#LeoAutorasOct - Mis lecturas de 2023

Mi #LeoAutorasOct de este año ha estado marcado por la HispaCón de Zaragoza: la mitad de los libros los adquirí allí y fueron a engrosar mi pila. Otro lo tenía pendiente desde el Celsius y otro más lo compré en el HUL durante el propio octubre. Además, hay un cómic, un relato y un libro que no compré en festivales pero que también han salido este año.

Eso explica que haya tanto 2023 en los títulos. Para esta lista uso el año de la edición que he leído (1) y, aunque algunas de estas son reediciones (definitivamente, Por no mencionar al perro no es un libro de 2023), la mayoría son novedades. Es interesante remarcarlo, porque #LeoAutorasOct es una iniciativa que nació en 2016 para, entre otras cosas, denunciar el maltrato editorial al que estaban sometidas las mujeres. Y aunque la situación dista mucho de ser perfecta, sobre todo en lo relativo a las reediciones, hemos mejorado mucho.

Sin más dilación, por tanto, aquí va la lista:

 

1. Mediojuego (Seanan McGuire, 2023)

Roger y Dodger son constructos. Los ha creado Reed, un alquimista, para encarnar la Doctrina Inmortal: ella es matemáticas, él es lenguaje y el plan es que crezcan separados hasta que puedan manifestar la Doctrina bajo el control de Reed. Pero de niños descubren cómo comunicarse mentalmente y eso lo cambiará todo.

 

Tengo la sensación de que no he estado a la altura de este libro. Es una historia que exige que te metas dentro y sigas a la autora por la pendiente resbaladiza de acontecimientos encadenados que va planteando, pero, debido a mis circunstancias vitales, lo he leído a saltos. Creo que la pequeña decepción que me he llevado al final se debe a que no iba con la suficiente inercia.

En todo caso, hasta llegar al final lo que tenemos es una novela absorbente, que narra el crecimiento y evolución de dos hermanos condenados a encontrarse y desencontrarse al tiempo que van comprendiendo el terrible poder que encarnan. Muy bien traducida (salvo por la repetida confusión entre "pábulo" y "pabilo", pero bueno) y con un lenguaje rico y plástico.

 

2. Con la boquita partía (Irene B. Trenas, 2023)

Garrique es un pueblo de lo más normal. Tiene, incluso, una curiosa leyenda local, la del Mellao, un habitante violento y racista a quien un día se llevaron sin que se supiera más de él. Ahora, un joven que lleva un podcast de misterios y crímenes ha aparecido en el pueblo preguntando por el Mellao, y eso va a forzar a los habitantes de Garrique a enfrentarse con algo que creían olvidado.

 

Curiosa novela de terror costumbrista con protagonista coral: aunque el eje de la historia pivota sobre Carmela y Dolo, una pareja de ancianas, muchos otros garriqueños son protagonistas de sus respectivos capítulos. Tiene imágenes muy potentes y emocionantes, y un muy buen empleo del lenguaje. Es de remarcar el uso del andaluz en los diálogos, lo que permite identificar de inmediato a los personajes que vienen de fuera o que deciden no emplearlo.

El final me ha parecido un poco anticlimático, pero he disfrutado mucho de todo lo demás.

 

3. Crímenes reales (Samantha Kolesnik, 2023)

Suzy es una adolescente que ha vivido toda su existencia bajo la violencia (física, psicológica y sexual) de su madre. Un día, ante una vejación más, la mata a golpes y huye junto con su hermano.

 

Durísima novela de terror sin elemento sobrenatural. Es una exploración sobre la maldad humana, sobre lo que le hace a las víctimas y sobre cómo estas se desocializan y se convierten a su vez en victimarias. Hay mucho gore y mucha violencia sexual sórdida, pero es funcional a lo que quiere contar.

 

4. Como alma que lleva el diablo (Mireia de No Honrubia, 2020)

Jess ha perdido su empleo de abogada y decide meterse en la compraventa de almas. Comprará almas baratas y se las venderá caras a pirados que las quieran. Al principio la cosa tira un poco floja, pero enseguida le contacta Sam, el becario del Diablo, que le ofrece convertirse en su único cliente. Por medio está Lía, una periodista sin escrúpulos que se encuentra con esta historia y no se detendrá ante nada para descubrirla.

 

Me encantaría poder decir que me ha gustado, pero me ha parecido un despropósito de principio a fin.

La historia tiene muchísimo potencial, pero me ha fallado todo. En primer lugar, los personajes: son todos tontísimos, incluso los que, como Jess o el propio Diablo, deberían ser muy listos. Una parte central de la historia es el juego de engaños entre estos dos, que uno espera que sean sutiles y complicados, pero que resultan ser auténticas bobadas. También está el hecho de que Jess es abogada como podría ser tornera fresadora: en ningún momento demuestra esos conocimientos jurídicos que, según la trama, no solo tiene sino que son vitales para su desarrollo como personaje.

En cuanto a la forma, la cosa no mejora. El libro necesita una corrección. Aparte, está trufado de notas al pie mal empleadas: se usan para hacer aclaraciones innecesarias, para meter acotaciones que deberían ir en el texto principal e incluso para introducir valoraciones morales. Y por último, aunque la situación da pie a mucho humor (quiere ser un libro que no te saca carcajadas pero sí te tiene todo el rato con una sonrisa), todo va demasiado rápido y las situaciones son demasiado inverosímiles como para que cuaje la comedia.

 

5. Intermnemosis (Celia Corral-Vázquez, 2023)

Las siderales son la única especie inteligente que hemos encontrado, y ahora han desaparecido. Un grupo ecologista ha secuestrado a la última sideral que queda y está dispuesta a practicar con ella un arriesgado procedimiento quirúrgico: la intermnemosis, por la cual sus recuerdos se implantarán en una huésped humana. Confían en averiguar qué ha pasado con esta especie, para así poder encontrar un camino para una humanidad que ha destrozado su propio planeta.

 

Una novela excelente, con un ritmo que engancha y con unas relaciones entre personajes muy sólidas. No me extraña que se llevara el V Premio Ripley, la verdad.

 

6. Por no mencionar al perro (Connie Willis, 2023)

Ned Henry es historiador en una época en la que los historiadores viajan en el tiempo. El problema es que una millonaria estadounidense está poniendo mucho dinero para reconstruir la catedral de Coventry (que fue arrasada durante el Blitz) y para eso quiere recuperar un horroroso objeto de arte victoriano: el tocón del pájaro del obispo. 

Pero el tocón no aparece y Ned sufre un caso avanzado de vértigo transtemporal. Así que su jefe decide mandarle a que se recupere a la Inglaterra victoriana: hará allí una misión simple y directa y luego se pasará dos semanas de relax. Por desgracia, el propio vértigo hace que se olvide de su misión.

 

Relectura. Temía que esta vez me gustara menos (tenía a este libro un poco mitificado), pero no ha sido así. Qué maravilla. Una comedia de viajes en el tiempo que también es un whodunnit sostenida con pulso firme durante 700 páginas. Limpiaplumas, mayordomos, bombardeos, Agatha Christie, arte victoriano, rastrillos, amor verdadero, discusiones académicas, La piedra lunar, gatos... Lo tiene todo, de verdad. Y, por supuesto, tan bien llevado que da un poco de rabia saber que no voy a ser nunca capaz de escribir algo así.

 

7. Diccionario de fantasía (Laurielle y Sergio Sánchez Morán, 2023)

El Diccionario de Fantasía es un webcómic que recopila todas las cosas fantásticas, desde mitos a géneros literarios. Ahora se ha publicado una edición en papel.

Un muy divertido recopilatorio (aunque con bastante material nuevo) del Diccionario de Fantasía. Todos queremos a José Esmaug.

 

8. Acércate (Sara Gran, 2023)

Amanda vive una vida de película: buen trabajo, buen marido, buena casa… Pero un día empieza a experimentar fenómenos extraños que, por lo que parece, salen de ella misma.

