martes, 19 de septiembre de 2017

Órdenes de alejamiento y canciones de amor

La receta es sencilla: un titular impactante en el que se nos cuenta que han sancionado a un hombre por hacer algo normal, o incluso bonito y romántico. Por supuesto, los de siempre ponen el grito en el cielo: ya se les puede oír teclear sobre leyes de género y sobre la persecución de la masculinidad. Y por supuesto, nunca es lo que parece. Lo hemos visto este mes, con el famoso bulo de la sentencia del pedo, y lo acabamos de presenciar de nuevo: “Multa por llamar de madrugada a una mujer para cantarle canciones de amor”.

El titular es tan malo que no sé ni por dónde empezar. Por un lado desprende un tufo machista bastante importante: tenemos un claro intento de blanquear los actos de un condenado. Espera provocarte pensamientos del estilo de: “¿qué puede haber tan grave en este acto de romanticismo como para merecer una condena? ¿Es que nos hemos vuelto locos como sociedad?” Que nadie lo niegue porque es evidente.

Pero es que además ese machismo ni siquiera está al servicio de la verdad. En otras palabras, el titular es mentira: la multa no se la han puesto por llamar “de madrugada” ni por llamar “para cantarle canciones de amor”. La multa se la han puesto simplemente por establecer contacto con una persona de la que le separaba una orden de alejamiento. Eso queda claro al leer la noticia. Pero claro, la verdad no genera tantos clics.

Hay varios delitos en el Código Penal que consisten en contactar con una persona, independientemente del contenido de dicha comunicación. Por ejemplo, el delito de acoso, introducido en 2015, pena a quien “de forma insistente y reiterada” intente establecer contacto con una persona a través de cualquier medio, siempre que no esté autorizado y que altere el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. En realidad, este tipo penal parece bastante aplicable al caso del que hablamos: según se lee en la noticia, el condenado le envió varios correos electrónicos, le llamó por teléfono de madrugada e incluso se presentó en el domicilio de la víctima. La única razón por la cual el protagonista de la noticia no ha recibido también una pena por acoso es que ese delito no existía cuando se produjeron los hechos, entre 2011 y 2012.

Y entonces, ¿cuál ha sido la razón de la condena? Muy sencillo: el delito de quebrantamiento. Este tipo penal castiga, básicamente, la ruptura de órdenes que impongan los jueces penales. Se sanciona no solo a quien vulnere una pena o una medida de seguridad (1), sino también al que quebrante una medida cautelar o incluso una conducción de un centro penitenciario a otro. En este caso la multa viene por saltarse una orden de alejamiento. Lo que conocemos como “orden de alejamiento” en realidad es un conjunto variable de prohibiciones que se impone al autor de un delito para impedir que inflija nuevos daños a su víctima. Se le prohíbe comunicarse con ella, acercarse a ella, residir en el mismo lugar, etc. La idea central es obligarle a que se aleje de ella, tanto física como moralmente. La orden de alejamiento puede imponerse como medida cautelar durante el procedimiento, como parte de la pena o incluso como una medida de seguridad postpenitenciaria.

En el caso presente la orden de alejamiento era una medida cautelar, es decir, una providencia tomada durante el procedimiento para asegurar que éste llegue a buen término. Y eso es muy interesante, porque nos permite deducir cosas que no se dicen en la noticia. Si se trataba de una medida cautelar es que el hombre ya estaba siendo juzgado por un delito previo contra esa misma víctima. Por lo que parece, nuestro acosador cometió (presuntamente) un delito contra una mujer, le pusieron una orden de alejamiento mientras le juzgaban y cometió un segundo delito al quebrantarla.

El asunto huele a violencia de género por los cuatro costados. Es interesante que la noticia no indague sobre la relación entre condenado y víctima: se refiere a ésta constantemente como “una mujer”. Pero el hecho de que él la acosara con poemas y cartas de amor y de que dijera que “para mí tú eres más importante (que cometer un delito)” nos muestra que casi con seguridad fuera su ex pareja. Además, los delitos en cuya investigación se acuerdan esta clase de medidas suelen ser personales (homicidio, lesiones, contra la libertad sexual, contra la intimidad, etc.), es decir, aquellos que normalmente no se cometen contra desconocidos. Así que lo que aquí tenemos es, probablemente, la enésima muestra de la forma tan horrible en que los medios de comunicación dan noticias relacionadas con la violencia de género. Qué sorpresa.

Como nota chusca del asunto, la noticia menciona que determinaron que era el hombre quien estaba mandando los correos electrónicos porque en uno de ellos dijo ser consciente de que estaba desobedeciendo a un juez y cometiendo un delito (2). Claro, no había muchos varones relacionados con la víctima que estuvieran en su situación. Como justificación, el tipejo le decía a su ex pareja que todos nos saltamos semáforos en rojo alguna vez y que lo de Urdangarín era peor. Triste gracia que remata una historia deprimente.

Así que no, nadie ha sido condenado por llamar de madrugada o por cantar canciones de amor. Lo que tenemos es a un tipo que utilizó justificaciones de mierda para quebrar una medida cautelar… y un periodismo a su altura.





(1) Una medida de seguridad es una consecuencia del delito que históricamente se imponía a quienes no tenían responsabilidad penal, como enfermos mentales o drogadictos. Hoy es posible imponerles medidas de seguridad a personas plenamente imputables, y ésta es una de las vías que se han utilizado para endurecer el derecho penal.

(2) De hecho dice “delito penal”, lo cual es un pleonasmo.


sábado, 16 de septiembre de 2017

Profesiones jurídicas VII - Los registradores

El mes pasado analizamos la figura del notario, y decíamos que funcionaba de una manera muy particular. Por un lado es, inequívocamente, un funcionario: así lo dice la ley, que además le concede competencias indudablemente públicas. Pero por otro lado se parece mucho a una empresa: cobra de sus clientes, contrata empleados y se establece donde quiere dentro de su demarcación. Hablábamos, entonces, de una figura mixta, de una extraña mezcla entre lo público y lo privado: un puesto funcionarial que en la práctica opera como una empresa.

Los registradores de la propiedad, figura que vamos a analizar hoy, funcionan igual. De hecho, el cuerpo de notarios y el cuerpo de registradores tienen muchas similitudes. Ambos se encargan de funciones vitales para el tráfico jurídico, y sueles tratar con ellos a la vez: normalmente el registrador trabaja sobre documentos notariales. Lo que el notario ha hecho, el registrador lo inscribe para que lo conozca todo el mundo: el primero certifica que un acto se ha realizado y el segundo le da publicidad.

Quizás una de las instituciones más importantes para garantizar el tráfico jurídico es la del registro. Todo queda siempre registrado. Tu nacimiento, matrimonio y muerte se inscriben en el Registro Civil. Si te condenan, tus antecedentes se anotan en el Registro de Penados y Rebeldes. Si fundas una asociación, se inscribe en el Registro de Asociaciones. Los registros aumentan la seguridad: en principio lo que está allí registrado es cierto, y como se trata de datos públicos nadie puede alegar que no los conoce. Además, opera el principio de tracto sucesivo, que quiere decir que cualquier anotación nueva debe estar en consonancia con las anteriores. Esto permite mantener la coherencia de la realidad registral.

