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viernes, 29 de julio de 2022

Las penas en España (I) - Penas privativas de libertad y pena de multa

El derecho penal es la rama del derecho en la que primero pensamos siempre que nos dicen que algo está prohibido o sancionado. No es exacto (hay normas no penales que prohíben y sancionan), pero es una buena prueba de lo importante que es dentro de nuestras cabezas y en nuestro sistema político y jurídico: casi siempre que uno de nuestros gobernantes necesita enfrentarse a un fenómeno social lo primero que hace es tirar de reforma penal para prohibir aquellas de sus manifestaciones que no le gustan.

¿Cómo identificamos una norma penal? ¿Cómo la diferenciamos de otras normas sancionadoras no penales? Bueno, el derecho penal castiga, en teoría, las transgresiones más graves contra los bienes jurídicos más importantes. Por ello, tiene algunas características importantes a nivel de lenguaje: sus infracciones se llaman delitos (si no es delito no estamos en penal), sus sanciones se llaman penas (si no es pena no estamos en penal) y las impone siempre un órgano jurisdiccional (si las impone la Administración no estamos en penal).

Vale, pero ¿cuáles son estas penas? En este artículo resolveremos esta duda, con puro afán divulgativo. Las penas, en España, se clasifican de acuerdo a tres criterios:

 

1.- Su naturaleza. Hay penas privativas de libertad (prisión y localización permanente), privativas de dinero (multas) y privativas de otros derechos. Este será el criterio básico que usaremos en esta serie de artículos.

2.- Su duración. Hay penas graves, menos graves y leves. Por ejemplo, la pena de prisión es grave cuando es superior a 5 años y menos grave cuando es inferior. La inhabilitación absoluta siempre es una pena grave. La multa será menos grave o leve según dure más o menos de 3 meses. Y así sucesivamente. No lo desarrollo más porque es un simple listado que podéis encontrar en el artículo 33 CPE.

Esta clasificación es importante porque, según sea la pena que tengan asignada, los delitos se dividen a su vez en graves, menos graves y leves (los delitos leves son las antiguas faltas).

3.- Su vinculación con el delito. Hay penas principales y accesorias. Las penas principales son las previstas en cada delito: prisión de 10 a 15 años para el homicidio, multa de 1 a 3 meses para el hurto menor de 400 €, etc. Las penas accesorias son las que se imponen siempre que recae otra pena: por ejemplo, la pena de prisión de 10 o más años (sea por el delito que sea) lleva como pena accesoria la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, etc. Veremos esta clasificación al final de la serie.

 

Una última apreciación: vamos a hablar solo de las penas que pueden imponerse a las personas físicas. Desde el año 2010, las personas jurídicas (sociedades, asociaciones, sindicatos…) pueden también ser encausadas por un delito, ser juzgadas y ser condenadas. Antes se las consideraba instrumentos de un delito cometido por una o varias personas físicas, ahora se las considera directamente responsables. Sus penas siempre son graves, y van desde la multa hasta la disolución, pasando por la inhabilitación para obtener subvenciones, la intervención judicial, la prohibición de realizar actividades relacionadas con el delito, la clausura de locales o la suspensión de actividades.

 

Penas privativas de libertad

Las penas privativas de libertad son la prisión permanente revisable, la prisión y la localización permanente. Además, hay una cuarta pena, la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa, pero la veremos cuando veamos la multa.

La prisión permanente revisable es la cadena perpetua a la española. Significa encierro permanente durante un mínimo de 25 años (mínimo que puede elevarse a 28, 30 o 35 grados), momento en el cual puede decretarse la libertad condicional y, cumplida esta, la liberación definitiva. En cuanto al acceso al tercer grado (régimen de semilibertad), puede concederse pasado un lapso de tiempo que va de 15 a 32 años, según los casos. No hay mucho más que pueda decir de esta barbaridad de pena, sobre todo porque ya me he explayado en otros escritos.

La prisión no permanente dura de 3 meses a 20 años, aunque, en caso de concurso de delitos, se pueden imponer penas de hasta 40 años. Si, a causa de la aplicación de atenuantes, queda una pena de prisión inferior a 3 meses, se sustituye por localización permanente (1 día de prisión = 1 día de localización permanente), trabajos en beneficio de la comunidad (1 día de prisión = 1 jornada de trabajo) o multa (1 día de prisión = 2 días multa).

Una cuestión interesante en este tipo de penas es lo que se llama el periodo de seguridad, es decir, el plazo durante el cual el condenado no puede acceder al tercer grado (y, por tanto, tampoco a la libertad condicional). Si no hay periodo de seguridad, se puede clasificar al penado en tercer grado desde el primer día si se quiere.

Para penas mayores de 5 años, el juez o tribunal sentenciador puede establecer un periodo de seguridad de la mitad de la pena: no cabrá acceso al tercer grado hasta que no se cumpla el 50% de la condena. Si se trata de ciertos delitos (terrorismo, organizaciones criminales, abusos sexuales a menores de 16 años, prostitución y corrupción de menores cometidos contra menores de 13 años) este periodo de seguridad es obligatorio.

El juez de vigilancia penitenciaria puede levantar el primer periodo de seguridad (el que impone el juez) pero no el segundo (el obligatorio en caso de ciertos delitos). Además, en cualquier caso, y aunque esté vigente un periodo de seguridad, se puede acordar el paso al tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal: enfermos muy graves y septuagenarios.

Por último, la localización permanente dura hasta 6 meses. Obliga al penado a permanecer en un lugar designado por el juez, que normalmente será su domicilio. La ley permite que, en casos excepcionales de reincidencia, esta pena se cumpla en centro penitenciario, pero ahora mismo ningún delito prevé esta posibilidad, por lo que no se aplica.

En principio la pena se cumple de forma continuada, pero puede ordenarse que se cumpla por periodos (por ejemplo, los fines de semana) si las circunstancias lo aconsejan. En cuanto al control de cumplimiento, lo más normal son controles presenciales o telefónicos, pero se pueden usar medios mecánicos o electrónicos, como la famosa pulsera geolocalizadora.

 

Multas

La multa es una pena que se proyecta sobre el patrimonio. Se defiende porque se cumple de forma rápida y no estigmatiza, pero, si no se hace bien, puede ir desde no tener ningún contenido punitivo hasta arruinar al sujeto. Lo interesante es que se adecúe a la capacidad económica del reo, para que la multa le prive de la parte de sus ingresos que usa para ahorro o para ocio pero no le impida atender sus necesidades.

El sistema adoptado para ello es el de días-multa. Este sistema funciona en dos parámetros:

  1. Duración (número de días que dura la multa). Lo impone el juez dentro del marco penal previsto en la ley (de 10 días a 2 años para personas físicas; de 10 días a 5 años para personas jurídicas) en atención a la gravedad del hecho. Si se impone por meses o por años, se asumen meses de 30 días y años de 360 días.
  2. Cuota diaria. La impone el juez dentro de las cantidades previstas en la ley (de 2 € a 400 € para personas físicas; de 30 € a 5.000 € para personas jurídicas) en atención a la capacidad económica del reo deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones familiares y demás circunstancias personales.

 

En teoría es un sistema muy adaptable: el tiempo que pagarás lo determina la gravedad del delito, pero la cuantía diaria depende de tu patrimonio. Además, hay otros dos mecanismos de adaptación: la posibilidad de pagar a plazos y la de variar estos o incluso la cuota diaria si cambia la situación económica del penado. El problema es que los tribunales no tienen siempre mecanismos para averiguar con facilidad los medios de vida del condenado. 

Este sistema está bien, pero el máximo que permite imponer son multas de 288.000 € para personas físicas y de 3.600.000 € para personas jurídicas, lo cual, a veces, puede quedarse un poco corto. Hablamos de delitos graves y muy lucrativos, como daños informáticos, delitos contra el mercado, blanqueo de capitales, fraudes a Hacienda, corrupción urbanística o drogas. Si tú a un narco le dices que le vas a imponer una multa de menos de 300.000 € se ríe en tu cara. Para estos casos está el sistema de multa proporcional.