 

Desasosegante historia sobre una mujer que se va deslizando por una pendiente: pasa de sueños raros y oír ruidos a cometer delitos y hacer daño a las personas. Su vida de clase media profesional con una carrera exitosa se ve muy pronto afectada. Y ella, que no sabe lo que le ocurre, va cada vez dando un paso más, un pasito más...

La sensación de perder el control de la propia vida es vívida y perturbadora. Y me identifico mucho con todos los intentos que hace de negar el problema o de buscarle soluciones que obviamente no funcionarán: es una fase, tengo que ir al médico, necesito terapia...

 

9. Tres plumas negras (Rocío Brea Contreras, 2021)

El comandante de la Guardia de la ciudad de Dohen persigue sin éxito a un misterioso encapuchado que se dedica a exponer y humillar a los nobles de la ciudad. Un joven pelirrojo se despierta sin recuerdos en medio del bosque. Un chaval bromista y tocanarices se ha atrevido a ofender al jefe criminal de la ciudad, que ahora va a por él. Las vidas de estos tres personajes se cruzarán cuando el encapuchado empiece a matar gente.

 

Este libro nos presenta una investigación policíaca bastante conseguida. El misterio tiene sentido, se resuelve de forma racional, se dan pistas donde tienen que darse, las deducciones son correctas, etc. Abusa un poco de las coincidencias, pero eso es común en el género. De hecho, las partes de la investigación policial son de lejos las que más me gustaron. Tiene también un mundo con algunas notas interesantes, en especial lo relativo a la magia.

Mi pega son los personajes. Son muchos en poco espacio, y están poco definidos. Les falta identidad. Los buenos son demasiado buenos y, al final, el único conflicto real que hay es el asunto del encapuchado, porque todos los protagonistas se dan entre sí unas muestras de confianza y de perdón que, la verdad, no tienen demasiado sentido, ya que son desconocidos entre sí. Y eso tiene el efecto secundario de que acaba por no importarte lo que les pase.

Además, hay un tema menor, que sé que es una manía mía pero que me sacaba de la lectura constantemente: no entiendo por qué es todo tan inglés si la autora no lo es. Que si Jim, que si Duncan, que si Lord Nosequé, que si una taberna tiene incluso el nombre sin traducir... Supongo que hay a quien le suena más a fantasía, pero a mí me resultó impostado.

 

10. Contrapaso: Los hijos de los otros (Teresa Valero, 2021)

Madrid, 1956. En la gris y plomiza capital de la dictadura, el falangista desencantado Emilio Sanz trabaja como periodista de sucesos. Es un hombre viejo y atrabiliario, que se obsesiona con sus casos. Un día el director contrata a otro periodista: Léon Lenoir, hijo de un rojo muerto en la guerra. Justo en ese momento una mujer es encontrada muerta en el Manzanares. Ya en los primeros compases de la investigación queda claro que la historia es impublicable porque trata de cosas que no ocurren en la España de Franco, pero aun así Sanz y Lenoir deciden tirar del hilo.

 

Una brutal historia policíaca ambientada en el Madrid de los años '50, entre luchas estudiantiles, desfiles de Falange, chabolas de Vallecas y mansiones propiedad de quienes ganaron la guerra. La investigación está llevada con pulso y ritmo, los personajes son carismáticos y bien definidos... Menuda delicia.

El dibujo merece su propio comentario. Es soberbio. Destaca en especial la recreación minuciosa del Madrid de la época, en viñetas llenas de detalles. Se nota que hay una investigación ardua detrás, en asuntos como el vestido, los planos de los edificios, los nombres de las estaciones de Metro, las marcas que se anuncian...

Un gustazo de lectura.

 

11. Semana de permiso (Darkor_LF, 2023)

Un fallo en los motores de la Islandia obliga a la nave a quedarse varada en una estación espacial, para desgracia de Ping (a quien le cae encima la poco gratificante tarea de ayudar a la capitana con el papeleo) y para esperanza de Yuan (que decide aprovechar este tiempo para declararse a una tripulante).

 

Nueva y divertida historia de la Islandia. Tiene humor, cabras (mencionadas) y un poquito de trasfondo político.

 

12. Monje y robot (Becky Chambers, 2023)

El mundo casi fue destruido, pero logró recuperarse. Ahora la mitad del planeta es un jardín formado por pequeñas comunidades bien cuidadas y la otra mitad es puro bosque salvaje donde no hay humanos. Hace generaciones que los robots decidieron irse a la parte salvaje y no se ha vuelto a saber de ellos. Ahora, Dex, une monje del té a quien no le satisface su vida, ha decidido adentrarse en la parte salvaje. Allí conoce a Onfalina, un robot que tiene una misión: averiguar qué desean los humanos.

 

Estamos ante un libro lento y tranquilito, de dos colegas que viajan en un carro y charlan. El mundo que crea Chambers es impresionante, un lugar de comunidades pequeñas, ausencia de dinero, casas biodegradables, té y necesidades satisfechas. También es bonita la relación entre Dex y Onfalina.

Sin embargo, todo el libro tiene algo que no me acaba de encajar. No es solo que me falte un poco de acción, que también. Es que la parte filosófica, todo ese diálogo sobre el propósito y la identidad que se supone que es un poco el punto fuerte del libro, me ha resbalado mucho. Otra reseña dice que le recuerda a un libro de autoayuda, y es exactamente eso. A ratos me parecía a estar leyendo a una señora yanqui que nunca ha salido de su suburbio (salvo, quizás, para ir a la India a constatar qué felices son allí con tan poco) y que dice unas cosas súper genéricas sobre la necesidad de autoaceptación y lo importante que es soltar.

 

 

 

Y este ha sido mi #LeoAutorasOct de 2023. Espero que encontréis recomendaciones interesantes de lecturas que hacer.

 

 

 

 

(1) En los primeros años usaba la fecha de la edición original, pero en un momento dado cambié de criterio sin darme cuenta y ahora me da pereza modificar artículos antiguos para unificarlo.

 

Democratizar el arte

Hace un año publiqué un artículo sobre la famosa exhortación a separar obra de autor. En estos doce meses ha aparecido una frase que aborrezco todavía más: democratizar el arte. Es un invento de los tecnobros para que traguemos mejor con los productos hechos por inteligencia artificial generativa. No serían dibujos o textos de mala calidad hechos por una máquina que se ha alimentado sin consentimiento de sus autores de arte subido a Internet: serían la revolución, que permite acercar la producción de arte a todo el mundo. 

Por si alguien no sabe de qué estoy hablando, las inteligencias artificiales generativas parecen ser la siguiente cancamusa tras las criptomonedas y los NFT. Se trata de programas que pueden ser alimentados con cualquier tipo de datos (texto o imágenes es lo más frecuente), de los cuales aprenden patrones. Interiorizan cómo se relacionan entre sí los tipos de datos que consumen (qué palabras suelen ir juntas, qué pixeles suelen ir cerca de otros...) y, gracias a ese aprendizaje, son capaces de crear datos nuevos: imágenes que antes no existían, texto que responde a una pregunta de forma coherente, etc.

Las inteligencias artificiales generativas tienen, por supuesto, usos lícitos. La creación de textos que tienen un muy bajo valor añadido, como abstracts de artículos científicos o traducciones de nombres de productos en tiendas online puede ser uno de ellos. No tiene sentido poner a seres humanos a hacer esas tareas si existen máquinas que los pueden sustituir. Igualmente, un artista podría utilizarlas para sacar ideas, para buscar palabras que no le salen o para cualquier otra tarea auxiliar.

Pero la forma en que nos las venden no es esa. Como ya comentamos en el artículo que dedicamos a las IA hace unos meses, lo que está haciendo famosos a estos programas es que hay mucha gente creando imágenes por ordenador y flipándose mucho con los resultados. Incluso han empezado a aparecer carteles de eventos o anuncios publicitarios que emplean productos de IA. Y eso no sirve más que para precarizar todos los elementos de la cadena: tanto el autor de las imágenes que han alimentado el programita (que no ha podido denegar el consentimiento para esa transformación de su obra ni exigir remuneración por ella) como el artista que habría sido contratado para hacer los dibujos que ahora se generan por IA, pasando, por supuesto, por los miles de trabajadores mal pagados que entrenan el sistema.

