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jueves, 20 de mayo de 2021

El honor de un torero muerto

«El amor a la patria es una de las principales obligaciones de los Españoles, y asimismo el ser justos y benéficos».

Esto es el artículo 6 de la Constitución de 1812 («la Pepa»), que contiene uno de los más desopilantes deberes jurídicos que se ha plasmado nunca en un texto legal español: una opción ideológica (amar a la patria) y un deber ético (ser buena persona) se convierten aquí en obligaciones jurídicas. Por supuesto, esto siempre se ha estudiado como un ejemplo de extralimitación legal y de norma jurídica inaplicable. Es una declaración de buenas intenciones, pero no es, no puede ser, una obligación jurídica.

Hasta que llega el Tribunal Constitucional, claro.

Estoy hablando, por supuesto, de la recientísima sentencia que deniega el amparo a una concejal valenciana que fue condenada en vía civil por reírse de la muerte de un torero. Se trata de aquel Víctor Barrio al cual un toro corneó hasta la muerte, que supongo que es lo que pasa a veces cuando te pones delante de un toro cabreado. La concejal publicó en su muro de Facebook un texto que incluía las siguientes expresiones (lo tenéis entero en la sentencia):

 

«Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto...Ya ha dejado de matar.

El negativo, entre otros, claramente es que a lo largo de su carrera ha matado mucho. Muchos de los de mi equipo, que como digo siempre, es el de los oprimidos (…). Ahora los opresores han tenido una baja (…) y me pregunto, como muchos, cuantas bajas más de este equipo harán falta para que los gobiernos centrales, generalitats, diputaciones y ayuntamientos dejen de subvencionar estas prácticas con olor a sadismo.

No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió. (…)»

 

 

Los familiares del torero muerto interpusieron una demanda por derecho al honor. Se trataba de una demanda civil: es decir, no denunciaban a la concejal por un delito contra el honor (injurias, calumnias) que sin duda aquí no se ha cometido, sino que buscaban simplemente la declaración de que se ha vulnerado el honor del muerto, la correlativa rectificación pública y una indemnización. Ganaron todas las vías ordinarias y, por fin, la concejal recurrió en amparo.

El recurso se plantea como un conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión, un viejo conocido en el Tribunal Constitucional. Cuando hay conflictos entre dos derechos, no se puede dar una solución abstracta («prevalece siempre el honor»), sino que hay que estar al caso concreto. Así que el TC empieza sentando doctrina sobre la forma en que se plantea este conflicto cuando se produce en una red social.

Lo que viene a decir (FJ 2) es que las TIC han generado nuevos marcos de relaciones interpersonales. Las redes sociales tienen elementos como una naturaleza esencialmente expansiva (sus contenidos pueden difundirse sin límites y ser accesibles a todos), un carácter interactivo, escasez de factores moderadores, igualación entre emisor y receptor y anonimato de los usuarios. Por ello, aunque las RR.SS. tienen características positivas, también tienen mayor potencial lesivo de los derechos fundamentales. Sin embargo, estos derechos fundamentales siguen siendo los que son, de tal manera que «si la conducta es lesiva del derecho al honor fuera de la red, también lo es en ella».

Hasta aquí bien. Vacío e insustancial, pero bien. Después, el TC dedica varias páginas a analizar la configuración constitucional de la libertad de expresión, el derecho al honor y el encaje entre ambos (todo ello en abstracto), y luego ya pasa al caso concreto. Como el derecho al honor es difícil de concretar, para ello hay que fijarse en los valores sociales de cada momento. ¿Y cuáles son esos valores sociales en los que se fija el Tribunal Constitucional para denegar el amparo? Pues en el FJ 7 lo tenemos.

Para empezar, resulta que la tauromaquia tiene una «indudable presencia en la realidad social de nuestro país» (lo dicen ellos, no yo) y forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. ¿Recordáis que el PP la incluyó como tal? Pues esa inclusión vale para sentencias como esta o como alguna otra que ya comentamos. Y, como la tauromaquia es parte de nuestro patrimonio cultural, está claro que denominar «asesino» u «opresor» al torero muerto incide en su derecho al honor. El TC dice que estos epítetos suponen nada menos que «un menoscabo de reputación personal, así como una denigración de su prestigio y actividad profesional».

¡Toma ya! El tío se dedica a matar toros previamente debilitados por una cuadrilla de ganapanes y resulta que llamarle «asesino» y «opresor» menoscaba su reputación personal. Supongo que ahora no podemos decir que los precios de un establecimiento son «un robo» ni llamar aprovechado a su dueño porque estamos menoscabando las dignísimas profesiones del comercio y de la hostelería.

Una vez está claro que las palabras de la concejala inciden en el derecho al honor del torero muerto, el TC establece que dicha injerencia fue ilegítima y desproporcionada, por lo que no resulta amparada en la libertad de expresión. En palabras de sus señorías:

 

«para defender públicamente sus posiciones antitaurinas no era necesario calificar en la red social de asesino o de opresor a don Víctor Barrio y mostrar alivio por su muerte. Menos aún hacerlo acompañando al texto una fotografía en que se mostraba al torero malherido, en el momento en que fue corneado, con evidentes muestras de dolor, y realizar esa publicación a las pocas horas de fallecer a consecuencia de esa cornada»

Tampoco la utilización de tales expresiones venía exigida o reclamada por un ejercicio de “pluralismo” (…). Al contrario, precisamente tales principios reclamaban de la recurrente una mayor mesura (…). A ello aluden, con razón, las resoluciones judiciales impugnadas al referirse a exigencias mínimas de humanidad como integrantes de los usos sociales en una sociedad civilizada.

Mostrar, al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas, alivio por la muerte de un ser humano producida mientras ejercía su profesión, y calificarle de asesino a las pocas horas de producirse su deceso, junto con la fotografía del momento agónico, supone un desconocimiento inexcusable de la situación central que ocupa la persona en nuestra sociedad democrática y del necesario respeto de los derechos de los demás».

 

Como ya nos tiene acostumbrado el ínclito tribunal, bajo esta pesada capa de (aparente) racionalidad y razonabilidad se esconde una doctrina horrible. No se pueden usar las «exigencias mínimas de humanidad» como canon de constitucionalidad. Es ordenarnos que seamos justos y benéficos. No existe, no puede existir, un deber jurídico de entristecernos por la muerte de cualquier ser humano, sobre todo cuando realiza una actividad que detestamos (como es el toreo) o cuando nos resulta personalmente odioso. Y no puede tampoco existir una prohibición de exteriorizar esa alegría.

Además, hay cosas importantes de contexto a tener en cuenta. No es lo mismo plantarte delante de los familiares a zaherirles con la muerte de su ser querido que publicar un post en Facebook que, además, no tuvo apenas repercusión (veremos un poco más sobre eso ahora). Yo puedo perfectamente opinar que Víctor Barrio está mejor muerto que vivo porque su carrera profesional se basaba en matar animales. Y si mañana se mueren Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o cualquier político odiado por la derecha, pues nos podrá parecer asqueroso, pero cualquiera de los trolls de ultraderecha que padecemos (y que, por cierto, les llaman «asesinos» todo el rato sin rubor alguno) pueden de forma legítima alegrarse de este hecho. No podemos convertir en ilegal todo lo que nos desagrada.

Quiero incidir sobre esto, porque de verdad que me parece grave. Por decirlo de forma gruesa, en plan clickbait, la frase «tanta paz lleve como descanso deja» cuando se muere un familiar cabrón es ahora ilegal. Cualquier expresión que no sea de doliente respeto ante la muerte de otra persona atenta contra su derecho al honor, o contra el de sus familiares. ¡De repente la hipocresía es parte de la Constitución!

