El aleteo de una moción de censura en Murcia puede provocar un tsunami político en Madrid. Más o menos.
A estas alturas ya estarán claros los hechos, pero ha sido un día de tormentita política. Primero, el PSOE y Ciudadanos han presentado varias mociones de censura en Murcia, tanto frente al presidente autonómico como frente a los alcaldes de cinco municipios, incluida la capital. Tienen suficiente mayoría para sacar todas ellas adelante, ellos solos o con el apoyo de Podemos.
Ante estos hechos, Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado disolviendo la Asamblea y convocando elecciones autonómicas, para evitar que le hagan lo mismo. Como respuesta, PSOE y Más Madrid han presentado sendas mociones de censura contra ella, y Ciudadanos ha votado a favor de ambas en la Mesa del Congreso (1). Después de eso, y a pesar de que Ayuso había anunciado que disolvía la Asamblea, esta ha seguido sus sesiones. Eso sí, sin la presencia de miembros del PP, que han considerado que estaban en un Parlamento disuelto. Por supuesto, Ayuso ha cesado a todos sus consejeros de Ciudadanos en cuanto se ha enterado de que este partido estaba apoyando las mociones.
Son varias las dudas jurídicas que se plantean ante semejante aluvión de novedades.
1. Si al final hay elecciones, ¿hasta cuándo duraría la nueva Cámara?
Esta es fácil. El artículo 10.7 del Estatuto de Autonomía de Madrid establece que el mandato de la Cámara dura 4 años. Las elecciones son, como en muchas otras Comunidades Autónomas, el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Es decir, que las próximas elecciones ordinarias serían el 28 de mayo de 2023.
Si al final hay elecciones, la Cámara que salga de ellas no tendrá cuatro años de mandato. Solo estará en vigor dos años, hasta que tenga que disolverse para dar paso a esas elecciones ordinarias de mayo de 2023. Así lo establece el artículo 21.3 del Estatuto de Autonomía, que limita el mandato de la Asamblea surgida de elecciones anticipadas al término natural de la legislatura originaria.
2. ¿Pueden convocarse elecciones en un día que no sea domingo?
Estamos acostumbrados a que las elecciones sean en domingo. Lo de convocarlas en un día de diario es peliagudo, por lo que implica de dificultad para votar los días de diario: la gente trabaja, entra pronto, sale tarde, a lo mejor no tiene tiempo de llegar al colegio, etc. Parece un poco antidemocrático, pero ¿es posible?
A mi entender sí, sí es posible. El artículo 42.1 LOREG establece que los decretos de convocatoria de elecciones anticipadas se publican al día siguiente de su expedición, entran en vigor ese mismo día y fijan las elecciones 54 días después. Si eso lleva a un martes, que sea a un martes.
Sería más democrático establecer que las elecciones tendrán lugar en el primer domingo que haya entre el día 54 y el 61 posteriores a la convocatoria, pero la ley no lo dice.
3. ¿Qué prevalecen, las mociones o la convocatoria de elecciones?
Esta es la pregunta más peliaguda. Confieso que no sé la respuesta. Hay argumentos a favor de ambas ideas, y al final serán los tribunales quienes decidan.
El conflicto básico está en el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de Madrid. Este párrafo establece una norma lógica, que también está en la Constitución y en otros Estatutos: una vez registrada una moción de censura, el presidente no puede acordar la disolución de la Asamblea. Antes, tiene barra libre; después, no puede hasta que no se resuelva la moción. La cuestión es, entonces, entender cuándo se ha acordado la disolución de la Asamblea.
Una respuesta podría ser que la disolución de la Asamblea se entiende acordada en el momento de su entrada en vigor. Se podría citar aquí el artículo 2.1 CC, que establece que las leyes (o, en general, las normas) entran en vigor a los 20 días de que se publiquen en el BOE, salvo que en ellas se disponga otra cosa. En el caso de los decretos de disolución anticipada de Asambleas legislativas, hemos visto en la pregunta anterior que entran en vigor el día de su publicación en boletín oficial. Esto querría decir que la disolución de la Asamblea no estaría verdaderamente acordada hasta que no entre en vigor: mañana.