En el sistema de multa proporcional, la multa es una proporción del daño causado, del beneficio obtenido o del valor del objeto del delito. Y cuando decimos «una proporción» nos referimos a varias veces estos valores: el doble, el triple, el cuádruple o hasta el décuple del valor del delito. Cabe también establecer pagos o reducir la cuantía de la multa si cambia la situación económica del sujeto.

Una vez impuesta la multa, el condenado debe pagarla. Si no la paga voluntariamente y tampoco se le encuentra patrimonio para embargar, se aplica la responsabilidad personal sustitutoria: la multa se sustituye por otra cosa. Si la pena se impuso por el sistema de dias-multa, cada 2 días-multa pendientes se le sustituyen por 1 día de privación de libertad (en caso de delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente) o, previa conformidad del penado, por 1 día de trabajos en beneficio de la comunidad. Para las multas proporcionales, es el tribunal quien decide la duración de esta responsabilidad personal sustitutoria, con el máximo de 1 año.

 

 

En el artículo siguiente analizaremos ese totum revolutum que son las penas privativas de derechos y analizaremos (si es que cabe) las penas accesorias.

 

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lunes, 25 de julio de 2022

Una sentencia sobre discriminación laboral (y II)

En el artículo anterior vimos que el Tribunal Constitucional había analizado la especial trascendencia constitucional del recurso presentado por una persona trans en un caso de discriminación laboral. Había concluido que dicha trascendencia concurría porque nunca había analizado un caso similar. Y termina por decir que su tarea ahora es:

  1. Distinguir entre discriminación por razón de sexo, discriminación por razón de identidad de género y discriminación vinculada a la expresión de género.
  2. Analizar si estas tres discriminaciones están prohibidas en el artículo 14 CE.
  3. Examinar cómo se aplica esto en el marco de las relaciones privadas, en especial las laborales.

 

1. Conceptos relevantes

Para empezar, el Tribunal Constitucional empieza deslindando «sexo» de «género», con una definición sorprendentemente apropiada:

«serie compleja de características morfológicas, hormonales y genéticas, a las que se asocian determinadas características y potencialidades físicas que nos definen. Características como, por ejemplo y sin ánimo de formular una descripción exhaustiva, los genitales (…), la estructura hormonal y (…) cromosómica (…) o la masa muscular, la distribución del vello y la estatura (…). Estos caracteres biológicos, que pueden no ser mutuamente excluyentes en situaciones estadísticamente excepcionales, como las que se dan en las personas intersexuales, tienden a formular una clasificación binaria, y solo excepcionalmente terciaria, de los seres vivos de la especie humana».

El género, según el Tribunal Constitucional, se conecta con estas realidades biológicas, pero no se identifica plenamente con estas, puesto que

«define la identidad social de una persona basada en las construcciones sociales, educativas y culturales de los roles, los rasgos de la personalidad, las actitudes, los comportamientos y los valores que se asocian o atribuyen, de forma diferencial, a hombres y mujeres, y que incluyen normas, comportamientos, roles, apariencia externa, imagen y expectativas sociales».

Es decir, que mientras que el sexo se asocia a caracteres físicos «objetivamente identificables», el género puede variar en función de sociedades y época. Ambos conceptos no son excluyentes ni sinónimos, por lo que debe asumirse la diferencia entre ambos. Ah, y no son derechos, sino condiciones que influyen en el ejercicio de los derechos y que «conforman uno de los muchos elementos identitarios que pueden llegar a definir el derecho a la autodeterminación personal o a desarrollar (…) la propia identidad personal».

En segundo lugar, una vez definidos estos conceptos, pasa a atacar «orientación sexual» e «identidad de género». La primera es la preferencia en relaciones afectivas y la segunda, que es la que tiene importancia en este recurso, la «identificación de una persona con caracteres definitorios del género que pueden coincidir o no (…) con el sexo que se le atribuye, en virtud de los caracteres biológicos predominantes que presenta desde su nacimiento». Estas dos características, aparte de condiciones personales, son elementos vinculados al derecho a la intimidad tal y como está expresado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: como derecho a desarrollar una determinada vida privada y familiar. En concreto la identidad de género es una faceta especialmente importante: no hay que confundirla con la orientación sexual ni llamarla «identidad sexual», como se hace a veces.

En este sentido, la palabra «trans» sería una «denominación omnicomprensiva de todas aquellas identidades de género que ponen de manifiesto una discrepancia entre esta y el sexo de la persona», sea que se produzcan actos de transición médica y/o jurídica o que «se manifiesten otras expresiones de género como una adopción de vestimenta, habla, gestos o comportamiento propios del género con el que se identifica la persona». Este término abarca muchísimas situaciones, incluidas el no binarismo, el género fluido, el travestismo, las personas «asexuales» (creo que quiere decir «agénero») y la identidad queer, por lo que puede ser impreciso, pero se prefiere usarlo para tener un concepto definido.

Sí, yo tampoco esperaba que el Tribunal Constitucional usara el término «persona no binaria» en 2022, pero aquí estamos.

Por último, está el tema de la expresión de género, definida como «el modo en que una persona expresa su género, en el contexto de las expectativas sociales, por ejemplo, en relación con el modo de vestir, el uso de uno u otro nombre o pronombre, el comportamiento, la voz o la estética». Esto se vincula al derecho a la propia imagen de las personas (artículo 18 CE), si bien el TC no había abordado aspectos de este derecho vinculados a la apariencia física, menos aún cuando está relacionado con la expresión de género.

Lo hace ahora, y lo que viene a decir es que el derecho a la propia imagen no es solo el control que tiene el sujeto sobre las fotografías y vídeos que le hacen (como históricamente se entendía), sino también «la facultad de definición de esa imagen que nos identifica y nos hace reconocibles frente a los demás, como forma de expresión, además, del libre desarrollo de nuestra personalidad». En otras palabras, la expresión de género está dentro del derecho fundamental a la propia imagen.

 

2. La identidad de género como causa de discriminación

El artículo 14 CE, que contiene el derecho a la igualdad, establece dos dimensiones básicas de este derecho:

  • Por un lado, igualdad ante la ley, es decir, derecho a que los poderes públicos traten de forma igual a todos los casos idénticos, salvo que haya razones objetivas que justifiquen la diferenciación.
  • Por otro lado, prohibición de discriminación. La Constitución establece algunas causas de posible discriminación (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión), pero no es una lista cerrada, puesto que se añade «cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Este listado prohíbe ciertas discriminaciones «históricamente muy arraigadas», que han colocado a ciertos sectores de la población «en posiciones, no solo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona».

 

Pues bien, según el Tribunal Constitucional

«la identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana (…), y este rasgo de la identidad, cuando no se ajusta a parámetros hetero-normativos clásicos, es decir, allí donde identidad de género y sexo de la persona no son absolutamente coincidentes, puede hacer al individuo acreedor de una posición de desventaja social históricamente arraigada de las que prohíbe el art. 14 CE».

Venga, todos juntos: ¿esperabais ver al Tribunal Constitucional diciendo «heteronormativo» en 2022? Yo no.

A partir de aquí, el resto del fundamento jurídico es un repaso a diversas sentencias tanto del propio Tribunal Constitucional como del TEDH que consideran la identidad de género como una de estas circunstancias donde está prohibida la discriminación (1). En cuanto a la Unión Europea, su Tribunal de Justicia no ha integrado la identidad de género en la lista de causas sospechosas de discriminación, pero sí se han dictado varias directivas que protegen de forma parcial esta realidad. La conclusión es:

«Por tanto, como ha sucedido con el resto de los motivos expresamente prohibidos por el art. 14 CE también debe declararse la ilegitimidad constitucional de los tratamientos discriminatorios cuyo factor determinante aparece fundado en la identidad de género».

