El bloqueo del CGPJ

Lo del Consejo General del Poder Judicial no sé si es ya sainete o culebrón. Eso sí, es un espectáculo maravilloso. Está siendo entretenidísimo ver cómo se degrada nuestra calidad democrática a golpe de acción y reacción. Supongo que esta es una de las cosas que el PP andaba buscando: llevar al Gobierno a hacer reformas de calado que le permitan acusarle de golpista. Aunque tengo la sensación de que, con dos cambios de directiva en cuatro años, nadie dentro de ese partido piensa tan a largo plazo.

En medio de acusaciones cruzadas, para ver quién tiene la culpa de esta situación no hay más que hacerse la vieja pregunta latina: ¿quién se beneficia? ¿Cuál es el sector favorecido por la actual composición y cuál el que intenta cambiarlo? Bien, no hace falta ser un lince para saber que quien tiene interés en que las cosas se queden como están el mayor tiempo posible es el PP. Y no solo porque Feijoo, en un alarde de torpeza comunicativa, haya reconocido que activamente está impidiendo la renovación. No hay más que mirar los números.

El Consejo General del Poder Judicial actual fue elegido en 2013, cuando el PP gozaba de una cómoda mayoría absoluta en ambas Cámaras. Se estrenaba el nuevo sistema de selección, por el que todos los vocales eran elegidos por las Cortes, y la composición actual del órgano refleja, por tanto, la correlación de fuerzas que había en aquel momento. El Consejo tiene de ordinario 21 miembros (20 vocales y un presidente), pero, tras la dimisión de Lesmes y el fallecimiento y la jubilación respectivamente de otros dos vocales, su número ha quedado reducido a 18: 10 elegidos a propuesta del PP y 8 elegidos a propuesta de IU, PSOE y PNV.

Evito de forma consciente los conceptos «bloque conservador» y «bloque progresista» porque simplifica demasiado. Los vocales del Consejo no forman bloques cerrados; tienen afinidades ideológicas, pero no hay disciplina de partido y los del mismo bloque no tienen por qué votar todos lo mismo en todos los asuntos, ni tienen por qué votar siempre lo que convenga al partido que los designó. Por ejemplo, el vocal propuesto por el PNV, que es un partido no precisamente progresista (aunque en Madrid a veces nos lo parezca, puesto que sus formas son mucho más civilizadas que las de la ultramontana derecha estatal), suele votar con los progresistas. Es decir, que esos bloques existen, pero no debemos verlos como si fueran grupos parlamentarios.

Hecho este excurso, volvemos al hilo. Decíamos que el PP es el principal interesado en mantener las cosas como están. Hay quien dice, yo lo he leído, que la culpa de que no se renueve el órgano es de los dos grandes partidos, porque «no se ponen de acuerdo» y ninguno acepta las propuestas del otro. Sostener esto en 2022 ya no es una ingenuidad adorable, sino que cuenta más bien como estupidez plena o como hipocresía insostenible. Porque aquí lo que el PP ha hecho durante cuatro años es dedicarse a marear la perdiz, a romper conversaciones y a poner las condiciones más inverosímiles para sentarse a la mesa: expulsar a otros partidos de la negociación, que no se indulte a los presos del procés, que no se reforme el delito de sedición, etc.

Equiparar a los dos partidos, cuando hay uno al que la situación le beneficia y otro al que le perjudica, es absurdo. Y se preguntará: ¿es que el PP no puede poner condiciones para negociar? Pero es que esa no es la cosa. La cosa es que no son condiciones, son excusas. El PP no quiere renovar el Consejo porque le conviene su composición actual, punto. Aparte de eso, y ya hablando en general, no creo que en una negociación de este tipo deban ponerse demasiadas condiciones. ¡Que estamos hablando de la renovación de un órgano constitucional, por favor! Un partido con sentido de Estado y lealtad institucional desvincularía esta negociación del resto de cuestiones y agilizaría el trámite. Pero claro, el PP nunca ha tenido de lo uno ni de lo otro.

