Las cooperativas de facturación

Como ya he dicho más de una vez, tengo muchos amigos autónomos. Esto me hace estar al tanto de las novedades del sector. Fue así como me enteré de la existencia de las cooperativas de facturación, un mecanismo que me hizo levantar la ceja desde el principio. He seguido la figura con interés, y he visto cómo la Inspección de Trabajo ha ido cerrando estas cooperativas ficticias y sancionando por fraude a sus socios. Estaba cantado, pero no por ello dejan de darme pena los miles de curritos afectados, que se metieron en algo que parecía legal sin serlo en absoluto. Porque sí, las cooperativas de facturación son un mecanismo para defraudar cotizaciones.

La Seguridad Social está estructurada en regímenes. Según el régimen al que pertenezcas, tendrás más o menos obligaciones formales (presentar documentos, llevar contabilidad) y deberás pagar más o menos. El régimen básico es el General, que se aplica a la mayor parte de trabajadores por cuenta ajena: hay un 99% de probabilidades de que todo lo que has trabajado en tu vida se haya cotizado por este régimen. Y luego hay regímenes especiales, como el de trabajadores del mar, el de la minería del carbón… y el de trabajadores autónomos, el llamado RETA (1).

Un trabajador autónomo debe darse de alta en el RETA. Es el régimen apropiado para él. Tiene que ser él quien rellene los formularios e ingrese la cotización, porque la ley le considera empresario. Es este pánico a equivocarse en el papeleo, junto con la rigidez de la cuota (se trata de una cuantía fija, muy gravosa para autónomos que facturan poco), la que ha llevado a mucha gente a meterse en cooperativas de facturación. Lo que vendían estas cooperativas es seguridad y ahorro.

El mecanismo era sencillo, y se basaba en una norma peculiar de las cooperativas: éstas pueden decidir, en sus estatutos, si sus socios cotizan en el Régimen General o en el RETA. Se constituía una cooperativa que escogiera la primera opción, y se publicitaba como “cooperativa de facturación”. Cuando el autónomo realizaba un trabajo, la cooperativa le daba de alta en el Régimen General y se ocupaba de todo el papeleo, en especial de la emisión de la factura (a nombre de la cooperativa) y de su cobro al cliente. Una vez cobrada la factura, la cooperativa pagaba al autónomo, cumpliendo con todas las normas del RG y quedándose por supuesto con una pequeña comisión que iba a parar a los promotores del invento.

En otras palabras, lo que se hacía era meter una persona jurídica entre el trabajador y su cliente. Esta persona jurídica se encarga de las obligaciones formales y trataba al autónomo como a un trabajador por cuenta ajena, con lo que éste ganaba en seguridad (no tenía que hacer papeleo, con todo el riesgo de equivocarse que eso conlleva) y, sobre todo si la facturación era baja, ahorraba. En principio todo el mundo contento, salvo por el hecho insignificante de que este ahorro es ilegal. Estamos ante lo que se llama un fraude de ley.

Un fraude de ley es un mecanismo por el cual una persona intenta aplicar una norma que no le interesa pero que le sirve para lograr un resultado prohibido por el ordenamiento. El ejemplo típico es el del inmigrante que, ante la imposibilidad de conseguir un permiso de residencia por las vías formales, se casa con un español para lograrlo. Ese inmigrante no quiere casarse, no tiene el menor interés en ese matrimonio, pero lo contrae para lograr un objetivo que de otro modo tendría prohibido. El fraude de ley normalmente incluye la creación de una situación ficticia (en este caso, la relación marital) a la que aplicar la norma de cobertura.

Es exactamente lo que pasa en las cooperativas de facturación. Una cooperativa es un tipo de sociedad, es decir, un sistema por el cual varias personas comparten un patrimonio para conseguir un objetivo común. En otro tipo de sociedades (anónimas, limitadas) este objetivo siempre es ganar dinero mediante el ejercicio de una actividad empresarial; en el caso de las cooperativas no tiene por qué serlo (hay cooperativas de vivienda o de educación, que tienen como finalidad dotar a sus socios de estos servicios). Pero, sea cual sea, ese objeto social tiene que existir.

En las cooperativas de facturación no hay objeto social. Se presentan formalmente como cooperativas de trabajo asociado, un tipo de sociedad que tiene por objetivo “proporcionar a sus socios puestos de trabajo (…) a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros” (artículo 80 LC). Es el tipo de cooperativa que más se parece a una empresa clásica. Pero las cooperativas de facturación no cumplen los requisitos: los administradores de las mismas no organizan la producción de bienes y servicios, sino que se limitan a cumplir obligaciones formales con el objetivo de ahorrar en cotizaciones.

Lo diré de otra manera: las cooperativas de facturación son pantallas. Usan la forma jurídica de la cooperativa para conseguir, a través de ella, un resultado prohibido por la ley: que haya trabajadores autónomos cotizando en el Régimen General. Pero ese efecto no se corresponde con una actividad societaria real. La cooperativa no organiza nada, sino que cada autónomo dirige su negocio por su cuenta. Un autónomo se da de alta en una cooperativa de facturación solo para obtener ventajas fiscales: no le interesa para nada unificar esfuerzos con otros cooperativistas (a los que probablemente ni conozca), y de hecho no lo hace. Sigue siendo él quien contacta con los clientes, negocia precios y organiza su tiempo de trabajo.

La consecuencia del fraude de ley, cuando es descubierto, es que se aplica la norma que se ha estado eludiendo. Es decir, que cuando una de estas cooperativas de facturación cae, todos sus socios tienen que pagar la diferencia entre lo que cotizaron en el RG y lo que deberían haber cotizado en el RETA. Al margen, por supuesto, de cualquier sanción que les corresponda por el fraude.

Si eres autónomo y estás en una cooperativa de trabajo, sal de ahí cagando leches y regulariza tu situación antes de que te pillen. Si has montado una cooperativa de facturación, es hora de sacar el dinero de ahí e irte a estafar a otros primos. Y, si por casualidad eres Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, igual iba siendo hora de impulsar una reforma en la cuota de autónomos, porque mientras ésta siga siendo fija los autónomos de baja facturación se seguirán buscando ñapas para no pagarla.

(1) La tendencia, eso sí, es a la homogeneización. Por ejemplo, en 2012 los regímenes especiales de trabajadores agrarios y de empleados de hogar se integraron en el general, y en 2017 el régimen especial de representantes de comercio se integró en el RETA.

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