Y resulta que cuando criticamos este obvio retroceso se nos responde con acusaciones de elitismo. Los tecnobros, esos defensores de compañías multimillonarias, se envuelven en una especie de bandera libertaria de pega y nos acusan de querer cerrar el acceso a la creación artística solo a unos pocos privilegiados, probablemente de familias nobles europeas. Ellos vendrían a democratizar el arte, a abrirlo, a permitir que cualquiera sin formación ni educación pudiera crearlo. Qué buenos son, casi como hermanitas de la caridad. 

¿Qué es el arte? Una vez eliminada la respuesta banal (helarte es pasar mucho frío), nos queda un concepto difícil de aprehender y de definir. Hay una rama filosófica entera que trata de ese asunto y, por supuesto, sus miembros no se ponen de acuerdo en la definición. Bajando a conceptos más de andar por casa, podemos decir que el arte es una actividad humana realizada con finalidades estéticas y comunicativas, para expresar emociones o ideas por medio de técnicas creativas. Además, también llamamos arte al producto de esta actividad.

El arte en el capitalismo está sometido a una paradoja curiosa. Por un lado, la actividad artística apunta a una idea de libertad, de que el creador expresa justo lo que quiere expresar con las técnicas que tiene a su disposición. Por otro lado, los productos artísticos son bienes comerciales, que se compran y se venden, y que se pueden encargar. Encargar un producto artístico parecería algo que entraría en conflicto con la actividad artística (el autor ya no expresa lo que quiere expresar, sino lo que su cliente quiere que exprese), pero al final el problema se resuelve yendo a lo práctico: el autor crea lo que le apetece y eso le permite definir un estilo y una manera de trabajar que son determinantes para que otras personas le hagan encargos. Vamos a quedarnos con esta idea, que será importante luego.

El arte, la actividad artística, ya es democrático. Es, de hecho, lo más democrático del mundo. A cualquiera se le pasa por la cabeza cualquier cosa, la dibuja o escribe y pum, ya ha hecho arte. Quizás arte repetitivo, poco trabajado y de baja calidad, pero arte al fin y al cabo. A esto podría oponerse que el arte no es solo la pura inspiración arrebatada, sino que necesita dinero en materiales y en formación para desarrollarse, y que las IA (que, de momento, son gratuitas) permiten saltar esa barrera. Pero, a mi juicio, eso no es así.

En cuanto a los materiales, en varias disciplinas artísticas son muy baratos. ¿Cuánto cuestan un paquete de folios y un lápiz? ¿Qué impide comenzar a escribir o a componer en un dispositivo electrónico que ya tuvieras de antes? ¿Es que no puedes bailar con ropa genérica de deporte? Claro, si quieres hacer escultura o tocar la viola sí se requiere más inversión, pero para acceder a muchas artes lo único que tienes que hacer es pintar en un papel o escribir en el móvil. En cuanto a la formación, vivimos en la era de Internet. Tenemos a nuestra disposición toda clase de cursos, tutoriales, clases y demás, gratuitas o a precio muy bajo.

Es cierto que, a menudo que se avanza, y si uno quiere profesionalizarse, se empiezan a necesitar más conocimientos y/o materiales mejores. ¿Veis qué palabra he empleado? Profesionalizarse. Es decir, pasar de la pura expresión de emociones a la práctica que te da de comer. Intentar vivir de ello. Y aquí, como es lógico, sí que hay barreras de entrada. Un abogado debe saber de derecho y tener acceso a códigos legales y bases de datos de jurisprudencia. Un médico debe saber de medicina y tener el instrumental correcto. Y un artista debe conocer las técnicas y tener los medios para crear lo que nos ofrece.

Es esto, precisamente esto, lo que quieren decir los tecnobros cuando hablan de «democratizar el arte». No te pone a ti más fácil expresarte artísticamente (eso, como hemos visto, era muy sencillo), sino que permite a las empresas prescindir de los profesionales a la hora de crear su imagen gráfica, su publicidad, su música comercial o cualquier otro elemento mínimamente creativo o artístico de su actividad. No va de arte, sino de abaratamiento de costes empresariales.

La lógica es perversa. El arte ya es democrático, pero la profesión artística sí tiene unas barreras de entrada que justifican que quienes la ejercen cobren por ello. Nos inventamos un programita que saca productos pseudo-artísticos (1) y afirmamos que podemos prescindir de los artistas profesionales. Cuando estos se quejan, los llamamos elitistas y decimos que queremos democratizar el arte. Jugada redonda.

La prueba de que esto va de abaratamiento de costes es que, fíjate qué casualidad, las IA «artísticas» crean dibujos siempre muy parecidos. El hiperrealismo ese feo, o incluso imitaciones de Pixar o Ghibli. Se demuestra así que sus fabricantes lo que quieren es emular estilos, no crear arte. El estilo es el sello de un artista o de un estudio, lo que te permite ver el dibujo y decir «esto lo ha pintado X». Y como el estilo es uno de los elementos que permiten al artista cobrar por su arte (yo no compro un cuadro; yo compro un cuadro de Fulanita Méndez), es precisamente lo que tratan de imitar los tecnobros. Es la pescadilla que se muerde la cola, porque cuanto más éxito tenga un artista, más imágenes habrá suyas y más probable será que alguien las utilice para entrenar una IA que le imite.

No quiero terminar sin dedicar unas palabras a una justificación que cada vez veo más. Las IA funcionan por medio de prompts, es decir, las sugerencias (frases, esquemas, dibujos) que le metes a la máquina para que te dé lo que le pides. «Hazme un dibujo de un señor con sombrero» es un prompt válido, pero también lo es «Hazme un dibujo de un hombre de mediana edad, de pie, con bigote y cara de enfado, que lleva un sombrero hongo de color marrón, todo ello en el estilo de Ibáñez».

Pues los tecnobros lo que dicen es que construir buenos prompts lleva tiempo y esfuerzo, lo que lo equipararía a una actividad artística de verdad. Esto es estúpido por varias razones. Primero, porque es una actividad improductiva: estás intentando describir un dibujo de la manera más precisa posible para que una máquina te dé lo que tienes en la cabeza, cuando sería mil veces más fácil hablar con un artista e informarle de lo que quieres por medio de un diálogo. Claro, para eso hay que pagar.

Segundo, porque el arte no va de que te cueste mucho hacerlo, sino de expresar lo que sientes. Que te haya costado más o menos escribir el prompt no convierte en más o menos artístico al resultado, igual que no es más artístico el cuadro de tres metros cuadrados de un artista consagrado que el dibujo en el margen que hizo cuando empezaba.

Y tercero, porque por mucho que te cueste hacer un prompt, tu contribución al producto final sigue siendo la misma. Es curioso que si yo le pido a un artista que me dibuje un señor con sombrero todos entendamos que el autor del dibujo es el artista (él es quien lo ha hecho, quien tiene la propiedad intelectual), mientras que si le hago exactamente la misma petición a una máquina, de repente haya un debate. En el primer caso, el proceso artístico lo ha dirigido una persona; en el segundo, no lo ha habido, sino que se ha sustituido por métodos estadísticos. Pero en ambos, quien quería el señor con sombrero se ha limitado a hacer una petición. Por muy detallado que sea el prompt.

Como ya he mencionado, una IA puede tener muchos usos útiles, pero el que esperan que le demos es sustituir a los profesionales bajo la bandera de una presunta democratización, todo ello mientras nos felicitamos unos a otros por lo preciso que nos quedó el prompt. Eso, para mí, es lo contrario del progreso. Porque el progreso no es tener maquinitas chulas, sino estar cada vez más liberados de las tareas repetitivas y agotadoras que constituyen la base de nuestra existencia y poder dedicar el tiempo a expresarnos, soñar y ser felices. O sea, a hacer arte.

 

 

 

 

 

 

(1) Me niego a llamar arte a un producto que no ha tenido una dirección artística humana.