El asunto lleva meses hinchándose (con hitos como la dimisión de Lesmes, que deja al Consejo sin presidencia) y ha estallado en las últimas semanas. Para empezar, el 4 de diciembre se cumplió el cuarto año de interinidad del Consejo, es decir, que lleva cuatro años sin renovarse. Dado que su mandato es de cinco años, nos alejamos peligrosamente al momento en que habrá estado más tiempo con el mandato caducado que sin él. Y para seguir, se ha desarrollado el culebrón de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Lo expliqué en este artículo, pero lo resumo. Hace unos meses se tendrían que haber elegido cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: dos los elige el Gobierno y dos el CGPJ. No está ni mucho menos claro si deben elegirse a la vez o si cada institución puede elegir a sus dos vocales por separado, pero la interpretación mayoritaria es la primera. La cosa es que el Gobierno había reformado el año pasado la Ley Orgánica del Poder Judicial para que un Consejo en funciones no pudiera, entre otras cosas, nombrar magistrados del Tribunal Constitucional. Así que hubo que meter una segunda reforma para que se desbloqueara legalmente esta elección. Esta reforma entró en vigor en julio, y desde entonces siguen discutiendo.

El problema es de mayorías. Se requiere un acuerdo de 3/5 de los miembros del Consejo para elegir a estos dos magistrados. Es decir, 11 de los actuales 18. La cosa es que ya hay 9 favorables a la elección: los 8 del bloque progresista y 1 del conservador (¿veis como no eran bloques monolíticos?), pero los 9 vocales conservadores restantes se mantienen firmes en su posición. Así que el Gobierno ha presentado una reforma que les pasa por encima: modificar el sistema de elección para que sean elegidos los dos candidatos que más votos saquen, sin requisitos de mayorías. Y, por si acaso, la reforma tiene una segunda pata: permite que el Gobierno pueda designar a sus dos candidatos aunque el CGPJ no designe los suyos o viceversa (1).

Se da la circunstancia, ciertamente humorística, de que el CGPJ no ha tenido siempre esta mayoría de 3/5, sino que históricamente elegía a muchos altos cargos por mayoría absoluta. Fue Zapatero quien estableció la actual mayoría de 3/5, y el PP la recurrió alegando que creaba minorías de bloqueo que podían llevar a la parálisis del órgano. El Tribunal Constitucional, por unanimidad, dijo que el legislador puede establecer las mayorías que considere, ya que la Constitución no dice nada al respecto. Cómo cambian las cosas.

La reforma para reducir la mayoría sale, en principio, adelante, y estará en vigor en poco tiempo, porque el PSOE la ha metido como enmienda en otra ley. Pretenden que los magistrados del TC estén nombrados antes de fin de año. El último capítulo del culebrón es que los vocales del bloqueo han pedido un pleno urgente para tratar el tema, así que a lo mejor está resuelto incluso antes. Eso sí, el problema básico (el CGPJ en funciones desde hace más de cuatro años) sigue sin tratar, y seguirá mientras el PP quiera.

La duda aquí es cómo valorar la reforma que se ha hecho al modo de elegir magistrados del TC. La respuesta es: no lo sé. A mí, en abstracto, no me gusta. Prefiero un sistema que fuerce el acuerdo que un sistema que deja las cosas al albur de mayorías simples y que aumenta el poder del Gobierno. Pero esto tiene sentido en un contexto de lealtad. Si el PP ha decidido romper con toda lealtad hacia el Gobierno, este tiene que hacer lo que pueda para garantizar cierta normalidad institucional. Y no, tener a la cúpula jurisdiccional y al Tribunal Constitucional parados es lo contrario a normalidad institucional.

Que no me guste demasiado la reforma, por cierto, no significa que sea un golpe de Estado, que el Gobierno quiera controlar al Consejo General del Poder Judicial (2) ni que Pedro Sánchez sea el nuevo Orban. Eso es retórica de un sector político que ha abandonado a nivel estatal cualquier rastro, no ya de lealtad institucional, sino incluso de vergüenza. A Zapatero le hicieron lo mismo, pero cuando Zapatero aún no había aparecido un Donald Trump que mostrara la viabilidad de esta estrategia.

Por concluir: estamos ante una reforma negativa, por las razones que he dicho, pero no veo que haya mucha más salida que aprobarla, una vez que la mierda ha alcanzado estos niveles. Veremos a ver si esto la frena.

 

 

 

(1) Esto último tiene un problema, y es que podría ser inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional que decidirá sobre el tema será el que incluya a los cuatro magistrados elegidos por este sistema.

(2) Es decir, quiera controlarlo más allá de lo que la Constitución y la ley (impulsada por el PP) permiten al partido mayoritario influir en su composición. Que es mucho.

 

 ¿Te ha gustado esta entrada? ¿Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la página de Patreon de Así Habló Cicerón. A cambio podrás leer las entradas antes de que se publiquen, recibirás PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun así sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma página a la derecha tienes un botón de PayPal para que dones lo que te apetezca. ¡Muchas gracias!