sábado, 11 de enero de 2020

Celsius 2020


El asunto del festival Celsius me tiene muy triste. Por si quien me lee no lo conoce, se trata de un festival de literatura de género, es decir, de fantasía, ciencia ficción y terror. Se celebra todos los años desde hace ocho en Avilés y ha ido creciendo en importancia, hasta el punto de que ha logrado atraer a autores de primera fila del ámbito internacional: George R.R. Martin, Andrzej Sapkowski, Kameron Hurley, Ann Leckie, Brandon Sanderson… todos ellos han venido, algunos más de una vez, al Celsius.

Algunas de sus características más importantes son la gratuidad y la imbricación con el entorno. El Celsius en sí no es muy grande: ocho o nueve casetas de editoriales, una carpa y el auditorio de la casa de la cultura. Punto. Pero está en medio de la ciudad, y eso fomenta que se celebren toda clase de actividades paralelas. En cuanto a la gratuidad, convierte a este festival en un punto de reunión de gente joven. En España, en este momento y en este mundillo, “gente joven” quiere decir “gente LGTBI o LGTBI-friendly y con concienciación feminista”.

El Celsius es consciente de su público. Ha traído muchas veces a autores que responden a ese perfil, tanto españoles como extranjeros. Y como la respuesta era buena, los organizadores estaban contentos. “¡Qué público tan maravilloso tenemos!”, se leía después de cada edición. “Es duro organizar esto, pero… merece la pena”. Por su parte, una sección importantísima del público, precisamente la identificada con las siglas LGTBI, vivía el Celsius como un lugar de tranquilidad, de seguridad, de paz, de libertad… Sí, no dejamos de estar en medio de una ciudad de España, pero el entorno propicia que nos relajemos.

Esta simbiosis tan estupenda se rompió en julio del año pasado, cuando se anunció que el invitado estrella del Celsius de 2020 sería Orson Scott Card. Era el último día del Celsius 2019 (mi primer Celsius) y recuerdo las caras de extrañeza, incomprensión y cabreo. ¿Card? ¿Cómo que Card? ¿Por qué precisamente Card?

Orson Scott Card, el autor de la saga de Ender, la de Alvin Maker y toda otra serie de libros de ciencia ficción, es un activista homófobo. Y ojo, que aquí la palabra importante es “activista”, no “homófobo”. Estamos hablando de un tío que ha dicho en público que la homosexualidad es una enfermedad mental, que ha afirmado que los homosexuales son su enemigo, que ha sostenido que la aprobación del matrimonio igualitario suponía el fin de la democracia en EE.UU., que ha comparado a Obama con Hitler por esta razón, que fue miembro durante cuatro años de la National Organization for Marriage… (1).

¿Y ese tío va a ir al Celsius? ¿Al mismo Celsius que está lleno de gente joven y LGTB? Si en EE.UU. ya no le invitan ni al festival literario de su barrio, si le apartaron de los actos promocionales de la propia película basada en su obra, ¿qué hacemos nosotros invitándole? Así que la gente se pasó unos cuantos meses exigiéndole a la organización que mandara a Card a su casa y que, si quería traer a alguien de mérito literario, trajera a Bujold o a Jemisin. La organización dio la callada por respuesta: siguió anunciando autores y actividades, sin responder a nada. En estos meses se han planteado incluso actos reivindicativos, siempre pacíficos y festivos.

La cosa explotó hace unos pocos días, cuando el Celsius movió ficha y sacó un comunicado diciendo que ellos atienden exclusivamente a los méritos literarios, y que dejar sin invitar a Card sería minusvalorar a los autores LGTBI que fueron invitados en ediciones pasadas porque parecería que la invitación es algo político. Si esto ya es una excusa mala, el tono con el que fueron respondiendo a los comentarios (algunos más respetuosos y acertados; otros menos, es justo reconocer eso también) provocó que el cabreo se intensificara. El propio hecho de que el comunicado se publicara en Facebook cuando se trata de una plataforma que la mayoría de público afectado no usa muestra que en realidad había poca voluntad de diálogo.

