Estructuras y personas

Hoy he estado en una charla sobre anarquía relacional. Se trata de un modelo de no-monogamia que propugna la no adscripción de las relaciones afectivas que una persona tenga a categorías tales como pareja, primo, amiga o amante, pues todas esas clases actúan como limitadores. Si yo tengo una pareja se espera de nosotros que hagamos ciertas cosas (dependiendo de la edad y del momento puede ser vivir juntos, casarnos, criar prole…) que definen a esa categoría de relación. Yo no puedo hacer con un amigo lo que hago con una pareja (el ejemplo más señalado es el de la crianza)… salvo que esa persona y yo “subamos” de categoría (1).

La charla me ha parecido muy interesante, pero de lo que quiero hablar es de algo que he pensado al margen. En el turno de preguntas ha habido un debate entre la ponente y algunas personas que han levantado la mano. Aunque todo ha transcurrido dentro de los cauces de la buena educación, no ha habido forma de que se pusieran de acuerdo porque parecía que estaban hablando de cosas distintas. Al final me he dado cuenta: la que daba la charla estaba hablando de paradigmas estructurales (la sociedad monógama, el poliamor, la anarquía relacional) y las personas que preguntaban se referían a personas (si tal persona hace cual, si mi abuela hizo lo otro).

Nos cuesta pensar en términos de paradigmas, sistemas o estructuras. Tendemos incluso a personalizar, a decir que “el capitalismo” busca tal cosa o que “el patriarcado” hace tal otra (2), olvidando que las estructuras no son más que el nombre que le ponemos a un conjunto complejísimo de relaciones humanas que siguen unas ciertas pautas o reglas. Por sí mismas no “hacen” nada: son consecuencia de que las personas hagan cosas parecidas ante estímulos semejantes. Por la misma razón solemos creer que una declaración sobre la forma en que funciona un sistema queda refutada por una anécdota en la que se cuenta un caso en que no funcionaron así.

Como las estructuras son tan grandes permiten comportamientos aparentemente contradictorios. Por ejemplo: no se puede negar que vivamos en una estructura social monógama aportando pruebas de parejas donde ha habido cuernos, incluso aunque haya muchas parejas que de fieles sólo tienen el nombre. Porque la estructura no sólo se define por lo que hace la gente, sino por lo que la gente cree que hace, lo que la gente dice en público que hace, lo que las leyes y las normas sociales dicen que tiene que hacer la gente y, en definitiva, por lo que se espera que la gente haga. Por mucha gente que haya que ponga cuernos la estructura social sigue siendo monógama, porque los cuernos siguen siendo una traición de las expectativas que se supone que tiene que generar una pareja.

Las estructuras también saben evolucionar y adaptarse a nuevas condiciones, fagocitando la resistencia. Vuelvo a hablar de la monogamia: ¿el matrimonio hasta la muerte ya no es viable por toda una serie de razones? Pues que sea disoluble, pero que nada cambie. No hemos dejado de vivir en una estructura centrada en la pareja monógama por mucho que el divorcio sea legal y que haya quien prefiere no casarse: yo encuentro a una persona que me gusta, me corresponde, nos mudamos juntos, nos casamos, nos divorciamos, “rehago mi vida” encontrando a otra pareja… y en todo momento he estado centrando mi vida en buscar a alguien que aguante mi asqueroso optimismo recién despertado y mis manías a la hora de organizar la compra. No me he planteado otros modelos.

Otro error suele ser confundir la estructura con las leyes que la protegen y asumir, en consecuencia, que porque no hay leyes que prohíban una determinada conducta ésta puede realizarse sin consecuencias. Ninguna ley impide a un niño de 5 años ir a clase vestido de princesa, pero no lo va a hacer porque le han educado en que los niños llevan otra ropa y porque sabe que si lo hace le van a llamar “princesa” hasta que tenga edad de afeitarse. Nada obliga a las mujeres a afeitarse bigote, sobacos y piernas, pero basta con ver las reacciones al #sobaquember de hace un año para entender que es una conducta socialmente sancionada. Y así sucesivamente: que una conducta sea legal no quiere decir que no se eduque contra ella o que no se critique fuertemente a quien la ponga en práctica, aunque no haga daño a nadie.