Los registradores de la propiedad llevan tres de los registros más importantes del sistema, como son el de la propiedad (obviamente), el mercantil y el de bienes muebles. De hecho, nos referimos a ellos por un nombre acortado: en realidad este cuerpo de funcionarios de denomina “de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles”. Espero que no les atribuyan más competencias, porque entonces sus tarjetas de visita van a tener que imprimirse en sábanas.

En el Registro de la Propiedad, pese a su nombre, solo se inscriben actos relativos a inmuebles. Cuando te compras una casa o cuando heredas una plaza de garaje, por ejemplo, lo anotas aquí. No es obligatorio, ojo: en ciudad sí que es más común ir al Registro de la Propiedad cuando se transmiten inmuebles, pero en el campo hay muchas tierras de labrar que han ido pasando de padres a hijos sin acceder al registro.

Uno de los actos más importantes que se inscribe aquí es la hipoteca, hasta tal punto que es la Ley Hipotecaria la que regula el Registro de la Propiedad y la propia figura del registrador. Para que una hipoteca sea válida debe constar en el Registro. Si no, es como si nunca se hubiera firmado. Tiene sentido, puesto que se trata de una garantía que recae sobre la propiedad hipotecada y que puede durar años: conviene que sea pública.

Aparte de transmisiones e hipotecas, en el Registro de la Propiedad se inscriben toda una pluralidad de actos que afectan a los bienes inmuebles: garantías distintas a la hipotecaria, usufructos, servidumbres, etc. El objetivo es que para cada finca conste quién es su propietario y qué otros tienen derechos sobre ella. Es posible inscribir también los arrendamientos, pero no es una práctica nada común porque habría que elevar el contrato a escritura pública y nadie lo hace.

El segundo registro que llevan los registradores de la propiedad es el mercantil. Si en el anterior se anotaban inmuebles, en éste se anotan empresas. Se trata de hacer una fotografía completa de la situación de cada sociedad mercantil del país, para que cualquiera se pueda hacer una idea más o menos fiel de cuál es la situación de una en concreto. Por esa razón, es obligatorio inscribir prácticamente todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, salvo la condición de empresario individual. Cualquier sociedad, incluso las más simples, debe acceder al Registro, y en él deben constar todas las modificaciones del contrato social, el nombramiento y cese de administradores, las sucursales, etc. También se inscriben las sentencias que afecten a la sociedad y los concursos de acreedores (1).

Además, el Registro Mercantil tiene competencias sobre la documentación de los empresarios. Es quien legaliza los libros empresariales, por ejemplo: la legalización es un trámite consistente en visar los libros con el objetivo de darle cierta fuerza a los datos contenidos en ellos (2). También es el encargado de tramitar los depósitos de cuentas: todas las sociedades mercantiles del país deben presentar en el Registro las cuentas anuales, así como las posibles auditorías que se hubieran practicado.

Por último, los registradores se encargan también del Registro de Bienes Muebles. Aquí se inscriben los bienes muebles de valor, sobre todo vehículos a motor (desde aeronaves hasta motocicletas) y maquinaria industrial. Si alguna vez has comprado un coche, has pasado por este registro. Además, se registran aquí las condiciones generales de la contratación, es decir, los párrafos de letra pequeña que no lees cuando firmas un contrato con una gran compañía. Al contrario que en los dos registros anteriores, no es necesario que el acto a inscribir conste en escritura, sino que se pueden anotar documentos privados.

¿Y cuál es el trabajo exacto del registrador en estos casos? ¿Qué tiene que hacer cuando un documento llega a sus manos? Pues tiene que calificarlo. La calificación es un acto jurídico que recae sobre tres elementos: la forma del documento (si las cosas que deben constar en escritura constan en escritura, por ejemplo), la capacidad y legitimación de su otorgante (si el que firma el documento tiene poder para otorgarlo) y la legalidad de su contenido. Sin embargo, el análisis de legalidad queda un poco diluido por el hecho de que solo puede tener en cuenta los documentos presentados y otros asientos del mismo Registro, por lo que muy probablemente no tendrá la información suficiente para realizar un control pleno.

Ya a nivel de parafernalia, los registradores tienen el tratamiento de “señoría” dentro de su oficina y en los actos públicos se sientan a la derecha del juez de Primera Instancia. Tienen derecho a llevar una placa de plata con el lema “Prior tempore, potior iure”, cosa que me encanta porque es uno de mis latinajos favoritos: significa “el que inscribe primero tiene el derecho más fuerte”. Pueden también llevar esa placa como medalla y como chapita para el ojal de la americana, con la finalidad de que se pueda saber que son registradores incluso si van de sport.

Como he dicho al principio, los registradores se parecen a los notarios en la forma tan particular de entender la profesión funcionarial. Sin embargo, hay una diferencia: mientras que el notario sí que tiene una faceta innegable de profesional liberal, el registrador no. El registrador recibe documentos, los califica y resuelve, punto pelota. Por eso, si el mantenimiento de ese extraño sistema mixto resulta más que cuestionable en los notarios, es completamente indefendible en los registradores.

Si los registradores son funcionarios, tienen que tener unas condiciones de trabajo equiparables a los demás burócratas de categoría similar: eso quiere decir oficina pública, salario procedente de presupuestos, prohibición de contratar empleados y fin de su tratamiento como autoridad. ¿Por qué un funcionario que trabaja en el Registro de la Propiedad tiene derecho a ser una especie de micro-empresario con derecho a que le llamen “señoría” y otro que trabaja en el Registro de Asociaciones no? La actual concepción del sistema es franquista (la Ley Hipotecaria es de 1946 y el Reglamento de 1947), y los sucesivos gobiernos democráticos no han hecho más que añadirle competencias a un cuerpo que no tiene ningún sentido que siga existiendo (3).

La existencia del sistema actual es incluso peligrosa. Si los registradores no tienen un salario pagado por la Administración sino que viven de su clientela, buscarán ampliarla. Pero como no pueden expandirse territorialmente, fijar sus precios, ampliar mercado ni diferenciarse de la competencia, su única salida es pedirle al poder público que aumente la lista de actos que se pueden inscribir y que suba los aranceles. Y no es que tenga malos contactos con dicho poder público: el propio Rajoy es registrador de profesión (4).

El cuerpo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles debe desaparecer. Sus funciones deben ser atribuidas al Ministerio de Justicia y encargadas a funcionarios que lo sean con todas las consecuencias.






(1) El concurso de acreedores es un procedimiento que se abre cuando una entidad no tiene dinero suficiente para afrontar sus deudas. El objetivo del concurso es hacer viable el pago (quizás forzando a los acreedores a cobrar menos o a esperar más) y, si no es posible, liquidar la empresa para que al menos se cobre algo.

