Mesas electorales I. ¿Por qué pueden obligarme a ir?

Las elecciones, como todo en esta vida, tienen su ritual. Igual que no hay Navidad sin pesado quejándose de las fiestas (1) ni protesta antitaurina sin listillo diciendo que si no te gusta no vayas, no hay comicios que no tengan a gente protestando porque les ha tocado formar parte de la mesa electoral. Se trata de algo que ya tenemos asumido: si te llega la cartita de la mesa, mejor no hagas planes para el día de las elecciones porque vas a tener que pasártelo en el colegio. Sin embargo, si lo miramos con atención, es un poco extraño. Al fin y al cabo, las mesas electorales son una forma de trabajo obligatorio. ¿Por qué algo así es legal?

Empecemos por el principio. En España, como en cualquier país que respete los derechos humanos, están prohibidos los trabajos forzados: así lo declara el artículo 25.2 CE (2). Podrían decirme que este precepto sólo prohíbe que las penas consistan en eso. Es cierto, pero aun así sostengo que hay una prohibición general del trabajo obligatorio. ¿En qué me baso? En un argumento a fortiori: si no podemos obligar a un condenado a trabajar, con menos razón aún podremos forzar a quien no ha sido condenado.

Sin embargo, ante esta regla general hay excepciones. Se me ocurren tres formas, aparte de las mesas electorales, en que el Estado español te puede obligar a trabajar: el servicio militar obligatorio (y la correlativa prestación social sustitutoria), la participación en un jurado y las prestaciones personales en materia de Hacienda (3). Las tres están previstas en la Constitución: el artículo 30.2 permite establecer un servicio militar, el 125 menciona la institución del jurado y el 31.3 ampara las prestaciones personales tributarias.

¿Y los tratados internacionales sobre derechos humanos? Bien, gracias. El artículo 4 CEDH y el artículo 8 PIDCP prohíben los trabajos forzados, pero ambos establecen cuatro excepciones: el trabajo penitenciario, el servicio militar, las obligaciones en caso de emergencia o calamidad y “todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales”. Aquí es donde se enmarca la facultad del Estado de ponerte durante 12 horas en una mesa electoral. La Constitución española, por cierto, recoge esta posibilidad en el artículo 30.3, que permite que se establezca “un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general”.

Solemos hablar (por la cuenta que nos trae) de los derechos que tenemos en una democracia, pero se nos olvida que esos derechos tienen aparejados deberes. Estos deberes no siempre son obligaciones de dar (como los impuestos) sino que a veces lo son de hacer (como las mesas electorales o los jurados). Éstas están mucho más limitadas, pero existen y son necesarias para que el sistema se mantenga. Además, son una forma de que la ciudadanía participe en el sistema.

Por otra parte, el deber de participar en una mesa electoral no es nunca absoluto. El artículo 26 LOREG establece requisitos de edad y de instrucción: es necesario tener menos de 70 años (aunque los mayores de 65 pueden excusarse sin más) y saber leer y escribir (el presidente de la mesa debe tener, además y como mínimo, el Graduado Escolar). ¿Cómo se comprueba este requisito? Pues porque los sorteos no los realizan las autoridades electorales, sino los Ayuntamientos, y es más probable que ellos conozcan cuáles de sus vecinos saben leer y escribir (4).

Los miembros de la mesa se eligen mediante sorteo. A los designados se les manda a casa la citación con un manual de instrucciones sobre el trabajo. Cuando llega esa carta empieza la lucha por librarse. La decisión corresponde a la Junta Electoral de Zona (hay una por cada partido judicial), pero en 2011 la Junta Electoral Central dictó una instrucción para unificar criterios. No se trata de una lista exhaustiva, sino de una serie de supuestos donde la excusa es admisible.

Hay algunos casos donde la excusa es automática, como tener una incapacidad permanente y absoluta, estar encerrado en un centro penitenciario, ser madre lactante o cuidar de menores de 8 años. Hay otros donde depende de las circunstancias del caso, y aquí se mencionan excusas como ser monja de clausura, vivir en una Comunidad Autónoma distinta a la del padrón, tener un evento familiar inaplazable, trabajar en servicios esenciales para la comunidad (sanitarios, bomberos…) o ser el protagonista de un acto público que no puede cancelarse sin causar graves perjuicios económicos. Desde 2014 también es excusa haber participado en mesas tres veces en los últimos diez años.

¿Y no ir sin justificar que concurre una excusa válida? Pues es delito, castigado hasta con penas de cárcel, aunque probablemente sólo te acabe cayendo una multa. Lo peor es liarte a juicios y acabar con antecedentes penales por esta chorrada, así que mi consejo es que no intentes tonterías leídas en Forocoches (5) y, si no te admiten las excusas, vayas. Además, los miembros de la mesa reciben dietas y tienen derecho a una reducción de jornada de cinco horas al día siguiente de la votación.

Termino ya. He expuesto muy por encima algunas cuestiones jurídicas sobre las Mesas electorales. En la próxima entrada hablaremos de las quejas del estilo “¡me han llamado siete veces y a mi primo ninguna!” y “¿pero por qué no convocan a los parados?” Esta última tiene que ver con algo que no he tocado en este post: ¿por qué formar parte de las mesas es un deber ciudadano? ¿Por qué no formarla con funcionarios o con voluntarios?

(1) Puesto que yo ocupo con mucho gusto todos los años.

(2) Es cierto que existe una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, pero se trata de una sanción optativa, que el condenado puede elegir en lugar de ir a la cárcel o de pagar una multa.

(3) Por ejemplo, ¿sabías que si vives en poblaciones de menos de 5.000 habitantes pueden imponerte la obligación de trabajar en obras públicas? Es una forma de que los Ayuntamientos pequeños puedan levantar sus cargas.

 (4) Pienso sobre todo en pueblos pequeños.

(5) Documentándome para esta entrada leí consejos maravillosos, como que te declares anarquista y afirmes que vas a tratar de invalidar el resultado de la Mesa salga lo que salga.

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