Las estructuras o sistemas sociales (me he centrado aquí en la monogamia, pero hay otros de sobra conocidos) configuran la forma en que pensamos. Nos ayudan a tomar decisiones porque generan expectativas que se cumplen, pero a la vez condicionan nuestra libertad. Creo que nunca nos libraremos de ellas, porque son, lo repito, el nombre que le damos a la forma en que actuamos colectivamente. Pero creo que podemos transformarlas para que limiten nuestra libertad lo menos posible. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa: más libertad significa menos expectativas… y más necesidad de trabajar en los vínculos.

(1) Podéis encontrar más información aquí.

(2) Creo que en esta forma de hablar está el origen de ciertas afirmaciones, hechas normalmente por varones con todo el pack de privilegios, en el sentido de que “el patriarcado nos oprime a todos” o, específicamente, “también me oprime a mí”.

Dimisiones

Se ha vuelto un tópico común decir que en España no dimite nadie. Parece apropiado hablar de ello cuando Ana Mato acaba de renunciar a su cargo de ministra, porque lo cierto es que es verdad: en este país no dimite nadie salvo que se le fuerce a ello, porque acaba pringado en un procedimiento judicial o porque se le impide realizar su labor política. Creo que ahora mismo sólo recuerdo a una persona (el ex ministro Fernández Bermejo) que dimitiera por puras razones de ética. Entendiendo “razones de ética” en el amplio sentido de “podría haber seguido en el cargo sin quedar total y absolutamente desacreditado”.

Pensemos en este mismo gobierno. Ha habido dos dimisiones, digamos, traumáticas (1): Alberto Ruíz Gallardón y Ana Mato. El primero no dimitió después de ponerse delante a toda la profesión jurídica (jueces, fiscales, abogados, procuradores, secretarios judiciales… incluso registradores) con su ley de tasas, su reforma de la justicia universal y su control político del CGPJ. Dimitió cuando el presidente del Gobierno, después de meses de retrasarlo, desautorizó públicamente el que era su proyecto estrella: la ley del aborto. Ana Mato, por su parte, no ha dimitido por las presiones de la marea blanca después de recortar en su departamento, ni por el caso más concreto de su desastrosa gestión del tema del ébola, sino porque ha acabado pringada en la Gürtel: Ruz la considera partícipe a título lucrativo de los delitos de su marido.

[Inciso para explicar lo que es un “partícipe a título lucrativo” o “receptador civil”. Se trata de una persona que se ha beneficiado económicamente de los delitos de un tercero pero sin saber que esos bienes eran producto de un ilícito. Simplemente es que los efectos procedentes de un delito están ahora en manos de un tercero que en principio no sabía nada: esta situación no es culpa suya pero tiene que devolverlos. Es decir, Mato no está imputada por ningún delito ni le van a poder imponer una pena. Más información en el auto de Ruz, FJ 4 (página 188).]

¿Qué nos dice esto? Sencillo: que en España no hay dimisiones, hay pseudo-destituciones. Los ministros (y como ellos los consejeros, alcaldes, etc.) aguantan hasta que de facto son destituidos por las dos razones que apuntaba más arriba: que su presidente bloquee sus iniciativas políticas o que estén tan enfangados en un procedimiento judicial que se les exija su dimisión porque si no pringan al resto. Da igual que su gestión provoque protestas, firmas, sentadas, huelgas o manifestaciones, que sea nefasta o plagada de errores: si su presidente les apoya y se mantienen razonablemente apartados de los Juzgados seguirán en el cargo hasta que haya elecciones o una remodelación del Gobierno.