Al margen de eso, y como hemos visto, el TC también dice que no era «necesario» para defender posiciones antitaurinas proferir insultos contra el torero muerto. Pero es que la libertad de expresión alcanza también la expresión gruesa, innecesaria y burda. Por otra parte, los dos términos utilizados se entienden perfectamente en el contexto del discurso: no, nadie está diciendo que Barrio cometiera delitos de asesinato. Calificar el toreo de asesinato y tortura es una posición común en el activismo antitaurino, y quien asesina y tortura es un asesino y un torturador. ¿Tendremos ahora que bordear la línea que separa el sustantivo del adjetivo, porque lo primero es legítima libertad de expresión y lo segundo es un intolerable ataque contra el honor?

En fin. Esta sentencia es recurrible ante el TEDH, y lo bueno es que el letrado de la recurrente no va a tener que trabajarse mucho el recurso. El voto particular discrepante que formula la magistrada Balaguer ya se lo deja preparadito. Empieza la magistrada diciendo que esa pretendida frase lapidaria de «si la conducta es lesiva fuera de la red, también lo es en ella» no puede querer decir que la jurisprudencia sobre este tema se pueda trasladar sin tener en cuenta las particularidades del medio.

En otras palabras, y siguiendo siempre el voto particular (que a su vez no deja de citar jurisprudencia del TEDH), no es solo que las redes sociales tengan mayor potencial lesivo sobre el derecho al honor y otros bienes de la personalidad, sino que la libertad de expresión cambia de dimensión. Ya no se puede distinguir con facilidad entre periodista y receptor de la información, y esa era una de las distinciones tradicionales que se hacían a la hora de analizar conflictos de libertad de expresión. Debido a sus características, cualquier persona puede tener sobre la opinión pública una influencia que antes solo estaba al alcance de la prensa.

No basta con decir que «si la conducta es lesiva fuera de la red, también lo es en ella»: hay que valorar si el perfil es de un personaje público o privado, si es anónimo o no, si es un perfil institucional o personal, si hay perfiles con muchos seguidores amplificando el mensaje, si este se propaga rápido, si llega a mucha gente, etc. Tampoco es idéntica la posición de quien crea el mensaje que la de quien lo difunde (retuitea, repostea, etc.). Todos estos elementos tienen que estar presentes al enjuiciar un conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor (o a la intimidad, o a la propia imagen), y el TC ni se los plantea. Por ello, sus conclusiones son erróneas.

 

En este caso, según el voto particular habría que haber valorado los siguientes extremos:

  • Víctor Barrio está muerto y, por tanto, ya no es titular de bienes jurídicos. Cabe velar por su derecho al honor tras su muerte (el respeto a la memoria incluye estas acciones), pero la afectación no es igual que si estuviera vivo. Una cosa es que el titular del derecho valore el grado de ofensa de los insultos, otra muy distinta es que lo hagan sus familiares. No es que no puedan hacerlo, es que su posición es más débil.
  • La recurrente tenía apenas 300 seguidores en Facebook, y el mensaje se difundió sobre todo después de la demanda.
  • El perfil de la recurrente no es anónimo (lo que permite rechazar la aplicación de toda la doctrina sobre el peligro del anonimato de las redes) y tampoco es institucional: en él, la recurrente postea con frecuencia mensajes de contenido animalista y feminista.
  • Estamos ante un mensaje claramente político (lo de «asesino» y «opresor» venía al hilo de un razonamiento sobre política) escrito además por una representante de los ciudadanos. Esto, en la jurisprudencia del TEDH, quiere decir protección máxima. La sentencia debería haber comenzado por aquí, y luego haber estudiado si incidía en el derecho al honor a pesar de este elevado nivel de protección.
  • Que la tauromaquia venga protegida por la ley no implica que no se la pueda criticar. Tampoco es cierto que goce de un apoyo social mayoritario, y para afirmar esto la magistrada acude tanto a estadísticas de celebración y asistencia a festejos taurinos como a encuestas de opinión.

 

Termina el voto particular con un par de párrafos que me parece necesario citar:

 

«los temas que plantean interés general, si se encuadran además en el marco de un discurso político, se benefician de un elevado nivel de protección de la libertad de expresión, lo que lleva asociado un margen de apreciación de las autoridades jurisdiccionales particularmente restringido: el espacio para restringir la libertad de expresión en el dominio del discurso político es muy pequeño, lo que permite recurrir a la exageración, a la provocación, y la falta de moderación en las formas (…).

En este contexto, las expresiones utilizadas por la recurrente en amparo fueron, efectivamente provocadoras, hirientes, y pudieron causar dolor a la familia del fallecido. Nada de eso puede negarse. Como no puede negarse que manifestaron una opinión política que no es patrimonio exclusivo de la recurrente en amparo. El fallecimiento del torero, en este caso, fue la excusa para reiterar el mensaje político de la recurrente, y la forma pudo ser excesiva e inmoderada, pero el contenido principal del mensaje iba más allá de la muerte de una persona, por más que se elaborase al hilo de la misma».

 

 

Al final, estamos como siempre. Tenemos una democracia plena y ejemplar, salvo por el hecho de que siempre estamos a la espera de que Europa nos dé toques para funcionar como es debido. Mientras llega ese momento, yo me voy a poner a escuchar esta canción en bucle, que en cualquier momento deciden que está prohibida y nos la quitan.

 

 

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martes, 18 de mayo de 2021

La tributación conjunta

 A principios de este mes el Gobierno lanzó la propuesta de eliminar la ayuda fiscal a la tributación conjunta. Aunque enseguida lo echó para atrás, la idea ya está sobre la mesa y el globo sonda lanzado. Cabe preguntarse entonces, ¿qué es la tributación conjunta? ¿Le conviene a todo el mundo? En este artículo contestaremos a estas preguntas, sin meternos demasiado en la propuesta del Gobierno, sobre todo porque aún no hay nada concreto que evaluar.

En primer lugar, quizás quieras repasar mi artículo sobre el IRPF, para saber cómo funciona el impuesto. Si ya lo has leído, entonces entiendes que el IRPF recoge en su base imponible toda la renta que reciba una persona física a lo largo de un año, proceda de donde proceda (trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, explotación de inmuebles, posesión de acciones) y a partir de ahí lo grava con ciertos porcentajes.

Históricamente, esto no ha sido siempre así. En las configuraciones originales del IRPF, quien tributaba no era el individuo sino la familia (dicho muy en pinceladas gruesas), y por tanto si un hombre y una mujer estaban casados tenían que tributar conjuntamente. Era obligatorio para ellos. Sin embargo, en 1989 una sentencia del Tribunal Constitucional consideró inconstitucional esta obligación, puesto que hacía pagar más a las unidades familiares cuyos miembros estuvieran casados que a aquellas que no. Debía tratarse de un régimen voluntario, al que se adhirieran las parejas que quisieran. Y eso es hoy en día.

¿Cómo funciona? Pues hay dos opciones:

  • Familia biparental: forman parte de la unidad familiar los cónyuges no separados (no cuentan parejas de hecho) y los hijos que convivan con ellos.
  • Familia monoparental: forman parte de la unidad familiar uno de los progenitores (que no debe estar casado con el otro) y todos los hijos que convivan con él. En parejas que no están casadas, lo más habitual es que uno de los progenitores opte por la tributación individual y el otro tribute conjuntamente con los hijos.

 

Por cierto, cuando nos referimos a «hijos» queremos decir los menores de edad y los mayores de edad incapacitados.

Existe una regla de cierre, que es que nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. Así, si el contribuyente está casado con una persona, pero a la vez tiene hijos de una relación anterior, puede tributar con su cónyuge (modelo de familia biparental) o con sus hijos (modelo de familia monoparental), pero no puede incluirse en ambas unidades a efectos del IRPF.

