La historia de los «siete detenidos por secuestrar y torturar a un discapacitado» no ha dejado de crecer desde que se dio a imprenta.
Primero nos indignamos con la historia de que siete tipos habían secuestrado a
un discapacitado en Mallorca y le habían hecho toda clase de cosas horribles:
coserle los dedos de las manos, tatuarle penes en la cara, sellarle la boca con
pegamento y exhibirlo en público vestido de mujer para humillarlo. El asunto
parecía ameritar una condena social completa contra los autores.
Pero pronto las cosas empezaron a enturbiarse. Una chica
puso un hilo en Twitter en el que contaba cómo un hombre contactó con
ella y con otras personas para convencerles de que le hicieran putadas para su
canal de YouTube. Les hizo firmar un contrato con el que se suponía que todo
quedaba legalizado y les propuso el mismo tipo de barbaridades que han acabado
pasando en el suceso de Mallorca. La chica terminaba por concluir que el hombre
lo que quería era incriminarlos por varios delitos, cuando en todo momento
había sido él quien dirigía la acción. En este hilo hay comentarios que dicen
que ya en fecha tan temprana como 2013 este tipo andaba pidiendo que le
hicieran estas cosas.
Por último, se ha destapado el pastel: en efecto, el hombre
(que tiene una discapacidad psíquica del 38%) consintió el presunto secuestro,
las torturas y todo lo demás. Se han publicado capturas del grupo de WhatsApp donde los implicados charlan de las cosas que van a hacer en un
evidente tono de cerdeo sexual. Claro, si la cosa se hubiera quedado ahí, no
habría pasado en principio nada; cada cual se excita con lo que quiere. Pero la
cosa no se quedó ahí, sino que quedaron y lo llevaron a la práctica.
Como ya sabrá cualquier lector habitual de este blog, el Derecho
penal existe para proteger bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son valores tan
importantes para la comunidad que se ha considerado oportuno castigar a quien
los vulnere. Cada tipo penal protege un bien jurídico: castigamos el homicidio/asesinato
porque atenta contra la vida, castigamos las lesiones porque atentan contra la
integridad corporal y la salud, castigamos la injuria porque atenta contra el
honor, y así sucesivamente.
La cuestión es que cada uno de esos bienes tiene una
configuración legal diferente. En algunos de esos bienes jurídicos, el
consentimiento excluye la tipicidad de la conducta. Por ejemplo, la libertad
sexual o de la propiedad: si la “víctima” ha consentido en tener relaciones sexuales
o en entregarle el objeto al “autor del delito” (por supuesto hablamos de
consentimientos válidos, dados por alguien con capacidad suficiente y no
mediatizados por violencia, intimidación o engaño), entonces no hay delito, y
por tanto no hay ni víctima ni autor. Sin embargo, otros bienes jurídicos no
son disponibles. En el caso de la vida, si yo consiento a que otra persona me
mate, el autor de mi muerte será procesado igual (1). La regla general es que
el consentimiento excluye la pena, pero el Código Penal puede establecer las
excepciones que quiera.
¿Y cómo funciona la cosa en el caso de Mallorca? La prensa
informa de que los siete agresores han sido imputados por detención ilegal,
lesiones y «vejaciones», que supongo que es la forma en que la prensa
interpreta los delitos contra la integridad moral (torturas, acosos, tratos
degradantes y demás). Y ninguno de los tres casos es sencillo de analizar.
1. La detención ilegal
La detención ilegal es lo que a nivel de calle se
llama “secuestro” (2). Consiste en encerrar a otra persona privándole de su
libertad. Obviamente, es de los delitos donde el consentimiento importa: si yo
estoy encerrado pero no estoy privado de mi libertad (porque en cualquier
momento puedo salir con solo pedirlo), no hay delito. De hecho, si puedo salir
con solo pedirlo, ni siquiera se puede decir en puridad que esté encerrado. Si
vas a un local BDSM y ves a una persona atada, inmovilizada o enjaulada no se
te ocurriría decir que es un secuestro, porque sabes que cuando diga que quiere
liberarse se le liberará.