Cuando decimos que en España no hay cultura de la dimisión nos referimos exactamente a esto: a que, con pocas excepciones, los políticos se aferran al cargo hasta que les echan desde arriba. Por eso raras veces veréis dimitir a un alcalde o a un presidente de Comunidad Autónoma o del Gobierno: porque no tienen a un superior jerárquico que les pueda dar la patada. Pero esta falta de responsabilidad política tiene un segundo efecto: que las dimisiones (y las eventuales peticiones de perdón que les suelen acompañar) parecen algo fantástico y maravilloso, cuando no son más que el grado mínimo de responsabilidad política. Efectivamente, ¿se os ocurre alguien ante cuya dimisión no hayáis pensado “tendría que haber sido hace meses”? Porque a mí no.

La repugnante cultura política de España es tal que se pretende lavar con dimisiones incluso ilícitos penales, como si salir del puesto de poder fuera el mayor sacrificio que puede hacerse. Supongo que lo ven así. Se han socializado en un entorno donde la impunidad es la norma, han trepado hasta el puesto de ministro a golpes de puñaladas y, los que no han robado, han visto como sus compañeros, subordinados y opositores lo hacían sin que pasara nada. ¿No es lógico que piensen que el mayor castigo posible es salir, probablemente de por vida, de los círculos de poder? Al fin y al cabo, saben que no les va a pasar nada más.

No tengo la solución a este problema. Simplemente insistir en lo que suelo decir: la cultura política nos permea a todos. Una corrupción generalizada en el nivel político es consecuencia (y también causa) de una cultura que no ve con malos ojos la apropiación de dinero público. Cuando empecemos a cambiar ese extremo veremos cómo las dimisiones comienzan a verse como algo más normal.

(1) La tercera, la de Arias Cañete, no la cuento porque se fue para presentarse a otras elecciones.

Nada humano me es ajeno: reflexión sobre la abogacía

La profesión de abogado nunca me ha gustado. La he asociado siempre con el picapleitos, con Lionel Hutz, con el que anima a litigar sin freno, con el que realiza prácticas dilatorias, con el que cobra honorarios abusivos. En definitiva, con el tópico de los chistes de abogados. Tanto durante la carrera como después de licenciarme he preferido siempre la posición del juzgador: prefiero ser quien toma una decisión con todas las pruebas en la mano que quien intenta, con mejor o peor fortuna, influir en su voluntad.

Sin embargo últimamente empiezo a descubrir que la posición del abogado no es necesariamente algo feo o sucio. Junto al tópico hay también una épica, que habla de una profesión honorable que ayuda a la gente a resolver sus problemas. “Nada humano me es ajeno”, dijo Terencio, y más de un abogado lo adopta como máxima personal. Porque la ley lo impregna todo, y cualquiera puede tener un problema jurídico y necesitar de un consejo experto que le calme, le explique y le dé un camino a seguir.

¿Quiénes están en Legal Sol por si te detienen por ejercer tu derecho de manifestación? ¿Quiénes se unen a la PAH para parar desahucios, también en los Juzgados? ¿Quiénes se apuntan al turno de oficio para defenderte si te detienen? ¿Quiénes están en los sindicatos dispuestos a aconsejarte si te despiden o modifican tus condiciones de trabajo? ¿Quiénes se meten en asociaciones de ayuda a víctimas de violencia de género para conseguir que los maltratadores paguen por sus delitos? La colegiación de estas personas vale tanto como la de los abogados que defienden a aseguradoras, bancos y demás chusma.

Bien llevada la profesión de abogado puede ser profundamente ética y hasta virtuosa. La literatura clásica y moderna sobre la profesión lo dice: el abogado es un servidor de la justicia, no un mero representante de la parte. No sólo debe ser elocuente y conocer el derecho sino que debe ser honrado y probo. A esto yo añadiría “empático”: los problemas de su cliente deben interesarle, pues lo que para él es trabajo para el otro es vital… aunque mirado objetivamente sea una tontería o un problema nimio. Muchas veces lo que la gente necesita no es tanto un amplio conocimiento jurídico como calidez y comprensión.