Vale, tenemos estos dos modelos. ¿Y cómo funcionan? Pues esencialmente, se suma toda la renta que obtengan los miembros de la unidad familiar como si se tratara de una única persona, y luego se le aplican reducciones: 3.400 € en caso de familia biparental y 2.150 € en caso de familia monoparental. Estas cantidades se aplican en la base imponible: es decir, que se suma toda la renta de la unidad familiar y luego se le restan estas cuantías.

¿Dónde está entonces la «trampa»? En el mínimo personal.

Como sabemos, en el IRPF se aplica un mínimo personal, una cuantía de renta por debajo de la cual no tributas, que actualmente es de 5.550 €, aunque se puede ver aumentado por edad y por discapacidad del contribuyente. Pues el mínimo personal se aplica solo una vez. Si sois dos personas (cónyuges, por ejemplo), el mínimo solo se aplica una vez. Si sois tres personas (progenitor y dos hijos), solo se aplica una vez. Si sois once personas (dos cónyuges y sus nueve hijos), sí, exacto, este mínimo solo se aplica una vez.

Es menos grave de lo que parece, porque si la unidad familiar tiene hijos sigue teniendo derecho a aplicar el mínimo familiar (2.400 € por el primer hijo, 2.700 € por el segundo, etc.), pero lo que es el mínimo personal, el del contribuyente, solo se aplica una vez con independencia del número de personas que haya en la unidad familiar. Y esta norma es la que determina para quién es útil esta modalidad y para quién no lo es.

En general, la tributación conjunta es útil cuando solo uno de los miembros de la unidad familiar tiene rentas de importancia. A poco que el resto de miembros tengan un trabajo mínimamente bien remunerado, les compensa más tributar cada uno por su lado. Vamos a poner un ejemplo.

 

La Pareja A está felizmente casada y sin hijos (por no complicar el análisis); en esta pareja, que sigue los bien asentados tópicos de género, el hombre trabaja y tiene una base imponible de 20.000 € anuales, mientras que ella no tiene un trabajo remunerado. Ahora hacen sus declaraciones de IRPF:

  • Si las hacen individuales, el hombre tiene derecho a una reducción de 5.550 € por mínimo personal. La mujer también, pero como no tiene renta, esa reducción se pierde. El hombre (que en este caso es toda la familia) tributa por 14.450 €.
  • Si hacen declaración conjunta, se aplican una sola vez el mínimo personal (cosa que de facto ya pasaba antes) y además tienen una reducción de 3.400 € por tributación conjunta. Tributan en total por 11.050 €. ¡Ahorro sustancial!

 

Ahora vamos a la Pareja B, que está en las mismas circunstancias, pero aquí tanto él como ella tienen sendas bases imponibles de 10.000 €. En su IRPF:

  • Si las hacen individuales, el hombre aplica su mínimo personal (5.550 €) y tributa, por tanto, por 4.450 €. La mujer hace lo propio y le sale la misma cifra. En total, la familia tiene una base imponible de 8.900 €.
  • Si la hacen conjunta, suman sus bases imponibles (20.000 € en total), aplican una sola vez el mínimo personal y luego aplican la reducción de 3.400 € por tributación conjunta. Sale, lógicamente, lo mismo que a la Pareja A (11.050 €), ¡con la diferencia de que a la Pareja B no le supone un ahorro en absoluto!

(Recordemos que estas cuatro cantidades son la base imponible, es decir, la cantidad de dinero que han ganado a efectos del IRPF. Para saber cuánto tributan hay que aplicarle a esa cantidad la escala de tipos del impuesto.)


Por supuesto, según la situación familiar se vaya complicando (aparecen niños, hay mayores que cuidar, la esposa de la Pareja A consigue un trabajo a media jornada durante cuatro meses) se pueden ir haciendo ajustes, pero la idea general es esa: si en la unidad familiar hay una sola persona que trae a casa la mayor parte del dinero, conviene que esa unidad familiar haga la tributación conjunta; si no, no conviene en absoluto.

Claro, esta conclusión tiene una lectura de género clara. Lo más normal es que, como en nuestro ejemplo A, sea la mujer quien reduzca jornada, pida excedencias o directamente no haya tenido nunca un trabajo remunerado, según el grupo de edad. Es evidente que hay una correlación entre tributación conjunta y mujeres ajenas al mercado de trabajo, y es en eso en lo que se ha basado el Gobierno para su propuesta. La idea es que suprimiendo el «incentivo» de la tributación conjunta, más mujeres busquen y obtengan un puesto remunerado.

Correlación no implica causalidad, y a mi entender esto se ve muy claro en este ejemplo. Las razones por la que todas esas mujeres están hoy en día fuera del mercado laboral pueden ser múltiples, pero raro me parecería que una reducción de 3.400 € en el IRPF familiar (en realidad en el IRPF de su marido) fuera una de las más importantes. Sobre todo porque, una vez obtenido ese trabajo, pueden pasar a la tributación individual y probablemente acaben ahorrando.

Yo no soy fiscalista. No sé qué efectos puede tener esto en los dos millones de hogares españoles que se acogen a la tributación conjunta, sobre todo porque la propuesta no es firme. Si al final se lanza, una de las partes más importantes será el régimen transitorio que debería aplicarse, entre otras, a familias que están por completo fuera del mercado laboral (por ejemplo, parejas de ancianos que sobreviven con la pensión de jubilación de él) para que no se vean perjudicadas. Sin saber eso, no creo que se pueda valorar mucho más allá.

No creo que todos los incentivos y desincentivos de una conducta tengan que pasar por el sistema tributario, y más cuando se trata de un tema más sensible. Ya hemos visto que se trata de ahorros no menores, en especial en familias con rentas no muy bajas: quitarlo puede ser perjudicial o beneficioso, dependiendo sobre todo del régimen transitorio. Esperaremos y veremos.

 

 

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domingo, 16 de mayo de 2021

La ley rider en contexto

La aprobación de la famosa «ley rider» ha dado lugar al debate típico en este tema: que si se cumplen así los derechos de los trabajadores, que si va a destruir empleo, etc. Yo ya adelanto que la «ley rider» es en realidad casi una no-ley, que ni tiene los efectos beneficiosos que le atribuyen sus fans ni va a tener los efectos perjudiciales que alegan sus detractores. Por no tener, apenas va a tener efecto. Pero vayamos por partes.

Uno de los argumentos más agitados es la idea de que algunos riders «quieren» (y recalco la palabra) seguir como autónomos, mientras que otros «quieren» pasar a situación laboral. Por supuesto, la empresa «quiere» mantenerles la condición de autónomos. El problema es que todas esas declaraciones de voluntarismo no tienen sentido, porque el estatus de laboral o de autónomo no lo da la voluntad. ¿Por qué creemos que tantos tribunales han rechazado que los riders sean autónomos? ¡Porque no es algo que decidan ellos, ni que decida la empresa!

Lo digo siempre y lo recuerdo ahora: en derecho, las cosas son lo que son, no lo que las partes dicen que son. Si yo te «vendo» una casa por 5 €, es obvio que se trata de una donación aunque la enmascaremos como compraventa, y así lo declarará cualquier tribunal. De la misma manera, la condición laboral y la condición de autónomo son cosas fundamentalmente distintas e incompatibles entre sí. Se les aplican leyes distintas, parten de lógicas diferentes y no se pueden mezclar bien.