A partir de aquí las cosas se desarrollan muy rápido. Las autoras internacionales Victoria Schwab y Marie Lu (invitadas este 2020) acaban cabreadas con el festival (Schwab en especial les espeta que no se atrevan a manipular sus palabras o a usarla como “amigo gay razonable”), pero deciden ir para no cederle espacios a Card. Se produce un cruce de comunicados y contracomunicados y el Celsius se acaba disculpando por el tono. Tres autores españoles, uno de ellos miembro del propio equipo del Celsius, se dan de baja del cartel. La organización del Celsius dice en prensa a que hay un grupillo organizando una quema de libros, lo cual es mentira. La gente empieza a discutir si va, no va, qué hace… pero ya da igual.

Ya da igual porque el Celsius está roto, y veremos si tiene arreglo. Se dice que la confianza es fácil de perder y difícil de ganar, y eso ha sido así en este caso. Los organizadores del Celsius tenían la confianza de su público, ganada año a año. Creo que esa confianza se podría haber mantenido después de Card: es su festival, traen a quien quieren, ha sido solo un año. Después del comunicado de Facebook ya iba siendo más complicado. Pero después de la gestión de los comentarios o de las mentiras en prensa, ¿quién se fía de que a los organizadores del Celsius les importe nadie más que ellos mismos?

Está claro que el festival lo organizan ellos y están en su perfecto derecho de traer a quien les salga de las narices. Card es un autor con méritos literarios más que contrastados (aunque no escriba nada relevante desde hace por lo menos 15 años, pero bueno), y a nivel puramente literario es un orgullo tenerlo en tu festival. Pero es que nunca existe el nivel puramente literario. En las charlas no se habla solo de literatura. ¿De verdad es la mejor idea darle a un tipo así exhibición pública, promoción, posibilidad de hacer networking y de propina unas vacaciones por Avilés?

Vuelvo a insistir: esto no va del manido “separar al autor de su obra”. De hecho es precisamente al contrario. Lo de separar al autor de su obra se aduce cuando alguien dice que no va a consumir tal o cual pieza cultural porque su autor es basura. Aquí es que nos van a traer al autor a hablar. Dentro de quienes se quejan hay, de hecho, muchos fans antiguos y hasta actuales de las obras de Card. Javier Ruescas, uno de los autores que se ha dado de baja, subió el otro día una foto con él y explicó la cola que hizo en su momento para conocerlo.

Y esto tampoco va de las ideas defendidas en dichas obras, o las que tenga el autor en su vida personal. No, no, esto va de que se ha superado un límite: Card es un hombre que ha puesto su posición pública al servicio de una causa horrible, que es que la gente tenga menos derechos. Estuvo al menos una década con el tema: escribiendo artículos, haciendo declaraciones, perteneciendo a la NOM y sin duda donando dinero. Y se le pretende llevar a un festival lleno de público LGTB. Sé que esto ha quedado claro, sé que ya lo he dicho, pero necesito que quede cristalino.

Así que sí, ellos pueden invitar a quien quieran. Y nosotros podemos quejarnos. Pero claro, en esa dinámica, la semana de tranquilidad con mis amistades donde hablo de muchas cosas (¡incluso de literatura!) se pierde. Ya tenemos que estar pensando en la vieja dicotomía de no ir al Celsius para no apoyar el acto o ir y montar algo de protesta, y claro, ya no es lo mismo.

Al final, la constatación de que los organizadores del festival son incapaces de escuchar argumentos demuestra que no les importa demasiado lo que digamos. Han apelado al público LGTBI mientras han querido y ahora han dejado de hacerlo, además con un giro casi copernicano. Y lo que más me duele es que ni siquiera entiendan por qué nos molesta todo el asunto.

No soy un destructor. Me gusta que en los mundillos en los que me muevo haya actividades variadas para que todo el mundo pueda ir a cosas. Así que no, no quiero que el Celsius desaparezca, ni siquiera después de esto. Pero defraudar así a tu público en un momento en el cual el Ansible está tomando fuerza y la AEFCFT tiene una nueva directiva con ganas de hacer cosas me parece una decisión suicida. Espero que no tengan que lamentarla.







(1) Es cierto que muchas de sus declaraciones más bárbaras sobre el tema son ya de hace unos añitos, pero es que era en esa época cuando en EE.UU. se estaba discutiendo el asunto del matrimonio igualitario. Así, en 2013 salió de la NOM (parece que presionado por los productores de la película de Ender, que acababa de estrenarse) y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, aunque tampoco ha dicho nada que contradiga las bestialidades previas.



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