Digo esto porque tengo la hipótesis de que mucha gente es incapaz de leer el lenguaje jurídico. Mentes normales o incluso brillantes se aturullan en cuanto ven un papel oficial y son incapaces de interpretarlo, aunque lo que haya dentro venga escrito en perfecto castellano. Es una profecía autocumplida: creen que no lo van a entender y no lo entienden. Eso suponiendo que hayan logrado encontrar la norma aplicable. El solo hecho de ser capaz de darle nombre a los problemas y sugerirle un curso de acción a los afectados nos convierte a los abogados en personas con un gran poder sobre la vida de las personas.

Como a todo el mundo, me hace gracia la imagen que se forma en la cabeza de Lionel Hutz cuando le mencionan “un mundo sin abogados”. Personas de todas las razas y culturas bailando en paz y armonía. Pero, por desgracia, esa imagen no tiene nada que ver con la realidad. Mientras tengamos leyes necesitaremos quienes las interpreten: si desaparecieran los abogados el mundo sería un lugar aún peor, y eso que parece difícil. Ahora bien, no basta con nuestra existencia: hoy en día un abogado que pretenda contribuir al bien común debe tener compromiso social. Poner sus conocimientos, adquiridos en una carrera universitaria, y su experiencia, lograda muchas veces a fuerza de contactos, al servicio de quienes no han tenido esas ventajas. Necesitamos abogados y juristas en el activismo, porque en los tribunales se puede ganar mucho.

Así que sí, soy abogado. No era mi aspiración en la vida, pero es lo que soy y puede que lo sea durante mucho tiempo. ¿Y sabéis qué? Que mientras lo sea voy a luchar, desde mi campo profesional, por un futuro mejor.

El clan de los Romanones y la pederastia en la Iglesia

Leo con asco y estupefacción las noticias sobre el “clan de los Romanones”, la banda criminal de sacerdotes y laicos que (siempre presuntamente, no vaya a ser que me denuncien) violaron a un chaval de Granada en reiteradas ocasiones durante al menos 4 años. Parecen estar organizados y ha salido a la luz que la víctima que lo ha destapado todo, que lleva el nombre supuesto de Daniel, no es la única persona que sufrió el horror constante durante años.

¿Qué hay dentro del cráneo de los Romanones? Porque empatía no. No me cabe en la cabeza el proceso mental que culmina con “y ahora mis colegas y yo nos vamos a poner a violar niños”. ¿Dónde empieza? ¿Qué clase de carencias emocionales hay que tener para llegar hasta ese punto? No lo entiendo en absoluto y, sinceramente, espero no llegar a entenderlo nunca. Pero creo que una pista la da la pertenencia al grupo: si te pasas la vida en una cueva de ladrones sin ver el exterior es más probable que acabes robando. Es lo que ves y lo que asimilas como normal. El grupo crea un marco moral alternativo al admitido normalmente en sociedad: autoriza e incluso refuerza conductas que fuera estarían excluidas. Y lo digo con todas las letras: la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica fomenta la pederastia.

No se me entienda mal: no estoy diciendo que todos los curas sean pederastas. Ni siquiera que lo sean la mayoría. Ni siquiera que constituyan una minoría significativa. Porque su número me da igual. No me importa cuántos pederastas haya en el sacerdocio católico, ni cuántos de los que pueblan las cárceles por este delito tengan hábitos. Porque lo que crea la cultura del abuso infantil dentro de la jerarquía no es que haya más o menos “ovejas descarriadas”, sino la forma en que se las trata. Si impera la ley del silencio, si se desincentivan las denuncias, si lo que se busca por encima de todo es tapar un escándalo antes que castigar al culpable, en definitiva, si el sistema garantiza la impunidad del delincuente, está fomentando el delito.

Un buen ejemplo de esta actitud lo tenemos en la actuación del arzobispo de Granada, el legionario de Cristo y redomado machista Javier Martínez. Su cooperación en la investigación ha sido nula. No hablemos ya de colaborar con la Justicia de verdad, sino que hasta se ha mostrado remiso a las pesquisas del Vaticano, ha suspendido sólo a tres de los sacerdotes implicados, ha intentado liar a la víctima para proteger a varios de los denunciados, e incluso le ha echado en cara que acudiera directamente a Roma. Como decíamos, una buena muestra de la actitud típica de la jerarquía a la hora de “enfrentarse” (es un decir) a los casos de pederastia.

