Derecho a suicidarse

El otro día la Guardia Civil evitó que un hombre se suicidara. A raíz de que se jactara por ello en Twitter, se suscitó un interesante debate jurídico: ¿es jurídicamente lícito suicidarse? ¿Es legal, está permitido? A priori la respuesta es que sí (tu vida es tuya) pero uno de los usuarios se puso a decir que el suicidio está prohibido y que realmente es un delito. Si no es así (decía), a ver por qué está prohibida la cooperación al suicidio de otro. Así que, y pese a que las opiniones de este tuitero –que se mostró tremendamente soberbio cuando aludió a sus calificaciones en la carrera para no dejarse corregir– me importan poco, voy a dedicar unas líneas a esta cuestión porque creo que es interesante.

¿Existe un derecho al suicidio? Para empezar hay que decir que quizás la pregunta no sea la adecuada. La palabra “derecho” es muy gorda, tiene muchísima carga ideológica. Nos recuerda a los derechos humanos. “Tengo derecho a esto”, decimos cuando nos privan de algo. “No hay derecho”, exclamamos cuando nos hacen objeto de alguna injusticia. Un derecho es algo oponible, que puedes obligar a que se respete por vía judicial. Así que, vale, excluyamos de momento la palabra “derecho”. Hagamos la pregunta de forma más general: ¿está permitido suicidarse? O, en otras palabras, ¿hay alguna norma jurídica que prohíba quitarse la vida?

La respuesta debe ser unánime: no hay ninguna norma que prohíba quitarse la vida. Si un acto no está prohibido ni es obligatorio es que está permitido. Bastante simple, ¿no?

Por eso, vayamos un poco más allá. No es sólo que no haya normas que prohíban quitarse la vida, sino que de hecho hay varias que justifican el suicidio. Para empezar, el artículo 15 de la Constitución española concede el derecho a la vida. No impone el deber de vivir: vivir es un derecho, y por tanto también lo es dejar de vivir, igual que tienes tanto derecho a hablar como a callarte y a reunirte como a no reunirte.

Este argumento, reconozcámoslo, es débil. Matarse, al contrario que no hablar o no reunirse, es un acto irrevocable, y eso marca cierta diferencia. Los derechos humanos son indisponibles, lo que quiere decir que yo puedo no ejercer mi libertad de expresión en un momento dado pero no puedo renunciar a ella. ¿No podría interpretarse así el derecho a la vida, sosteniendo que no puedo renunciar a vivir? Podría, pero también puede verse de otra forma: la dignidad humana (de la que derivan los derechos fundamentales) implica entre otras cosas que las personas no pueden ser tratadas como objetos. La piel humana es la frontera: lo que pase dentro de ella es decisión única del sujeto. Si yo impido a alguien suicidarse, ¿acaso no le estoy negando su autonomía, no le estoy cosificando en nombre de valores presuntamente superiores?

Así pues, ¿qué interpretación es la correcta? ¿El derecho a la vida es indisponible o no lo es? Es un debate complejo y yo no tengo la respuesta. Pero sí puedo deciros cuál es la que ha adoptado el Derecho español. El artículo 2.4 de la Ley de Autonomía del Paciente le reconoce específicamente el derecho a negarse al tratamiento, con base precisamente en su dignidad y su autonomía. Yo puedo rechazar cualquier tratamiento, incluso el que me mantendría con vida (eutanasia pasiva), al igual que puedo dejarme morir de hambre. Caso cerrado: el suicidio es legal en España.

“Pero espera un momento”, podría decirse. “Conforme, la ley permite que te niegues a recibir medicación, pero no es lo mismo la conducta activa de quien se mata que la conducta pasiva de quien rechaza un tratamiento para morir. De hecho la ley española no admite la eutanasia activa”. Es una objeción que no tiene recorrido. Para empezar, ¿qué pasa si el tratamiento consiste en que me abstenga de hacer cosas? Por ejemplo: tengo un cáncer de pulmón, el médico me dice que deje de fumar y sigo fumando. ¿Eso cuenta como rechazar el tratamiento (conducta pasiva) o como seguir metiéndome al cuerpo sustancias potencialmente mortales (conducta activa)? No está claro. Sin embargo, aunque lo estuviera, hay una razón más técnica por la cual esta objeción no tiene sentido. Vamos a verla.

Matar a alguien (conducta activa) siempre es delito de homicidio. Dejar morir a alguien (conducta pasiva) normalmente es un delito de omisión del deber de socorro. Sin embargo, hay algunas personas frente a las que tenemos lo que se llama “posición de garante”, es decir, un especial deber de mantenerlas a salvo: por ejemplo, los progenitores son garantes de su prole menor de edad. Si yo dejo que se muera una de las personas de las que soy garante, me condenarán por homicidio igual que si la hubiera matado con mis propias manos.