(2) Tradicionalmente se legalizaban los libros en blanco: se le hacía un troquel especial al libro y el empresario iba escribiendo ahí las actas que se levantaban. Así, si el libro contiene un acta que dice que el día X hubo una reunión y se adoptaron tales y cuales acuerdos, en principio tal información es fiable. Desde 2015 se legalizan los libros a posteriori: al final del año se mandan al Registro y quedan visadas todas las actas de los últimos doce meses.

(3) Como curiosidad, el artículo 279 LH sigue estableciendo como requisitos para acceder a la profesión los de ser varón y mayor de 23 años. Se trata de un precepto que no se aplica porque es claramente inconstitucional, pero que nadie se ha molestado en reformar.

(4) En el artículo enlazado se cita la atribución del Registro Civil a los registradores como otra de las prebendas que han recibido éstos. En realidad éstos se quejaron bastante de recibir ese trabajo, puesto que el Registro Civil es gratuito. Supongo que Rajoy no se atrevió a implantar una tasa por inscribir matrimonios y defunciones. El asunto está ahora mismo en impasse: no sabemos quién se quedará con el Registro Civil.


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viernes, 8 de septiembre de 2017

La sentencia del pedo

No falla. Cada vez que se habla de la lucha contra la violencia de género aparecen los de siempre a hablar de la sentencia del pedo. Pongo en antecedentes a quien no lo conozca: se trata de un caso en el cual se denuncia que “un hombre fue condenado por violencia de género por tirarse un pedo delante de su mujer”. El tema aparece con frecuencia en páginas web de asociaciones de machistas o en medios de comunicación tan profesionales como Alerta Digital. De hecho, si buscas en Google “pedo violencia de género” te aparecen decenas de noticias con un montón de fechas distintas, desde 2010 hasta hoy. No hay que preocuparse: todas se refieren al mismo caso, que se resucita con cierta frecuencia.

Porque sí, todos estos movimientos de odio hablan de un caso real, sucedido en Valencia en 2010, en el que efectivamente se condenó a un hombre por tirarse un pedo delante de su mujer. Pero los hechos están tan retorcidos que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que suelen decir los que denuncian las “injustas leyes de género” es que el condenado y su mujer estaban discutiendo, a él se le escapó una ventosidad y ella se fue corriendo al Juzgado a denunciar el ataque. La jueza condenó al marido pedorro. ¡Ignominia! ¡Hasta dónde llegará el odio al varón!

Aquí tenéis lo que sucedió realmente (1). El condenado estaba discutiendo con su pareja y la llamó “mala madre” e “hija de puta”. Posteriormente, y dado que la bronca debía ser acerca de la custodia del hijo común, se giró dándole la espalda y le tiró un pedo al grito de “toma niño”. Esto ya es otra cosa, ¿no? Al tipo ni le condenan solo por un pedo ni es verdad que dicho pedo se le escapara durante la discusión. Se lo lanzó a la otra persona para fastidiarla, para callarle la boca de forma abrupta y para reírse de ella. Oh, y espero que nadie venga diciendo que no estamos ante una vejación: terminar una discusión tirándote un pedo a la otra persona es claramente una burla y un menosprecio.

“Vale, es una vejación, pero ¿no es un poco excesivo juzgarle por ella? Al fin y al cabo no es tan grave”, podría decirse. Yo estoy de acuerdo: no es grave. Son dos insultos bastante comunes y una falta de respeto de obra pero que no incluye contacto físico. Y precisamente por eso le condenan por una simple falta de vejaciones injustas. Que cuando se lee a los indignaditos habituales parece que al tipo le fusilaron al amanecer, pero la pena fue de seis días de localización permanente (un arresto domiciliario, que se puede incluso cumplir en fines de semana) y una orden de alejamiento de un mes. No seis años ni seis meses: seis días.

La sentencia no tiene mucho más que comentar: el tío comete una vejación leve y le condenan por una vejación leve. Sí, el órgano es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer porque es el competente en los casos donde un hombre agrede a su pareja mujer. Pero le habrían condenado fuera quien fuera la víctima (2): si los insultos y el pedo se los hubiera dirigido a un desconocido, a un compañero de trabajo o a un amigo, el caso lo habría visto un Juzgado de Instrucción cualquiera y nadie se habría enterado del asunto aunque la condena habría recaído igual. Pero como entró como violencia de género, llevamos siete años de machistorros indignándose.

Así que no: en España no es delito tirarse un pedo ni te condenan por hacerlo durante una discusión. Digan lo que digan los de siempre.





(1) Y si pretendes alegar que sabes más del caso concreto que la jueza que vio la prueba y que la Audiencia Provincial que convalidó la sentencia, espero que seas como mínimo el condenado.

(2) Tras la reforma de 2015 ya no se castiga la falta (ahora delito leve) de vejaciones injustas salvo que se cometa en el contexto familiar.



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lunes, 4 de septiembre de 2017

El delito de autoadoctrinamiento

Han pasado ya varias semanas desde el atentado terrorista de Barcelona, y podemos hablar con un poco de perspectiva. Por ejemplo, parece que lo van a usar de excusa para volver a endurecer la ley: a las pocas horas de los ataques ya estaba Rajoy diciendo que va a reformar el Código Penal. La verdad es que a mí no se me ocurre qué más pueden meter: nuestra legislación antiterrorista ya es de una dureza importante. Por ejemplo, ¿sabíais que es delito visitar páginas web de radicales islamistas? Vamos a explicarlo.

Tradicionalmente nuestra legislación penal antiterrorista pivotaba en torno al concepto de agrupación terrorista. Así, la redacción original del Código Penal de 1995 castigaba al que cometiera ciertos delitos “perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas”, definidos éstos como “aquellos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. En 2010 se hizo una reforma para definir mejor el concepto de organización o grupo, pero el enfoque siguió siendo el mismo. Solo un artículo, el 577, castigaba al terrorista individual, es decir, al que comete delitos de terrorismo sin formar parte de una organización.

Pero llegó 2015, y con él el atentado contra Charlie Hebdo. PP y PSOE pactaron a toda prisa una macrorreforma penal en materia de terrorismo, y el enfoque cambió. El rey de esta regulación es el nuevo artículo 573, que castiga como delitos de terrorismo una amplia gama de tipos penal cuando tengan ciertas finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, provocar un estado de terror en la población, etc. Y todos ellos los puede cometer un terrorista individual, sin que sea necesario que actúe al servicio de una banda.

Podrían haberlo dejado ahí. No tengo nada en contra de que se castigue a los “lobos solitarios”, de verdad (1). Pero es que el legislador no solo hizo eso, sino que introdujo el maravilloso artículo 575, que castiga los delitos de entrenamiento y radicalización. ¿En qué consisten? El primero, en recibir adiestramiento militar, de combate o de fabricación de armas o bombas. El segundo, en recibir adoctrinamiento. Para que ambas conductas sean delito es necesario que se cometan “con la finalidad de capacitarse” para cometer atentados terroristas. La pena es de dos a cinco años de prisión, por cierto.