¿Y el papa? ¿Va a cambiar algo durante el pontificado de Bergoglio? La verdad es que soy escéptico al respecto. Su santidad se ha especializado desde el primer día en gestos teatrales y mediáticos, como son llamar dos veces a Daniel para pedirle perdón. No digo yo que eso no haya consolado a un católico como Daniel, pero ¿de verdad eso es todo? Uno diría que una política de ayuda mínimamente completa debería incluir asistencia legal y psicológica gratuita, declaraciones públicas para que otras víctimas denuncien, apoyo pleno a la Justicia (1) y, desde luego, muchas destituciones y una revisión completa de los procedimientos internos. ¿Se va a producir todo eso? ¿No? Pues no me vale.

Creo que Jorge Bergoglio tiene buena voluntad. Pero es una buena voluntad instrumental, encarada principalmente a lavarle la cara a la Iglesia católica, no a que deje de ser lo que es: un poderosísimo lobby conservador. Y es difícil ejercer según qué clase de presión si nadie te respeta, así como ganar afiliados. En mi opinión, Bergoglio quiere protagonizar una especie de vuelta a los orígenes, a una Iglesia más humilde, (algo) más abierta y más limpia, pero no por razones de justicia sino como instrumento para seguir manteniendo privilegios. No podemos olvidar que la Iglesia católica es una institución con una gran capacidad adaptativa, que ha sobrevivido 20 siglos sin soltar el poder. Francisco es, simplemente, el papa que necesita la jerarquía eclesiástica en el siglo XXI. Su misión es lampedusiana: cambiarlo todo para que nada cambie. Sinceramente, espero que no lo consiga.

(1) Si fuera posible, que no lo es porque en España los delitos sexuales son semiprivados, lo suyo sería personarse como acusación popular.

Catequesis por orden judicial

Las noticias judiciales resultan tremendamente incomprensibles para el público en general. El mundillo jurídico es un marasmo de términos técnicos que los lectores no manejan y que, muchas veces, los periodistas tampoco entienden bien. En demasiadas ocasiones la información periodística en esta materia no tiene mucho sentido, pero normalmente basta con que alguien con conocimientos técnico-jurídicos se acerque a los documentos originales (sentencias, autos, normas) para que pueda explicarlo bien.

Y a veces hay cosas que son incomprensibles hasta para el profesional. Me refiero, claro está, al auto de un Juzgado de Sevilla que ha sido noticia estos días por atribuir al padre de un menor la facultad de decidir si éste va a clase de catequesis o no. He tenido la oportunidad de acceder tanto al auto como a las alegaciones de las partes (1) y la verdad es que hay cosas que sigo sin entender.

Pongámonos en situación, con unos nombres supuestos que sean apropiados: José y María han anulado su matrimonio y tienen un hijo, Jesús, de 8 años, cuya custodia está atribuida al padre. Lo primero que se desprende de la lectura de toda la documentación es un profundo rencor mutuo: las partes no dejan de acusarse entre sí de mentir de forma habitual, de pretender manipular a la jueza y de querer poner al menor en contra del otro. Es un torrente de bilis que desborda la formalidad jurídica que deberían tener estos escritos y transmite un clima muy crispado.

En este contexto, Jesús afirma que se niega a iniciar los cursos de catequesis a los cuales quiere apuntarle su padre. Su madre apoya su decisión y deniega el permiso para que Jesús sea matriculado. Dado que para actos extraordinarios de patria potestad se requiere acuerdo, José judicializa la situación (junto con otra serie de cosas) y su señoría resuelve dándole a él la facultad de decidir.

