Las calles de Alicante y la memoria histórica

Supimos el otro día que en Alicante una jueza había ordenado reponer las placas con nombres franquistas que el Ayuntamiento estaba retirando. “¡Fascismo, franquismo, dictadura!”, empezaron inmediatamente a vociferar algunos. A mí, la verdad, todo el asunto me pareció raro. No creo que un juez tenga ninguna potestad para decirle a un Ayuntamiento cómo tienen que llamarse sus calles. Es una decisión discrecional del poder político, siempre que se cumplan los requisitos de forma. Que es exactamente lo que parece que no ha pasado aquí.

En todo Ayuntamiento hay dos grandes órganos colegiados. Por un lado está el Pleno, compuesto por todos los concejales elegidos por la ciudadanía. Y por otro lado está la Junta de Gobierno, formada (grosso modo) por el alcalde, los tenientes de alcalde y aquellos concejales que tienen responsabilidad en áreas concretas. En el caso de Alicante, el Pleno tiene representación de PSOE, PP y C’s, así como de Guanyar Alacant (la marca municipalista de Podemos en Alicante) y de Compromís. En el gobierno, sin embargo, solo están PSOE, Guanyar y Compromís.

Es aquí donde está el quid del asunto: parece ser que la retirada de calles franquistas la decidió la Junta unilateralmente, sin pasar por el Pleno. Esto ha provocado que el PP, preocupado por supuesto por la legalidad (y en absoluto motivado por su ideología de derechas) recurriera la decisión. Sinceramente, creo que tiene posibilidades de ganar el pleito. El problema es una simple cuestión competencial: ¿quién pone nombre a las calles, el Pleno o la Junta? Y aunque no he encontrado ninguna mención expresa que atribuya la competencia al uno o a la otra, es una cuestión lo bastante importante como para corresponder al Pleno. Así es en muchos otros municipios, al menos (1).

Ahora bien, si el pleito aún no ha terminado, ¿cómo es que la jueza ya ha ordenado reponer las placas franquistas? Se trata de una medida cautelar. Las medidas cautelares son decisiones provisionales que toman los jueces durante los procedimientos para asegurarse la efectividad de la sentencia futura. Por ejemplo, en otros órdenes jurisdiccionales una medida cautelar podría ser embargarle la cuenta al demandado para asegurarse de que, si la sentencia le condena a pagar una cierta cantidad, se pueda garantizar que ese abono efectivamente se produce. Es decir, que no estamos ni mucho menos ante una decisión definitiva: cuando salga la sentencia firme, hablamos.

Eso no quita para que yo considere que a la jueza se le ha ido un poco la mano con la medida cautelar. Las medidas cautelares deberían tomarse solo en casos muy concretos, donde sea imprescindible evitar que la Administración ejecute el acto impugnado. No lo digo yo, lo dice la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que en su artículo 130 establece que “la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto (…) pudiera[n] hacer perder su finalidad legítima al recurso”.

Pongo un ejemplo: supongamos una actuación urbanística en la que el Ayuntamiento ha decidido que hay que demoler un inmueble. Los propietarios recurren la decisión. Ahí tiene mucho sentido dictar una medida cautelar que paralice esa demolición. Si no se hace así y el Ayuntamiento acaba echando abajo la casa, dará luego igual que el juez les dé la razón a los dueños: el edificio ya es un solar. Es decir, estamos en un caso donde ejecutar el acto (demoler la casa) puede hacer que el recurso que interponen los particulares pierda su finalidad, y por eso es lógico dictar una medida cautelar.

Lo que ha pasado en Alicante no es comparable. Es cierto que, si la sentencia acaba siendo favorable al PP, será un trastorno para los vecinos, que habrán visto que primero vivían en la calle del Facha MacFáchez, luego durante un par de años en una calle con nombre normal y luego de nuevo en la del Facha MacFáchez. Ése es precisamente el argumento que ha usado la jueza. Y sí, es cierto que los vecinos tendrán que cambiar otra vez su dirección en una buena cantidad de servicios, que habrá que reponer todas las placas, que el Ayuntamiento tendrá que avisar a todas las instituciones y que será una jodienda para todo el mundo… pero podrá hacerse.

