Abdicación e inviolabilidad

Los rumores sobre la abdicación del rey han sido persistentes desde hace unos cuantos años. Al fin este hecho se ha producido, y por todo Twitter, al margen de la oleada de chistes, se vienen haciendo dos preguntas: en primer lugar, ¿cómo funciona la sucesión? Y, en segundo, ¿qué pasa con la inviolabilidad real? Ya hablé del funcionamiento de la sucesión a la Corona aquí, usando como hilo conductor la posibilidad de que Froilán asesinara a varios miembros de su familia. Así que voy a hablar de lo otro, la inviolabilidad real. ¿Qué es? ¿Qué sucede con la abdicación?

La inviolabilidad está recogida en el artículo 56.3 CE: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Aquí inviolabilidad significa protección completa contra toda amenaza: en esta palabrita está el fundamento, no sólo de que el monarca sea judicialmente irresponsable, sino de su mayor protección penal frente a ataques de particulares. Otras entidades que son inviolables son los derechos fundamentales (artículo 10.1 CE), las Cortes Generales (artículo 66 CE) y los parlamentarios “por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones” (artículo 71.1 CE). Sin embargo, la única de estas inviolabilidades que resulta sangrante es la de del rey, por tratarse de un cargo no electo.

A nivel penal, la inviolabilidad real funciona como una causa de exclusión de la punibilidad. Se trata de casos donde el Estado, después de apreciar que un sujeto ha cometido un delito que podría castigar, decide no hacerlo por razones políticas o de conveniencia social. Así, el Estado renuncia a castigar, por ejemplo, los delitos de opinión que cometan los diputados (amenazas, calumnias, injurias, enaltecimiento del terrorismo, escarnio de los sentimientos religiosos…) o cualquier delito que cometa el rey. Hay otras causas de exclusión de la punibilidad que no tienen que ver con la posición institucional del sujeto: por ejemplo, el artículo 268 CPE establece que no son perseguibles los delitos patrimoniales no violentos (como hurtos o estafas) cometidos por parientes cercanos.

Y ahora la pregunta del millón: ¿qué pasa con la abdicación del rey? Esta pregunta puede desdoblarse en dos: ¿qué pasa con los actos anteriores a la abdicación? Y ¿qué pasa con los actos posteriores? Bueno, esta segunda pregunta es sencilla: después de la abdicación, Juan Carlos de Borbón ya no será rey y, por tanto, no será inviolable. Punto pelota.

Es en los actos anteriores donde está el meollo. Si se descubrieran pruebas ciertas de la participación del monarca en el 23-F o en las corruptelas de Urdangarín, ¿se le podría juzgar por esos actos? Por desgracia, creo que no. Y creo que no, por razones de irretroactividad. El artículo 2 CPE (que se basa directamente en el 9.3 CE), lo establece claramente: “No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración”.

En el momento en que Juan Carlos cometió, por ejemplo, un hipotético delito relacionado con el 23-F (sería un delito contra la Constitución), la ley decía que era inviolable. Lo mismo si colaboró en el saqueo de dinero público que protagonizó su yerno. A cualquier otra persona se le habría podido castigar: a él no, porque era inviolable.

“Ah”, podrá decirse, “pero eso no es así. Lo que decía la ley es que ciertos hechos son delito y que un rey en ese momento no podría responder por ellos, pero si deja de ser rey se le podrá castigar.” Eso es lo que nos gustaría a muchos, pero por desgracia no se sostiene demasiado. Si la ley decide que a cierta persona no se le puede castigar por un delito porque ostenta una determinada condición, ese delito resulta no punible aunque luego su autor salga del estado que le protege. No se le puede aplicar una norma menos favorable que la que se le podía aplicar en el momento de comisión.

Si no, pensemos en otro de los casos que he mencionado: si una persona le hurta dinero a su cónyuge (quedando exento por el artículo 268 CPE) y luego se divorcia, ¿se le podría castigar (1)? ¿Y si un diputado injuria a otro durante el ejercicio de su cargo y luego no es reelegido? No parece que se pueda punir aquí (2). O mirémoslo por el lado contrario, por las agravantes. Ser funcionario, por ejemplo, aumenta la pena de cualquier delito que uno cometa (artículo 22.7 CPE): si un policía perpetra un delito y luego sale del cuerpo, ¿se le podría aplicar la circunstancia de ser autoridad pública? ¿Y si un reincidente (estado también agravante) comete un delito pero cuando le atrapan ya ha cancelado los antecedentes penales que le daban esa condición? Creo que aquí nadie vería problema en aplicar esas agravantes, porque eran aplicables en el momento de la comisión. Pues con mayor motivo debe utilizarse esa lógica cuando beneficia al reo. 

En definitiva: si alguien realizó un hecho en un momento en que a él, personalmente, por las razones que sea, no le era aplicable la ley que lo castigaba, no se le podrá juzgar después cuando salga del estado que le eximía de responsabilidad. Los delitos deben castigarse según las normas que les eran aplicables a los sujetos en el momento de la perpetración, salvo que luego se promulguen otras más favorables.

Termino con una reflexión. Sentado lo anterior es muy fácil cargar contra el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. Pero este principio es básico en sociedades que se dicen democráticas: permite proteger a la gente de cambios legislativos que criminalizan lo que antes estaba permitido. El problema está en la existencia de una figura que no sólo es inviolable, sino también políticamente irresponsable y vitalicia salvo decisión propia. Pero es que éstas son precisamente las notas definitorias de un Estado monárquico. Como dice el catedrático Antonio Torres en estas declaraciones a 20Minutos, “la monarquía es lo que es”. Si el rey no es inviolable, irresponsable y vitalicio no es una monarquía.

Es el momento de preguntarse si queremos tener un Estado encabezado por una figura así. Es el momento de que los antimonárquicos de este país nos mostremos, de dejar caer la excusa del juancarlismo y de ver claramente de qué bando está cada una. Ya lo dijeron hace 84 años, y yo lo repito: Delenda est Monarchia.

       (1) Estoy dejando intencionadamente fuera los casos de “si un menor de 14 años comete un delito y luego cumple esta edad”, “si un drogodependiente comete un delito y luego se desengancha” y demás análogos porque aquí la exención de responsabilidad no viene de razones políticas o de contexto social sino de una obvia ausencia de culpabilidad. Pero lo cierto es que si la ley decide, por las razones que sea, que una persona no debe responder de un delito por hallarse en un estado concreto, no debería poder enjuiciarse luego a la persona cuando ha salido de ese estado.

       (2) Así lo dicen, para el caso de los parlamentarios, el artículo 10 del Reglamento del Congreso de los Diputados y el 21 del Reglamento del Senado.