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Autoadoctrinamiento

«La policía lanza una operación antiyihadista con cuatro detenidos en distintos puntos de España. Están acusados de autoadroctrinamiento y difusión de material yihadista», tuiteaba el otro día El País. La noticia hablaba de un grupo de cuatro personas que estaban radicalizándose para cometer atentados. La idea de autoadoctrinamiento hizo cierta gracia en Twitter, así que he decidido hablar un poco de este delito. Porque sí, el autoadoctrinamiento es delito. 

Históricamente, nuestro Código Penal enfocaba los delitos de terrorismo desde la actividad delictiva de los miembros de una banda. Dedicaba a ello los artículos 571 a 580, y la formulación siempre era similar: castigaba a quienes cometieran ciertos delitos (estragos, incendios, homicidios, lesiones, delitos contra el patrimonio…) por cuenta de una banda terrorista, definida como aquella organización que tuviera por finalidad «subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública». Es decir, eran los mismos delitos ordinarios, pero tenían más pena porque se cometían para un grupo terrorista (1).

¿Cómo trataba este sistema a los lobos solitarios, es decir, a quienes realizan actividad terrorista por su cuenta, sin pertenecer a una banda? Pues no era difícil. Si el Código entiende el terrorismo como una acción cometida por cuenta de una banda que tiene finalidades terroristas, basta con eliminar el término intermedio. Se definía a estos lobos solitarios en relación a su objetivo: eran quienes cometían ciertos delitos (homicidios, lesiones, secuestros…) con finalidad terrorista pero por su cuenta.

En 2010 hubo una macrorreforma penal. Entre otras cosas, se modificó de arriba abajo todo lo relativo a la criminalidad organizada y, al hilo de esto (y en cumplimiento también de obligaciones europeas), se reformaron los delitos de terrorismo. Básicamente, se definió mucho mejor lo que era una banda terrorista. Se crearon las figuras de organización y grupo terrorista (2) y se sancionaron tanto la dirección de las mismas (prisión de 8 a 14 años) como la mera membresía (prisión de 6 a 12 años). Antes estas conductas se llevaban por otro lado y eran más complicadas de sancionar: ahora forman parte del propio concepto de terrorismo.

El resto de delitos (los concretos atentados, homicidios, etc. cometidos por la banda) quedaban sin muchos cambios. Además, se tipificaban nuevas conductas, como la financiación del terrorismo y la captación, adiestramiento o formación de nuevos miembros para la banda. En cuanto a los terroristas individuales, su concepto apenas varió, pero se amplió el catálogo de delitos que podían cometer.

En el año 2015 vino otra macrorreforma penal que, cómo no, afectó al tema del terrorismo. Es un contexto en el que ETA ya no existe y sí hay un importante riesgo de terrorismo yihadista. Son diferentes en su forma de actuar. Como explica la propia Exposición de Motivos de la reforma, el terrorismo tipo ETA estaba caracterizado por grupos terroristas con líderes, estructura orgánica, reparto de roles y jerarquía. La legislación hacía lo que hemos visto en párrafos anteriores: definir (mejor o peor) lo que era una organización o grupo terrorista y tipificar las conductas de sus miembros.

El terrorismo yihadista no funciona así. Es un terrorismo internacional que utiliza Internet para captar, adiestrar y adoctrinar a personas que pueden estar en el otro lado del mundo, con el fin de que sean estas personas (incluso individualmente) quienes tomen la decisión de atentar y cometan efectivamente el atentado. Las personas al final de la cadena, las que matan, pueden perfectamente no conocer a quienes les han dado la idea y no ser parte de ninguna organización formal. En los casos más graves incluso llegan a desplazarse a las sedes de estas organizaciones terroristas internacionales (Siria, Irak, etc.) para recibir allí entrenamiento, lo que los convierte en un peligro al volver a casa.

El nuevo enfoque para afrontar esto parte de la idea del delito de terrorismo. Se consideran terroristas un amplio catálogo de delitos (contra la vida, la libertad, el patrimonio, de riesgo catastrófico, contra la Corona, delitos informáticos…) siempre que tengan objetivos políticos: subvertir el orden constitucional, suprimir las instituciones públicas, obligar a los poderes públicos a realizar un acto, alterar la paz pública, provocar el terror en la población, etc. Cualquiera que cometa uno de estos delitos es un terrorista, actúe solo o por cuenta de una banda. Los conceptos de organización y grupo se mantienen, pero la acción terrorista queda totalmente desvinculada de ellos.

Y llegamos ya, por fin, al tema del autoadoctrinamiento. Claro, cuando concebimos el terrorismo como algo que hacen bandas, castigar la captación y adiestramiento de miembros es sencillo: ya vimos que se había incluido específicamente en la reforma de 2010. Pero en un contexto tan líquido como el del yihadismo, hacen falta nuevas estrategias.

Así, el artículo 575 del Código Penal, en su redacción vigente (porque tuvo una pequeña reforma en 2019), castiga con prisión de 2 a 5 años a las personas que, con la finalidad de capacitarse para cometer un delito de terrorismo, realicen las siguientes conductas:

• Recibir adoctrinamiento o adiestramiento (militar, de combate, en técnicas de desarrollo de armas o explosivos, etc.).
• Autoadoctrinarse o autoadiestrarse. Se entiende que comete este delito quien accede habitualmente a sitios de Internet dirigidos a incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con ellos. También lo comete quien adquiere o posee documentos análogos a dichos sitios web.
• Trasladarse a territorio extranjero. Esta conducta no solo se castiga si se comete con el fin de capacitarse, sino también si se comete para colaborar con una organización o grupo terrorista o para cometer un delito de terrorismo.

 

Con estos delitos lo que se hace es adelantar la punición a mucho antes de que se cometa el atentado. El delito de autoadoctrinamiento no es estar en tu casa pensando muy fuerte en lo guay que sería demoler a bombas la sociedad capitalista, sino en entrar voluntariamente en el pozo, en dar pasos en la espiral que te llevará a atentar.

Claro, es bastante obvio que aquí la ley equipara dos cosas que no son lo mismo: el adoctrinamiento y el adiestramiento. Y es muy peligroso, porque una cosa es cambiar de creencias y la otra aprender a poner bombas. Las creencias son legítimas, incluso si apoyan la destrucción violenta del orden existente; las bombas, igual un poco menos. Pretender que porque alguien esté adoctrinado va a acabar poniendo bombas (es decir, entender que existe la espiral que mencionábamos antes) es más bien falaz.

Además, hay otra duda: ¿cómo sabes si alguien está adoctrinado? Saber si está adiestrado parece más fácil. Si una persona accede reiteradamente a contenidos que le explican cómo crear y usar armas, si encuentras prototipos en su casa, si sabes que se ha ido a un descampado a hacer pruebas, es obvio que está adiestrado. Pero el adoctrinamiento sucede dentro de las cabezas de las personas. A veces se revela en dichos y actos, pero no siempre; y, lo más importante, la ley no exige que se haga para meter a alguien en la cárcel. ¿Solo por entrar muchas veces en páginas web yihadistas se puede certificar que alguien ha cambiado sus puntos de vista?

El problema es que, en la práctica, adoctrinamiento y adiestramiento van unidos en las mismas webs y documentos. Y en un mundo donde los atentados pueden ser un hombre apuñalando en una multitud o un atropello masivo, castigar solo el adiestramiento deja un poco coja la norma. Pero, aun así, no acabo de sentirme cómodo con una ley que castiga la conducta de quien, en su casa, lee documentos producidos por grupos yihadistas.

Espero que se haya entendido qué es el autoadoctrinamiento y en qué contexto se desarrolla. Cuando haya otras detenciones por la misma razón, al menos la palabreja no pillará de nuevas.

 

 

 

(1) Además, se castigaban de forma autónoma otras conductas de colaboración con la banda que normalmente no serían delictivas o se entenderían como participación en un delito ajeno: vigilar objetivos, construir o ceder alojamientos, ocultar a personas, montar entrenamientos, etc.