Sin duda, no parece que seguir adelante con el cambio de nombres haga que el recurso pierda su finalidad, puesto que podrá revertirse en cualquier momento. ¿Que dicha reversión, si se produce, será molesta? Pues sí, pero la ley no habla de molestias: habla de que la ejecución del acto impida la posterior ejecución de una sentencia estimatoria del recurso. Y en este caso no lo impide. De hecho, la medida cautelar está recurrida al TSJ y no me extrañaría nada que la levantara.

Saliendo ya del análisis de la medida cautelar, el hecho de que los tribunales le dieran la razón al PP tampoco sería una tragedia. Repito: lo que aquí se debate es sobre todo una cuestión competencial (2). Si al final resulta que tiene razón el PP, el alcalde no tiene más que hacer aprobar el asunto en el Pleno. Es cierto que no tiene mayoría absoluta, pero no creo que le cueste sacar el asunto adelante (3). En definitiva: que a la larga se va a acabar cumpliendo en Alicante la Ley de Memoria Histórica. No hay que preocuparse.

De este asunto saco tres lecciones, aunque en realidad son bien sabidas. La primera es que a la gente le encanta ponerse a vociferar solo con un titular: como hemos visto, esto no es ni mucho menos una especie de triunfo del franquismo a través de la judicatura, puesto que entre otras cosas de momento no se ha dictado nada definitivo. La segunda es que el PP es un partido de extrema derecha que no puede ocultar sus simpatías por el régimen de Franco: los actos tienen significado, y nadie se cree lo de que están muy ofendidos porque esto no haya pasado por el Pleno. Han perdido una ocasión perfecta para envainársela.

Y la tercera es que los así llamados “Ayuntamientos del cambio” pueden llegar a ser torpes como ellos solos. ¿Qué les costaba pasar el asunto por el Pleno y ahorrarle a los alicantinos este absurdo? porque venga, ahora supongamos que el TSJ levanta la medida cautelar: otra vez a poner los nombres democráticos. Pero al final los jueces le dan la razón al PP: a cambiarlos. Pero luego lo pasan por el Pleno: a reponerlos. No, hombre, no. Las cosas no se hacen así. Menuda manera de alargar años lo que se podría haber resuelto en meses.

En fin. Lo cierto es que tiene narices que haya habido que esperar tanto tiempo para sacar de nuestras calles los nombres de los asesinos de la dictadura. Porque, en contra de lo que dicen los que pretenden blanquear el fascismo, los nombres de las calles no son recuerdos neutros de hechos históricos, sino homenajes a personas que lo merecen. Y no: en una democracia, los rebeldes fascistas que tomaron el poder por la fuerza y lo ejercieron durante cuarenta años no merecen calles dedicadas.

(1) El tema aquí es que muchas veces estas competencias tan micro vienen detalladas en normas municipales, que no son nada fáciles de encontrar ni de concordar. El hecho de que yo haya sido incapaz de encontrar una regla competencial clara no significa que no exista. Pero, insisto, lo más probable es que corresponda al Pleno, que al fin y al cabo es el órgano más importante del Ayuntamiento.

(2) Parece que el PP también ha alegado cosas como “la calle Calvo Sotelo no debería cambiarse en aplicación de la Ley de Memoria Histórica”, lo que tiene poco recorrido: memoria histórica o no, el Ayuntamiento puede retirarle a Calvo Sotelo su calle si es lo que desea.

(3) Después de las elecciones, la izquierda (PSOE-Guanyar-Compromís) tenía en el Ayuntamiento 15 concejales, mientras que la derecha (PP-C’s) contaba con 14. La marcha al grupo mixto de una concejal de Guanyar y de otro de C’s ha dejado los siguientes números: izquierdas 14, derechas 13, independientes 2. La coalición de gobierno ya no tiene mayoría absoluta, por tanto. Sin embargo, no creo que la exconcejal de Guanyar vote en contra de quitar nombres franquistas del callejero, y es por eso que digo que no creo que al alcalde le cueste sacar el asunto adelante.

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