 

3. La discriminación por razón de identidad de género en el ámbito laboral

En este último fundamento jurídico, el Tribunal Constitucional no sienta ninguna doctrina novedosa. Simplemente recuerda cómo funciona el derecho antidiscriminación en el ámbito laboral (el demandante tiene que aportar indicios de que le han tratado de manera discriminatoria y entonces se invierte la carga de la prueba, de tal modo que es la empresa la que tendrá que justificar su actuación) y declara que estas normas son aplicables cuando la discriminación alegada es por identidad de género.

 


Después de sentar esta importante doctrina, y como ya decíamos en el artículo anterior, procede a desestimar el recurso de amparo. A la persona recurrente se le reconoce su posición de persona trans y se admite que había indicios suficientes para invertir la carga de la prueba (como, de hecho, hizo el TSJ en su momento): el encontronazo con el tema de la ropa, aun siendo puntual, basta para sospechar que hubo una motivación espuria en el despido. Pero la cuestión es que, una vez invertida la carga de la prueba, la empresa rebatió esos indicios. De las pruebas practicadas se depende que la causa del despido no fue «la identidad de género de la persona recurrente en amparo, ni la expresión externa de esa identidad de género».

Así se resumen los hechos probados de las sentencias anteriores: hubo un par de choques con el tema de la ropa, pero no queda claro si era tanto por el hecho de ser una falda como por el tamaño de la prenda, y tampoco quedó probado que el asunto fuera sobre la expresión de género; no existía un panorama general discriminatorio en la empresa; hubo una reorganización interna; la empresa alegó que había problemas de impuntualidad, etc. Si me preguntas a mí, sí que creo probable que hubiera discriminación, pero entre las pruebas poco concluyentes y que el contrato estaba en periodo de prueba, es dificilísimo de probar.

El resultado de todo este proceso ha sido una sentencia importantísima, que, sin embargo, no le vale de nada a la persona que lo inició. Tiene avances importantísimos: diferencia entre sexo y género, define la identidad de género, aplica al concepto de lo trans toda la jurisprudencia previa (que usaba la palabra «transexuales», más restringida e incorrecta), entiende que la expresión de género es parte del derecho fundamental a la propia imagen… A veces se lía ella misma con algunos conceptos (ya señalamos más arriba que confunde «asexual» con «agénero»), pero la intención es buena y el avance, notable.

Esta sentencia es un ejemplo de cómo el avance en el derecho se construye de manera dialéctica y progresiva. La ley trans de 2007 permitió que hubiera un cierto goteo de pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el tema, y son esos los que le llevaron a la convicción de que era necesaria una sentencia que aclarara conceptos. La sentencia que ahora comentamos, a su vez, servirá como fuente de argumentos para futura legislación y jurisprudencia. El reconocimiento de que la identidad de género es una categoría protegida por el artículo 14 CE es un espaldarazo a la futura legislación trans: convencerá a cierto sector que hoy es remiso, y acabará mencionada en la exposición de motivos casi con toda seguridad.

No es perfecto, claro. Pero es un avance notable y una garantía para las personas trans. Que, hoy por hoy, ya es mucho.

 

 

 

 

 

(1) La jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional sobre este tema se refería a «transexuales». Ahora abarca a todo lo que ha definido como «trans» en el Fundamento Jurídico anterior: personas no binarias, queer, agénero, travestis, etc.

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lunes, 11 de julio de 2022

Una sentencia sobre discriminación laboral (I)

«El Constitucional declara por primera vez que toda discriminación de las personas trans es ilegal», titulaba el otro día El País. Por una vez, el triunfalismo parece estar justificado: la sentencia analiza por primera vez un caso de discriminación laboral contra una persona trans y, al hilo de esto, pretende hacer una construcción jurisprudencial completa de qué es sexo, qué es género, qué es expresión de género y que relación tiene todo esto con las normas antidiscriminatorias. Paradójicamente, lo que no hace es darle la razón a la persona recurrente, puesto que desestima su recurso de amparo y declara que la actuación de la que fue objeto (un despido) fue correcta y ajustada a derecho. Pero vayamos por partes. 

A principios de 2013 (como siempre, todo para unas prisas) Serge Christian M. Scevenels, una persona trans, entró a trabajar en una empresa de ingeniería. Durante varios meses estuvo alternando el pantalón con la falda a la hora de ir a trabajar. En un par de ocasiones le exigieron que vista de forma «más correcta», aunque en ningún caso se ha acreditado que se le prohibiera vestir con falda o que en las discusiones se tratara su expresión de género. Después de estos toques de atención, siguió yendo a trabajar con falda «ocasionalmente». En mayo de 2013, la empresa le comunicó que no había superado el periodo de prueba y lo despidió.

A partir de aquí se inicia un largo camino judicial. Scevenels tiene a su favor el derecho antidiscriminación, que contiene una norma importante: la inversión de la carga de la prueba. Si a mí me despiden por causas discriminatorias (en este caso sería por su condición de persona trans y por la expresión de género asociada a la misma), yo no tengo que probar la discriminación: me basta con aportar un indicio de la misma, algún dato que permita sospechar que ha habido trato discriminatorio. Ante este indicio, se invierte la carga de la prueba y será la empresa la que deba demostrar la corrección del despido. ¿Por qué? Porque probar una discriminación es muy difícil para la persona discriminada, pero, sin embargo, la empresa tiene muy sencillo demostrar que el despido estaba justificado (si es que de verdad lo estaba).

El Juzgado de lo Social desestimó la demanda, puesto que entendió que la persona demandante no había aportado estos indicios, este principio de prueba que le compete aportar ante casos discriminatorios y que permite invertir la carga de la prueba. La sentencia descarta que el despido tuviera por causa la forma de vestir de Scevenels, puesto que los encontronazos con la dirección fueron en febrero y el cese en mayo: si desde febrero a mayo siguió llevando falda, es difícil pensar que ambas cuestiones estuvieran vinculadas.

Scevenels recurrió al TSJ, que también desestimó el recurso. El TSJ sí entendió que había aportado suficientes indicios para invertir la carga de la prueba, pero también afirmó, una vez invertida dicha carga, que la empresa había logrado probar la legalidad del despido. Hay que tener en cuenta que se estaba en periodo de prueba, por lo que el despido, aunque no es completamente libre (no puede producir efectos discriminatorios) sí es más fácil: en la empresa había un proceso de reorganización interna y al parecer Scevenels no desempeñaba satisfactoriamente su trabajo y era impuntual. Hubo un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, que no fue admitido a trámite, y así es como el caso llegó al Tribunal Constitucional. 

Lo primero que hay que destacar es la corrección con que la sentencia se refiere a Scevenels. Mientras que otros escritos anteriores emplean el masculino («el actor», «el demandante»), el Tribunal Constitucional pone algo más de cuidado y emplea expresiones más neutras, como «la persona recurrente en amparo». Esta clase de cosas son de agradecer.

La pretensión de Scevenels ante el Tribunal Constitucional es la misma que la que ha sostenido ante todos los órganos inferiores: «entiende que la decisión empresarial de cesar el contrato en el período de prueba se basa en una actuación discriminatoria, relacionada con su identidad sexual y expresada en el desencuentro entre recurrente y empleadora en relación con su forma de vestir en determinadas circunstancias». Los tribunales, al no invertir la carga de la prueba y/o al no apreciar que las razones de la empresa eran insuficientes para justifica el cese, ahondaron en la discriminación. Estas actuaciones vulnerarían tanto el artículo 14 CE (derecho a la igualdad y a la no discriminación) como el artículo 18 CE (derecho a la propia imagen, por el tema de la ropa).

Antes de analizar el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional estudia la especial trascendencia constitucional del caso. Este es un requisito impuesto en 2007 para intentar desatascar el Tribunal Constitucional de recursos de amparo sin fundamento. Ahora, cuando recurres en amparo, te toca justificar la especial trascendencia constitucional del recurso: no solo debes argumentar que tienes razón, sino que tienes que explicar por qué el Tribunal Constitucional debería estudiarse tu asunto.