Del auto me sorprenden dos cosas:

       1.- Que no se haya oído al menor. Diversas normas jurídicas establecen que el menor tiene que ser oído en los procedimientos judiciales que le afecten. Así lo dice el artículo 9 de la Ley de Protección Jurídica del Menor y el propio artículo 156 CC, que es el que se ha aplicado en este conflicto. La ley es clara: el menor deberá ser oído cuando tenga suficiente madurez (2). Aquí Jesús tiene ocho años, una edad suficiente para que la jueza, al menos, realice un examen preliminar de madurez. Si la situación está tan crispada, si parece que como mínimo uno de los dos progenitores está usando a Jesús como arma… ¿no hubiera sido adecuado que su señoría citara al menor y le preguntara, al menos, qué es lo que quiere hacer? ¿Seguro que se puede fijar cuál es su superior interés –criterio rector en los pleitos sobre menores- sin oírle?

       2.- La doctrina de los actos propios. La piedra de toque de la resolución judicial es la doctrina de los actos propios. Dice la jueza que María, que según todos los indicios es católica (se casó por la Iglesia, ha anulado su matrimonio de forma canónica, bautizó a Jesús, ha insistido en que sea matriculado en un colegio concertado católico) no puede “actuar ahora en contra de los actos libremente asumidos en su día” al negarse a que su hijo reciba cursos de catequesis.

     Personalmente creo que esto es una barbaridad. La doctrina de los actos propios sirve para defender las expectativas legítimas que otras personas puedan haber adquirido a partir de mi actuación previa. El ejemplo clásico es: si yo otorgo la emancipación de mi hija, ésta hace testamento y muere, yo no puedo pedir que se anule el testamento en base a que la emancipación fue nula. Otro caso: si yo he conseguido en un juicio que se anule un contrato no puedo pretender en otro que se cumpla. Es una doctrina muy útil que se aplica normalmente para actos con trascendencia económica.

      Pero, ¿qué expectativas legítimas genero cuando yo sigo los ritos propios de mi religión? ¿Se tiene que esperar de mí que los cumpla siempre de forma coherente? Obviamente no: cuando hay implicados derechos fundamentales no hay actos propios que valgan. Si yo decido ceder mi derecho a educar a mi hijo en mis convicciones religiosas porque éste me ha manifestado que no desea recibir esa formación, ¿qué actos propios me van a imputar?

Estos son los dos principales problemas que veo al auto, y creo que son bastante graves. Los padres tienen derecho a decidir la formación moral de sus hijos, sí, pero los menores son también titulares del derecho a la libertad religiosa: decidir sobre algo tan importante sin oír a Jesús me parece un error, sobre todo cuando el conflicto está tan enconado. Y rechazar la posición de la madre atendiendo a sus actos previos no tiene ninguna justificación: es cierto que recibir unos cursillos no le causará a Jesús ningún daño, algo que dice el auto, pero no sé yo si su superior interés puede definirse como una mera ausencia de perjuicio.

Estamos, en definitiva, ante una resolución judicial mal motivada y en la que no se han cumplido todos los trámites que, a mi juicio, hubiesen sido aconsejables. Como consecuencia, creo que conjuga mal la libertad religiosa de José con la de Jesús, aunque tampoco creo que éste vaya ahora a ser sometido a un adoctrinamiento insoportable: si es verdad que el tinglado religioso se ha derrumbado en su cabeza, será imposible reconstruirlo. Sin embargo, quiero hacer una última reflexión: me encantaría saber cuál habría sido el sentido de la sentencia si la religión implicada hubiera sido otra…

(1) Cuando hablo de un procedimiento judicial suelo enlazar los documentos originales. Evidentemente en este caso no puedo, pues enlazar el auto implicaría vulnerar la intimidad de tres personas, una de ellas menor.

(2) Se presume que de doce años en adelante tiene suficiente madurez y deberá ser oído siempre. Antes de esa edad, habrá que valorarlo en cada caso.

