El derecho a mentir del acusado

El desconocimiento produce indignación. Cuando no entendemos la razón de algo que nos molesta, ofenderse parece la reacción lógica: “¡qué absurdo que las cosas estén así, cuando cualquiera puede ver que no tiene sentido!” El problema es que en la mayor parte de los casos esta indignación se alimenta de prejuicios. Cuando indagamos y descubrimos cuál es la causa de aquello que nos molestaba, la sensación de ofensa desaparece y, o bien comenzamos a apoyar el estado de cosas que antes nos parecía intolerable, o bien podemos dirigirle una crítica más ponderada y legítima.

Esta introducción viene a cuenta de uno de los derechos menos comprendidos de todos los que recoge nuestro sistema judicial: el derecho a no decir verdad que tiene el encausado de un proceso penal. Cada cierto tiempo hay bromitas u oleadas de indignación al respecto. La gente puede entender el derecho a no confesarse culpable, entendido como la posibilidad de callar. Todo el mundo entiende que es una facultad básica. Pero cuando el derecho se amplía y recoge también la conducta de mentirle al tribunal (es decir, de inventarse una historia que no tiene nada que ver con los hechos), a muchos les parece un exceso. Derecho a callarse, bueno; derecho a mentir, ya es demasiado.

Pero en realidad, el derecho a no decir verdad es plenamente coherente dentro de nuestro sistema. Se trata de una manifestación de dos derechos fundamentales, recogidos en el artículo 24.2 CE: el derecho a no declarar contra uno mismo y el derecho a no confesarse culpable. Uno tiene derecho a no decir nada que le incrimine, y el reverso de ese derecho es la capacidad de decir cualquier cosa que no le incrimine, aunque no sea cierta. Al fin y al cabo, el derecho de defensa es algo activo: si las únicas posibilidades son decir la verdad o callarse, el reo ve seriamente mermadas sus facultades.

Esto puede sonar extraño, porque tendemos a pensar que un encausado que miente es porque es culpable. Al fin y al cabo, ¿qué otra razón tendría para mentir? Y la respuesta es: muchísimas. Puede que no quiera que su vida, sea cual sea, quede reflejada en unos autos judiciales. Puede que tenga un secreto vergonzoso. Puede que la verdad comprometa a otras personas o deje al descubierto una militancia política que no quiere que se sepa. Será por causas posibles. El derecho de defensa es para todos, inocentes y culpables.

Pero venga, supongamos a un reo culpable. Un tipo al que juzgan por un homicidio que sí cometió. Le imponemos la obligación de decir la verdad y la rompe, porque nos dice que en el momento del crimen él estaba en su casa viendo la tele. Habrá que juzgarle por falso testimonio y añadirle unos cuantos meses a su condena. El problema es que, bueno, intentar evitar que te pillen es normal. Es una conducta habitual que siguen todos los delincuentes salvo unos pocos. Y además, es una conducta comprensible. ¿No es más lógico, en vez de establecer una incriminación separada cada vez que el reo miente en un juicio, reconocerle el derecho a no decir verdad y calcular las penas asumiendo que la mayoría de criminales va a mentir?

Por otra parte, no alcanzo a entender qué diferencia hay entre un acto de ocultación sucedido en juicio y otro sucedido fuera de él. A todos nos resulta cristalino que ocultar el cadáver, deshacerse del arma y llevar guantes para no dejar huellas dactilares son conductas que no se castigan por separado. Nadie me va a culpar si, después de matar a una persona, lo amaño todo para que parezca un robo que salió mal. Las precauciones para que no te pillen se entienden consumidas en el propio delito. ¿Por qué mentir en el juicio no iba a tratarse igual? ¿Por qué establecer una distinción donde no la hay?

En este sentido, una vez leí una comparación que me gustó mucho: el Estado de derecho tiene la capacidad de ahorcar a una persona, pero no la de darle la cuerda y obligarle a ella misma a colgarse. Es decir, que los jueces y los fiscales pueden y deben poner todo su esfuerzo en encontrar la verdad y descubrir al culpable, pero lo que no pueden es forzarle a que actúe contra sus propios intereses. La posición del encausado es así radicalmente distinta de la del testigo: el testigo, que se supone que no tiene ningún interés en el resultado del proceso, sí que tiene el deber de decir la verdad, en virtud de su obligación de colaborar con la justicia.

Por su parte, este estado de cosas no quiere decir que no se pueda premiar a aquellos pocos delincuentes que deciden ir contra sus propios intereses y confiesan el delito. Existe una circunstancia atenuante que consiste, precisamente, en confesar el delito antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él. En otras palabras: mentir es un derecho, pero no mentir tiene premio.

Así pues, ya lo sabéis. Si cometéis un delito y os pillan, podéis mentir. Pero hacedme un favor: no digáis aquello de “me acojo a la quinta enmienda”. Es de la Constitución de EE.UU., así que solo conseguiríais que se os rieran en la cara.

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