(2) Una organización es estable y genera un reparto de tareas. Un grupo es una unión de personas a la que le faltan las características de la organización: o bien no es estable o bien no reparte tareas.

 

 

 

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La amnistía del procés

La amnistía ha pasado de ser una reclamación de los independentistas a una idea probable. Llevamos unos cuantos meses hablando de ella, y parece ser que la cosa va a tirar hacia delante. Así que se plantea una pregunta obvia, que todos nos hacemos: ¿algo así es constitucional? ¿Es conforme a la Constitución amnistiar a los enjuiciados por el procés catalán? 

Y la respuesta es: no lo sé. No tengo ni la más reverenda idea. He leído argumentos a favor y en contra y no sé cuáles me convencen más. Además, da igual lo que me convenza más a mí. Adoptando un punto de vista pragmático, constitucional es todo lo que el Tribunal Constitucional considera como tal, por mucho que los juristas rasos podamos disentir de su criterio. Y, hasta donde yo sé, el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre esta cuestión, ya que no ha habido amnistías bajo la vigencia de la Constitución, así que tenemos poco para guiarnos.

Voy a intentar explicar un poco la cuestión, a ver si al menos aclaro conceptos.

 

Indulto y amnistía

Lo primero: ¿qué es una amnistía y en qué se diferencia de un indulto, que es una palabra que sí nos suena más? Ambas son instituciones de lo que se llama derecho de gracia. El derecho de gracia es una válvula de escape del sistema jurídico-penal. Se enjuicia a una persona y, con las pruebas en la mano, se la halla culpable, por lo que se le impone una pena, pero existen razones para pensar que esa pena no es justa o no debe ejecutarse. Así que el poder político, normalmente el ejecutivo, recibe el derecho de levantarla en ciertos casos.

El indulto es la forma ordinaria de ejercer el derecho de gracia. Es individual: a una persona concreta, por las razones que sea (de equidad, de justicia, de humanitarismo), se le perdonan uno o más de los delitos que cometió. Aunque levanta la pena y extingue la responsabilidad criminal, no borra el resto de consecuencias del delito: el condenado sigue teniendo que pagar la responsabilidad civil (la indemnización a las víctimas) y mantiene sus antecedentes penales. Su regulación varía mucho entre países, pero normalmente es una facultad del poder ejecutivo.

La amnistía es la forma extraordinaria de ejercer el derecho de gracia. Para empezar, suele ser colectiva: se regulan categorías enteras de personas cuyos delitos quedan perdonados. La causa no es humanitaria ni de justicia, sino más bien política: tras una guerra civil o un cambio importante de régimen, quienes ejercen el poder pueden querer mostrar clemencia hacia el otro bando o perdonar a sus propios partidarios que fueron condenados. Además, en muchas ocasiones no solo levanta las penas, sino que supone un completo olvido de los hechos delictivos: puede, por ejemplo, cancelar los antecedentes penales. Una decisión tan importante suele requerir de una ley, por lo que no es una facultad del poder ejecutivo, sino del legislativo.

 

¿Qué dice la Constitución?

La Constitución dice muy poco sobre esta materia. Solo dice que es competencia del rey ejercer el derecho de gracia «con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Aparte de eso, hay otros dos artículos: la ley que regula el derecho de gracia no puede aprobarse por iniciativa legislativa popular (artículo 87.3) y no cabe ejercer la prerrogativa de gracia si los condenados son miembros del Gobierno (artículo 102.3).

La Carta Magna no utiliza en ningún momento las palabras indulto o amnistía, sino que, como hemos visto, prefiere hablar de derecho o prerrogativa de gracia. Sin embargo, queda bastante claro que se refiere al indulto: habla de un procedimiento establecido y regulado por la ley, mientras que la amnistía es algo notoriamente excepcional, que la propia ley aprueba.

 

¿Hay algún término de comparación?

Para saber si la amnistía es constitucional, quizás podría verse qué se ha hecho en otras amnistías similares. El problema es que, como ya he dicho, no las ha habido.

Hay dos que se nos vienen a la mente. La primera es la Ley de Amnistía que se aprobó durante la Transición. Esta ley amnistiaba todos los delitos políticos cometidos hasta diciembre de 1976, y algunos cometidos después. Se refería a delitos concretos, y se extendía a quebrantamientos de condena, a infracciones administrativas e incluso a infracciones laborales. Aunque no perdonaba la responsabilidad civil, sí cancelaba los antecedentes penales, reintegraba en sus puestos a funcionarios y militares que hubieran sido sancionados (con efectos en antigüedad y pensiones) y hasta anulaba despidos y sanciones laborales. Eran los jueces quienes debían aplicar la ley, incluso de oficio. El plazo era de 3 meses, si bien las liberaciones de prisión debían ser inmediatas.

Esta amnistía no se puede aplicar como término de comparación en el caso actual porque es previa a la Constitución: la ley es de 1977. Puede servir de ejemplo o guía, pero no estaba sometida a los principios y normas constitucionales y nunca fue evaluada por el Tribunal Constitucional (1). Así que no nos sirve de mucho, me temo.

El segundo ejemplo que se nos viene a la mente es la mal llamada amnistía fiscal de 2012, aprobada por el ministro Montoro. Por desgracia, digo «mal llamada» porque esto no era una amnistía. Una amnistía, como hemos dicho, es un perdón colectivo de ciertos delitos por razones políticas. Lo que entonces se hizo fue otra cosa. Con el objetivo de hacer aflorar la economía sumergida y sacar dinero en una España en crisis, se les dio a los defraudadores una vía simple para legalizar su situación: si declaraban el patrimonio que tenían oculto, podían tributarlo solo al 10%, en vez de al tipo mucho más alto que les habría correspondido normalmente. A cambio, se les consideraba en regla con Hacienda, por lo que no se les imponían sanciones administrativas ni recargos (2). El plan era, primero, obtener una inyección rápida de dinero y, segundo, hacer aflorar bienes que en años siguientes ya tributarían al tipo normal.

Aunque popularmente se la llamó amnistía, vemos que esto no era en absoluto una amnistía: no se perdonaban delitos, sino que se abría una vía especial para que grandes defraudadores fiscales regularizaran su situación. Así que no, esto tampoco puede usarse como término de comparación.

 

Entonces, ¿qué pasa con la amnistía del procés?

Pues pasa que no se sabe. Para empezar, hay que tener en cuenta que este debate tiene dos niveles. El primero, si la amnistía es constitucionalmente admisible en general, en abstracto: ¿cabe la amnistía en la Constitución? El segundo, en el caso de que se responda que sí a lo anterior, si esta amnistía, a estos reos concretos, es admisible. No son la misma pregunta. Hay autores que responden que sí a lo primero y que no a lo segundo.

Desde una perspectiva ingenua, podría sostenerse que no hay problema: lo que el legislador hace, el legislador puede deshacerlo. Si una ley (el Código Penal) declara que tales y cuales acciones son delito, con las mismas puede venir otra ley a declarar que esas mismas acciones, en ciertos plazos y para ciertas categorías de personas, no lo son. Entraría dentro de la amplísima facultad que debe tener el legislador democrático para regular y sancionar conductas.

El problema es que esa facultad es amplísima pero no ilimitada. La Constitución reconoce, por supuesto, la legitimación democrática del legislador, pero también reconoce el principio de igualdad como uno de los cuatro que deben regir nuestro ordenamiento jurídico (en el artículo 1.1, nada menos). Y es bastante obvio que una amnistía afecta al principio de igualdad: unos reos siguen condenados y otros, por razones políticas, ya no. Necesitaría una justificación exquisita. Los mismos argumentos se aplican al principio de seguridad jurídica, también reconocido por la Constitución y que también se ve afectado ante una medida tan masiva.

Un segundo escollo es la prohibición de indultos generales. Hay quien dice que si la Constitución prohíbe los indultos generales (es decir, los que se aplican a grupos de personas), con más razón prohíbe la amnistía (una medida que es colectiva por su propia naturaleza y que tiene efectos más incisivos que un indulto). De contrario se contesta que el indulto y la amnistía son instituciones distintas y que si la Constitución hubiera querido prohibir la segunda lo habría hecho expresamente: lo que se prohíbe es usar para grupos una institución que requiere motivación individual (3).

