Siempre
que hay una manifestación espontánea o no comunicada asistimos a un diálogo de
besugos sobre el régimen en que se mueven estas reuniones. Que si son ilegales,
que si son legales pero ilícitas, que si están en un limbo, que si
autorizaciones y no comunicaciones… Con este breve post quiero esclarecer de
una vez por todas este asunto.
Para
empezar hay que partir, como siempre, de la Constitución. El artículo 21 es muy
claro: el ejercicio del derecho de reunión no requiere autorización previa,
pero si se trata de manifestaciones debe comunicarse a la autoridad. Ésta podrá
prohibirla sólo si aprecia razones fundadas de alteración del orden público con
peligros para personas o bienes. Ahora bien, ¿qué pasa si los convocantes
incumplen esta obligación constitucional –o si no hay convocantes definidos- y
no se realiza la comunicación previa?
Aquí
pasamos ya a la ley. Ésta clasifica las reuniones en lícitas e ilícitas cuando
dice que “son reuniones ilícitas las así tipificadas por las leyes penales” (artículo1.3 LODR): a sensu contrario, son
lícitas las no tipificadas. Pues bien, el Código Penal, en su artículo 513,
define las reuniones ilícitas como aquellas que se celebren para cometer algún
delito y aquellas a las que concurran personas armadas. Las reuniones a las que
les falta la comunicación previa no serán ilícitas por este mero hecho: es sólo
un requisito administrativo para facilitar la armonización del derecho con el
tráfico urbano, el ejercicio del mismo derecho por otros grupos o la seguridad.
El
hecho de que las manifestaciones sin comunicación sean lícitas tiene
importantes consecuencias. Para empezar, la ley contiene un mandato muy claro: “la
autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a
quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este
derecho” (artículo 3.2 LODR). Igualmente, una manifestación lícita sólo puede
ser disuelta si se produjeran alteraciones del orden público con peligro para
personas o bienes o si los asistentes llevaran uniformes paramilitares (artículo 5 LODR). En tercer lugar, los convocantes siguen siendo responsables
subsidiarios de los daños que se produzcan pero su responsabilidad no se ve
agravada (artículo 4.3 LODR).
¿Qué
consecuencia tiene entonces la ausencia de comunicación? La Ley Orgánica
1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la tipifica como infracción
grave (artículo 23.c LOPSC). Estas infracciones pueden ser consideradas muy
graves en atención a ciertas circunstancias (artículo 24 LOPSC). Por ello, los
convocantes de una manifestación no comunicada pueden enfrentar
sanciones de entre 300 y 30.000 € si la infracción es grave y de 30.000 a
60.000 € si es muy grave. Sin embargo, hay que matizar que es raro que se aprecien
infracciones muy graves. Por ejemplo, en Rodea el Congreso se afectó al
servicio de autobuses durante horas: a pesar de que ello bastaría para
convertir la infracción en muy grave, la sanción impuesta al convocante (6.000 €) entra en el rango de las graves.
En
definitiva, la ausencia de comunicación no lastra la reunión ni la convierte en
ilícita. La licitud o ilicitud vendrá de otras vías y podrá afectar a cualquier
manifestación, haya o no haya comunicación. La ausencia de comunicación sólo
afecta a los convocantes.
ADDENDA:
Me entero de que Cristina Cifuentes ha afirmado que las celebraciones de éxitos deportivos no se consideran derecho de reunión porque no se está reivindicando
nada. Nadie las comunica a Delegación y nadie sanciona esta ausencia de
convocatoria porque la delegada afirma que no son su competencia. Esto me
confirma que esta mujer se sacó su Licenciatura en Derecho copiando, porque a
efectos de la LODR “se entiende por
reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con
finalidad determinada” (artículo 1.2 LODR), sea esta finalidad
reivindicativa o festiva. Igualmente, el artículo 2 no excluye del ámbito de la
ley las reuniones que no tengan finalidad política. Por tanto estas reuniones
quedan dentro del ámbito del derecho de reunión, son competencia de Delegación
del Gobierno y Cristina Cifuentes ha reconocido en un medio público que o es una
inútil jurídica o es una prevaricadora hipócrita.