La definición de «laboralidad» se deriva del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, norma que será de aplicación a «los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, (…) denominada empleador o empresario». A partir de esta norma, los jueces han definido una serie de notas que, si están presentes, determinan la laboralidad del vínculo:

  • Voluntariedad: la prestación de servicios debe ser voluntaria. Quedan fuera cosas como el antiguo servicio militar obligatorio, pero aparte de eso podemos casi prescindir de esta nota.
  • Ajenidad: el trabajador actúa siempre por cuenta del empresario, a quien le corresponden tanto los beneficios como los riesgos de la empresa. Dado que el trabajador no responde de los riesgos, tiene derecho a cobrar incluso cuando haya habido pérdidas o cuando la empresa vaya mal.
  • Retribución: el trabajo siempre es remunerado, con un salario que no va ligado a la buena marcha del negocio.
  • Dependencia: el trabajador está sujeto a la organización del empresario. Es el empresario quien decide cuáles son las tareas del trabajador, de qué manera y en qué orden debe hacerlas, cómo se estructura la empresa, etc. Incluso puede sancionarlo, por ejemplo con un despido.


En la práctica, los elementos de ajenidad y, sobre todo, dependencia, son los más importantes y los que generan más conflictos. En el tema de los riders toda la discusión se ha centrado en si estos repartidores actúan o no bajo la dependencia de las plataformas, si están dentro de la organización empresarial o si desarrollan su trabajo al margen de las mismas. Salvo un pequeño porcentaje de casos, los tribunales siempre han fallado a favor de los riders, atendiendo para ello a criterios como que los precios los fija la empresa o que los riders están indiferenciados entre sí, de tal manera que cualquiera de ellos puede realizar la prestación. El vínculo es, por tanto, laboral.

¿Y qué significa que el vínculo sea laboral? Pues que al trabajador se le considera «trabajador» en todo el sentido de la palabra. Tendrá los derechos laborales que derivan del Estatuto de los Trabajadores y del convenio que le sea de aplicación, y si se pelea con la contraparte del contrato (su «jefe» o «empleador») llevará el asunto a los tribunales de la jurisdicción social. Vamos, lo que hemos entendido toda la vida como trabajador.

Un autónomo es otra cosa. Un trabajador autónomo es, pese al nombre equívoco, un empresario. Alguien que trabaja para sí mismo, que se queda los beneficios del negocio pero también asume sus riesgos, que decide sus precios y tiempos, que puede contratar trabajadores y para quien las personas que le dan trabajo no son «jefes» sino «clientes». O sea, una figura completamente opuesta a la del trabajador.

El empresario individual siempre ha existido; nunca ha sido necesario montar una sociedad para ejercer una actividad empresarial. Pero fue a mediados de la década de los 2000 cuando el concepto pasa de ser «empresario que tiene una tiendecita o un bar» a «tipo que curra desde su casa», que es lo que hoy conocemos como autónomo. En 2007 se dicta la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, con un nombre que imita el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 1.1 de esta norma dice que será de aplicación a «las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo».

Como vemos, y aparte de otras notas propias de la figura (como la habitualidad), el trabajador autónomo actúa por cuenta propia y fuera de la dependencia de otra persona. El vínculo con sus clientes (recordemos: «clientes», no «jefes») será mercantil o civil, lo que quiere decir que cualquier problema se discutirá en los tribunales civiles, no en los laborales. Y, por supuesto, mientras que un empresario tiene muchos deberes fiscales y de Seguridad Social hacia sus trabajadores, el autónomo tiene que hacerse él sus trimestrales y abonar sus cotizaciones.

Es por esto, por este abaratamiento tanto en derechos (un autónomo no está sometido a convenio colectivo alguno ni al Estatuto de los Trabajadores) como en dinero (no hay salario mínimo, no se pagan cotizaciones) que muchas empresas comenzaron a disfrazar de autónomos a sus trabajadores. La ley de 2007 que hemos citado prevé incluso una figura, el trabajador autónomo dependiente económicamente, que no es ni más ni menos que un autónomo con un solo cliente importante, por lo cual se le reconocen ciertos derechos pseudo-laborales.

A pesar de esta figura, muchas empresas contrataron a autónomos que no eran tales. Por mucho que seas dependiente económicamente, para ser autónomo es necesario que se cumplan las notas que hemos visto antes (cuenta propia e independencia), y un tipo que recibe un salario que él no ha fijado a cambio de estar bajo el mando de un empresario es un trabajador laboral, no un autónomo. Se pongan como se pongan las partes.

Uno de los sectores que más ha abusado de estos falsos autónomos es el de los riders, empleados a los que hemos llamado desde siempre repartidores. Había algunos elementos que podían confundir a los tribunales (como que fueran los riders quienes aportaran su moto o su bici, o que la asignación de tareas fuera automatizada), pero al final la realidad se impuso: son las empresas de reparto quienes organizan la actividad a través de una aplicación, y son los riders quienes están sometidos a normas directivas que impone aquella. Es laboral.

¿Y entonces, qué hace la «ley rider»? Pues más bien poco. La ley incluye un derecho de todos los trabajadores, no solo de los riders: derecho a que la empresa les informe de los parámetros en que se basan los algoritmos o sistemas de IA que afectan a la toma de decisiones con relevancia laboral. Está hablando de las apps de reparto, pero también de cualquier otro programa informático que incida en las condiciones de trabajo, en el acceso al empleo o en el mantenimiento del mismo. Este contenido es quizás el más interesante de la nueva norma.

Ya pasando al ámbito de los riders, la nueva norma añade al Estatuto de los Trabajadores una disposición adicional que establece una presunción. Una presunción es un mecanismo legal por la cual se entiende que algo ha sucedido salvo que se pruebe lo contrario. Así, en Derecho penal tenemos la presunción de inocencia (el encausado es inocente hasta que se demuestre lo contrario), en Derecho civil opera la presunción de buena fe (se entiende que ninguna de las partes del contrato actúa con mala voluntad salvo que se pruebe), etc.

¿Qué se presume en la nueva DA 23ª del Estatuto de los Trabajadores? La laboralidad. Por citar la ley, se presume la laboralidad de «la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital».

En otras palabras: cuando un trabajador actúe como repartidor bajo la dirección y organización de una empresa, se presume la laboralidad de esta relación aunque la gestión del negocio se lleve de forma algorítimica por medio de una plataforma digital. Lo cual queda muy bien en la ley, pero si has leído con atención este artículo es posible que te deje un poco frío. Si la relación laboral depende de que el trabajador sea dependiente de las facultades de organización del empresario, ¡claro que habrá que presumir que hay relación laboral si hay un empresario que ejerce las facultades de organización! ¿Cómo vamos a presumir otra cosa?

De hecho, esta presunción de laboralidad ya está contenida, desde tiempos inmemoriales, en el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores: se presume que hay un contrato de trabajo «entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución». O sea, cuando concurran las notas de ajenidad, dependencia y retribución que hemos analizado al principio. La nueva DA 23ª se refiere literalmente a este párrafo y dice que se dicta «por aplicación» del mismo.

¿Cuál es la novedad entonces? La referencia a que la gestión se lleve a cabo de modo algorítmico por medio de una plataforma digital. Eso es lo que se dice en la Exposición de Motivos de la «ley rider»: que la finalidad de la norma es «la regulación de la relación trabajo por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto». ¡Pero es que esa nunca ha sido una nota que defina la laboralidad! Nadie ha dicho que las facultades de dirección del empresario se tengan que ejercer siempre de manera directa y por medios analógicos, sino que se pueden encomendar a un algoritmo o a cualquier otro medio que vaya creando la técnica.

Al final, la tan cacareada «ley rider» lo único que hace es trasladar a la ley la doctrina del Tribunal Supremo, que, a finales del año pasado, dejó claro (como si hiciera mucha falta) que la dependencia del trabajador no es menos dependencia porque se ejerza por medios tecnológicos. No ha hecho nada más. Las empresas de reparto seguirán diciendo que hay lagunas legales y que por ello sus trabajadores son autónomos, estos falsos autónomos seguirán demandando, seguirán teniendo que probar la dependencia y seguirán ganando, porque entre la jurisprudencia del TS y la nueva norma, ganar ese juicio pasa de ser muy probable a ser casi seguro.