Por último, está la propia estructura del artículo 62.i CE, el que le concede al rey la competencia sobre el derecho de gracia. Está pensando claramente en indultos, pero el hecho es que usa la expresión derecho de gracia, y dice que el rey lo ejerce de acuerdo con la ley. Esta norma se compadece mal con una amnistía aprobada por ley: ahí es el legislador quien ejerce el derecho de gracia, no el rey. Cuando el penalista Jacobo Dopico planteó esta duda en Twitter, le respondieron con alguna propuesta interesante: la ley regula el ejercicio de la amnistía en este caso, pero esta se articula formalmente por medio de un Real Decreto que firma el rey, como en el caso de los indultos.

A mi entender, ninguno de estos escollos es insalvable, si bien los he expresado con brocha muy gorda. Pero, como decíamos, que la amnistía sea constitucional en abstracto no quiere decir que esta amnistía concreta vaya a ser constitucional. Así que de lo que tengo ganas es de tener por fin un texto de ley de amnistía, para al menos poder debatir sobre algo concreto.

 

 

 

(1) Hay algunas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre cuestiones concretas de la amnistía (como esta de 1986, en relación a una norma que le añadió un nuevo artículo a la Ley de 1977), pero tienen muy poca aplicación a la cuestión que nos ocupa.

(2) En caso de que la defraudación fuera de tal nivel que constituyera delito, entraba en vigor una regla que está en nuestro Código Penal desde hace décadas: no se te sanciona por delito fiscal si te pones en regla con Hacienda antes de que te pillen.

(3) Como curiosidad, decir que la sentencia del Tribunal Constitucional mencionada en la nota (1) dice expresamente que «es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa», si bien lo dice de pasada y no es el argumento central.

 

 

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La derecha y la monarquía

Ha vuelto a pasar. El rey ha cumplido de nuevo una obligación constitucional en términos que no gustan a la derecha, y esta ha salido en plan ultramontano. Por mucho que me guste el mote de Felpudo VI (la derecha igual no sabe hacer memes, pero apodos insultantes los pone como nadie), y por mucha gracia que me haga el arte facha consistente en borrar del escudo los símbolos monárquicos, la verdad es que es un paso más en el desapego institucional que esta gente ya no se molesta ni en ocultar. 

Ya hemos tenido algún episodio de esto, cuando el rey firmó los indultos a los presos del procés. Comentamos en su momento que en aquellos días se construyó a toda velocidad un relato según el cual el rey tenía la potestad jurídica de negarse a firmarlos y que, de hecho, iba a negarse. En el momento en que el rey firmó, esa construcción se vino abajo y cientos de personas, incapaces de ver la realidad (el rey firma todo lo que le pongan por delante), empezaron a llamarle traidor.

Ahora ha sucedido algo parecido. Después del circo de siete pistas que ha sido todo el proceso de investidura de Feijóo (menudo mes, menudo ridículo), el monarca ha hecho lo único que podía razonablemente hacer: encargar la misión de conseguir la confianza parlamentaria al siguiente candidato en número de diputados, que además se ha ofrecido. Pero como ese candidato es el malvado Perrosanxe, rompedor de las Españas, ya está el cirio formado. Que si el rey es un traidor, que si luego no venga llorando cuando vayan a por él, que si felpudo… Todo es llanto y rechinar de dientes.

Y yo me pregunto: ¿qué esperaban que hiciera el monarca? De verdad ¿qué esperaban? Analicemos un momento la figura constitucional de la Corona. Se basa sobre un gran pacto, un gran presupuesto implícito: dicho con trazo grueso y con los matices que se quiera, el rey es inviolable (es decir, no se le puede juzgar ni someter a responsabilidad política) porque no tiene competencias. Es decir, no toma ninguna decisión y, por tanto, no se le puede hacer responder de nada. Así es como funciona nuestra monarquía parlamentaria.

Es una afirmación que a priori sorprende. ¿Cómo que el rey no tiene competencias? Si uno lee los artículos 62 y 63 de la Constitución verá que menciona muchísimas funciones del titular de la Corona: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes, convocar elecciones, proponer y nombrar al presidente, nombrar y destituir a los ministros, expedir los decretos, acreditar a los embajadores, ratificar los tratados, declarar la guerra, hacer la paz…

Parecen competencias muy amplias, propias de un jefe de Estado que de verdad interviene en la política de su país. Pero si las leemos, casi todas vienen con alguna coletilla: tal función se ejerce «en los términos previstos en la Constitución», tal otra es «con arreglo a las leyes», la de más allá es «a petición del presidente del Gobierno» y aquella requiere incluso «previa autorización de las Cortes Generales».

Incluso las que no tienen coletilla están, como es obvio, sometidas a regulación constitucional y legal. Por ejemplo, la función de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas debe leerse en conexión con el artículo 97, que concede al Gobierno, entre otras tareas, la dirección de la Administración militar y la defensa del Estado. Es obvio entonces que dicho mando supremo es más bien una cosa ceremonial y simbólica, que es el Gobierno quien de verdad dirige las Fuerzas Armadas.

Otro caso, que además va a haber que tener muy claro por si al final hay ley de amnistía. La competencia de sancionar y promulgar las leyes (es decir, firmarlas y mandarlas publicar) no tiene coletilla, pero otro artículo de la Constitución, el 91, regula exactamente cómo debe ejercerse esta función, incluyendo plazos. Más en concreto, las leyes deben sancionarse en 15 días desde su aprobación, y esto es una obligación constitucional del rey, que no puede negarse. En derecho se usa a veces la expresión "acto debido" para referirse a la práctica totalidad de funciones de la Corona.

Por si todavía hubiera alguna duda, analicemos la institución del refrendo. Supongamos que el rey comete un acto ilegal, como dictar un decreto que disuelve las Cortes fuera de los supuestos legales. Estaríamos en un problema, porque el monarca es inviolable, no se le podría hacer responder. Precisamente por eso tenemos la figura del refrendo: todo lo que haga el rey debe estar firmado por el presidente del Gobierno, por un ministro o por el presidente del Congreso, según los casos. Si no, no es válido. Además, el responsable del acto es la persona que lo refrende, por lo que no hay incentivos para refrendar un acto ilegal.

En conclusión, tenemos una lista muy larga de competencias, pero todas ellas tienen que ejercerse dentro de una estricta regulación constitucional y legal que no le deja al monarca margen de apreciación y con la firma de alguien que sí pueda responder. Por eso a veces le llamamos «el notario» o «el bolígrafo coronado»: porque se limita a estampar su firma, en nombre del país, en los actos y documentos que otros han trabajado.

La única materia en la que parece tener cierta capacidad de decisión es, precisamente, la que hoy nos ocupa: proponer al candidato a presidente del Gobierno. La Constitución, en su famoso artículo 99, marca que esta propuesta la hará el rey, previa consulta con los grupos políticos y a través del presidente del Congreso (que es quien la refrenda). Claro, este artículo ha funcionado durante décadas en un contexto bipartidista, en el cual siempre había un partido que contaba con mayoría absoluta o con un predominio claro que le facilitaba alcanzar pactos de investidura. Era obvio qué candidato había que proponer. Así que este asunto se consideraba como el resto de labores reales: una formalidad.

Pero desde las elecciones de 2016 las cosas ya no son así. El bipartidismo se ha roto, y decidir a quién se propone y en qué orden es de repente una decisión políticamente relevante. La pregunta de si es una decisión libre del rey se vuelve vital. Ya en las elecciones de 2019 se escribieron algunos artículos donde se criticaba la actuación del monarca y se defendía que era el presidente de Congreso, como refrendante del acto real, quien debe tomar esa decisión. Esta competencia funcionaría, así, como todas las demás: el rey firma lo que le dicen.