El artículo 14 CE prohíbe la discriminación «por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Esta serie de categorías sospechosas de provocar discriminación ¿incluye la identidad de género de las personas? Citamos al Tribunal Constitucional. 

«La cuestión planteada en este recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional (…) porque da ocasión al Tribunal Constitucional para sentar doctrina sobre un problema o faceta de un derecho fundamental (…), sobre el que esa doctrina es insuficiente. Si bien la cuestión de la discriminación en el ámbito laboral (…) ha sido tratada en un buen número de pronunciamientos (…), esta es la primera ocasión en que se plantea una denuncia de discriminación laboral por razón de la identidad de género (…), de modo que la sentencia (…) debe definir si este elemento característico de las personas se integra o no dentro de las categorías sospechosas de ser discriminatorias que recoge el art. 14 CE, con cuál de ellas se identifica adecuadamente, en caso de hacerlo con alguna, y cómo esa identificación puede, eventualmente, tener impacto en la prueba de la discriminación, con especial atención a esa prueba en el marco de las relaciones laborales».

Ahí es nada. Se va a utilizar esta sentencia, al margen del caso particular, para construir toda una jurisprudencia sobre la discriminación de las personas trans. Y dice algo más el Constitucional. Dice que el problema aquí planteado

«tiene que ver con la definición y construcción constitucional de sexo y género como categorías jurídicas diversas sobre las que habrá de proyectarse, en el modo que definamos, la interdicción de discriminación prevista en el art. 14 CE. Y, en una fase de razonamiento sucesiva, el problema constitucional que nos ocupa tiene que ver con la interdicción de discriminación y la prueba de la discriminación alegada en el ámbito específico de las relaciones laborales.

Hasta el momento, la jurisprudencia constitucional no ha realizado una construcción jurídica específica sobre las nociones de sexo y de género, sino que se refiere indistintamente a uno y otro concepto (…), teniéndolos por sinónimos, como por otro lado, ha venido haciendo tanto el legislador estatal, como el legislador autonómico (…).

Pero en las últimas dos décadas, el desarrollo de la normativa sobre igualdad de trato en sentido amplio, la evolución de la teoría sobre la igualdad entre hombres y mujeres y sobre las discriminaciones interseccionales, y el reconocimiento de los derechos al desarrollo de la propia orientación sexual y de la identidad de género como dimensión del pleno desarrollo de la personalidad, han puesto de manifiesto la necesidad de precisar la definición de los conceptos de sexo y de género, para distinguirlos».

¿Esperabais en 2022 que el Tribunal Constitucional hablara de interseccionalidad? Yo no. También repasa críticamente su propia jurisprudencia, para encontrar que ni siquiera en las sentencias donde trata cuestiones trans (como la 99/2019, en la que abrió la puerta a que los menores de edad solicitaran el cambio de sexo registral) ha diferenciado entre sexo, género e identidad de género. Y termina diciendo:

«Esta ausencia de claridad terminológica se pone de manifiesto en los propios escritos procesales de la persona recurrente en amparo, así como en las sentencias de la instancia que se impugnan, circunstancias estas que ponen de relieve la necesidad de proceder a la tarea de identificación conceptual que aborda esta sentencia. Tampoco ha desarrollado el Tribunal, hasta este momento, una doctrina propia sobre el derecho a la expresión de género, vinculado con el derecho a la propia imagen y al libre desarrollo de la personalidad, cuestión esta que también se halla presente en el supuesto de hecho sometido a examen».

Después de citar casi por entero el FJ 2 de la sentencia, lo vamos a dejar aquí, porque aún no hemos empezado con la salsa. En el siguiente artículo veremos cuál es la doctrina que ha construido el Tribunal Constitucional, analizaremos su importancia y glosaremos su aplicación al caso concreto.

 

 

 

 

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miércoles, 29 de junio de 2022

El aborto en EE.UU.

La horrorosa sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU., en la que elimina el derecho federal al aborto, nos ha dejado con el pie cambiado. La devolución de tal competencia a los Estados (que, en muchos casos, tenían diversos tipos de «cláusulas gatillo» que ilegalizaban el aborto de forma automática si Roe v. Wade era revocada) es un mazazo para todas las personas con capacidad de gestar. Supone tal retroceso de derechos que creíamos consolidados que no podemos más que tomarlo como una señal muy seria de advertencia. Como si hicieran falta señales, por otro lado. 

Una vez pasadas la estupefacción nos queda preguntarnos cómo ha sido posible algo así. ¿Cómo ha podido ocurrir? Bueno, parte de lo sucedido tiene que ver con su diseño institucional, un sistema absolutamente kafkiano que ellos defienden con una pasión digna de mejor causa. Vamos a verlo un poco y entenderemos cuál es el origen de esta nefasta sentencia, que no es otro que el siguiente: el sistema constitucional estadounidense (pensado para una minoría de varones blancos ricos y esclavistas) ha evolucionado muy poco, en su núcleo, desde 1787.

Reino Unido no tiene una Constitución codificada. En el sistema británico, el Parlamento es el legislador supremo y todas sus leyes forman parte de la Constitución, junto con sentencias, prerrogativas, convenciones y otras prácticas no escritas. Este sistema tiene la ventaja de que es muy adaptable, pero la desventaja de que una mayoría coyuntural puede hacer cambios importantes en la estructura del país. No existe ningún freno a los actos del Parlamento: como afirma el viejo dicho, el Parlamento puede hacerlo todo salvo convertir a una mujer en un hombre.

Cuando se produjo la revolución estadounidense, este sistema se consideraba atrasado. Lo que triunfaba dentro de los círculos más avanzados (es decir, liberales) era la idea de una Constitución: un documento básico que estableciera los sistemas de frenos y contrapesos que debe haber entre los tres poderes y que hiciera una declaración de derechos. Los liberales dieciochescos, siempre tan preocupados de establecer un sistema institucional que evitase la tiranía, no querían que ninguna mayoría coyuntural se cargara el sistema. Además, las trece colonias tenían cada una su Constitución y existía la idea de que esta era superior a las leyes estatales.

En EE.UU. se adoptó de forma expresa este principio de supremacía constitucional. El Artículo Sexto de su Constitución establece expresamente que la Constitución es la «suprema ley del país», que los jueces estatales deben observarla aunque su propia Constitución estatal diga lo contrario y que los cargos públicos juran o prometen sostener la Constitución. No cabe, por tanto, ninguna duda.

Pero claro, la idea de una Constitución suprema y superior a la ley ordinaria nos lleva de inmediato al problema obvio: ¿quién determina que una ley ha vulnerado la Constitución? El poder legislativo, que es quien representa directamente al pueblo, no puede ser, porque es quien acaba de aprobar esa ley. El ejecutivo tampoco, esta clase de cosas quedan muy lejos de su función. ¿Entonces? En Europa inventamos un siglo después los Tribunales Constitucionales, como organismo al margen del sistema encargado de esta tarea, pero en EE.UU. estaban empezando con el constitucionalismo moderno y tuvieron clara la opción: es el poder judicial quien debe pararle los pies al legislativo.

Esta idea no aparece en ninguna parte de la Constitución, quizás porque estaba tanto en el trasfondo de la época que no se consideró necesario (en algunas de las colonias sus jueces ya habían anulados leyes por inconstitucionales). Tuvo que ser el propio Supremo, en 1803, en la famosa sentencia Marbury v. Madison, el que se atribuyera la competencia. La cosa estaba clara: si la Constitución es la norma suprema del ordenamiento y el poder judicial debe hacerla cumplir, resulta que es labor del poder judicial analizar la constitucionalidad de las leyes.

Y ojo, que estoy diciendo «del poder judicial» y no «del Tribunal Supremo». Una característica del control de constitucionalidad en EE.UU. es que está descentralizado: no hay un gran órgano con competencias de revisión constitucional (como son los Tribunales Constitucionales europeos) sino que cualquier juez puede entender que una ley es contraria a la Constitución e inaplicarla, eso sí, solo en ese caso concreto. El Tribunal Supremo es el que fija, por vía de apelación y con efectos universales (ya no solo en ese caso concreto), si una ley es constitucional o no.