En estos términos no hacía falta una «ley rider», la verdad. Y no lo digo como demérito, sino porque realmente no hace casi nada. Quizás una solución valiente y adelantada habría sido dictar toda una norma que regulara en general el empleo de aplicaciones y plataformas como medio de ejercer las facultades de dirección de las empresas. Porque este conflicto lo hemos vivido ahora con los riders, pero va a extenderse a todos aquellos sectores donde las empresas empiecen a emplear aplicaciones para asignar y controlar el trabajo.

Pero claro, esperar soluciones valientes y adelantadas del Gobierno más de izquierdas de la historia del país es perder el tiempo. Como siempre.

 

 

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martes, 27 de abril de 2021

El IRPF es más fácil de lo que parece

 La campaña contra los impuestos ha dejado por un ratito el Impuesto de Sucesiones y el supuesto carácter confiscatorio del IRPF para centrarse en la injusticia de lo que tributan aquellos que tienen dos o más pagadores. La estrategia es la misma de siempre: casos lacrimógenos, más o menos manipulados, y que por supuesto no analizan de verdad lo que es el impuesto y cómo funciona. Así que, dado que seguimos en campaña de Renta, vamos a explicar cómo funciona el IRPF, por qué sucede lo de los dos pagadores y qué puedes hacer tú para arreglarlo.

 

Base, tipo y cuota

Primero, una palabra general sobre cómo funcionan los impuestos. Todos los impuestos gravan una determinada manifestación de capacidad económica: renta, patrimonio, consumo, la que sea. Y, para ello, se vale de tres elementos. El primero es la base imponible, que es la cuantificación de ese acto de capacidad económica. Por ejemplo, en el IVA, la base imponible es el precio que pagas al adquirir un bien o servicio.

A esa base imponible se le aplica un tipo impositivo, un porcentaje, que en el caso del IVA es del 4%, del 10% o del 21% según casos. De aplicar el tipo a la base se obtiene la cuota, que es ya lo que pagamos: en el IVA, viene desglosado al final de la factura o ticket.

El IRPF es un impuesto que intenta tener en cuenta las circunstancias personales del pagador, así que este esquema tan simple se complica con especialidades. Pero la idea básica es esta: una base imponible a la que se le aplica un tipo para obtener una cuota.

 

La base imponible

En el IRPF la base imponible se calcula sumando cinco grandes conceptos:

-             Rendimientos del trabajo (RT). Aquellos que obtiene un trabajador por cuenta ajena, sea directamente del trabajo (salarios) o indirectamente (prestaciones públicas o pensiones). En su mayor parte, Hacienda ya tiene estos datos y los incluye en el borrador.

-             Rendimientos del capital inmobiliario (RCI). Si tienes algún inmueble en alquiler (un piso, una plaza de garaje), el dinero que te paga tu inquilino computa aquí.

-             Rendimientos del capital mobiliario (RCM). Se ponen aquí los rendimientos de bienes muebles, como el que puedas haber obtenido de alquilar tu moto, pero sobre todo los derivados de acciones, obligaciones, productos financieros, etc. Si en tu borrador aparece una pequeña cantidad en este apartado, son los intereses que te ha pagado el banco por tener el dinero con ellos.

-             Rendimientos de actividades económicas (RAE). Aquellos que obtiene un trabajador por cuenta propia, es decir, un autónomo.

-             Ganancias y pérdidas patrimoniales (PyG). Un cajón de sastre en el que se cuenta todo lo demás. Por ejemplo, si he vendido bienes (una casa, un vehículo, un paquete de acciones), si me ha tocado un premio, etc.

 

Estos rendimientos se cuentan netos, es decir, que solo se computan una vez restados los gastos necesarios para obtenerlos. En el caso de los RT, se consideran gastos necesarios la Seguridad Social, las cuotas de sindicatos o los honorarios de profesionales necesarios para litigar contra tu empleador. Además, se le restan siempre 2.000 € por gastos de difícil cuantificación (transporte, etc.), y si son menores de 16.825 € se reducen otro poco.

Una vez que hemos calculado todos estos rendimientos por separado (que parece mucho, pero hay que pensar que en la mayoría de casos solo habrá RT o RAE), los sumamos para formar la base imponible. Hay una base imponible general, formada por casi todos los rendimientos, y una base imponible del ahorro, formada por ciertos RCM y GyP concretos. Tributarán luego a tipos distintos.

A la base imponible se le pueden aplicar reducciones. Por ejemplo, puedes reducirte el dinero que has aportado a un plan de pensiones, el que has metido en un sistema de previsión a favor de una persona discapacitada o el que has pagado en concepto de pensión compensatoria o de alimentos (salvo los alimentos de los hijos).

 

El mínimo personal y familiar

Antes he dicho que el IRPF intenta tener en cuenta las circunstancias de cada contribuyente. Lo hace, sobre todo, por medio del mínimo personal y familiar. El mínimo personal y familiar es una cantidad por debajo de la cual se considera que no revelas capacidad económica apreciable a ojos del impuesto, por lo que si tu base imponible está por debajo de ese mínimo, no pagas nada.

El mínimo personal y familiar se compone de:

-             Mínimo personal: 5.550 €, incrementado en 1.150 € si tienes más de 65 años y en otros 1.400 € si tienes más de 75.

-             Mínimo por descendientes. Se cuentan los descendientes con discapacidad o menores de 25 años, que convivan con el contribuyente y no tengan sus propias rentas: 2.400 € por el primero y cantidades incrementales si tienes más. Además, 2.800 € extra si tiene menos de 3 años.

-             Mínimo por ascendientes. Se cuentan los ascendientes con discapacidad o mayores de 65 años, que convivan con el contribuyente y no tengan sus propias rentas: 1.150 € por cada uno, y 1.400 € extra si tiene más de 75 años.

-             Mínimo por discapacidad: se aplica a las tres categorías anteriores y puede ser de 3.000 €, 6.000 € o 12.000 € dependiendo del tipo de discapacidad.

 

Sumamos todo eso y, como he dicho, si nuestra base imponible está por debajo de lo que nos da, no se paga IRPF. ¿Y si está por encima? Pues tributas solo por la cantidad que lo supere. Por ejemplo, un contribuyente menor de 65 años, sin descendientes ni ascendientes y sin discapacidades que obtuviera una renta de 13.000 €, aplicaría el mínimo personal (5.550 €) y tributaría por los 7.450 € restantes (1).

 

El tipo impositivo

La base imponible general tributa a un tipo progresivo: los primeros 12.450 € van al 9,5%, los siguientes 7.750 € van al 12% y así sucesivamente. ¡Ojo! Esos son los tipos del Estado. A la misma base imponible se le aplican también los tipos de la Comunidad Autónoma. Cada Comunidad Autónoma puede fijar los tramos como quiera. Por ejemplo, en Madrid los primeros los primeros 12.450 € van al 9%, los siguientes 5.257,20 € van al 11,2% y así sucesivamente.

Eso quiere decir que a la base imponible general se le aplican dos escalas de tipos distintas: la estatal y la autonómica. Supongamos una base imponible general de 16.000 € que tributa en Madrid. Al aplicarse la escala estatal, la cuota es de 1.608,75 €. Al aplicarse la escala autonómica, la cuota es de 1.518,10 €. Hay que pagar las dos.

Por su parte, la base imponible del ahorro (la que derivaba de ciertos RCM y GyP) tributa a un tipo también progresivo, pero con menos tramos. Se le aplica también una escala estatal y una escala autonómica, pero ambas son idénticas porque las Comunidades Autónomas no tienen potestad para regular este extremo.

Sumamos estatal con estatal y autonómico con autonómico y obtenemos dos cuotas distintas.