En otras palabras, el derecho separa entre la gran masa de humanos, hacia quienes no tenemos demasiada responsabilidad (dejarlos morir es omisión del deber de socorro) y las personas de quienes somos garantes (dejarlas morir es homicidio). ¿En cuál de las dos categorías está cada quien respecto a sí mismo? En ninguna de las dos. Como hemos visto, la eutanasia pasiva es legal. Ni nos debemos ese “mínimo” que nos obliga a velar por la vida de todos los humanos ni estamos en posición de garante sobre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo va a ser delito atentar contra la propia vida? ¡No nos debemos nada!

No hay ninguna diferencia entre la conducta pasiva de dejarse morir y la conducta activa de matarse. Las dos derivan de la autonomía personal y de la dignidad humana. Si la eutanasia pasiva es lícita lo es por razones que también obligan a considerar legal el suicidio. Y si prohibiéramos el suicidio estaríamos negando el derecho de la persona a decidir si continúa viviendo y deberíamos prohibir también la eutanasia pasiva. Matarse y dejarse morir son actos que están unidos de forma indisoluble entre sí y a la propia dignidad humana: no puedes aceptar (o prohibir) uno sin aceptar (o prohibir) el otro.

¿Qué hace entonces nuestro derecho? Aceptar los hechos y regular la eutanasia pasiva. Otra regulación sería autoritaria hasta extremos impensables. Si no puedo dejarme morir, ¿es lógico que la ley me permita degradar mi calidad de vida comiendo comida basura? ¿O ponerla en riesgo fumando? ¿O practicar puenting? ¿O…? Puede llevarse hasta donde se quiera.

No obsta a esta conclusión el hecho de que la ley española no reconozca un derecho a la eutanasia activa. Como hemos dicho, la palabra “derecho” es muy gorda. Reconocer el derecho al suicidio implica que el Estado tiene el deber de poner a mi alcance los medios adecuados para que me quite la vida simplemente con que los pida. La ley española no ha llegado tan lejos, pero desde luego no prohíbe que tú, en tu casa, te tomes una sobredosis de pastillas.

Se puede aún objetar algo Si suicidarse está permitido, ¿por qué se castigan los actos de cooperación al suicidio? Pues porque el legislador considera que, pese a ser un comportamiento lícito, que entra en la esfera más íntima de la autonomía personal y que no puede prohibirse, no es deseable. Y una de las formas que tiene de desincentivar al suicida es prohibiendo a las personas de su entorno que le ayuden. Pero esta misma regulación apoya la conclusión general de esta entrada: lo que se castiga es inducir a otro a que se suicide o cooperar con actos necesarios. La mera pasividad (no hacer nada mientras otro se suicida) no entraría dentro de este tipo penal (1). No estás obligado a agarrar al suicida para impedirle saltar. ¿Por qué? Porque el suicidio es legal.

Queda entonces una última pregunta por resolver, que nos conecta con el primer párrafo de este artículo. Si el suicidio es legal, ¿qué habilita a la Guardia Civil para impedir que alguien lo cometa? Sencillo: la posibilidad de que esa persona, por razones psiquiátricas, no esté en condiciones de decidir ponderadamente un acto de esa trascendencia. El artículo 763 LEC (gracias a @AdrasteaQuiesce por este dato) prevé el internamiento forzoso de personas en esta situación, siempre con autorización judicial. Ante un suicidio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden sospechar que se está en el ámbito de aplicación de este precepto y llevarse a la persona al hospital por si fuera necesario un ingreso no voluntario.

Cierro esta entrada con una reflexión. Creo que va siendo hora de abrir el debate sobre la eutanasia activa. Quiero tener derecho a decidir sobre mi muerte. Quiero que sea en un contexto seguro, vigilada por profesionales que eviten que falle y mi muerte se convierta en una agonía de horas en una habitación solitaria. Quiero poder morirme dándole la mano a mis seres queridos sin miedo a que acaben denunciados por ayudarme a cumplir mi voluntad. Quiero poder elegir cuándo termino mi viaje vital y que mi decisión sea respetada y apoyada.

Porque mi cuerpo es mío.

(1) Aunque podría estudiarse que alguno de estos casos pueda entrar dentro del tipo de omisión del deber de socorro. Por ejemplo si alguien encuentra al suicida medio muerto y no hace nada por reanimarle.