Para recibir entrenamiento o adoctrinamiento es necesario que alguien los emita, es decir, se requiere un profesor o mentor que guíe al alumno en su aprendizaje o en su evolución ideológica. Y el legislador ha pensado que eso puede hacer difícil la sanción de este hecho, porque en el caso del ISIS dichos profesores están en un área sin ley entre Siria e Irak y solo contactan con sus alumnos mediante mensajes masivos distribuidos por Internet. Así que el párrafo 2 del artículo 575 castiga a quien “lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior”. Es decir, a quien se auto-entrene o se auto-adoctrine con el fin de cometer delitos de terrorismo.

Del auto-entrenamiento no se dice más, pero en relación al otro delito sigue regulando. ¿Cómo sabemos que alguien se ha auto-adoctrinado si, al fin y al cabo, la supuesta radicalización sucede dentro de la cabeza del imputado? Pues mediante actos externos: el acceso habitual por Internet a contenidos que busquen o que resulten idóneos para convencer a alguien de que se incorpore a una organización terrorista o colabore con sus fines. También se comete el delito por la mera tenencia de documentos que tengan ese mismo contenido fanatizador.

Entonces, ¿qué tenemos? Que es delito acceder con frecuencia a las webs lanzadas por el ISIS para adoctrinar a la gente siempre que se pruebe que el autor buscaba capacitarse para atentar. ¿Cómo se prueba ese volátil requisito subjetivo? Pues no se sabe muy bien. Estoy deseoso de ver cómo empiezan a salir sentencias que tienen en cuenta, por ejemplo, las pintas, la nacionalidad, la religión o las amistades de las personas a las que se juzga. ¡Que hablamos de la Audiencia Nacional, no de un tribunal de verdad!

De hecho ya ha habido las primeras condenas y las primeras absoluciones en apelación. Lo más interesante no es tanto las razones concretas en que funda su absolución (2) sino lo que dice la sentencia acerca de este tipo penal. El Tribunal Supremo ha considerado que se trata de un delito cuestionable, porque equipara una evolución ideológica con algo tan distinto como es entrenarse con armas o aprender a preparar explosivos. Además, recuerda que la UE y la ONU no contemplan esta figura, que el Consejo de Europa la rechaza  y que está en juego la libertad ideológica y el derecho a la información. Por eso hay que ser estrictos en las condenas y no imponerlas salvo en casos graves y muy cualificados.

Estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo, claro. Es cierto que esta legislación obedece a un miedo real, que se da en un mundo donde el terrorismo cambia sus formas de actuar. El ISIS no gestiona al detalle todos los atentados que se cometen en su nombre. No los programa en sus bases y luego hace que sus hombres viajen hasta el destino para cometerlos, sino que es más de lanzar la piedra y esconder la mano. Sus ideólogos difunden mensajes de odio de manera masiva con la esperanza de que calen en jóvenes musulmanes residentes en Europa y de que éstos decidan hacer algo al respecto. En otras palabras, ISIS no es una organización fuerte y controladora, como podía ser ETA; más bien busca convencer a muchas personas de que hagan el trabajo sucio por ella. La búsqueda y detención de estos agentes locales se complica, porque no tienen vínculos orgánicos con ISIS.

Pero una cosa es reconocer este hecho y otra que castiguemos algo tan inasible como la “radicalización” o el “adoctrinamiento”. Es adelantar demasiado la responsabilidad. No castigamos el atentado consumado, ni su tentativa, ni siquiera su preparación: castigamos la mera asimilación de mensajes radicales, antes de que su receptor pueda incluso planificar la colocación de una bomba o el atropello de trece inocentes. ¿Qué bien jurídico se busca proteger aquí? ¿De verdad se ve atacado el orden social porque yo vea vídeos que llaman a la yihad, incluso suponiendo que se pueda probar que los veo para convencerme de lo buena que es la matanza indiscriminada de civiles?

El tipo de autoadoctrinamiento sobra por completo. Supongamos que yo me dedico a eso, a leer escritos y a ver vídeos con el fin de radicalizarme y cometer un atentado. Al final, me decido a atacar. ¿Qué hago después? Si me junto con otros que están en mi misma situación, nos pueden pillar por grupo terrorista y/o por conspiración para delinquir. Si voy solo pero pido cómplices, me cogen por la figura de la proposición. Si empiezo a fabricar o comprar bombas me aplicarán los delitos relativos a la manipulación de explosivos. A unas malísimas, si voy absolutamente solo, podrán cogerme en cuanto empiece a cometer el atentado y acusarme de tentativa de un delito de terrorismo. Es decir, que haga lo que haga me pillan.

Pensemos en el caso límite: los terroristas que de repente sacan un cuchillo y se ponen a matar infieles. Se trata de algo que parece inevitable: ¿por qué no imputarles por el delito de autoadoctrinamiento antes de que atenten? Bien, devuelvo la pregunta: si la policía no es capaz de atraparme antes de que yo empiece a apuñalar inocentes, ¿qué nos hace creer que podrán pillarme por ver vídeos de YouTube que incitan a la yihad? Los acuchilladores de multitudes no son locos a los que un día les da el venazo, sino que llevan un proceso detrás: es gente que probablemente ha anunciado sus intenciones en público, se ha despedido de sus familiares, etc. Si no le pueden tener monitorizado tampoco pueden controlar su proceso de radicalización y acusarle por él.

Recordemos además que ése es el caso límite. Es bastante raro que el terrorista vaya solo. En el caso de Barcelona, por ejemplo, había un solo hombre conduciendo la furgoneta, pero formaba parte de un grupo con hasta siete sospechosos. Además, su objetivo inicial parecía ser atentar con explosivos caseros, lo cual remarca aún más el carácter grupal de sus planes. No, normalmente los terroristas no atentan solos, y por eso entre otras cosas es innecesario castigar la autoradicalización: porque un conjunto de personas que preparan un golpe así ya es un grupo o una organización criminal.

Así pues, este delito sobra. Y no solo sobra, sino que es peligroso. Es, como he dicho, un adelantamiento de la responsabilidad hasta unos límites absurdos. Se castiga el pensar en cometer un delito, sin necesidad de que haya un solo acto externo que tienda a dicha comisión. Algo, como podrá cualquiera imaginarse, muy cuestionable desde la perspectiva del Estado de Derecho: se supone que solo podemos delinquir con los actos, nunca con el pensamiento. ¡Y recuerdo, para más inri, que hablamos de una pena de más de dos años de prisión!

En materia de represión penal, los terroristas son como el canario de la mina: las barbaridades vulneradoras de derechos fundamentales que se les aplican a ellos acabarán pasando al derecho general. Ya ha sido así con asuntos como la libertad condicional, por ejemplo. Lo que les hagan a los terroristas (y que nos parecerá muy bien porque son muy malos) nos lo acabarán haciendo a nosotros. Y este caso, donde se castiga como terrorista a personas que por lo que sabemos lo único que han hecho es ver vídeos que difunden una determinada ideología, es especialmente sangrante.