 

La cuota

Como hemos visto, las operaciones anteriores nos dan dos cantidades: una cuota estatal y una cuota autonómica. A esas cuotas se le aplican ciertas deducciones:

-             A la cuota estatal se le aplica la deducción por inversión en empresas nuevas, y el 50% del resto de deducciones estatales (por ejemplo, deducción por donativos, por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, etc.)

-             A la cuota autonómica se le aplica el otro 50% de las deducciones estatales, y además cada Comunidad Autónoma puede implantar las deducciones que quiera. Por ejemplo, es muy común que se establezcan deducciones por alquiler.

 

Una vez hecho esto, se suman ambas cuotas (es lo que se llama cuota líquida), se le aplica otra ronda de deducciones (por maternidad, por familia numerosa, por doble imposición internacional) y el montante resultante es lo que tienes que pagar.

¿Seguro? No, falta una última cosa.

 

A pagar o a devolver

Si has leído con atención, verás que todas las cantidades hasta ahora eran positivas. A una base imponible se le aplica un tipo de gravamen y el resultado es una cuota, a la cual se le pueden hacer deducciones pero que nunca podrá ser negativa. Entonces, ¿cómo es que a veces Hacienda me «devuelve» dinero? ¿Qué significa que salga «a devolver»?

Esto es una consecuencia necesaria del sistema de pagos a cuenta. Pensemos en el ejemplo de más arriba, el de la renta de 16.000 €. Supongamos que no tuviera deducciones: tendría que pagar más de 3.000 € de IRPF. ¡Casi una quinta parte de lo que ganó en el año! ¡Nadie tiene eso ahorrado! Entonces, para evitar estos palos en abril-mayo, se aplica el sistema de pagos a cuenta.

Un pago a cuenta es, simplemente, un dinero que se ingresa en Hacienda a cuenta de tu futuro IRPF. Si trabajas por cuenta ajena, ese pago a cuenta es la famosa «retención», y la practica e ingresa tu empleador. Si eres autónomo o empresario, el pago a cuenta se llama «pago fraccionado» y lo abonas tú mismo en la declaración trimestral del IRPF (2).

Entonces, lo que sucede es que tú vas pagando IRPF durante todo el año, en esos pagos a cuenta. Cuando en abril-mayo del año siguiente haces la declaración, Hacienda suma lo que le has pagado. ¿Que le has pagado menos de lo que debes? A pagar. ¿Que le has pagado más de lo que debes? A devolver. Así de simple.

En un mundo que funcionara perfectamente, la declaración anual de Hacienda nos saldría 0, ni a pagar ni a devolver. Eso querría decir que ya habríamos pagado, a lo largo del año anterior, vía pagos a cuenta, todo el IRPF que debemos, ni un euro más ni un euro menos. Claro, en la realidad nunca se acierta hasta ese punto, y siempre hay una cantidad que regularizar, sea a favor o en contra.

En general, cuanta más baja sea la cuota resultante del impuesto (sea a pagar o a devolver), mejor. Si durante varios años seguidos te sale a pagar cantidades altas, considera el pedirle a tu empleador que te suba la retención. Si te devuelven mucho dinero, intenta que te la bajen, aunque en la mayoría de casos hay una cierta cantidad mínima.

 

Entonces, ¿qué pasa con el tema de los dos pagadores?

Como hemos comprobado, que te salga a pagar o a devolver depende de cuánto dinero has abonado ya durante el año. Si tienes un solo empleador, lo tiene muy fácil para calcular tu retención: determina cuánto te pagará durante el año, tiene en cuenta tu mínimo personal y familiar (hay un formulario para comunicarle a tu empleador tus circunstancias personales) y calcula cuánto te tiene que retener.

Si son dos o más empleadores, lo tienen más difícil, porque cada uno de ellos calcula la retención como si él fuera el único. Así, la retención es menor, o puede incluso no existir. Pongo un ejemplo: en ciertos contribuyentes, si obtienen unos rendimientos del trabajo inferiores a 14.000 €, no existe obligación de retener. Supongamos un contribuyente que tuvo una renta de 16.000 € en un solo trabajo: su jefe le ha practicado la retención prevista. Si ese mismo contribuyente ha cobrado 7.000 € de un pagador, 4.000 € de otro y 5.000 € de un tercero, ninguno de sus tres jefes le ha retenido nada.

La cuestión es que no hay discriminación alguna. Ese contribuyente pagará lo mismo, haya obtenido sus rentas de uno o de siete pagadores. Pero si las ha obtenido de uno, habrá ido abonando a lo largo del año buena parte de lo que debe. Si las obtuvo de varios, lo más probable es que no le hayan retenido mucho y ahora tenga que pagar más. Es simplemente una cuestión de tiempo.

Por supuesto, para ese contribuyente, saber que no le están discriminando no supone un consuelo cuando tiene que pagar un pastón a mediados de año. La solución puede venir por modificar las normas sobre gestión del impuesto, pero no por imponer otra rebaja tributaria populista. Mientras tanto, el mismo consejo que daba más arriba: pídele a tu empleador que te suba la retención y te evitas sustos en abril.

La normativa tributaria es, yo lo entiendo, compleja. Pero creo que conocer un mínimo cómo funciona un impuesto que pagamos todos los años nos ayuda bastante a no sentirnos indefensos ante él.

 

 

 

 

(1) En realidad es más complejo, pero como aproximación nos vale.

(2) Por supuesto, puede ser más complicado. Hay ingresos a cuenta (para cuando la renta es en especie), los autónomos pueden soportar retenciones, etc. Pero para hacernos una idea ya va bien.

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sábado, 24 de abril de 2021

Propaganda verde vómito

En el partido nazi están asustados. Entre el empuje electoral de Ayuso (que ya se ha comido a Ciudadanos), su propio desinfle tras el cénit que alcanzaron en las generales y la movilización electoral de la izquierda, hay un peligro muy real de que se queden fuera de la Asamblea de Madrid. Así que están echando el resto en su campaña electoral para sacar votos de España 2000, las diversas Falanges y otras fuerzas democráticas. 

Lo primero que han hecho es mandar sobres con la bandera de España, supongo que para que las personas decentes los tiremos sin necesidad de abrirlos. Desde la izquierda se está diciendo que este tipo de propaganda es ilegal, pero yo no puedo estar de acuerdo. El asunto ya lo resolvió el Tribunal Supremo en 2017, a mi entender de forma adecuada. En síntesis, la Junta Electoral había prohibido los sobres con la bandera de España, los fascistas recurrieron y el TS les dio la razón, porque estimó que los dos argumentos de la Junta Electoral eran erróneos.

El primer argumento tenía que ver con la Ley de Banderas. Esta norma dice, en su artículo 8, que «Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas». Es decir, que no puedes inscribir en la bandera el logo o las siglas de tu partido político (o de tu sindicato, asociación, sindicato, etc.). Pero el hecho es que el partido nazi no lo hace. El sobre solo tiene la inscripción «Propaganda electoral», no el logo del partido, ni las siglas, ni nada. Primer escollo superado.

El segundo argumento deriva del artículo 46.5 LOREG, que establece que «No pueden presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España». Esto parece inapelable, pero se trata de un artículo que no regula la propaganda electoral, sino la presentación de candidaturas. En otras palabras, lo que no puedes hacer es meter la bandera de España dentro del símbolo que va a ir encabezando la papeleta, pero no está prohibido que la emplees en la propaganda.

Puede que esta resolución no convenza. Al fin y al cabo, ambas normas tienen un objetivo loable, que es que ninguna fuerza política patrimonialice una bandera que se supone que es común. Por analogía, sobre todo a partir del artículo 46.5 LOREG, se podría prohibir cualquier empleo de los símbolos estatales en la propaganda electoral. Sin embargo, a mi juicio esto no sería posible, por una razón principal: los derechos fundamentales de libertad de conciencia (artículo 16 CE) y de participación política (artículo 23 CE).

