Ayer tuve quedada de rol. Cuando ya habíamos terminado la partida y estábamos volviendo cada uno a su casa, me di cuenta de que se nos había olvidado un trámite fundamental: no habíamos aprovechado la pausa de la merienda para redactar y emitir un comunicado contra el acuerdo entre el PSOE y Junts. No vamos a tener otro remedio que volver a quedar…
La semana pasada se formalizó el acuerdo entre el PSOE y Junts que desbloquea la legislatura. Con el resto de partidos era más o menos fácil pactar (han sido aliados de Pedro Sánchez desde la moción de censura) y, de hecho, ya había cosas firmadas en algunos casos. Con Junts no era tan sencillo. Aunque parecían destinados a entenderse, con estas cosas nunca se sabe.
El acuerdo puede consultarse íntegro, pero el punto más controvertido, y del que quiero hablar hoy, es
el siguiente:
La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
De la amnistía ya se ha hablado mucho y tampoco me quiero centrar demasiado en ella. Voy a hablar más bien de la segunda parte del párrafo: comisiones de investigación para analizar si ha habido lawfare. Claro, ha sido poner esto por escrito y todas las entidades relacionadas con el mundo de la justicia (asociaciones de jueces y funcionarios, colegios profesionales…) han puesto el grito en el cielo. Luego repasaremos algunas de las reacciones más sobreactuadas, pero de momento vamos a analizar qué se pretende con esta propuesta.
El lawfare, traducido en el acuerdo como politización de la justicia, es más bien su instrumentalización. Se trata del empleo de procedimientos judiciales para desacreditar, desgastar o, en el mejor de los casos, destruir a un rival político. No siempre requiere de la politización del juez (la iniciación de causas sin sentido, como hace Abogados Cristianos, es una forma de lawfare), pero la verdad es que ayuda mucho. En todo caso, es un concepto amplio y ambiguo, que está de moda pero que, en realidad, cada cual utiliza un poco en el sentido que se le canta. Porque claro, denunciar que te hacen lawfare siempre es mejor que reconocer tus propias corruptelas.
Ahora vamos a las comisiones de investigación. Estas comisiones son un mecanismo parlamentario previsto en el artículo 76 CE con la siguiente estructura:
- Las pueden designar el Congreso, el Senado o ambas cámaras conjuntas.
- Pueden investigar cualquier asunto de interés público y es obligatorio comparecer ante una de ellas si se te cita.
- Sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones jurisdiccionales. Como mucho, el resultado la investigación se comunica al Ministerio Fiscal para que este ejerza las acciones oportunas.
Es decir, son mecanismos de conocimiento. Se aplican sobre todo cuando ha sucedido algún hecho grande e importante, que no tiene por qué ser delito o que se ha troceado en diversas causas, y su objetivo es tener un relato único de lo que pasó. En la práctica son paralelas a las causas judiciales abiertas por los mismos hechos y no sirven para gran cosa.
Entonces ¿significa este acuerdo que se va a hacer comparecer a todos los jueces del país ante una comisión parlamentaria que va a valorar sus sentencias para ver si han cometido lawfare? Obviamente no. Aunque solo sea porque, como acabamos de ver, las comisiones de investigación no tienen la capacidad de afectar a las resoluciones judiciales: se limitan a redactar un informe de hechos probados.
Pero es que, además, las comisiones de investigación que se plantean esta legislatura son únicamente dos: la relacionada con la policía política o policía patriótica (utilización de medios policiales contra adversarios del PP, como el independentismo o Podemos) y la de Pegasus (el programa espía usado contra el independentismo). Ambas empezaron sus trabajos en la legislatura pasada y concluirán, se espera, en la presente. Y tienen también en común que van más dirigidas hacia el Gobierno de Rajoy que hacia los jueces.
Por último, hay que tener en cuenta la redacción del texto del acuerdo: «las conclusiones de las comisiones de investigación (…) se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare». Este texto no compromete a nada. Si de las comisiones de investigación se derivan indicios de lawfare (ya empezamos con un condicional), se podrán iniciar acciones de responsabilidad (que, como es lógico, se sustanciarán ante los órganos competentes) y modificaciones legislativas (para hacer más complicado que vuelva a ocurrir). Un blablablá genérico que, en realidad, no significa gran cosa.