Así que sí, el delito de autocapacitación para cometer delitos de terrorismo es peligroso. Haríamos bien en pedir su eliminación.      






(1) Aunque no veo la operatividad de definir legalmente lo que es una organización o grupo terrorista si pertenecer a ella no va a ser un agravante. ¿Para poder castigar por pertenencia a sus miembros y líderes? ¿Por qué, si la propia ley está diciendo que un delito cometido como parte de una banda no es más grave que ese mismo delito cometido por un lobo solitario?

(2) Que no se probó para cuál de los delitos de terrorismo recogidos en el Código se estaba preparando.


miércoles, 23 de agosto de 2017

Profesiones jurídicas VI - Los notarios

Llevamos cinco artículos hablando de las profesiones jurídicas relacionadas con el mundo judicial. Pero hay vida más allá de los juzgados y tribunales. La mayoría de profesiones jurídicas no ejercen su labor en los estrados, y de hecho solo los pisan para cuestiones muy concretas. En las siguientes entradas de esta serie trataremos precisamente de este tema. Y hoy tocan los notarios.

Los notarios se encargan de una de las actividades más importantes que hay en todo sistema jurídico: dar fe pública. Fe pública equivale a certificación de autenticidad. Si sobre un determinado hecho o contrato recae fe pública, quiere decir que verdaderamente se ha producido, que es auténtico. Por ello, la capacidad de otorgarla es muy restringida: la tienen notarios, registradores, LAJ y poco más. Por supuesto, las declaraciones de los notarios en este sentido tienen presunción de veracidad: si un notario dice que algo ha ocurrido así, ha ocurrido así y es muy difícil probar lo contrario.

¿Sobre qué puede recaer la fe pública? Lo primero y más importante: sobre hechos. Los notarios certifican que los actos que presencian han sucedido realmente. Por ejemplo, yo puedo hacer que un notario declare que, a cierta fecha, en la aplicación WhatsApp de mi móvil constan X mensajes intercambiados con cierto número de teléfono. O que Fulanito y yo hemos firmado efectivamente un contrato. O que en la reunión de la Junta Directiva de una sociedad se ha hablado de tales y cuales cosas. O de que he otorgado testamento.

Pero la fe pública no solo se extiende a lo que los notarios ven, sino también a lo que valoran en determinados supuestos. Por ejemplo, un notario debe comprobar si la persona que viene a otorgar testamento a su oficina tiene capacidad para realizar ese acto. O, en el caso de que quien firme un contrato sea representante de otro (por ejemplo, el administrador de una empresa), tiene que comprobar si de verdad tiene esos poderes. En definitiva, no son simples testigos que den cuenta de lo que han visto, sino que a veces tienen que emplear su capacidad de juicio.

El principal documento con el que trabajan los notarios es la escritura pública. Las escrituras sirven (artículo 17 LN) para reflejar declaraciones de voluntad, prestaciones de consentimiento y, en general, toda clase de negocios jurídicos y de contratos. Toda escritura tiene una matriz, que es el documento original, que se guarda custodiado en la notaría. Y luego, de cada escritura se pueden sacar copias para las partes que lo soliciten o por si hay que aportarlas a algún procedimiento judicial.

Las escrituras son documentos de bastante importancia. Para empezar, tener tu contrato firmado ante notario siempre da un plus a la hora de probar que efectivamente se celebró. Además, elevar tu contrato a escritura te permite inscribirlo en el Registro correspondiente, y eso te puede interesar. Por ejemplo, registrar la venta de un inmueble le da al comprador importantes presunciones a su favor, e inscribir un arrendamiento de vivienda concede derechos extra tanto al arrendador como al arrendatario.

Pero es que aún hay más. Hay negocios jurídicos que solo son válidos si están reflejados en escritura: si no se celebran ante notario es como si nunca se hubieran hecho. En este supuesto están las capitulaciones matrimoniales (1) o los testamentos abiertos. Otros contratos requieren incluso un requisito extra para su validez: no solo tienen que constar en escritura, sino que deben haber accedido al Registro público correspondiente. Aquí están la hipoteca y el contrato de constitución de sociedad de capital.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la profesión notarial? ¿Son funcionarios o profesionales particulares? Bueno, el artículo 1 de la Ley del Notariado (por cierto, la ley más antigua de las que están en vigor en España) lo deja claro: los notarios son funcionarios. Si no, no podrían otorgar fe pública. Además, tienen una serie de restricciones impropias de un empresario particular: no pueden decidir el precio de sus servicios, entran por oposición, ocupan notarías previamente fijadas por el Ministerio, etc.

Y sin embargo, también hay cosas en los notarios que son extrañas para tratarse de funcionarios. Su sueldo sale de lo que cobran a los clientes, no de los Presupuestos. No están insertos en un escalafón, no hay jerarquía entre ellos ni tienen una carrera profesional. Cada notario elige su sede, compra sus muebles y herramientas de trabajo y contrata libremente a sus empleados con arreglo a la legislación laboral. A efectos estadísticos, las notarías cuentan como empresas. Quizás estos datos fueran irrelevantes en el siglo XIX, cuando se aprobó la Ley del Notariado y se definió la figura, pero hoy en día son incompatibles con lo que entendemos como funcionario.

Al final, supongo que la mejor aproximación es la que hace el artículo 1 del Reglamento notarial, que caracteriza al notario como una figura bicéfala: por un lado es un funcionario que da fe pública y por otro un profesional jurídico que tiene que aconsejar a sus clientes de la mejor manera que sepa. En definitiva, los notarios son, como los procuradores y los registradores, algo intermedio entre lo público y lo privado.

Se suele decir que los notarios son inútiles y que habría que eliminar la figura. Yo no comparto esta opinión, puesto que alguien tiene que dar fe pública de los contratos suscritos entre particulares, pero sí puedo entender que hay que hacer una profunda reforma en el sistema. No me gusta que la fe pública esté en manos de lo que, en la práctica, es una casta de pequeños empresarios con bastantes contactos en el mundo político. Podría suceder, por ejemplo, que cuando se quedan sin una fuente de ingresos porque el mercado inmobiliaria se contrae, el Gobierno aprobara una Ley de Jurisdicción Voluntaria que les otorga una serie de procedimientos no contenciosos que solo podrán permitirse quienes paguen el arancel. Los que no, a esperar los eternos plazos de la jurisdicción.

Así que sí, creo que los notarios tal y como están concebidos ahora mismo deberían desaparecer y ser sustituidos por alguna clase de funcionarios que lo sean en el sentido más propio de la palabra. Sí, aunque ello implique que desaparezca el viejo chiste de “perdone, ¿la notaría?” ¡Hasta eso estoy dispuesto a sacrificar!






(1) Las capitulaciones matrimoniales son lo que en las películas estadounidenses se denomina “contrato prematrimonial”.