¿Y si mañana el decreto dijera que la disolución extiende sus efectos desde el día que se aprobó? En otras palabras, ¿y si Ayuso intentara hacer una “disolución retroactiva”, publicada mañana pero con efectos hoy? Eso no sería válido por razones elementales de seguridad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales de los parlamentarios. Además, Ayuso ya ha anunciado que las elecciones serán el 4 de mayo, fecha 54 días posterior a mañana, no a hoy. Así que no, no parece que vaya a intentar hacerlo retroactivo. El decreto de disolución de la Asamblea saldrá mañana y surtirá efectos desde mañana.
Esta interpretación avala la tesis de la oposición: si el decreto sale mañana, hoy se pueden presentar mociones de censura. Pero hay otras interpretaciones que no le son tan favorables. La primera es la que distingue entre adopción de un acto y su publicación. El acto ha sido adoptado hoy, sin duda alguna, y como tal se ha difundido en prensa y redes. Que se publique mañana y empiece a tener efectos jurídicos mañana es irrelevante: desde el momento en que se sabe que es una decisión tomada, la Asamblea no puede actuar para intentar paralizarla.
También hay que tener en cuenta que aquí la presidenta tiene las manos atadas. No puede publicar un BOCAM extraordinario en el momento en que adopta la decisión, porque la ley electoral dice expresamente que las disoluciones parlamentarias se publican el día siguiente de su adopción. Si permitimos que en ese lapso se presenten mociones de censura, se estaría dando alas al filibusterismo parlamentario, puesto que cualquier grupo minoritario de la oposición podría, siempre, presentar una moción de censura falsa y así mantener la Cámara abierta durante un mes largo más.
Y existe un tercer extremo a considerar. La disolución de la Asamblea de Madrid no es un acto que se pueda adoptar sin ningún trámite. El artículo 21.1 del Estatuto de Autonomía dice que la adoptará el presidente bajo su responsabilidad… pero después de deliberar con su Gobierno. Estoy bastante seguro de que el anuncio de Ayuso de esta mañana ha sido hecho sin consultar con el Gobierno autonómico. Sin duda, cuando mañana se publique la disolución en el BOCAM, se habrá cumplido este requisito (ahora en el Gobierno madrileño ya solo está el PP), pero esta mañana probablemente no fuera así.
Si impedimos las mociones de censura con base en el anuncio de esta mañana, podríamos estar dándole efectos jurídicos a un anuncio que no podía tenerlos, porque se había hecho sin los trámites legales. O, por usar la terminología del Estatuto, esta mañana Ayuso no pudo haber adoptado una decisión porque le faltaba la deliberación con su Gobierno. Todo este argumento, claro, se basa en una suposición mía, y en un hipotético juicio sobre el tema habría que probar si Ayuso consultó con su Gobierno o no consultó con su Gobierno.
La solución de este conflicto (que va a acabar judicializado, seguro) dependerá de si los órganos judiciales son más formalistas o menos a la hora de entender que un acto está adoptado. Si consideran que se adopta en el momento de su publicación -o sea, cuando surte efectos jurídicos-, le darán la razón a la oposición. Si consideran que una adopción seguida de un anuncio público es suficiente prueba de que existe el acto y de que no se puede actuar contra él, le darán la razón a Ayuso.
Yo, la verdad, no sé qué pensar. Me inclino más hacia la seguridad jurídica que da el criterio de que la adopción se produce con la publicación, pero me preocupan los efectos de esta interpretación (el filibusterismo parlamentario que puede propiciar) y, sobre todo, no soy ciego al hecho de que mis propias simpatías políticas pueden estar influyendo en el análisis. Por último, estas son ideas concebidas rápido, porque los hechos están aún sucediendo. A mis opiniones les falta deliberación y asiento.
Así que no voy a sostener con mucha firmeza mi posición, me temo. Que con estos de los tsunamis, nunca sabes dónde acabarás.
(1) Vox ha apoyado la segunda y rechazado la primera