No es esta la interpretación que ha seguido la política española, en la cual parece existir cierto consenso de que es el rey quien decide. En estos meses hemos vivido muchos momentos tensos, pero tanto PP como PSOE están de acuerdo en que, si al final hay dos candidatos dispuestos, es el rey quien debe decidir a cuál se encarga primero la búsqueda de la confianza parlamentaria. Al menos es lo que se deduce de la conducta de ambos partidos y de la propia Casa Real.

Pues bien, al rey se le concedió esa competencia, la ejerció, su candidato fracasó y el asunto vuelve a estar sobre su mesa. Y volvemos a la pregunta que motiva este artículo: ¿qué esperaba la derecha que hiciera el monarca? ¿Volver a nominar a Feijóo, que se acaba de dar una tremenda leche? ¿No nominar a nadie y esperar a que pasen los dos meses, a pesar de que hay una persona que le ha trasladado su disposición de ser candidato?

Supongo que es esto último lo que muchos deseaban que hiciera. A pesar de que la Constitución dice que, en caso de fallar el primer candidato, «se tramitarán sucesivas propuestas», había quien esperaba que el rey se negara a concederle el encargo al único candidato dispuesto. Si, como hemos visto, ya es discutible que el monarca pueda decidir a cuál de los dos encarga la formación de gobierno, resultaría indudable que la decisión de no encargársela al único que quiere enfrentarse a la misma se sitúa fuera de la Constitución.

El rey, en España, no puede ni debe hacer política. Y esto es lo que la derecha más ultramontana no entiende. En este país, la derecha siempre ha tenido una relación extraña con la monarquía. Es formalmente monárquica (no hay derecha republicana), pero siempre ha habido ciertas tensiones. Hace décadas, por ejemplo, era vox populi que Juan Carlos I se llevaba mucho mejor con González que con Aznar.

En los últimos tiempos, hemos asistido a un curioso ejercicio de cooptación por parte de la derecha. En su afán cada vez más evidente de apropiarse de cualquier cosa que sea un símbolo común de este país, la derecha se abandona a episodios de histrionismo como el presente. Exigen al monarca que actúe fuera de la Constitución y defienda exclusivamente sus valores y paranoias. Y, cuando el rey no lo hace (como es evidente), se lanzan a mesarse las barbas, a rasgarse las vestiduras y a echarse ceniza sobre los cabellos.

Como espectáculo es entretenido, pero revela una descomposición profunda y una cortedad de miras notable. Porque convertir a la monarquía en su monarquía es, como cualquiera podría imaginarse, condenarla a muerte. Se supone, aunque muchos no lo vivamos así, que la Corona es de todos, y esta gente está empeñada en lo contrario. Lo han hecho ya con la bandera, que está quemada (1) como símbolo común: se asocia a la derecha, y es imposible otra lectura. Ahora quieren hacer lo mismo con el rey.

Felipe de Borbón, de momento, no se está dejando. Aunque estoy seguro de que le encantaría ponerse al mando de los tercios de enajenados que exigen sangre (es un pijo cincuentón, al fin y al cabo), le apetece mucho más terminar su reinado tranquilo. Y para eso debe seguir siendo una figura anodina, que no aporta demasiado a nadie pero que tampoco molesta. Sabe que en el momento en que salga de ahí, se acaba todo.

Ya es más listo que sus fans, supongo.

 

 

 

 

(1) Ojalá.

 

 

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Feijóo no va a ser presidente

La política de este país me desgasta. Desde que la semana pasada Francina Armengol dijo que el debate de investidura comenzaría el 26 de septiembre, ha sido constante el machaque sobre los maléficos planes de la derecha (solo interrumpido, algo, por el caso Rubiales). En los últimos días, con Feijóo haciendo el ridículo, se ha atenuado un poco, pero ahí sigue. Y a mí, la verdad, me harta. Así que he escrito este artículo a ver si pongo algo de cordura en el debate y de orden en mis ideas. Todo es posible y puede que me equivoque, pero yo no creo que Feijóo vaya a ser investido presidente el 27 ni el 29 de septiembre.

Un breve resumen sobre cómo están las posiciones. Entre el PP, los nazis y el otro par de partidillos que apoyan a Feijóo suman 172 diputados. El problema es que ese número parece ser el máximo que pueden alcanzar, ya que el resto de partidos (un total de 178 diputados) han dicho que no tienen interés en votar al gallego. Los números son los siguientes:

• En la primera votación necesita mayoría absoluta, es decir, 176 diputados. Requiere que 4 personas voten a su favor.
• En la segunda votación necesita mayoría simple, es decir, más diputados a favor que en contra. Como tiene 172, necesita que el bloque contrario tenga solo 171, es decir, que se abstengan 7.

 

Dado que el pacto con las izquierdas es imposible, lo único medianamente viable parece ser hablar con las derechas nacionalistas: PNV (que, con 5 diputados, debería votar a su favor) o Junts (que, con 7 escaños, podría abstenerse en la segunda votación).

Esto es lo que hay. Y a partir de ahí, en la izquierda aparece una especie de indefensión aprendida, según la cual Feijóo se trae un pasteleo con el PNV y esto el rey lo sabe y por eso le ha propuesto como candidato en primer lugar. Esto de creernos que el adversario es un experto en ajedrez dodecadimensional es algo que nos pasa mucho en la izquierda, tristemente. Pero ¿es cierto? ¿Tiene Feijóo un plan maestro?

Yo, la verdad, creo que no. Pienso que lo que vemos es lo que hay: Alberto Núñez-Feijóo es un cacique no demasiado listo, que estaba de puta madre en Galicia pasando por moderado gracias al control de los medios y a las sucesivas mayorías absolutas (ambos elementos se retroalimentan). Ahora ha tenido que dar un paso al frente y entrar en la política nacional como parte de una conjura urdida por otra persona, la ínclita Ayuso. Aquí, con más escrutinio, se le ven las costuras. Y él lo sabe.

Hay que ser muy, pero que muy inútil para pasar, en tres meses, de encarar las elecciones más fáciles de la historia a que ni siquiera tu socio te vote para la presidencia del Congreso. Mucho. Y hay que haber hecho las cosas muy mal para estar a cuatro escaños de la mayoría absoluta (contando aliados) y que nadie quiere ni siquiera sentarse a hablar contigo. No, no me creo que Feijóo sea un gran estratega, y no me lo creo porque no lo ha demostrado en ningún momento hasta ahora: simplemente es un señor que solo sabe jugar en terreno favorable.

¿Y entonces por qué lo ha propuesto el rey como candidato? Al margen de motivos privados (el rey, como buen cincuentón de apellidos compuestos, es probablemente muy de derechas), creo que por quitarse problemas. En el comunicado de la Casa Real se hablaba de la costumbre de proponer como presidente al más votado, y, aunque sea una razón de mierda (1), creo que es la verdadera. Dar primero oportunidad de que se presente al que tiene más votos parece una decisión razonable, por mucho que en este caso sepamos que es inútil.

Esto explica la conducta del rey mucho mejor que cualquier clase de pacto secreto con PNV y/o Junts. Tengo bastante claro que ese pacto no existe. No porque me fíe demasiado de la honorabilidad de estos dos partidos, sino porque creo que es un acuerdo absurdo, que no llevaría a nada y que ninguno de ellos tiene motivos para suscribir.

Junts es, desde luego, el aliado más improbable. En primer lugar, el PP lleva desde que empezó el procés poniéndolos de golpistas para arriba. A pesar de que queramos creer que la política es como Juego de Tronos (planes dentro de planes, estratega maestro contra estratega maestro), siempre hay un componente humano, de tripas, de puro sentimiento, en todo esto. Llegar a un acuerdo con alguien que lleva años insultándote es difícil.

Y sí, Junts es un partido oportunista a quien le viene bien que en la Moncloa haya un derechista ultramontano, porque eso le da argumentos. Pero para que esos argumentos funcionen es requisito indispensable que Junts no haya puesto los votos para aupar a dicho derechista ultramontano. No, lo de «yo me abstuve, no le apoyé» no va a colar cuando un hipotético gobierno de Feijóo empiece a recortar financiación y competencias autonómicas.