Así que, en principio, la conducta de meter a alguien por la
fuerza en un coche y llevarlo a otra persona no constituye detención ilegal si
es consentida, por ejemplo como parte de un juego (sexual o no). Pero claro, esa
regla general se aplica si quien consiente es un adulto. Pero, ¿y si es un menor
de edad o alguien discapacitado? ¿Podía el señor de Mallorca consentir al juego
del secuestro? De nuevo, la respuesta es «es complicado», entre otras cosas
porque no disponemos de todos los datos.
El Código Penal define «discapacidad» como la
presencia permanente en una persona de deficiencias de cualquier tipo (físicas,
mentales intelectuales o sensoriales) que, al interactuar con barreras, puedan
impedirle la participación plena en la sociedad. Sin embargo, con esto no basta
para tratar el tema, sino que se define otro concepto: «persona con
discapacidad necesitada de especial protección»: se trata de aquella persona discapacitada
que requiere de asistencia para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la
toma de decisiones. En otras palabras, discapacitados intelectuales que no
puedan regirse a sí mismos sin ayuda.
Una cosa importante es que para entender que una persona
discapacitada necesita especial protección no es importante que esté
incapacitada, es decir, que se le haya restringido judicialmente su capacidad de
obrar y se le haya nombrado un tutor. El Código lo aclara expresamente: basta con
que tenga deficiencias que le impidan tomar decisiones sin asistencia, sin
necesidad de que un juez haya declarado previamente esta situación y haya limitado
su capacidad.
El Código define ambos conceptos con gran precisión, pero
luego no establece una cláusula general sobre el consentimiento de estas
personas. El sentido común dicta que un discapacitado necesitado de especial
protección no puede consentir por sí mismo a cosas tan importantes como dejarse
secuestrar como parte de un juego (sexual o no), pero la cosa es que no hay una
regla general. Hay artículos del Código que impiden dar validez al consentimiento
de estas personas en delitos como lesiones, exhibicionismo o explotación sexual,
pero hacer analogía desde estos delitos está prohibido porque es un
comportamiento contra reo (3).
Además, hay otro problema, y es que no sabemos si la víctima
del caso de Mallorca necesitaba especial protección o no. Sí, tenía un 38% de discapacidad,
pero ¿eso qué significa en el caso concreto? Parece mucho, pero el porcentaje de
discapacidad siempre tiene una cuota de interacción con las condiciones sociales,
y además puede ser que tenga discapacidades físicas junto con las intelectuales.
Al final, creo que la respuesta a la pregunta de si podía o no consentir al
secuestro dependerá de su capacidad real, que tendrá que acreditarse en el
juicio. De los hechos publicados yo me atrevería a decir que sí, porque se ve
una voluntad clara y sostenida en el tiempo de realizar esos actos (e insisto, me
refiero solo a la detención ilegal, no a lo que vino después), pero el juez
después de la prueba sabrá más que yo.
La detención ilegal tiene una pena de 4 a 6 años de prisión,
que pasa a ser de 5 a 6 años si (entre otras cosas) la víctima es una persona
con discapacidad necesitada de especial protección.
2. Las lesiones
Creo que todos entendemos lo que son las lesiones:
actos que dañan a la víctima sin llegar a matarla. En términos más técnicos, se
castiga la lesión «que menoscabe su integridad corporal o su salud física o
mental», por lo que se considerarían lesiones también los contagios intencionales
de enfermedades. Para castigar penalmente una lesión es necesario que requiera
tratamiento médico. Se considera tratamiento médico todo acto médico distinto a
la primera asistencia facultativa y a la mera vigilancia del curso de la lesión.
