lunes, 11 de febrero de 2019

El artículo 324


España tiene un problema. Bueno, a ver, tiene muchos, pero hoy me quiero centrar en uno: la excesiva duración de las causas judiciales. Los procesos se alargan y se alargan y se alargan y se alargan hasta el infinito. Si nos referimos solo a los procedimientos penales (es decir, a los que enjuician delitos), el principal cuello de botella es la instrucción, que es el nombre técnico para llamar a la investigación. Es aquí donde las cosas se atascan, porque los Juzgados de Instrucción están colapsados: cada juez tiene que investigar decenas o cientos de casos, lo cual significa coordinar a policías para que realicen materialmente los actos de indagación, escribir mucho papeleo, comunicárselo todo a las partes… todo esto con unos medios de lo más precario, tanto en material como en personal.

Así pues, en la pasada legislatura (1), el ministro Catalá tuvo una ideaza. ¿Qué iba a hacer el ínclito gobernante para resolver el problema? ¿Crear más Juzgados? ¿Dotar de más medios a los existentes? ¿Concederles la instrucción a los fiscales? ¡No! Todo eso son tonterías. Si la instrucción se demora más de lo que es aceptable, limitamos por ley su duración máxima y santas Pascuas. Es más, vamos a añadir a la ley una disposición adicional que deje claro que a este plazo máximo no se acompaña ninguna dotación extra de recursos. Problema resuelto, y nos da tiempo de irnos a merendar. No sé cómo no se le había ocurrido a nadie antes, ¿eh?

Semejante, eh, solución, se plasmó en el artículo 324 LECrim. Este artículo dice que la instrucción de los procedimientos penales durará un máximo de seis meses, salvo que se considere que se trata de un caso complejo (grupos criminales, muchos hechos punibles, actuaciones en el extranjero, etc.) en cuyo caso el plazo es de 18 meses prorrogables por un máximo de otros 18 meses. Cuando pasa ese tiempo, la causa se cierra: si se han recabado pruebas contra alguna persona, se abrirá juicio oral contra ella; si no, será archivada.

Esto es tan absurdo como establecer que un cirujano no puede estar más de dos horas operando o que las obras en tu casa no pueden durar más de cuatro días, de tal modo que pasado ese tiempo el médico y el obrero deben largarse dejando la operación o las obras tal y como estén. Si han terminado, bien; si no, pues qué lástima. Alguien ingenuo puede pensar que esta norma es, precisamente, una muestra de ingenuidad, de creer que el mundo se cambia a golpe de ley, cuando en realidad se necesitan políticas más continuadas en el tiempo. Alguien cínico diría que fue una maniobra del PP para intentar que las investigaciones sobre algunas de sus numerosas causas de corrupción se cerraran antes de acabar. En cualquiera de los dos casos, queda claro que se trata de una regulación estúpida.

El problema es tanto la resolución de las causas simples como las llamadas “complejas”. En los casos simples, seis meses pasan en un maldito suspiro, como bien puede contar esta fiscal. En los complejos, parece que 18 meses prorrogables por otros 18 es muchísimo tiempo, pero no es tanto. Por ejemplo, la instrucción del caso 11-M duró 31 meses, de marzo de 2004 a octubre de 2006. En el caso de los ERE de Andalucía, el Juzgado estuvo investigando desde enero de 2011 a junio de 2016, unos 65 meses. Con la instrucción de la Gurtel ni siquiera voy a contar meses: duró de 2008 a 2016. ¿A que ahora esos 36 meses –que ni siquiera son seguros, pues primero hay que conseguir que se declare compleja la causa y luego que se conceda la prórroga y que ésta sea del máximo posible– ya no parecen tanto?

Bien, si tan horrible es el artículo 324 LECrim, vamos a derogarlo. El PP ya no está en el poder, se le puede dar impulso parlamentario, incluso Ciudadanos se mostró a favor en 2016 presentando una proposición de ley que incluía la anulación de este artículo. No debería costar. Y supongo que con esta idea en la cabeza, el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea presentó en marzo de 2017 una proposición de ley con un único artículo: “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Y ahí sigue, atascada.