No parecen pensar lo mismo los estamentos funcionariales y jurisdiccionales de este maravilloso país. Abrió fuego, cómo no, el Consejo General del Poder Judicial. No acabo de entender por qué debería importarnos lo que opina un órgano que dentro de tres semanas llevará más tiempo en funciones del que estuvo en el cargo, pero el hecho es que diversas asociaciones e instituciones suscribieron el comunicado o, si estaban creativos, elaboraron el suyo propio. En apenas tres párrafos, el CGPJ caracterizaba de inadmisibles las referencias al lawfare y alertaba de que el acuerdo suponía un atentado contra la separación de poderes.
En el colegio todos aprendimos lo de la separación de poderes. Lo que no aprendimos en el colegio, pero uno presume que el órgano de gobierno del poder judicial debería saber, es que «separación de poderes» quiere decir que los tres poderes del Estado están atribuidos a instituciones distintas, no que sean tres compartimentos estancos. La doctrina liberal más clásica habla de frenos y contrapesos (muchas veces se dice en inglés, checks and balances), que no es más que normas institucionales que garantizan que esos tres poderes separados se controlen ente sí.
Por supuesto que, en general, el poder judicial debe ser independiente y no estar sujeto a revisión. Pero también es cierto que pueden existir válvulas de seguridad ante interpretaciones rigoristas de la ley que dan lugar a situaciones injustas (sí, hablo del indulto y de la amnistía) y que el Parlamento, como cámara democrática, puede investigar las materias de interés público que le salgan de las narices. Y saber si el Gobierno de Rajoy instrumentalizó a la policía y a los jueces para sus finalidades partidistas es una cuestión de interés público.
También es muy gracioso el comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces, especialmente por dos frases que ha caído en gracia y que se han puesto a repetir como loros todos los Tribunales Superiores de Justicia que también se han pronunciado: «Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece (…) el artículo 117.1 de la Constitución Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables».
Empecemos por el final: ¿perdón? ¿Cómo que las expresiones que traslucen desconfianza en el funcionamiento del poder judicial no son aceptables? He hablado alguna vez de la desconexión de la realidad que hay a veces en el mundo judicial, pero es que esta frase es perfecta. Que todas las asociaciones de jueces firmen un documento en el cual afirman que no es aceptable desconfiar de ellos es de un endiosamiento alucinante. Pues claro que los ciudadanos podemos desconfiar de los jueces (sobre todo en casos mediáticos y con elemento político) y articular políticamente esa desconfianza.
Pero es que la primera frase es también para darle de comer aparte. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso es totalmente cierto. ¿Y qué es el lawfare, sino una quiebra del imperio de la ley? ¿Qué es, sino una utilización torticera de la ley con el fin de conseguir ventajas privadas? ¿Qué es, sino desviación de poder? De las cuatro notas que definen la actividad judicial previstas en el citado artículo 117.1 CE, a las asociaciones judiciales les encanta citar tres de ellas (los jueces son independientes, son inamovibles y están sometidos únicamente al imperio de la ley), pero se les olvida siempre la cuarta: los jueces son responsables. Y si algún juez ha cometido desviación de poder, pues digo yo que deberíamos poder exigirle esas responsabilidades.
El último comunicado que voy a analizar es el del ICAM, los abogados de Madrid, dictado, dice, «desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política». El comunicado en sí es el mismo racaraca sobre la separación de poderes y la independencia judicial, pero tiene una frase interesante: «el uso del término lawfare referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático». No es ya que la palabreja sea inaceptable, como decían los jueces, es que directamente no tiene cabida.
Hay aquí una obviedad: en un Estado democrático no hay lawfare. Pero el Colegio de Abogados decide interpretar esta relación al revés. Parecería que la relación causal lógica es la siguiente: si hay lawfare, no estamos ante un Estado democrático o, al menos, se ha reducido la calidad de la democracia. Pero los abogados saben que el razonamiento correcto es el contrario: como hay un papel que dice que vivimos en un Estado democrático (la Constitución, en su artículo 1), no se puede hablar de lawfare. Punto. Por principio y por definición. ¡Toreros!
En fin. Yo no sé si ha habido lawfare o no lo ha habido, ni quién es culpable. Lo que sí se es que el mundo jurídico (jueces, fiscales, abogados, hasta funcionarios) es de un corporativismo insoportable. Hasta las asociaciones y entidades denominadas progresistas dentro de ese mundillo cierran filas cuando les critican y acaban sosteniendo posiciones tan imbéciles como que es inaceptable usar expresiones que muestren desconfianza en ellos.
Eso es lo que a mí me da miedo y no
los pactos políticos.
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