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viernes, 18 de agosto de 2017

Un pueblo de mujeres

El otro día se hizo viral un tuit en el que la escritora Iria G. Patente proponía comprar un pueblo abandonado y convertirlo en un espacio no mixto. Pese al obvio tono de broma que tenía el mensaje original y su desarrollo, pronto llegaron las respuestas de costumbre. Que qué pasa si nacen hijos varones, que si sois horribles por segregar, que si puedo entrar yo que soy muy bueno, etc. Por suerte, aparte de eso sí se han debatido temas muy interesantes, como por ejemplo: ¿es posible comprar un pueblo entero y prohibir la entrada en el mismo a un grupo de personas concreto?

A priori la pregunta parece fácil. Hay una inmobiliaria especializada, y salen incluso artículos periodísticos sobre esta moda para ricos. Pero toda la información que encuentro se centra siempre en las preguntas “¿quién compra?” y “¿para qué?” A mí me interesa sobre todo saber quién vende y, sobre todo, qué se vende. Ambas preguntas están íntimamente relacionadas, pero el problema es que los artículos periodísticos no las responden. Hablan de “compraventa de pueblos” como un término paraguas que puede incluir muchas cosas.

Supongamos que queremos montar una especie de Themyscira rural. Lo primero sería constituir una asociación o una cooperativa de viviendas exclusivamente femenina, algo que es perfectamente lícito al menos en el caso de las asociaciones. Esa cooperativa sería quien comprara el pueblo a su nombre. Impedir que los hombres se alojen en las casas es sencillo: simplemente habría que establecer que solo las cooperativistas pueden vivir en ellas. Evitar que los varones usen los hipotéticos comercios que pueda tener el pueblo (como el bar o la tienda), también es fácil: se establecen no como negocios sino como servicios para las socias de la cooperativa y punto. Todo lo anterior es posible comprando solo las casas.

Pero imagino que, para redondear el experimento, se querría evitar también que los hombres entraran en la localidad. Y eso ya es un problema, porque las calles son bienes de dominio público destinados al uso público, es decir, por los que cualquiera puede transitar sin que nadie pueda prohibírselo. Por mucho que yo posea todas las casas de un pueblo, no soy dueño de las calles, caminos, parques o plazas, que siguen siendo espacio público. Y ojo, que el término “pueblo abandonado” es confuso: normalmente se trata de localidades en las que no vive nadie pero que están sometidas a un Ayuntamiento mayor en el que sí hay vecinos y autoridad municipal. No por comprar “el pueblo” me convierto en su alcalde.

Es aquí donde cobra sentido la pregunta acerca de quién vende y de qué se vende en estas transacciones. Porque si la inmobiliaria se ha limitado a concertarse con los propietarios de las casas para hacer una venta común, no hay mucho que hacer: la cooperativa de mujeres compraría las casas y ya. Pero si el que vende es el Ayuntamiento (como parece que sucede a veces), se podría negociar con él la desafección y venta de las calles y plazas (1). Sería necesario un expediente motivado, probablemente en el marco de un plan urbanístico, pero podría hacerse. ¿Locura? No demasiado. Anda que no hay en España urbanizaciones privadas, a las que solo pueden pasar los residentes y sus invitados. Las calles de esas urbanizaciones no son bienes públicos, sino una copropiedad de los dueños de las casas. Funcionan, salvando las distancias, exactamente igual que las escaleras y el ascensor de una comunidad de vecinos.

Queda aún un problema, y son las servidumbres de paso. Una servidumbre es un derecho que ostenta una persona para usar una finca ajena con una finalidad concreta. Por ejemplo, si yo estoy haciendo obras en mi casa y para ello necesito apoyar un andamio en un terreno contiguo, la ley me concede una servidumbre: el dueño de ese terreno colindante no puede negarse a que yo ponga ahí mi andamio durante el tiempo necesario. Pues bien, en el mundo rural es muy común que haya servidumbres de paso a favor de ganaderos trashumantes. Y esas servidumbres (establecidas en muchos casos por uso inmemorial) sí que son intocables en la práctica.

Ojo, que no estamos hablando de folklore: las servidumbres vienen reguladas en el Código Civil y son verdadero derecho, que hay que respetar. El pastor tiene derecho a pasar por ahí con sus rebaños. Más aún, son derechos reales, es decir, sobre la propiedad: si tú compras un terreno en el que hay una servidumbre de paso, lo compras con esa carga y no puedes hacer gran cosa para evitarlo. Oh, sí, las servidumbres se pueden expropiar, como todo derecho real, pero convence tú al Ayuntamiento de hacer algo así. No es lo mismo ceder la propiedad de cuatro calles perdidas que no aprovechan a nadie que meterse en un conflicto con las asociaciones de ganaderos.

Salvado lo anterior, no existe ningún problema para comprar una aldea. Solo hay que juntar un montón importante de pasta y convencer al Ayuntamiento de que desafecte y venda las calles. Yo creo que si se monta un crowdfunding se puede.






(1) En realidad este proceso también podría hacerse si los vendedores son particulares, pero ya sería más farragoso, pues se trataría de negociar con dos entidades (dueños de los pisos y Ayuntamiento) en vez de con una sola (Ayuntamiento).


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martes, 15 de agosto de 2017

La huelga de El Prat

El tema de la huelga de Eulen parece que se va a alargar. Para quien no lo sepa, se trata de los empleados de seguridad en el aeropuerto de El Prat, servicio privatizado y que lleva cerca de una semana de paro laboral. Anteayer los trabajadores acordaron rechazar la mediación de la Generalitat y mantener los paros, que se convierten ahora en indefinidos. ¿Qué reclaman? Una subida salarial y, además, mejores condiciones de trabajo, lo que implica contratar a más vigilantes.

El conflicto tiene bastantes aristas, pero yo me voy a centrar en una. Concretamente en la amenaza del ministro de Fomento de emplear a efectivos de la Guardia Civil para sustituir a los huelguistas si se rechazaba la mediación del Gobierno catalán. La medida ya se ha llevado a cabo, y desde ayer tenemos a señores con bigote vestidos de verde controlando los accesos al aeropuerto. ¿Las razones? Una serie de argumentos bastante volátiles sobre las colas que se forman y la alerta antiterrorista en que se encuentra España. Mi objetivo en esta entrada es analizar si la medida es legal.

La huelga es un derecho que forma parte del derecho fundamental a la libertad sindical. Por esa razón, debería venir regulada en una Ley Orgánica. Pero España es España, y la provisionalidad es ley: la norma que regula este importante derecho es el Decreto Ley 17/1977 (DLH), que como su propio nombre indica es previo a la Constitución. Posteriormente, el Tribunal Constitucional fue limando sus aristas más autoritarias. Así pues, estamos ante una materia donde la ley dice muy poco. En principio, tenemos claro que la huelga es una medida de presión para conseguir un equilibrio entre una parte más poderosa (el empresario) y una menos poderosa (cada trabajador individualmente considerado).