Esto les da a los jueces un poder enorme. Y más aún porque la Constitución de EE.UU. es increíblemente esquemática, lo cual significa muy interpretable: tiene un cuerpo principal que es básicamente un pequeño resumen del sistema de gobierno y luego 27 enmiendas, que añaden derechos, adaptan la norma a las circunstancias o regulan asuntos concretos. Nada más. No hay, por ejemplo, una distribución de competencias entre el nivel federal y los estatales, ni una declaración completa de derechos.

Es por eso que el control del Tribunal Supremo se ha convertido en el caballo de batalla de esta época: Trump presionó a Obama para que no nombrara jueces que le tocaban en su mandato y a cambio él designó todos los que pudo, siempre de su cuerda ideológica. Porque sí, en EE.UU. es el presidente quien nombra a los jueces del Tribunal Supremo, y el cargo de juez (federal o no) es vitalicio mientras se observe buena conducta: nombrar jueces conservadores y relativamente jóvenes es una forma de asegurarse el control del país contra un ejecutivo o un legislativo progresista. Históricamente esta es una maniobra más del poder.

Así, vayamos a Roe v. Wade, la sentencia de 1973 que estableció que hay un derecho federal al aborto. Roe era una mujer tejana que quería abortar; Wade, el fiscal del distrito, se oponía. Los tribunales le fueron dando la razón a Roe hasta que al final el Supremo lo confirmó. Pero lo confirmó con un razonamiento curioso. La Constitución no incluye el derecho a la intimidad (recordemos, norma escueta y con una declaración de derechos fragmentaria), pero sí reconoce el derecho al debido proceso, es decir, el derecho a no perder vida, libertad ni propiedad sin el debido proceso legal. Pues bien, a partir de ahí el Tribunal Supremo postuló la existencia de un derecho a la intimidad y, con base en este, un derecho federal al aborto en los primeros meses.

Esto era la base del derecho federal al aborto: una sentencia. El legislador federal nunca aprovechó esta doctrina para regular este derecho y darle unas bases más fuertes. Y así, pasa lo que pasa, que lo que un Tribunal Supremo se inventó otro se lo puede desinventar. La doctrina establecida la semana pasada dice, de forma muy resumida, que la norma del debido proceso se ha usado para reconocer derechos que no existen en la Constitución, pero «cualquier derecho de este tipo debe estar profundamente arraigado en la historia y tradición de esta nación e implícito en el concepto de libertad ordenada». El aborto no lo está y Roe v. Wade estuvo equivocada desde el principio. Lo que significa «arraigo profundo en la historia de la nación» no queda claro, pero uno de los jueces ya ha firmado una opinión concurrente en la que pide cargarse otros derechos que tenían el mismo fundamento, como la anticoncepción, la libertad sexual o el matrimonio igualitario.

Creo que ha quedado bastante claro cómo ciertas características del sistema federal estadounidense han propiciado esta sentencia: el esquematismo y la antigüedad de la Constitución dejan mucho margen a la interpretación, que puede variar; los jueces tienen mucho poder para iniciar casos constitucionales que tiene luego que resolver el Supremo; el nombramiento presidencial de jueces vitalicios lleva al control político de los cargos. El resultado son sentencias con más contenido político que jurídico, como lo ha sido esta o como lo fue Roe en su momento. Es lo que tiene que las líneas fundamentales de tu sistema político no hayan variado en más de dos siglos, que todas las lecciones aprendidas en otros sistemas constitucionales te resultan ajenas.

En Europa, en principio, estamos más seguros. Nuestras Constituciones son más largas y más concretas, y nuestros Tribunales Constitucionales, si bien tienen elección política, también tienen plazos de mandato y renovaciones parciales. Como vimos hace unas semanas, el de España se renueva en un tercio cada 3 años y el cargo de cada magistrado dura 9. Ese sistema impide, en teoría, que nadie controle el sistema a futuro. Claro, luego ves el sistemático bloqueo del PP, que el Gobierno está intentando saltarse como puede (la vía actual parece ser reformar su propia reforma y permitir que el CGPJ en funciones elija magistrados del TC), recuerdas que precisamente la ley del aborto lleva 12 años en un limbo sin que se resuelva el recurso… y se te retuerce un poco la tripa ante las supuestas seguridades europeas.

Al final, el problema aquí es que los procesos de control constitucional tienen escasa legitimidad democrática. Si una ley ha sido aprobada por una mayoría de parlamentarios (que representan, se supone, a una mayoría del pueblo), ¿por qué la tiene que echar para atrás un órgano no democrático que afirma que es contraria a la Constitución? Las decisiones de los órganos de control constitucional no suelen tomarse por unanimidad, y a veces tienen que hilar muy fino para determinar si una ley es constitucional o no. Entonces ¿por qué esa mayoría de un órgano de control no democrático (6 jueces en el caso de la sentencia que comentamos) puede imponerse a la mayoría parlamentaria?

Estos problemas son inherentes a cualquier forma de control constitucional, que, a su vez, es necesaria si se establece la supremacía de la Constitución. No es algo ni mejor ni peor, sino una característica del sistema. Pero sí que es un riesgo, porque, cuando vuelve el fascismo (y el fascismo siempre vuelve), le basta con controlar a muy pocas personas para hacerle la vida imposible a buena parte de la población.

En nuestras manos está el evitarlo.

 

 

 

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martes, 14 de junio de 2022

Antecedentes penales

Un tuit del Ministerio de Justicia en el que explica el procedimiento para cancelar antecedentes penales ha molestado mucho al facherío de esta red social. ¿La razón? Que el tuit está orientado a extranjeros que quieren obtener el permiso de residencia o la nacionalidad y se encuentran con que sus antecedentes son un problema. El mensaje se ha llenado de respuestas con la vomitera de «el extranjero violador al que le regalan la nacionalidad», que es ya la respuesta esperable en esta clase de asuntos. 

Así que vamos a hablar un poco de los antecedentes penales.

 

¿Qué son los antecedentes penales?

Los antecedentes penales son la inscripción en un único registro de todas las condenas penales que pesan sobre una persona. Cada vez que alguien es condenado por un delito, esta condena se inscribe en el Registro Central de Penados y Rebeldes, que no es de consulta pública: solo pueden consultarlo el interesado y los trabajadores del sistema judicial (policías, jueces, etc.).

 

¿Qué no son los antecedentes penales?

No hay que confundir los antecedentes penales con los llamados antecedentes policiales, que no son más que el registro interno que lleva la Policía de las veces que una persona ha sido detenida, de por qué y de qué medidas se tomaron. Este registro, por cuanto es de actuaciones provisionales y no de condenas, no es relevante para nada.

Tampoco hay que confundir los antecedentes penales (o, más bien, su cancelación) con la prescripción de los delitos. En ambos casos hablamos de plazos, pero no es lo mismo. La prescripción de los delitos es el tiempo que tiene que pasar entre comisión del delito e inicio del procedimiento, de tal forma que si transcurre ese tiempo ya no se puede imponer la condena. La cancelación de antecedentes exige que transcurra un plazo desde el final del procedimiento. Hay alguna otra diferencia, como que no todos los delitos prescriben mientras que todos los antecedentes son cancelables, pero no son tan relevantes.

 

¿Qué delitos generan antecedentes penales?

Todos los delitos cometidos por mayores de edad generan antecedentes penales, desde el hurto más pequeño hasta el asesinato más grave. Antes de la reforma penal de 2015, que convirtió las faltas en delitos leves, estas faltas no llevaban aparejadas antecedentes penales, pero ahora sí.

Los delitos cometidos por menores se inscriben en un registro especial, que se tiene en cuenta para menos aspectos. Por ejemplo, las penas impuestas en ese registro no salen en el certificado de antecedentes penales, aunque sí en el certificado de delitos sexuales que se requiere para ciertos trabajos.

 

¿Qué consecuencias tiene tener antecedentes penales?