En otras palabras: una fuerza política puede tener el ideario que le dé la gana, porque para eso está amparada por dos derechos fundamentales. Y no se puede restringir su actuación más allá de lo necesario. En este caso, la ley podría decir (¿por qué no?) que los partidos no pueden usar la bandera de España en ningún acto, envío ni pieza de propaganda. Pero no lo dice. Solo les prohíbe inscribir su logo en la bandera y usar la bandera o el escudo como símbolos. Restringir derechos fundamentales con base en una analogía no es nunca buena idea porque, aunque aborrezcamos a los titulares del derecho fundamental restringido, estas cosas son una pendiente resbaladiza.

Lo segundo que ha hecho el partido fascista es agitar el miedo a los niños y adolescentes internados en centros de acogida, algunos de los cuales son extranjeros y se denotan por el término «menas» (menores extranjeros no acompañados). Se trata de un acrónimo propio del lenguaje jurídico-administrativo que, gracias a la acción de grupúsculos racistas, se ha convertido en una marca de infamia. Opera, como siempre, el principio de representación de colectivos marginalizados, según el cual cualquier miembro del grupo que realice acciones reprochables se convierte en un representante de todos los demás. En otras palabras: si me atraca un hombre blanco, qué cabrón; si me atraca un «mena», hay que expulsar a todos los «menas».

El cartel en cuestión ya se ha difundido ampliamente por redes. Contrapone a un supuesto menor extranjero vestido de guerrillero urbano (eso sí, con los ojos pixelados) y a una adorable anciana. Según el cartel, el malvado «mena» recibe 4.700 € al mes y «tu abuela» solo cobra una pensión de 426 € al mes. Ni siquiera me voy a centrar en la hipocresía que supone ese cartel cuando hace apenas un año que el partido nazi se estaba absteniendo de la subida de las pensiones. Tampoco ahondaré en la mentira de los 4.700 € porque, francamente, este partido lo raro es que diga alguna verdad.

Vamos a hablar de infracciones y de delitos. Y lo vamos a hablar tomando como punto de partida el hecho de que estamos ante un bulo racista agitado contra una población extremadamente vulnerable. En primer lugar, y hasta donde yo alcanzo, la Junta Electoral no revisa previamente la propaganda electoral ni tiene que autorizarla. Algo así estaría a un paso de la censura. Lo que sí puede hacer, por supuesto, es resolver las denuncias y reclamaciones presentadas en materia electoral.

La publicidad racista, ¿comete infracción electoral? El asunto es que, al contrario de lo que sucede en otros ámbitos del derecho, no hay un listado de infracciones clasificadas en muy graves, graves y leves, sino que la LOREG se limita a decir que la Junta Electoral sancionará con multas a quien vulnere normativa electoral si la conducta no constituye delito. La publicidad racista (o dijéramos machista, tránsfoba, clasista, homófoba), ¿va en contra de la legislación electoral? A mi entender no. El contenido de la propaganda electoral está muy poco regulado, como por otra parte es lógico.

Tampoco estamos en sede de delito electoral. Los delitos electorales relativos a la propaganda tienen que ver con su emisor (hay ciertas personas que no pueden hacer propaganda electoral, como jueces, policías o miembros de la Junta Electoral), con su plazo o con su formato, no con su contenido. Y en campaña electoral se agravan los delitos de injurias y calumnias, pero la injuria para ser delito tiene que ir dirigida contra personas concretas, no contra grupos sociales o demográficos.

Entonces, ¿qué queda? Pues queda la vía que han emprendido Más Madrid y el Ministerio Fiscal: el delito de odio. Ese cajón de sastre con el que intentamos castigar aquellos comentarios que son expresión de prejuicios y discriminación pero no atentan directamente contra ningún otro precepto. Se castiga a quienes inciten (directa o indirectamente) al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por motivos, entre otros, racistas o de origen nacional. También a quienes produzcan, elaboren, distribuyan o difundan material que sea idóneo para promover ese odio u hostilidad.

Existe una amplia jurisprudencia sobre qué es y qué no es delito de odio, y no tenemos demasiado espacio para repasarla. La cuestión es que la actuación en los últimos meses del partido nazi ha sido coherente: mentir sobre este colectivo, avivar el odio aprovechándose de delitos que habrían sido cometidos por menores de piel oscura (que no se sabe si eran extranjeros o españoles, y si pertenecían al colectivo de «menas» en caso de ser extranjeros) y, ahora, el cartel. Un cartel en el que se miente de forma grosera (la caracterización del supuesto «mena» es para verla) con el fin de generar hostilidad hacia un grupo (pintándolos de delincuentes y de carga fiscal) a mi juicio es delito de odio. Los jueces lo decidirán, pero, como siempre, la sentencia saldrá en unos años.

Están nerviosos. Están nerviosos y se les nota. Pueden pasar de ser socios necesarios de gobierno al último mono de la oposición, o incluso irse a extraparlamentarios. Si estas elecciones marcan un declive para ellos, puede ser el principio de un efecto dominó que los arrastre en todo el país. Sí, están poniendo toda la carne en el asador porque se juegan mucho en estas elecciones. De nosotros depende que no lo consigan.

 

 

 

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sábado, 3 de abril de 2021

Multas

La multa es el castigo más frecuente. Es en lo que pensamos cuando alguien hace algo ilegal pero no muy grave: «le van a poner una multa». En realidad, es uno de los tres tipos de castigos que incluye nuestro sistema sancionador: privaciones de libertad (cárcel, localización permanente), la multa y el cajón de sastre de las privaciones de derechos (de sufragio pasivo, de contratar con la Administración, de patria potestad, de conducir). El primero no siempre es legalmente posible y el tercero a veces no tiene sentido, por lo que queda el segundo como verdadero rey del sistema.

 ¿En qué consiste la multa? Es una exacción económica, una cantidad de dinero que tienes que pagar y que es independiente de otras cantidades que debas, como por ejemplo las costas del juicio o la indemnización a la víctima. Digo esto porque a veces se confunde multa con estas otras cantidades, y no es correcto: si pierdes un juicio, pagarás costas; si has roto algo o dañado a alguien tendrás que indemnizar. La multa es algo distinto, es el castigo propiamente dicho, y es perfectamente compatible con los otros pagos que debas hacer.

Cuando pensamos en castigos, quizás el que se nos viene primero a la cabeza es la cárcel o, de forma más general, los castigos de privación de libertad. Y si miramos el Código Penal, en efecto el castigo más frecuente es la prisión. Sin embargo, hay muchas normas no penales que también prevén castigos: ya hablé en el artículo anterior de las infracciones administrativas. Y una infracción administrativa nunca puede llevar aparejada una sanción privativa libertad de, porque esas infracciones las aprecia y castiga la Administración y esta no puede imponer una sanción de este tipo (artículo 25.3 CE). A eso me refería más arriba con que la cárcel no siempre es legalmente posible.

En cuanto a la privación de derechos, a pesar de que es un castigo muy adaptable, no siempre procede. Si el delito o la infracción administrativa se cometen contra los hijos, es razonable que una de las sanciones sea la privación de la patria potestad. Si está relacionado con armas o con vehículos a motor, tiene sentido privar al autor del uso de unas o de otros. Si se trata de corrupción, cae de suyo que una de las sanciones tiene que ser la prohibición de que esa persona sea cargo público. Pero en muchos otros casos no hay ninguna privación de derechos relacionada con el caso. Además, como esta sanción está tan enfocada a evitar la reincidencia, suele imponerse junto con alguna otra con más contenido punitivo.