El problema está en la Mesa del Congreso, que es el órgano que gobierna la Cámara. Esta institución tiene nueve miembros, de los cuales cinco son de PP y C’s y cuatro son de PSOE y UP. Creo que ya se puede ver el problema. El PSOE aceptó esta distribución al principio de la legislatura y lleva arrepintiéndose de ella desde que ganó la moción de censura, porque permite que la derecha haga filibusterismo parlamentario de una manera cómoda y segura.

Llamamos filibusterismo a aquellas tácticas parlamentarias que intentan obstruir el funcionamiento normal de la Cámara por medio del abuso del reglamento. El ejemplo obvio es el de James Stewart en Caballero sin espada: aprovechando que en el parlamentarismo anglosajón nadie puede retirarle la palabra a un orador, éste habla, habla y habla con el fin de paralizar la sesión e impedir que se vote durante horas o incluso días. Aquí ha pasado algo parecido. Cuando una ley entra en tramitación, se abre un plazo de siete días para que se presenten enmiendas, plazo que puede prorrogarse las veces que haga falta si la Mesa lo aprueba. El plazo inicial terminó el 6 de junio de 2017 y desde entonces los cinco diputados de PP y Ciudadanos que conforman la Mesa lo han prorrogado sesenta veces.

Sesenta veces. Sesenta. Sesenta semanas sentándose cada martes y votando a favor de ampliarlo, sin que se les cayera la cara de vergüenza. Por supuesto, no tienen ninguna intención de presentar enmiendas. El texto original de la proposición de ley tiene once palabras: cualquier enmienda debería haberse propuesto hace ya mucho. Es una simple táctica dilatoria. Quieren llegar al final de la legislatura sin que esto se apruebe: el PP porque es su ley y Ciudadanos porque es el lacayito del PP. Sí, en 2016 presentó una proposición para que eliminar el artículo 324 LECrim, pero como gesto de cara a la galería que no iba a salir.

Es una actuación rastrera. Saben que no pueden competir en el debate parlamentario en este tema: la proposición de Podemos sería aceptada sin apenas trámite y ellos quedarían sin defensa, porque no hay defensa posible para algo como el artículo 324 LECrim. Así que usan su posición de poder en la Mesa, donde no hay diputados de esos molestos grupos parlamentarios vascos, catalanes y mixto (solo son nueve puestos a repartir entre los cuatro grandes) y donde un 47,43% de diputados –lo que tienen sumado PP y C’s– se transforma en una mayoría absoluta.

¿Qué se puede hacer? La vía larga es recurrir al Tribunal Constitucional en amparo. El derecho a participar en política es fundamental, y hay jurisprudencia constitucional avalando los derechos de diputados de la oposición frente a decisiones injustas o discriminatorias de los órganos de gobierno parlamentarios (en este caso, la Mesa). Pero para cuando eso estuviera resuelto, igual estamos en 2050 y nos gobierna un ciborg con el cerebro de Sigfrid Soria.

A corto plazo, pues imagino que habrá que hacer lo de siempre: tirar de decreto ley. Si Pedrete se anima, es el momento. Porque me temo que la opción de que al PP y a Ciudadanos (los partidos demócratas, constitucionalistas y de centro sensato) les entre de repente un ataque de responsabilidad no está ni siquiera encima de la mesa, por supuesto. Así han sido siempre: consideran que gobernar es su derecho divino y que cualquiera que les aparte de él es un golpista. Hay que limitarse a rodearlos y no hacer demasiado caso de sus ladridos.









(1) En verdad hace dos legislaturas, si contamos la fallida que fue de enero a mayo de 2016.