Las lesiones se castigan de acuerdo a una escala. En el artículo
147 CPE está la lesión “básica”, que es aquella que cumple lo que acabamos de
decir. En el artículo 148 se recogen agravantes de esa misma lesión básica,
como uso de armas, ensañamiento o condiciones especiales de la víctima (por ejemplo,
sorpresa, que sea una persona con discapacidad necesitada de especial
protección). Y en los artículos 149 y 150 se encuentran lesiones
cualitativamente superiores, las que pueden dejar secuelas: hablamos de
mutilaciones, de pérdidas de un sentido, de deformidades, de esterilidades e
impotencias… Aquí ya no se aplican las agravantes del artículo 148, porque la
pena ya puede llegar hasta los 12 años de prisión.
No parece haber dudas de que sobre este hombre se han
cometido lesiones penalmente relevantes. Tatuarle penes en la cara es una lesión
(a mi juicio entraría dentro del concepto de «deformidad» sin demasiado
problema), y qué decir de coserle los dedos o pegarle los labios con pegamento.
El conjunto de estas lesiones va a requerir seguro tratamiento médico. Su catalogación
en las del artículo 147 o en la de los artículos 149-150 quedará en manos de
los jueces, pero que hay lesiones está claro.
¿Qué pasa aquí con el consentimiento? Pues muy simple: el
consentimiento del lesionado no excluye el delito, pero sí reduce la pena. ¿Quiere
esto decir que son delito las lesiones consentidas, consensuadas y deseadas que
tengan lugar en una sesión de BDSM y que al final acaben por requerir
tratamiento médico? Sí, quiere decir eso, y hay hasta una sentencia (como
mínimo, igual hay más) que lo avala. Esto es así porque se considera que la integridad
corporal y la salud (bienes jurídicos protegidos en este tipo penal) no son
solo medios para la propia libertad sino también la base de dicha libertad. Nadie
puede consentir un acto que mermará su libertad de cara al futuro con
consecuencias a veces imprevisibles (4). Sin embargo, algún valor hay que darle
al consentimiento, porque no es lo mismo lesionar a alguien que lo desea que
alguien a quien no.
En este delito sí que se menciona el tema del consentimiento
prestado por una persona con discapacidad necesitada de especial protección: es
inválido. Así que si nuestra víctima tiene esta condición, su aceptación
entusiasta sería irrelevante y sus autores recibirían la pena íntegra, no la
rebajada.
3. Torturas
Los delitos contra la integridad moral son un poco
abstractos. En su tipo básico castigan a quien inflija a otro «un trato
degradante», que menoscabe «gravemente su integridad moral». Tres elementos indeterminados
(trato degradante, integridad moral, menoscabo grave) que no ayudan a
aprehender bien cuál es la conducta castigada. Se trata de vejaciones, de
humillaciones, de agresiones realizadas con el fin de rebajar a la otra
persona. El Código Penal ofrece una serie de ejemplos de atentados contra la
integridad moral en el artículo que penaliza la tortura: «condiciones o
procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le
supongan sufrimientos físicos o mentales [o] la supresión o disminución de sus
facultades de conocimiento, discernimiento o decisión».
Estamos, de nuevo, ante un delito donde el consentimiento
importa. «Condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o
mentales o la disminución de sus facultades de conocimiento o decisión» es una
descripción que le puede cuadrar a una sesión de BDSM o incluso a una noche de
fiesta con alcohol y drogas, y nadie pretende castigar al camarero o al camello
por trato degradante. La libertad de quien sufre estos procedimientos le
permite jugar con sensaciones extremas.
Por supuesto, debe entenderse que aquí existe el mismo
debate que en la detención ilegal sobre lo que pasaría si el hombre resulta
tener una discapacidad necesitada de especial protección. Si no pudo consentir,
el delito tiene una pena de prisión de 6 meses a 2 años.
Inducción
Vale, ya han quedado claras (más o menos) las
responsabilidades penales de los siete agresores. ¿Qué sucede con la
responsabilidad del hombre? He venido hablando de su «consentimiento», pero es
que no se limitó a consentir: lo promovió. Fue él quien contacto con los siete,
después de que le fallaran contactos previos. Fue él quien aseguró que todo era
legal. Si se leen las conversaciones de WhatsApp difundidas, queda claro que él
estaba todo el rato proponiendo ideas. En otras palabras, ¿se le puede
considerar inductor de los hechos?