Los antecedentes penales impactan en muchos aspectos de la vida del sujeto. Puede ser relevante a efectos de futuras condenas (permiten la aplicación de la agravante de reincidencia, si el delito es similar), de suspensión de la pena (que solo es posible para delincuentes primarios), de cumplimiento de la sentencia (en muchas cárceles se separa a los delincuentes primarios de los reincidentes), etc.

Fuera del mundo penal y penitenciario, tiene también diversas consecuencias: inadmisión al funcionariado, obstáculos al tramitar el expediente de buena conducta e integración para acceder a la nacionalidad, denegación del derecho de asilo si es extranjero, prohibición de obtener un permiso de armas, imposibilidad de obtener un visado para ciertos países, denegación de la colegiación, prohibición de desempeñar ciertos puestos de trabajo, etc. Muchas de estas consecuencias se aplican solo por ciertos delitos. En general, cuanto más grave sea el hecho más restricciones hay.

 

¿Por qué se cancelan los antecedentes penales?

La cancelación de antecedentes penales es una medida básica de reinserción. Recordemos que la Constitución obliga a los poderes públicos a establecer mecanismos de reinserción. No se puede reinsertar a nadie contra su voluntad, pero sí es obligatorio dar posibilidades a quien quiera hacerlo. Muchas de las instituciones de nuestro sistema penal deben leerse bajo esta luz rehabilitadora.

La posibilidad de que el delito desaparezca de los archivos (al final, eso y no otra cosa es la cancelación de antecedentes) y deje de condicionar la vida de su autor es una forma bastante obvia de recompensar al que se ha reinsertado. Como vamos a ver de inmediato, para que se cancelen los antecedentes es necesario cumplir la pena y luego estar cierto tiempo sin delinquir, lo cual es un criterio razonable para decidir que lo que sucedió en el pasado no debe marcar la vida futura del delincuente.

 

¿Cómo se cancelan los antecedentes penales?

Para cancelar los antecedentes penales es necesario, en primer lugar, haber cumplido la pena. Cabe recordar que en España, salvo el indulto, no hay beneficios penitenciarios que acorten la duración de la pena: el tercer grado o la libertad condicional son periodos de cumplimiento de la condena (1), igual que la estancia en prisión en régimen cerrado u ordinario. Si alguien ha sido condenado a veinte años de prisión, hasta que no cumpla esos veinte años no podrá empezar a cancelar antecedentes penales. Por supuesto, si del mismo delito se derivan varias penas, se toma la mayor.

En caso de que la pena se haya suspendido, se toma como fecha del cumplimiento aquella que habría sido de no haberse decretado la suspensión. Lo explico: los delincuentes primarios que cometen delitos no muy graves (pena menor de 2 años en el caso general) pueden acceder a una suspensión de pena, lo que significa que no entran en prisión pero deben comprometerse a no delinquir y a cumplir otra serie de normas de conducta durante un periodo variable. Este periodo puede ser superior a la pena impuesta: por ejemplo, la pena puede ser de 6 meses y la suspensión durar 1 año. Pues, obviamente, se entiende que la pena quedó cumplida a los 6 meses de dictarse, que es cuando se habría cumplido de no haberse dictado la suspensión.

Hasta 2015 también era obligatorio haber abonado la responsabilidad civil (es decir, la indemnización por los daños causados por el delito) o, al menos, estar en proceso de hacerlo. Esto ya no es así.

En segundo lugar, para obtener la cancelación de antecedentes es necesario que pase cierta cantidad de tiempo desde que se cumplió la condena (ojo, no desde que se impuso: desde que se cumplió) y que, durante este tiempo, el condenado no cometa nuevos delitos. Este plazo va desde los 6 meses para delitos leves a los 10 años para los delitos graves. El famoso asesino y violador extranjero no podrá pedir la nacionalidad hasta que no permanezca sin delinquir 10 años desde que salió libre.

 

¿Qué novedades hay en este tema?

El tuit de la discordia era la explicación, por parte del Ministerio de Justicia, de cómo solicitar por vía electrónica la cancelación de antecedentes. Los escasos desinformados que han abierto el vídeo, también se han ofendido por la frase que dice que «se ha desarrollado un sistema robotizado de automatización que cancela de oficio la mayoría de penas que cumplen con los requisitos marcados». ¡Destinar dinero a esto! ¡Inaceptable! 

Es cierto. Es inaceptable. Es inaceptable que el Ministerio de Justicia vaya tan tarde. Que para saber si procede la cancelación de antecedentes solo es necesario contar un plazo y ver si la misma persona tiene condenas posteriores. Podría llevar una década automatizado. Como todo en Justicia, por otra parte, que es una rama del Estado cuya automatización es tardía y deficiente.

El mecanismo que se empleaba hasta ahora es el de la omisión de antecedentes: si alguien tiene unos antecedentes penales que deberían haber sido cancelados y no lo fueron, no se le tienen en cuenta. Pero claro, eso se aplica solo a causas penales: en otras cuestiones, como expedientes de nacionalidad, visados, permisos y demás, es necesario presentar un certificado de antecedentes limpio. Y es lo que se impulsa ahora: un procedimiento automatizado para que el certificado concuerde mejor con la realidad.

Qué grave, ¿eh?

 

 



(1) Esto no es exactamente así en el caso de la libertad condicional, pero, para lo que nos importa, un penado en libertad condicional no ha terminado de cumplir su condena.

 

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sábado, 11 de junio de 2022

La elección del Tribunal Constitucional

La historia del CGPJ okupa sigue coleando. Como sabemos, este órgano debería haberse renovado en 2018, pero no se hizo, en buena medida por presiones del PP, que lleva desde entonces bloqueando los nombramientos. Frente a un CGPJ amigo ¿qué importan minucias tales como la lealtad institucional hacia el Gobierno? Nada en absoluto, y menos para un partido tan abiertamente cortijero y desleal como es el PP. 

Este domingo, 12 de junio de 2022, termina el mandato de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional. Elegir a sus sucesores es vital para cargarse la mayoría conservadora del órgano. El problema es que el CGPJ está implicado en esta decisión, y eso significa que, mientras siga en funciones, no va a poder elegir a nadie. Y eso, a su vez, condiciona la elección que haga el Gobierno. Pero vamos por partes.

El Tribunal Constitucional es la pieza clave del sistema jurídico español. A veces se le llama «el legislador negativo»: si el legislador es el que introduce leyes dentro del sistema jurídico, el TC es quien las saca por apreciar que son contrarias a la Constitución. En esta función es inapelable: lo que diga va a misa. También es inapelable en otras competencias, como dirimir los conflictos de competencia entre órganos constitucionales o entre distintas Administraciones. Por último, es el supremo garante de los derechos fundamentales, aunque en este papel sí que cabe recurrir sus decisiones ante el TEDH.

Identificar quién es el órgano que manda de verdad en un sistema político no siempre es fácil. Una clave es preguntarse quién cabe revisar sus decisiones. Si no puede hacerlo nadie, si es la última instancia, entonces es que tiene un poder considerable. Es el caso del Tribunal Constitucional. Su composición es importantísima y, pasado el tiempo de los magistrados que producían sentencias de gran calidad técnica, no queda otra que repartírselo entre progresistas y conservadores. Lo que está intentando hacer el Gobierno ahora es, precisamente, romper la mayoría conservadora.

El Tribunal Constitucional está formado por doce magistrados: cuatro los elige el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el CGPJ. Es el reparto previsto en la Constitución, lo cual hace muy graciosos todos esos titulares que dicen que el Gobierno nombra «unilateralmente» a los dos vocales que le corresponden.