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jueves, 7 de febrero de 2019

HazteOír, desinteresado


Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno español en el siglo XXI. Logros: sobrevivir a Susana Díaz, ganar una moción de censura (básicamente por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno) y quitarle a HazteOír la condición de asociación de utilidad pública. Y pare usted de contar. Porque sí, queda como año y medio de legislatura –hasta el 26 de junio de 2020– pero ya hay en el aire una sensación como de mandato agotado. El Gobierno no tiene presupuestos ni socios y, aunque de momento nadie habla de elecciones anticipadas, su capacidad de tomar medidas parece muy comprometida.

Al menos, como digo, lo de HazteOír está atado y bien atado. Al menos durante este año y medio, esta pandilla de reaccionarios no va a poder disfrutar de todas las ventajas que da la condición de utilidad pública. Iba siendo hora, ¿eh? Llevaba teniendo esta consideración desde mayo de 2013, es decir, casi seis años durante los cuales ha gozado de una buena cantidad de privilegios fiscales. Privilegios que añadían una vuelta de tuerca más a la ofensa que supone la existencia de semejante grupo de odio.

El punto de quiebre ha sido, claro, el famoso autobús con un mensaje transfóbico que anduvieron paseando por toda España en 2017. El de “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva” y toda esa mierda. Ese autobús ya provocó que el Ministerio de Interior de Zoido (todavía con el PP a los mandos, pero ya defenestrado Fernández Díaz) volviera a valorar la condición de utilidad pública de HazteOír, aunque al final se la mantuvo. Aquello fue más bien un gesto de cara a la galería, por mucho que en su momento yo me atreviera a expresar cierta esperanza.

Ahora bien, pasó el tiempo y HazteOír tuvo que rendir cuentas de esa campaña (que no solo era el autobús sino toda clase de material a repartir en colegios y centros educativos), pues como asociación de utilidad pública también está obligada a ciertas obligaciones documentales. Presentó las cuentas en agosto de 2018, es decir, justo cuando acababa de entrar el nuevo Gobierno; en estas cuentas estaba, claro, esta actividad. Y eso ha sido lo que ha empleado la Secretaría General Técnica del nuevo Ministerio del Interior para justificar la decisión.

Cabe recordar que la condición de utilidad pública se concede a aquellas asociaciones que promuevan el “interés general” y cuyos fines sean de carácter cívico, educativo, científico, de promoción de los valores constitucionales, de protección de la infancia, de voluntariado social, de defensa del medio ambiente y así hasta veinte finalidades que puede perseguir una de estas asociaciones. Pero es que, además, el artículo 4.5 de la ley que regula el derecho de asociación impide que los poderes públicos faciliten “ayuda” (y sin duda la condición de utilidad pública es una ayuda importante) a las asociaciones que “en su proceso de admisión o en su funcionamiento” discriminen por nacimiento, sexo, raza o cualquier otra circunstancia.

Y ahora vayamos a la campaña. Según ha trascendido a prensa (pues la resolución administrativa, que yo sepa, no se ha publicado), el Ministerio considera ahora que HazteOír ha expresado sus propias ideas de una manera extralimitada, puesto que ataca la dignidad de colectivos enteros. En los extractos citados por distintos diarios se habla de “mensajes atentatorios (…) incompatibles con cualquier reconocimiento público” y de “falta de respeto por otras opciones distintas a las defendidas por esta entidad, incompatibles con la necesaria promoción del interés general”.

Eso sí, el Ministerio no llega hasta el punto de censurar las manifestaciones de HazteOír o considerarlas discurso de odio. Antes bien, las considera dentro de la libertad de expresión: la asociación puede existir, puede estar formada y dirigida por transfóbicos y puede soltar al aire estos mensajes tan nocivos porque existen la libertad ideológica y de expresión. Sin embargo, eso no quiere decir que el Estado le tenga que conceder beneficios fiscales. Si tu principal actuación durante el año 2017 es una campaña que es básicamente un insulto hacia todo un colectivo, no te quejes de que te quitan la condición de utilidad pública.