La inducción no es un delito específico, sino una de las formas
de participar en un delito que comete otra persona. Cuando hay un delito
siempre hay uno o varios autores, pero además puede haber inductores (quienes
proponen la comisión pero luego no realizan los hechos) y colaboradores (quienes
apoyan la comisión del hecho -aportando, por ejemplo, armas o herramientas-
pero no participan en los hechos). Los inductores tienen la misma pena que el autor (5).
Lo primero que hay que hacer es diferenciar entre acto y persona.
Si nuestro mallorquín ha cometido acciones que puedan catalogarse como
inducción, responderá como inductor del delito. Pero si luego se comprueba que
tenía una discapacidad mental que le impedía ser consciente de la ilicitud de sus
actos, no se le pondrá una pena sino una «medida de seguridad» como pueda ser
el internamiento en centro psiquiátrico o el seguimiento ambulatorio.
A mi entender, está bastante claro que este hombre indujo a
los otros siete a cometer el delito. Esto es diáfano en el caso de las
lesiones, donde el consentimiento no excluye la pena. En el caso de los otros
dos delitos, va a depender de si el juez entiende que su consentimiento era
válido: si era válido, no hay delitos, por lo que su inducción es irrelevante.
¿Y qué pena le toca? Pues si el juez entiende que su trastorno
no le impedía conocer la ilicitud de sus actos, la pena del autor, quizás
rebajada por el hecho de su discapacidad. Si el juez entiende que su trastorno
le impedía conocer la ilicitud de sus actos, le caerá una medida de seguridad; además,
en ese caso hablaríamos de los tres delitos, porque una persona con semejante
trastorno sin duda tiene una discapacidad necesitada de especial protección. Su
consentimiento en el secuestro y en las vejaciones no pudo ser válido.
Por supuesto, todo ello suponiendo que llegue a ser
imputado, que de momento no lo está.
Conclusión
Este artículo se me ha ido de las manos. Varios delitos distintos,
consentimiento, discapacidad necesitada de especial protección, trastornos
mentales que eximen de la responsabilidad criminal, inducción… y apenas he
empezado a arañar la superficie, entre otras cosas porque aún no hay un relato
de hechos probados.
Pero he decidido no recortar. Ver cómo un asunto
aparentemente sencillo puede complicarse hasta el infinito y puede tener ramificaciones
insospechadas es una enseñanza en sí misma, y creo que conviene aprenderla.
(1) Aunque la figura no será homicidio/asesinato sino
cooperación ejecutiva al suicidio. La futura Ley de Eutanasia, por supuesto, será
una excepción a esta norma.
(2) En el Código Penal, el secuestro es un tipo agravado de
la detención ilegal. Si la detención ilegal es privar de libertad a alguien, el
secuestro agrava la conducta porque la liberación de la víctima se condiciona
al cumplimiento de una exigencia (como el pago de un rescate).
(3) Los artículos del Código Penal que hablan de la
detención ilegal sí mencionan a las personas discapacitadas necesitadas de
especial protección, pero lo hacen para agravar los delitos cometidos contra
ellas, no para aclarar si su consentimiento es válido o no a la hora de
participar en un secuestro falso.
(4) Una solución que estudié en su momento sería considerar
válido el consentimiento de las lesiones menos graves (las del artículo 147) e
inválido el consentimiento de las más fuertes (las de los artículos 149 y 150),
pero el legislador no lo ha adoptado. Ha preferido un sistema más bien extraño,
cuyas disfunciones darían para otro artículo entero.
(5) Los colaboradores se dividen en «cooperador necesario» (misma
pena que el autor) y «cómplice» (menos pena que el autor). De nuevo, la delimitación
entre ambas figuras daría para capítulos enteros de un libro.
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