La cultura del plagio en la Universidad española

Tiendo a concebir la deshonestidad como una mancha de aceite. Empieza en actos relativamente pequeños y justificables pero se expande por rapidez hasta que la ética se convierte en algo que les pasa a otras personas. Eso es lo que le ha pasado a Antonio Romero, beneficiario de una tarjeta black de Bankia y, además, plagiador: parece que un artículo de su tesis doctoral está vilmente fusilado de un original italiano. ¿A alguien le sorprende? Porque a mí en absoluto. Quien puede lo más puede lo menos.

¿Y ahora qué pasará con este señor? Pues espero equivocarme, pero creo que nada. Un comité dictaminará que no hay plagio, don Antonio leerá su tesis y pasará a tener el título de doctor. En este país los escándalos intelectuales salen gratis. A veces aparece en las noticias que tal o cual cargo público británico o alemán ha dimitido cuando se le ha pillado copiando. Aquí no: a nadie le importa y nadie considera que sea causa de dimisión. Picaresca española, ya sabes. Además, si te han pillado mangando carretadas de dinero público, ¿qué más da que, además, tu título de doctor no valga nada?

En la Universidad española existe una cultura del plagio muy arraigada. Copiar se considera un modo normal de aprobar un examen y nadie tiene reparos en hacerlo. Tampoco se ve mal hacer lo mismo en trabajos y prácticas. Supongo que variará según carreras y quiero pensar que en letras se da más, pero conozco historias de gente copiando impunemente en todas las ramas del conocimiento. Sé de futuros médicos que han copiado en exámenes. Y sé que compañeros míos de Derecho se han sacado media carrera copiando.

“Bueno”, podréis decirme, “si sabes de compañeros tuyos que copian, ¿por qué no denunciaste?” Pues por varias razones. Primera, que realmente lo vi pocas veces, sólo cuando era muy descarado, aunque después de cada examen tenía que aguantar el comentario de la jugada sobre cómo había copiado Fulanito o Menganita. Segunda, que hubiera tenido que denunciar a la práctica totalidad de mi clase. Y tercera y más importante: que no creo que hubiese encontrado apoyo en los órganos universitarios. Al fin y al cabo, estaban formados por las mismas personas que, en las escasas ocasiones en que detectaban un plagio, se limitaban a mandar a los responsables a septiembre.

Una vez mi grupo de representación estudiantil trató de sacar adelante un reglamento que, entre otras cosas, solucionara este tema. Al final no salió, claro, pero recuerdo que, en una conversación previa, el vicedecano de Estudiantes de mi Facultad nos dijo que tampoco nos pasáramos: “al fin y al cabo”, argumentó, “sancionar a alguien por plagio le puede costar la carrera”. Hombre, es que eso es lo que se busca, ¿no? Que alguien que copia no pueda obtener el título. Puedo entender la situación de quien en casos concretos decide hacerse una chuleta (yo lo hice alguna vez, antes de tener una posición definida sobre estos temas) pero es que es generalizado y a nadie parece importarle.

Parte del problema es que no tenemos herramientas adecuadas. Hay un Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado en 2010, que, en su artículo 13.2.d establece que es un deber del alumno abstenerse de participar en procedimientos fraudulentos. Pero esa clase de declaraciones generales sobre el deber de honestidad del estudiante pueden encontrarse en otros textos (como los Estatutos de muchas Universidades) y ello no quiere decir que se apliquen. Hace falta un procedimiento sancionador que los docentes conozcan y puedan aplicar.

Aun así, tampoco me hago demasiadas ilusiones con eso. Aunque lo hubiera, ¿qué? Nadie ve el plagio como algo importante. Si un profesor pilla a alguien pues venga, cero y a la extraordinaria como mucho. Tampoco vas a hacerle otra cosa al pobre chico, que todos hemos sido jóvenes. ¿Quién no ha copiado nunca? Y toda esa mierda.

El problema es que yo sí creo que el plagio académico es importante. No sólo por el puro hecho egoísta de que el título de quien se saca la carrera copiando vale lo mismo que el mío, aunque eso me indigna y me fastidia. Tampoco porque un titulado que ha copiado de forma generalizada no sabe una mierda, aunque eso me hace temer por quienes contraten sus servicios. No, es por otra cosa. Es por la mancha de aceite. Quien se acostumbra a lo menos ve más fácil lo más. La cultura del plagio en la Universidad española es una escuela de impunidad que prepara a los estudiantes para deshonestidades mayores.