Por supuesto, el jefe de HazteOír ya ha salido a decir que esto es una sanción, que va a recurrir y que va a poner más autobuses. Al recurso le auguro poco recorrido: trabajar con conceptos jurídicos tan indeterminados como “objetivos de interés general” o “utilidad pública” es lo que tiene. La Administración tiene un margen de apreciación muy amplio, siempre que motive, y aquí lo ha hecho. En cuanto al tema de que le están haciendo objeto de una persecución ideológica y que esto es una dictadura… pues qué vamos a decir, si son las chaladuras habituales.

En la entrada sobre el tema que escribí en 2017 (y que he enlazado más arriba) he mencionado que un Ministerio valiente se atrevería no solo a retirarle la condición de utilidad pública a HazteOír, sino a revocar el acto de 2013 por el que se la concede, asumiendo que otorgársela fue un error desde el principio. Por supuesto, esto no va a pasar: no es solo que el PSOE no quiera meterse en otro fregado (y más en uno de resultado tan incierto) sino que se le ha pasado el plazo para tomar una medida de ese calibre. De momento, eso sí esta pandilla de impresentables no va a rapiñar más dinero público por esta vía.

En estos tiempos es todo un consuelo.








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viernes, 25 de enero de 2019

La huelga de taxis


El conflicto de los taxis sigue y seguirá. En Barcelona parece que se ha alcanzado un acuerdo, lo cual ha hecho que Uber y Cabify anuncien que se van (¡dos ventajas en una!). En Madrid, la cosa sigue adelante. El tema es, claro, las plataformas VTC, esas apps que nacieron supuestamente para poner en contacto a dueños de coches y a personas que buscan transporte interurbano pero que en realidad son empresas de transporte con todas las letras. A ver si podemos desbrozar un poco el asunto.

Tenemos que partir de un punto ineludible: el taxi es un servicio público. Nos cuesta verlo porque cuando hablamos de “transporte público” se nos vienen a la cabeza notas como “colectivo” y “por rutas fijas”, pero lo es. Presta el servicio de transporte individual y puerta a puerta, que es tan necesario como el cubierto por trenes, autobuses, metros y tranvías. Todo lo demás (que si las licencias, que si la modernización tecnológica, que si la libertad de elección, que si las botellitas de agua, que si la abuela fuma) debe ponerse en relación a esta idea básica.

Que sea un servicio público no quiere decir, a priori, que no pueda tener competencia privada. Hay actuaciones públicas que admiten la concurrencia con la iniciativa de particulares (universidades, centros deportivos y de ocio, servicio postal) y otras que no (alumbrado de calles, asfaltado de carreteras, control sanitario de los alimentos). Yo diría que el transporte público puerta a puerta es de las que sí lo admite. Pero esa competencia, de existir, tiene que darse en unas condiciones reguladas, que preserven siempre la prestación del servicio público por encima de los beneficios de los prestadores privados.

Y aquí nos encontramos con Uber y con Cabify. Empresas de transporte que ni siquiera admiten que son empresas de transporte (hace un mes una sentencia del TJUE declaró que Uber lo era, pero ésta sigue manteniendo en su web la retórica de “conectamos personas”), que coleccionan sanciones por competencia desleal, que no aceptan que sus trabajadores son trabajadores y que tributan fuera de España. Suena a la clase de empresas de las que se puede esperar cooperación y buena fe a la hora de regular, seguro.

La posición de los taxistas es, en realidad, de defensa. Han visto que las VTC van a quedarse y aspiran al menos a que estén reguladas, de tal manera que no se coman todo el pastel. Porque aquí parece que los únicos que presionan son los taxistas, cuando Uber y Cabify también lo hacen, pero en los despachos: el taxi, con su precio fijado y su obligación de cubrir todo el territorio, les supone una competencia muy desagradable. Si quieres cobrar más caro por recoger a alguien a una hora rara, en una zona alejada o en un evento multitudinario, te viene mal que tus clientes puedan llamar a un taxi y pagar una tarifa fija.