Por supuesto, la huelga no puede paralizarlo todo. El artículo 28 CE faculta al legislador para establecer “las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad”. Una manifestación de esta capacidad está en la fijación de servicios mínimos: cuando la huelga alcanza ciertos sectores de relevancia pública (transporte, sanidad, etc.), el Gobierno puede establecer un mínimo por debajo del cual no se puede hacer huelga. Sin embargo, sus poderes no se quedan ahí. El artículo 10.2 DLH faculta a la autoridad para “acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios” y para “adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas”. Una habilitación amplísima, que incluye en principio la intervención de la Guardia Civil para sustituir a los trabajadores.

Así pues, la solución a este conflicto dependerá, en primer lugar, de si consideramos que la tarea de los empleados en huelga es un “servicio esencial para la comunidad” o no lo es. Y aquí tenemos un problema. No existe una lista tasada de servicios esenciales. El Tribunal Constitucional ha dicho que esta noción “hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige” (STC 193/2006, FJ 2). Un servicio será esencial si busca garantizar los derechos fundamentales y otros bienes constitucionalmente protegidos, de tal manera que “la satisfacción de los mencionados bienes o intereses exija el mantenimiento del servicio”.

En definitiva, que hay que estar al caso concreto a la hora de determinar si una actividad es esencial o no. Así, distintas sentencias han considerado actividades esenciales el transporte ferroviario de personas y mercancías (STC 26/1981, FJ 10), el transporte aéreo (STC 51/1986, FJ 2) y el Metro (STC 53/1986, FJ 3), todas ellas por su conexión con el derecho fundamental a la libertad de circulación. También hay sentencias que consideran esenciales otras actividades, como las relativas a la sanidad pública.

Los trabajadores de Eulen se encargan de la seguridad en los aeropuertos. Sin ellos no se puede volar, puesto que son los que vigilan que se cumplan los reglamentos de seguridad: escanean maletas, vigilan los arcos detectores, patrullan, etc. En este sentido, creo que sí puede calificarse su actividad de esencial: la satisfacción del derecho fundamental a la libertad de circulación exige que el servicio se mantenga. En este sentido, la labor de los guardias de seguridad es similar a la de los auxiliares de vuelo afectados por la STC 51/1986 arriba mencionada, que declaró su tarea un servicio esencial.

Ahora bien, que un servicio sea esencial para la comunidad no quiere decir que el Gobierno pueda, de facto abolir el derecho de huelga en ese sector. La esencialidad del servicio le permite establecer medidas como servicios mínimos, pero dichas medidas tienen que ser proporcionales. De nuevo en palabras de la STC 193/2006, la autoridad debe “asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal”. O sea, debe garantizarse una cobertura suficiente y no más. Que se note que estamos en huelga pero que ésta no lo paralice todo.

Para medir la proporcionalidad de la medida gubernativa habrá que estar a los hechos concretos: ya dijo el Tribunal Constitucional que “los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga”, sino que habrá que mirar las características de ésta (STC 26/1981). ¿Y qué tenemos en El Prat? Una serie de paros parciales, durante los cuales se realiza una huelga de celo en la cual cada maleta es revisada exhaustivamente, lo cual genera retrasos de dos y tres horas. Todas las maletas son finalmente analizadas, por lo que no hay ningún riesgo de seguridad. Todos los pasajeros acaban entrando. El servicio se presta, aunque no con normalidad porque estamos en huelga.

En este supuesto, ¿es proporcional mandar a los agentes de la Guardia Civil a hacer ese trabajo? No, en absoluto. Proporcional habría sido establecer unos servicios mínimos razonables, que era más o menos lo que ya se estaba haciendo: una cola de 2-3 horas entra incluso dentro de la antelación con la que es apropiado ir a un aeropuerto. Pero eso le parece demasiado al ministro. Él mismo ha reconocido que lo que van a impedir los efectivos de la fuerza pública es que se formen colas. Es decir, de lo que se trata aquí es de sabotear la huelga. Es un acto de esquirolaje: se usa a funcionarios públicos para que el servicio se preste con normalidad, y ello es un balón de oxígeno para la empresa, que deja de sufrir los efectos negativos que debería tener toda huelga.

Lo diré otra vez: las huelgas sirven para presionar al empresario, y el mecanismo para ello es que no pueda ejercer su actividad de forma normal. Solo cuando la empresa empieza a fallar ante sus clientes porque sus instalaciones están paradas se aviene a negociar. Si llega el Gobierno y le garantiza la normalidad del servicio, sus incentivos para negociar se diluyen. Más aún si el ministro sigue abriendo la boca y amenaza con imponer un arbitraje para terminar el conflicto. La empresa sabe que solo tiene que esperar hasta que todo termine con mínimo coste para ella.

También se ha sabido que los vigilantes de seguridad cobran menos que un guardia civil. Eso hace que uno se pregunte por qué estamos pagando los beneficios de una empresa privada cuando tenemos un cuerpo especializado de funcionarios que lo puede hacer cobrando salarios superiores. Es un debate legítimo. ¿Queremos que vuelva a ser la Guardia Civil la que patrulle los aeropuertos y controle las maletas? Perfecto.

Ahora bien, lo que no es admisible es usar a los funcionarios como esquiroles forzosos. Lo que no es admisible es entrar en un conflicto laboral como un elefante en una cacharrería a pretender que el servicio se preste con normalidad. Y, por encima de todo, lo que no es admisible (ni legal) es imponer unas medidas absurdamente desproporcionadas, por mucho servicio esencial que sea.





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martes, 8 de agosto de 2017

Separación, divorcio y nulidad

El mes pasado publiqué una entrada sobre temas matrimoniales en la que decía que la Iglesia católica aceptaba el divorcio en caso de no consumación. Varias personas me respondieron confundiendo el divorcio con la nulidad matrimonial: me decían, por ejemplo, que “querrás decir que la Iglesia acepta la nulidad” o que “hay más causas de nulidad que ésa”. Así que me he decidido a escribir esta entrada con el fin de explicar las tres crisis matrimoniales: la separación, el divorcio y la nulidad.

La separación matrimonial es la menos incisiva de las tres crisis. En ella, el vínculo conyugal se mantiene (los consortes siguen casados), pero atenuados. Así, se asume que cesa la convivencia entre los cónyuges y desaparece la posibilidad de usar bienes del otro para levantar las cargas del matrimonio. Además, se extingue el régimen de gananciales y pasa a aplicarse el de separación de bienes.

Cualquiera puede separarse con el único requisito de que hayan transcurrido tres meses desde el matrimonio. La separación la decreta un juez, después del oportuno proceso. Si la separación es de mutuo acuerdo y no hay hijos menores de edad o incapacitados, se prevé un trámite simplificado ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario (1).

Sin embargo, la separación de hecho (la cesación de la convivencia de forma prolongada) tiene también ciertos efectos. Así, el Código Civil dice que si los cónyuges llevan separados más de un año, cualquiera ellos puede instar ante un juez la disolución de la sociedad de gananciales. La jurisprudencia posterior ha matizado este requisito y hoy en día se entiende que el fin de la convivencia conyugal, siempre que sea efectivo y que se confirme con actos subsiguientes, determina el fin de la sociedad de gananciales. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene que dos personas que ya solo están casadas sobre el papel sigan aportando sus ganancias a un fondo común?