En cuanto al PNV, tres cuartos de lo mismo. Con el añadido de que ellos tendrían que votar a favor de Feijóo, no solo abstenerse: con su abstención, los números siguen sin cuadrarle al PP. Ya han salido varias veces por activa y por pasiva a decir que no van a apoyar este pasteleo, pero por alguna razón parece que nos gusta creer en pactos secretos en vez de en la cruda realidad: el PNV no pinta nada votando un gobierno que va directamente en contra de sus intereses.

¿Contra sus intereses? Claro, es que aún no hemos hablado de Vox. El partiducho nazi es la otra pata del acuerdo de gobierno, y tiene una posición expresamente centralista y contraria a los nacionalismos periféricos, que incluso le lleva a proponer medidas que exigirían una revisión profunda de la Constitución. Un pacto que tenga en un lado a los nazis y en el otro a los independentistas, todos unidos gracias a la habilidad retórica y negociadora de Feijóo, duraría aproximadamente diez minutos.

Sobre todo porque es lo que tardaría el nuevo presidente del Gobierno en tener que presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que octubre se nos echa encima ya. En los nuevos PGE, ¿aumenta la financiación autonómica (como le piden sus aliados indepes) o la reduce (como le exigen sus aliados nazis)? La verdad es que sería una forma maravillosa de estrenar su mandato, siendo completamente incapaz de aprobar unos Presupuestos. Y no, no sería la primera vez que Vox tumba unos presupuestos de un gobierno de derechas solamente para sacar músculo: se lo hicieron a Ayuso en Madrid no hace ni un año. Son perfectamente capaces.

Por razones parecidas pienso que no podría funcionar una investidura basada en tránsfugas. Sí, sabemos que el PP es muy de comprarse diputados: ya lo hicieron el año pasado, absorbiendo a Sayas y Adanero en aquella deliciosa votación sobre la reforma laboral. Y, por supuesto, todos tenemos en la cabeza el tamayazo de 2003. Pero, aun así, no creo que sea posible repetir la jugada en esta investidura.

Los casos más conocidos de transfuguismo han sido, en general, entre partidos del mismo arco o de sensibilidades similares: Rosa Aguilar pasándose al PSOE en 2009, los ya mencionados casos de Sayas y Adanero, los tres diputados de C’s que en 2021 votaron contra la moción de censura que su partido apoyaba en Murcia, etc. La razón es que así el tránsfuga puede vender (o incluso venderse a sí mismo) su decisión como un simple caso de evolución ideológica. Y, más importante aún, puede medrar en el nuevo partido, cosa que es mucho más difícil si antes no estaba ni siquiera cerca.

Ha habido un único caso sonado de transfuguismo entre partidos de distintos arcos ideológicos: el ya mencionado tamayazo. Vamos a analizarlo y a explicar por qué no creo que pueda repetirse. En 2003, en la Asamblea de Madrid, el PP tenía 55 diputados y el bloque PSOE-IU contaba con 56. Dos diputados del PSOE, Tamayo y Sáez, se ausentaron de la sesión de constitución y, posteriormente, pasaron al grupo mixto, en teoría por desavenencias con la cúpula del partido. Eso conllevó la imposibilidad de elegir presidente al socialista Rafael Simancas y la correlativa convocatoria de elecciones, que ganó el PP con mayoría absoluta.

Cabe notar que estos dos tránsfugas no se pasaron al PP, sino al grupo mixto, alegando razones de conciencia. Y que después no siguieron su carrera política: ambos fueron expulsados del PSOE y volvieron a actividades privadas, donde siguen todavía. Más allá del dinero que les diera el PP, la jugada les salió catastróficamente mal. ¿Por qué? Porque no había manera de justificar que entraran en el PP y medraran ahí, así que no lo hicieron.

En las actuales circunstancias, hablar de tamayazo es absurdo. Primero, por los números: el PP necesita 4 a favor o 7 abstenciones, y eso son muchas voluntades que comprar sin que salte la liebre. Y segundo, porque el plan del PP ahora no es provocar una repetición electoral, sino investir a Feijóo y gobernar. Para ello no solo necesita que los tránsfugas voten a su favor el 27 de septiembre, sino tenerlos más o menos cercanos toda la legislatura. En otras palabras, tienen que ofrecerles un premio muy goloso. Probablemente más de lo que el PP pueda prometer, porque un mandato en estas condiciones sería muy corto, y nadie va a traicionar a su partido si en seis meses se va a ir a la calle sin expectativas de poder medrar en otro.

Afirmo que un mandato conseguido en estas circunstancias sería muy corto por la misma razón por la que lo he afirmado al valorar la hipótesis independentista: porque está sometido a fuertes tensiones internas. Un gobierno del PP apuntalado por los nazis y por una especie de «corriente crítica de izquierdas» creada ad hoc no sobreviviría. Esto es lo que diferencia este caso del tamayazo: en 2003, Esperanza Aguirre solo quería mostrar el PSOE como una jaula de grillos y acto seguido repetir elecciones. Ahora tienen que formar una mayoría con la que gobernar. Esto condiciona todo el análisis (2).

Ah, y aún no he hablado de la Mesa. La Mesa es el órgano que gobierna el Congreso. Decide el orden de los debates, los plazos de enmiendas, las calificaciones de las propuestas que entran y todo lo demás. Y la controlan el PSOE y Sumar. Un Gobierno de Feijóo, sea aupado por los nacionalistas o por tránsfugas, tendría enfrente a la Mesa, y eso limita seriamente su capacidad de legislar. Solo con ampliar sine die los plazos de enmiendas y rechazar los vetos que presente el Gobierno a las propuestas de la oposición, la capacidad legislativa de Feijóo quedaría casi anulada. Al menos hasta que se pronunciara el Tribunal Constitucional.

Y no, el reglamento del Congreso no permite volver a votar la Mesa, salvo que muera uno de sus miembros o cambien de manos demasiados diputados por efecto de recursos contencioso-electorales. Así que la nueva mayoría feijoísta no podría configurarse una Mesa a su gusto una vez conformada. Tendría que lidiar con ella toda la legislatura.

Por todo lo anterior creo que Feijóo no va a ser investido presidente: no por la bondad intrínseca y la lealtad institucional de PNV o Junts ni por la incorruptibilidad de los diputados del PSOE, sino porque ahora mismo a nadie le interesa demasiado apoyarle. Si por carambola resultara investido, empezaría así un mandato que con toda probabilidad sería corto y estaría lleno de tensiones hasta que acabara explotando de alguna manera ridícula.

Termino con dos reflexiones. La primera, que al PP le queda un largo camino si quiere volver a ser candidato de pactos con alguien que no sea el partido nazi, y no parece muy interesado en recorrerlo. Ellos sabrán.

Y la segunda, que en la izquierda nos gusta mucho concederle a la derecha unas habilidades estratégicas que no siempre tiene. En parte es por indefensión aprendida, por cómo se ha movido el marco de lo aceptable en los últimos 30 años. Y en parte es por cinismo, por ese rollito adolescente de creer que todos los políticos se mueven solo por el poder, sin ninguna clase de líneas rojas, límites éticos o instinto de conservación, y que yo soy más listo que nadie por señalarlo. Pues vale. Pero las cosas no funcionan (solo) así.

Así que no, no creo que Alberto Núñez Feijóo vaya a ser presidente en esta ronda, no creo que tenga pactos secretos, no creo que pueda captar tránsfugas y, aunque me equivoque en lo anterior y acabara siendo investido, no creo que dure en el cargo. En este mes veremos quién tiene razón.

 

 

 

 

 

 

 

(1) Históricamente el más votado tenía, o mayoría absoluta, o capacidad real de alcanzar pactos de gobierno. Por eso siempre se le proponía. Ahora no es así.

(2) No niego la posibilidad de tamayazo cuando Feijóo fracase y se presente Sánchez, justo porque ahí el PP estaría en una situación más similar a la de 2003. Pero la votación de Feijóo es otra cosa.

 

 

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