Para impedir que el Gobierno de turno controle el Tribunal Constitucional hay establecidos mandatos largos y renovaciones parciales. El cargo de cada magistrado del Tribunal Constitucional dura nueve años, pero el órgano se renueva por tercios. Así, en un momento dado el Senado elige a sus cuatro magistrados, tres años después el Congreso elige a los suyos y tres años después el Gobierno y el CGPJ eligen cada uno a los suyos. Cuando pasen otros tres años, el Senado reiniciará el ciclo. Si hay retraso al elegir cualquiera de estos tercios, a los nuevos magistrados se les descuenta el tiempo de retraso. Es decir, que los que deberían haber sido elegidos por el Congreso en 2019 pero acabaron por serlo en 2021 terminarán su mandato en 2028 y no en 2030.

Creo que ya se va entendiendo por dónde va el problema. Esta semana el mandato que termina es el de los cuatro magistrados que fueron elegidos hace nueve años por el CGPJ y por el Gobierno. Y, mientras que el Gobierno ya baraja nombres para sus dos propuestas, el CGPJ está paralizado. Quiero decir legalmente paralizado. No puede designar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional, ni a otros cargos que sería de su competencia nombrar.

¿Recordáis que hace año y medio el Gobierno estaba planteándose modificar la LOPJ para concretar el régimen del CGPJ en funciones? La idea era desactivar un poco el potencial dañino de un Consejo bloqueado, al quitarle la capacidad de hacer nombramientos. Ya hablamos de la propuesta, por la cual el PP puso el grito en el cielo, llamó a la Unión Europea e hizo las pantomimas habituales. Pues bien, salió adelante. Desde marzo de 2021, el CGPJ en funciones tiene atribuidas solo las tareas de puro trámite, entre las que no se incluye nombrar cargos constitucionales. Y, como no se ha renovado, el órgano sigue en funciones.

Esta ley, que coarta las atribuciones del CGPJ cuando está en funciones fue, por supuesto, recurrida ante el Tribunal Constitucional. Pero está en vigor hasta que este no se pronuncie. Así que ya tenemos armado el problema: de los cuatro vocales que tienen que entrar en esta renovación del TC, dos no pueden ser elegidos. El órgano que debe nombrarlos no tiene competencia para ello mientras esté en funciones. Ups.

Así que la pregunta se convierte en: ¿son posibles las renovaciones parciales del Tribunal Constitucional? Si el Gobierno elige a sus dos vocales y el CGPJ no elige (no puede elegir) a los dos suyos, ¿qué pasa? ¿Entran los dos del Gobierno en espera que el CGPJ deje de estar en funciones o el Gobierno debe esperar al otro órgano? Porque, si es esto segundo, la renovación de estos cuatro magistrados del TC puede volver a tardar años.

En principio, la Constitución parece taxativa: «Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres» (artículo 159.3 CE). Renovación por tercios quiere decir cuatro magistrados en cada renovación, no dos ahora y los otros dos cuando el CGPJ se desbloquee. Más aún cuando el presidente del órgano se elige después de cada renovación. ¿Qué sucede, a efectos de esta elección interna, si la renovación es parcial? ¿Se entiende hecha con los primeros dos magistrados o con los últimos dos? (1) Según esta interpretación, el Gobierno no puede nombrar a sus dos magistrados hasta que el CGPJ no nombre a los suyos.

Pero hay otra interpretación, menos literal. Si Gobierno y CGPJ son dos instituciones distintas, tampoco sería tan raro que se descoordinaran, y más cuando el CGPJ no es que no quiera elegir a los dos magistrados del TC que le competen, es que no puede. Legalmente no puede. Desde esta perspectiva, nada obsta para que el Gobierno nombre a sus magistrados, pero la renovación no se entendería hecha (a efectos de elección interna del presidente del TC) hasta que el CGPJ no designe a los suyos.

Esta segunda solución tiene, además, precedente histórico. El Tribunal Constitucional se constituyó en 1980, y en aquel momento el CGPJ no estaba todavía constituido. El TC echó a andar con 10 magistrados y los dos que restaban se añadieron más tarde ese mismo año, cuando el órgano de gobierno de los jueces empezó también a funcionar. A nadie le pareció entonces que el Gobierno tuviera que esperar a que un CGPJ impedido legalmente para nombrar a nadie (por la sencilla razón de que aún no existía) pudiera, en efecto, realizar su designación.

Va a ser el propio Tribunal Constitucional el que resolverá si el nombramiento del Gobierno está bien o mal hecho. Lo decidirá, como es lógico, antes de que estos nombramientos entren en vigor, así que en unas semanas sabremos qué posición ha adoptado. Yo creo que hay base suficiente para admitir a los dos magistrados del Gobierno, que sería la solución más conforme con la estabilidad institucional, pero a saber. A lo mejor nos tenemos que esperar a que el PP quiera desbloquear el CGPJ.

Porque controlar los órganos de gobierno judicial sirve para esto. Precisamente para esto.

 

 

 

 

(1) Lo que no se plantea es el problema de descoordinar los mandatos de ambas parejas de magistrados, porque, como ya hemos visto, los periodos de nueve años son fijos. Los magistrados que deben ser elegidos en junio de 2022 terminarán su mandato en junio de 2031 con independencia de cuándo sean, de hecho, elegidos.


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viernes, 10 de junio de 2022

Trabajadoras domésticas

Ayer se ratificó en España el convenio nº 189 de la OIT, que afecta a las empleadas del hogar. Lo pongo en femenino porque es un colectivo que está formado básicamente por mujeres, y eso ha tenido cierta importancia en la evolución jurídica reciente de la cuestión. Es una victoria importante, y más importante será cuando el Estado se ponga las pilas y legisle de acuerdo al nuevo convenio. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) es una agencia de la ONU destinada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La forman 187 países (solo 6 países de la ONU no son miembros) y aprueba toda clase de documentos para promover sus fines. Los más importantes son los convenios: tratados internacionales que, como tales, deben ser ratificados por los Estados antes de que tengan aplicación para dichos Estados. Los convenios de la OIT son normas de mínimos: se trata de bases que los Estados parte deben cumplir, pero nada impide que cada Estado, en su legislación interna, los mejore. El penúltimo de estos convenios, aprobado en 2011, es, precisamente, el 189, sobre trabajadores domésticos.

Las trabajadoras domésticas son aquellas empleadas que trabajan realizando labores de cuidados para un empleador que es una persona particular: limpian, preparan la comida, atienden a personas dependientes, cuidan del jardín, etc. No entran en esta categoría otras personas que se dedican a ámbitos análogos pero para una empresa, como pueden ser las limpiadoras de hotel, el personal de cocinas o las auxiliares de dependencia. Solo quienes trabajan para particulares.

En España existen una serie de relaciones laborales especiales, que no están sujetas al Estatuto de los Trabajadores sino a otras normas, generalmente reales decretos. ¿Por qué? Pues porque se trata de relaciones que tienen perfiles especiales, por la relación que hay entre trabajador y empresario, por el tipo de trabajo o por el lugar donde se ejerce la prestación. Son, por ejemplo, el personal de alta dirección, los penados, los deportistas, los artistas y, para el caso que nos ocupa, las trabajadoras domésticas. Esta relación se considera especial por prestarse en un espacio de intimidad ajeno a las lógicas de la economía de mercado y por la relación de confianza que se puede establecer entre empleada y empleador.

La norma que regula esta relación especial es el Real Decreto 1620/2011. Además, a cada relación laboral se anuda un régimen de Seguridad Social: las trabajadoras domésticas cotizan dentro del Régimen General (como los demás trabajadores) pero en un sistema especial para ellas (que definitivamente no es como los demás trabajadores). Veamos algunas de las diferencias tanto de la relación laboral especial como del sistema especial de la Seguridad Social:

 

Alta en la Seguridad Social

La norma general es que es el empleador quien tiene que dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores. Sin embargo, en caso de empleadas de hogar que trabajen menos de 60 horas mensuales para el mismo empleador, les puede corresponder a ellas ese trámite si así lo pactan con dicho jefe.

Supongo que la idea detrás de la norma es que el empleador es un particular que no tiene por qué saber nada de Seguridad Social, mientras que la trabajadora es una profesional. Pero, dado que se trata de un campo copado en buena medida por mujeres migrantes y/o sin formación universitaria (es decir, gente que puede tener problemas serios para entender la burocracia), no parece muy justificado.