Como dos cónyuges separados siguen casados, la reconciliación entre ellos deja sin efecto la separación. Ahora bien, la sociedad de gananciales no revive: seguirán en separación de bienes salvo que pacten lo contrario en escritura pública.

El divorcio es la disolución del vínculo conyugal. Tradicionalmente para divorciarse era necesario que los consortes llevaran separados un cierto periodo de tiempo, de tal manera que ambas crisis eran sucesivas: primero separación y luego divorcio. Desde 2005, sin embargo, cualquiera de los cónyuges puede decidir divorciarse desde el tercer mes del matrimonio, sin necesidad de separarse antes.

A nivel de tramitación, el divorcio funciona igual que la separación: procedimiento judicial salvo que sea de mutuo acuerdo y no haya hijos, en cuyo caso se aplica el trámite simplificado ante el notario o el LAJ. Y por supuesto no existe el “divorcio de hecho”. Una vez concedido el divorcio, se extingue el régimen económico matrimonial y los cónyuges están, a todos los efectos, solteros. La reconciliación no hace revivir el vínculo: si los exconsortes quieren estar casados de nuevo, deben celebrar un segundo matrimonio.

La nulidad es algo que normalmente se asocia a matrimonio religioso pero que en realidad puede afectar a cualquier negocio jurídico, incluyendo al matrimonio civil. Consiste en la realización del acto de una forma tan viciada que realmente nunca llega a nacer. Un matrimonio nulo es aquel que, por lo que sea, no llegó a celebrarse válidamente, por lo que en realidad jamás ha existido.

Son matrimonios nulos los siguientes:
  • El celebrado entre personas que no pueden contraer matrimonio. No pueden casarse quienes ya estén casados y los menores de edad no emancipados. Y no pueden casarse entre sí los parientes en línea recta (padres con hijos), los parientes colaterales en segundo grado (el hermano con el hermano) y en tercer grado (el tío con el sobrino) y los condenados por participar en la muerte del cónyuge o pareja de cualquiera de ellos. El juez puede levantar las dos últimas prohibiciones.
  • El que no se celebre ante funcionario válido o que se celebre sin testigos. Sin embargo, la primera causa no operará si el funcionario que celebra el matrimonio viene ejerciendo sus funciones de manera pública (pese a no tener un nombramiento válido) y uno de los cónyuges va de buena fe.
  • El celebrado sin consentimiento matrimonial. El matrimonio es un negocio jurídico que tiene una serie de notas previstas en los artículos 66 a 68 CC: la igualdad, el respeto mutuo, la fidelidad, la convivencia, la corresponsabilidad, etc. Si alguien no quiere acceder a un negocio jurídico definido por estas notas, en realidad no consiente en contraer matrimonio. Así, son nulos el matrimonio simulado por ambas partes (por ejemplo, para darle papeles a uno de los cónyuges) y el matrimonio de conveniencia. También aquel celebrado por alguien sin capacidad mental para consentir.
  • El celebrado con un consentimiento viciado. Son vicios del consentimiento el error (sobre la identidad o sobre cualidades personales importantes del otro cónyuge) y la intimidación por parte del otro cónyuge.


Como se ha dicho, el matrimonio en el que concurra alguno de estos vicios es nulo y nunca ha existido. Sin embargo, dependiendo de cuál sea la causa de la nulidad, puede convalidarse el matrimonio. Así, en el caso de matrimonio con un menor, se convalida el vínculo si los cónyuges llegan a vivir juntos un año desde la mayoría de edad. Y en caso de error o intimidación, se convalida el vínculo si hay una convivencia de un año desde que desaparece el vicio del consentimiento.

Dado que el matrimonio nulo no ha existido nunca, se deben poner las cosas como estaban antes de su celebración, incluso a nivel patrimonial. Eso puede ser una cabronada para los hijos (que no tienen culpa de nada) y para el cónyuge de buena fe. Por eso, la ley les protege: los efectos producidos respecto de ellos permanecen. Además, el cónyuge de buena fe tiene derecho a una indemnización por parte del otro.


Hemos visto hasta aquí las tres crisis matrimoniales previstas en el derecho matrimonial español. Sin embargo, a veces son también relevantes las mencionadas en el derecho canónico, es decir, en la Iglesia católica. Esta institución permite el divorcio en un único caso: que el matrimonio no haya tenido contacto carnal, es decir, que no se haya consumado. Se supone que el vínculo no ha llegado a perfeccionarse y por eso puede disolverse. Como compensación, se multiplican las causas de nulidad: es nulo el matrimonio celebrado con un impotente, con un no católico, con un sacerdote, con los padres o los hijos de tu cónyuge si el matrimonio con él resultó ser nulo, con quien crea que el matrimonio católico es disoluble, etc.

¿Por qué son relevantes estas normas? En principio no lo serían: según vimos en la entrada que he enlazado al principio, en España el único matrimonio legal es el civil, por lo que las causas de disolución y nulidad del vínculo canónico no nos deberían importar. Pero nos importan, porque existe una excepción: el artículo 80 CC permite aplicar en España las decisiones católicas sobre matrimonio no consumado y sobre nulidad matrimonial. Solo las católicas, ojo, no las de ninguna otra confesión. Es la única quiebra que sufre el sistema de matrimonio civil único (pero con varias formas de celebración) que tenemos en España.

Ahora bien, para que estas resoluciones sean aplicables en España hay que reconocerlas como si fueran una sentencia dictada en un país extranjero, por medio de un procedimiento denominado exequatur. Y los tribunales españoles deben denegar el exequatur si la resolución que se trata de reconocer es contraria al orden público, es decir, a los principios básicos del derecho español. Algunas de las causas de nulidad canónica lo son y algunas no lo son: como podréis imaginar, la casuística es inmensa.

En conclusión: la separación es la ruptura de la convivencia y el régimen matrimonial, el divorcio es la disolución del matrimonio y la nulidad es la declaración de que el matrimonio nunca ha existido. Los tres procedimientos son civiles, aunque en el caso del matrimonio contraído ante un sacerdote católico es posible (en determinados casos) que el Estado español reconozca las resoluciones de disolución y nulidad dictada por las instituciones canónicas. Espero que se haya entendido.







(1) Y hoy en “nuestro legislador no sabe legislar”, capítulo 34434: cuando abolieron sin querer la separación contenciosa. El artículo 81 CC regula la separación (tanto contenciosa como de mutuo acuerdo) cuando hay hijos menores. El artículo 82 CC regula el procedimiento especial ante el notario o el LAJ cuando la separación es de mutuo acuerdo y no hay hijos menores. Entonces, ¿qué pasa cuando la separación es contenciosa pero no hay hijos? Técnicamente está abolida, porque el Código Civil no la menciona en ninguno de esos dos artículos. Y, como los artículos referentes al divorcio se remiten a lo previsto en estos dos preceptos, tampoco existiría el divorcio contencioso. Por suerte, los tribunales interpretan esta chapuza como lo que es: el enésimo error del legislador.




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