Así que no, el plagio de Antonio Romero no es una cuestión menor o incidental al lado de su uso desmesurado de una tarjeta opaca. Es parte del mismo clima de impunidad en el que se mueve la deshonestidad de este país. Se retroalimenta de otras conductas deshonestas: las mueve y se refuerza con ellas. Y no va a cambiar hasta que empecemos a ver el plagio académico como algo verdaderamente condenable.

El bulo de la "Guía de la buena esposa"

Ante los bulos y mitos hay que estar ojo avizor. Se cuelan por todas partes y terminan por distorsionar nuestra percepción de la realidad. Quizás el subtipo que más me fascina es el que consiste en la falsificación de documentos históricos, como la carta del gran jefe Seattle o la misiva de Abraham Lincoln al profesor de su hijo. Descubrir qué motiva a alguien para inventarse un texto así es fascinante.

A este subtipo corresponde un fake que se ha difundido bastante: la “guía de la buena esposa”, una colección de 11 láminas supuestamente divulgadas en 1953 por la Sección Femenina. El bulo se ha extendido con rapidez porque viene a “confirmar” algo que en realidad es cierto: que la Sección Femenina era un órgano de adoctrinamiento para que las mujeres se conformaran con el papel subordinado que el franquismo veía en ellas. Pero el hecho es que esas láminas son falsas.

¿Qué cómo lo sé? Pues os presento Las Aparicio, una teleserie mexicana que empezó a emitirse en 2010:

“Espera un momento, Vimes”, podríais decirme. "¿Y no podría ser que el equipo creativo de Las Aparicio buscara por Internet escenas de sumisión doméstica y las usara para la intro de la serie? Cosas más raras se han visto, ¿no?" Bueno, en ese caso yo os respondería que hay una serie de razones que me inducen a pensar que no es así:

   1.- Por mucho que busques en Internet no hay ninguna referencia a la “Guía de la Buena Esposa” antes de 2010, año de estreno de Las Aparicio.

   2.- Los carteles están plagados de dejes del español de América, como el uso del verbo “lucir”, la expresión “tuvo que pasar” (lámina 11) en vez de “ha tenido que pasar”, etc. También hay verbos que probablemente en los años ’50 no se emplearían con asiduidad, como “minimizar” (lámina 7) en vez de “reducir”.

   3.- Los electrodomésticos. En la lámina 7 se habla de “lavadora, secadora y aspiradora”. Recordemos que en 1953 España estaba en plena autarquía, y que aun después la secadora no se ha popularizado en España. ¿De verdad estos carteles se redactaron en nuestro país? El mismo razonamiento se aplica a las copas de Martini (lámina 5, dibujo).

Así pues, aquí hay un principio de prueba suficiente para afirmar que la supuesta “guía de la buena esposa” no es obra de la Sección Femenina y no data de 1953. Corresponde ahora a quien afirme lo contrario probarlo por encima de toda duda, por ejemplo aportando una copia del documento original. Pero no creo que pueda: los indicios que hemos visto parecen bastante sólidos.

Vuelvo a lo que decía inicialmente: los bulos y fakes terminan condicionando nuestra percepción del mundo. Centrarse en el material que Sección Femenina no produjo implica olvidar toda la sonrojante documentación que sí difundió, dedicada toda ella a la promoción de una ideología conservadora en la cual la mujer es poco menos que un reposo del guerrero que no debe abrir la boca. Una recopilación bastante interesante está en el libro La Sección Femenina de Luis Otero. De ahí he sacado este alucinante y completamente documentado “Horario para el ama de casa con marido y un hijo”, en el cual hasta el tiempo de ocio tiene un contenido tasado:

Pudiendo hablar de barbaridades reales, ¿para qué nos las vamos a inventar?