 

Cálculo del SMI

En general, el salario se divide en dos partes: un salario base (retribución básica por unidad de tiempo) y complementos (por circunstancias especiales). El SMI tiene que ver con el salario base: el salario base debe ser igual o superior al SMI, y luego se suman los complementos que haya.

En la relación especial de trabajadoras domésticas no es así. El SMI incluye todos los conceptos retributivos, sean de base o de complementos. Además, se calcula por horas: es de 7,82 € por hora, lo cual es algo superior al SMI diario o mensual, porque, como hemos dicho, incluye conceptos retributivos distintos al salario base. Aun así, como la mayoría de las trabajadoras del hogar no tiene un único empleador sino muchos (lo cual implica que no llegan a las 40 horas semanales, porque muchas horas de su jornada efectiva las pierden en desplazamientos que nadie les paga), no es que sea una cantidad como para tirar cohetes.

 

Cotizaciones

En cotizaciones hay dos normas a comentar. La primera es que las empleadas que trabajen menos de 60 horas mensuales para el mismo empleador pueden pactar con este ser ellas las que ingresan las cotizaciones. Es decir, el empleador paga estas cotizaciones, pero, en lugar de ingresarlas en la Seguridad Social, se las da a su trabajadora, que será quien deba realizar el ingreso. Esta norma tiene el mismo sentido que la relativa a las altas, así que no insisto en ella.

En segundo lugar, las bases de cotización son por tramos. No tienen relación directa con el salario ganado, sino que son una cuantía fija en cada tramo. Este sistema beneficia, dentro de cada tramo, a quienes cobran menos que esta cuantía fija (porque cotizan por más cantidad de la que cobran, lo que se reflejará en sus prestaciones futuras) y perjudica a quienes cobran más (por la misma razón).

 

Jornada laboral y tiempo de presencia

Una de las cosas que se observa al leer el Real Decreto que regula la relación especial es que replica en muchos de sus aspectos el Estatuto de los Trabajadores. Y ello es, paradójicamente, discriminatorio, porque el Estatuto está pensado para ser una norma mínima, mejorada por los convenios colectivos. Aquí no hay convenio colectivo y es difícil conseguir uno: las trabajadoras domésticas son precarias y solo recientemente han empezado a organizarse. Además ¿quién constituiría la patronal que tendría que firmar ese convenio? En cuanto a conseguir mejoras por vía del contrato de trabajo individual, es algo completamente vedado, por lo que diremos más abajo.

Algo así se ve muy bien en la regulación de la jornada máxima. Es de 40 horas semanales, como en el Estatuto de los Trabajadores. Pero, mientras que en otros sectores este es un mínimo que se va superando gracias a la negociación colectiva (1), esas ventajas están ausentes del mundo de las empleadas del hogar. El Estado debería haber suplido esa función a través de una regulación más favorable que la del Estatuto.

Además, aparte de esas 40 horas semanales, hay un tiempo de presencia que puede durar hasta 20 horas semanales (en promedio mensual) y que, aunque se retribuye, no cuenta como parte de la jornada. Se trata de horas en las que no se trabaja pero que tampoco son de tiempo libre, porque la trabajadora debe permanecer a disposición del empleador por si surge algo. No hay que decir que el tiempo de presencia es una rareza propia de este tipo de relación laboral (que se aplica, sobre todo, a las internas) y que no está en el Estatuto de los Trabajadores.

 

Despido

El despido disciplinario tiene establecida una indemnización si es declarado improcedente: 20 días por año trabajado con un máximo de 6 mensualidades. Esta indemnización es inferior a la prevista en el Estatuto de los Trabajadores para el mismo caso (33 días/año con un máximo de 24 mensualidades) e, incluso, para el despido objetivo procedente (20 días/año con un máximo de 12 mensualidades).

Pero, en realidad, da igual. Lo más normal es que el empleador no tenga que acudir al despido disciplinario, porque tiene a su disposición una herramienta más cómoda, que es el desistimiento del empleador. El desistimiento del empleador es el sueño dorado de los liberales: una modalidad de despido absolutamente libre, sin necesidad de alegar causas. Le da un preaviso, le paga una indemnización menor incluso que la del despido improcedente (12 días/año con un máximo de 6 mensualidades) y a la calle.

Esto es a lo que nos referíamos más arriba cuando hablábamos de la imposibilidad de que la trabajadora consiga mejoras negociándolas individualmente. Este despido libre, este desistimiento, rompe por completo el equilibrio del contrato, que en los de trabajo ya es precario. Cualquier acción que quiera realizar la trabajadora para mejorar su situación se ve detenida de inmediato por esta espada de Damocles.

 

Prestación por desempleo

Para completar el cuadro, cuando la trabajadora es despedida (o «desistida») no tiene prestación ni subsidio por desempleo. Sí, las trabajadoras del hogar no tienen paro. El resto de prestaciones sí, aunque hasta 2020 había una regla especial para el cómputo de las jornadas a tiempo parcial. Fue también en 2020, durante el confinamiento, cuando el Gobierno aprobó un subsidio especial de desempleo para este colectivo, subsidio que sigue vigente. Aun así, la obligación de acudir a este subsidio cierra todo un esquema que parece construido para garantizar la impunidad del empleador.

Una de las resoluciones que han llevado a que se ratifique el convenio nº 189 tiene que ver con esto. En febrero de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que este sistema incurría en discriminación indirecta. La discriminación indirecta es aquella norma que, aunque en teoría es neutra en cuanto al género, en la práctica no lo es. El hecho de que las personas que trabajan en hogares ajenos no tengan prestación por desempleo es, en principio, algo no discriminatorio, puesto que se aplica tanto a hombres como a mujeres. Pero, dado que el sector está copado por mujeres en una proporción superior al 90%, esta norma es discriminatoria.

 

FOGASA

El Fondo de Garantía Salarial es una institución pública que cubre el impago de los salarios por parte del empleador. Es una garantía obvia para cualquier trabajador, sobre todo si el despido ha sido irregular o la empresa ha quebrado. Pues bien, las trabajadoras del hogar tampoco tienen derecho a acudir al FOGASA. Solo en fecha tan reciente como marzo de este año un Juzgado español, aplicando la misma doctrina sobre discriminación indirecta que había sentado el TJUE el mes anterior, le concedió a una trabajadora del hogar el derecho a acudir al FOGASA.

 

 

Estas son, a día de hoy, las principales características de la relación especial de trabajadoras del hogar y de su encuadramiento en la Seguridad Social. Como se ve, no son tantos cambios, pero sí son relevantes, y siempre en contra de este grupo de trabajadoras.

Y, contra esto, ¿qué dice el convenio nº 189 de la OIT? No gran cosa, porque tiene que poder aplicarse a países muy diferentes. No puede entrar a fijar el salario mínimo o las formas de despido. Pero sí que puede establecer normas generales. Por ejemplo, exigir «condiciones de empleo equitativas» para todas las trabajadoras y respeto a la privacidad para las internas (artículo 6). O fijar igualdad de trato entre trabajadoras domésticas y resto de trabajadores, en especial la consideración del tiempo de presencia como horas de trabajo (artículo 10). O prever condiciones de Seguridad Social no menos favorables que las del resto de trabajadores (artículo 14).

Como se ve, no basta con el convenio. Es necesaria una labor legislativa para adaptarlo al derecho interno. El Estado español tiene un año para ello, que es el tiempo que tarda el convenio en entrar en vigor desde que se ratifica. Sin embargo, de acuerdo con lo publicado en prensa, el borrador de Real Decreto estaría ya preparado y es, según las asociaciones de trabajadoras del hogar, satisfactorio.

A ver si es verdad y si se fijan de una vez condiciones dignas de trabajo para un colectivo tan importante como discriminado.

 

 

 

 

(1) Por poner un ejemplo, la jornada laboral en academias y demás centros de enseñanza no reglada es de 34 horas semanales.

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