Así pues, nos queda la multa. El único castigo que le cuadra a todas las situaciones. Si has hecho algo prohibido, nunca viene mal que pagues por ello en dinero contante y sonante. Esta es una de las principales ventajas de la multa, su versatilidad. Hay otras ventajas obvias: es la más liviana de las sanciones posibles (no afecta a ningún bien personalísimo, como la libertad o la intimidad), no desocializa ni estigmatiza (como sí hace la prisión), no priva al sancionado de sus relaciones familiares y laborales, es barata de aplicar…

En cuanto a las desventajas, se han destacado sobre todo tres. La primera, que precisamente por ser una pena liviana y que no tiene apenas impacto sobre el día a día, no intimida tanto como otras. Uno de los fines de la sanción es la prevención general, es decir, convencer a la gente de que no incumpla las normas: según esta idea, una multa tiene menos efecto de este tipo, porque no asusta tanto como que te metan en la cárcel o te priven de un derecho importante para ti (1).

Las otras dos desventajas de la multa tienen mucho que ver con la forma concreta en que se aplique. Una de ellas sería que la multa no tiene nada que hacer contra la insolvencia: a un insolvente le puedes poner todas las multas que quieras, que le va a dar igual. Por eso las multas penales (las que derivan de delitos) llevan aparejada la «responsabilidad personal subsidiaria»: si impagas la multa, vas a la cárcel por una cantidad de tiempo que depende del dinero que debas. Por supuesto, las multas administrativas (las que derivan de infracciones administrativas) no pueden hacer eso, porque, como ya hemos dicho, la Administración no te puede meter en la cárcel.

Y llegamos así a la desventaja reina: la disparidad de afectación a las personas según su riqueza. Si la multa se fija de acuerdo con la gravedad de los hechos, sin tener en cuenta ningún otro criterio, es muy posible que sean losas inasumibles para quienes ganan menos y calderilla para quienes ganan más. Solo tendrán un contenido punitivo aceptable (supondrán una molestia sin ser impagables) para un sector muy concreto de la población. Es justo lo que ha pasado esta semana con el futbolista Marcelo Vieira, a quien le han puesto una multa de 2.700 € por saltarse las restricciones perimetrales. Vieira, según las webs de fútbol, cobra 8,5 millones de euros al año.

Cada vez son más las voces que, ante casos como estos, exigen que las multas sean proporcionales a la fortuna del multado. El problema es que, claro, si usamos solo ese criterio, perdemos de vista otro parámetro importante al fijar la sanción: la gravedad del hecho. Es incoherente con el sistema sancionador que un hecho leve se castigue con más multa que un hecho grave solo porque su autor tenga más dinero.

¿Entonces? Pues entonces hay que atender a ambos criterios: gravedad del hecho y riqueza del autor. Y lo curioso es que esto, que se está reclamando ahora en multas administrativas, lleva vigente más de 25 años en multas penales. Os presento el sistema de días-multa. En este sistema, el marco penal de cada delito está constituido por una serie de «días», «meses» o «años» de multa: por ejemplo, el hurto leve (hasta 400 € y sin agravantes) se castiga con 1 a 3 meses de multa. El número concreto de días, meses o años de multa se impone de acuerdo a la gravedad del hecho, igual que en cualquier otro delito el juez puede decidir qué pena concreta impone del marco que le da la ley.

Una vez fijados los días de multa que se deben, hay que determinar cuánto paga el autor por cada día de multa. Y para ello se atiende a una cuota fijada en la ley: de 2 € a 400 € diarios en caso de personas físicas y de 30 € a 5.000 € diarios en caso de personas jurídicas. La cantidad diaria concreta se impone de acuerdo a la riqueza del condenado. Se entiende que los meses son de 30 días y los años, de 360 días (2). La multa así obtenida se puede fraccionar por cuotas, pero cumple el requisito de ser proporcional a los ingresos y no incapacitante.

Es cierto que, en la práctica jurídica, las multas resultantes no siempre cumplen con su objetivo, porque muchas veces no hay tiempo ni medios para hacer una indagación completa en el patrimonio del condenado, sobre todo si no se trata de un delito importante. Sin embargo, eso es cuestión de infraestructura y de procedimiento, y puede arreglarse. Supongamos que, de hecho, se arregla. ¿Qué impide trasladar este sistema a las multas administrativas? ¡Nada! ¡Nada en absoluto!

Aquí no pasa como en el tema de los insolventes, que una norma constitucional impide sancionar con privación de libertad a quien impaga una multa administrativa. No hay nada parecido. Es perfectamente posible que la Administración imponga un sistema de días-multa o cualquier otro que sea proporcional a la riqueza del sancionado. Para obtener el dato del patrimonio, y dado que en sanciones administrativas no hay una vista en la que se pregunta al sujeto, podría pedirse a Hacienda y al SEPE, de acuerdo con los oportunos convenios que garanticen la protección de datos.

¿Por qué no se hace, entonces? Tengo varias ideas, que van desde la suposición hasta la conspiranoia. La primera tiene que ver con la inercia y la pereza: las multas administrativas siempre han sido una cantidad fija (o un marco con una cantidad fija superior y otra cantidad fija inferior) y no vamos a ponernos ahora a cambiar todo el sistema. La segunda habla de las infraestructuras: para implantar una multa con este formato es necesario, como digo, que los funcionarios de los múltiples organismos sancionadores que tiene el Estado puedan consultar las bases de datos de Hacienda y del SEPE, y eso puede ser un reto tecnológico.

La tercera, la más conspiranoica, es que las multas se usan en buena medida para la llamada burorrepresión, es decir, la imposición de multas para desincentivar la protesta. Una multa administrativa tiene ventajas obvias para el poder político: las impone la propia Administración (es decir, una de las dos partes en conflicto), ante la cual los policías tienen presunción de veracidad, y una vez impuestas es carga del sancionado recurrirlas ante los jueces. ¡Anda que no habré oído yo veces a activistas decir que prefieren ser imputados por un delito que recibir una multa administrativa! Aunque no confíes en el Estado, en un juicio penal tienes de lejos muchas más garantías que ante una multa administrativa, y si eres una persona precaria una multa con cuantía fija te hunde la existencia.

Sin embargo, si las cuantías de las multas administrativas fueran variables según renta, la amenaza para las personas que se manifiestan sería menor. La famosa multa por grabar a policías (que es ilegal pero que se sigue imponiendo) asustaría menos si fuera proporcional a la renta de quien graba. La burorrepresión funcionaría peor. Yo, que no tiendo a reconocerles a nuestros gobernantes un gran pensamiento estratégico ni demasiada profundidad de análisis a largo plazo, no pienso que este sea el motivo principal (por atractiva que suene la hipótesis), pero no me extrañaría que fuese uno de los motivos secundarios.

Poco más hay que decir. Las multas proporcionales al patrimonio del multado son más justas, más razonables, hacen que la multa sea más legítima y eliminan una de las desventajas más importantes de esta sanción. Poco a poco la gente va tomando conciencia de esta situación y se empieza a reclamar que el sistema se adapte. Yo creo que será algo que acabe pasando, quizá no de repente, pero sí poco a poco. Porque si un futbolista o cualquier otro millonario hace algo por lo que yo tengo que rascarme el bolsillo, lo justo es que él también tenga que rascárselo.

 

 

 

 

 

 

 

(1) Esta es la lógica del carnet por puntos. Una multa siempre te puedes buscar la vida para pagarla, pero la posibilidad de verte privado de conducir durante un tiempo puede hacer que te pienses dos veces lo de hacer maniobras arriesgadas o lo de beber antes de ponerte al volante.

(2) Para delitos que dejan un beneficio enorme, se prevé otro sistema de multas: la multa es X veces el daño causado por el delito, el valor del objeto delictivo o el beneficio obtenido por el delincuente. Así, el delito de daños informáticos con agravantes tiene una multa de 10 veces el valor de lo dañado, el delito de imposición de un acuerdo abusivo a una sociedad tiene una multa de 2 veces el beneficio, el blanqueo de capitales tiene multa de 3 veces lo blanqueado, etc.

 

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