En esta defensa que protagonizan los taxistas tenemos que alinearnos todos los que creemos en lo público. Sí, a pesar de las deficiencias regulatorias, de los múltiples errores estratégicos que está cometiendo el colectivo del taxi (de los que hablaré más abajo) y de que éste se suela categorizar como un grupo de fachas desagradables. Porque las VTC funcionan como punta de lanza de toda clase de desregulaciones. Y la desregulación y la pérdida de servicios públicos nos afecta directamente a nosotros, ciudadanos y consumidores de clase trabajadora.

El guion siempre es el mismo y lo hemos visto en docenas de sitios, incluyendo este mismo sector en otras ciudades. Unos pocos liberaloides claman que cierto sector está cerrado, que es ineficiente, que está dominado por las mafias, que es necesario abrirlo a la saludable competencia. Poco a poco van ganando adeptos. El sector se abre y… ¡hop! Se convierte en un oligopolio, la calidad del servicio cae, los precios aumentan y, a la larga, todas las empresas ofrecen productos sospechosamente parecidos a precios sospechosamente similares. Eso es lo que va a pasar con el transporte público si la huelga del taxi no triunfa. Porque esto es una prueba de fuerza: si el taxi no consigue imponerles ahora una regulación a las VTC, demostrará que es débil y en uno o dos años las VTC conseguirán liberalizar el taxi.

El taxi es un servicio público, lo que significa que los precios están fijados, que la prestación es obligatoria y que hay medios de reclamar los incumplimientos. Esto dejará de ser así si triunfan Cabify y Uber. De esto va este conflicto: no de una supuesta mejora tecnológica (los taxis también tienen sus apps porque, bueno, estamos en 2019: todo tiene ya apps) ni de un supuesto mejor servicio, que en realidad no es más que las ansias de servilismo que tiene una generación a la que toda la vida le han dicho que es la hostia y de repente se ha encontrado currando de precaria en El País. Algunos hemos despertado y otros deciden su bando en un conflicto social en función de quién les da botellita de agua gratis.

Dicho esto, por supuesto que los taxistas están haciendo cosas mal en sus protestas, empezando por atacar vehículos VTC, lo cual no solo es un error estratégico grave (como si no tuvieran ya bastante mala prensa) sino una cabronada. Soy un ferviente partidario de que las huelgas molesten y mucho, así que me parece genial que corten carreteras y toquen las narices en IFEMA y en el MWC. Pero la gente que conduce coches VTC son, normalmente, trabajadores precarios que se están sacando algo de dinero explotando el único activo que tienen. No son el enemigo, sino el eslabon débil de la cadena.

También, una cosa que habrá que hacer cuando el servicio público esté asegurado es entrar a regularlo mejor. Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué a estas alturas del partido el servicio de taxis lo siguen prestando particulares: se trata de una pregunta que aquí nos hemos hecho ya con notarios y con registradores, nunca con una respuesta satisfactoria. Vivimos en una época en la que la figura del empleado público está muy aceptada. No sería tan raro integrar a los taxistas en la estructura del empleo público, con todo lo que ello conlleva: horario fijo, salario con cargo al presupuesto, etc.

En el caso de que se mantenga el actual modelo de explotación de particulares por licencia, la tela que cortar es también importante. Sin embargo, hay un problema gordo, y es que este modelo oscila en una tensión entre el servicio público y el negocio privado del titular de la licencia. El Ayuntamiento quiere que el servicio se preste con eficiencia, y por ello desea tener el control; el taxista desea sacarle rendimiento, y para ello quiere tener derecho a contratar empleados, vender el negocio al jubilarse o dejarlo en herencia cuando se muera, tres prácticas contra las que se rabia mucho.

Vengo leyendo que estas prácticas fomentan una “mafia”, generan “especulación” o incluso que son una “estafa piramidal” (1). A mí no me parecen más que las costumbres normales de cualquier negocio: asociarse con otros para formar empresas, contratar gente para sacar más rentabilidad, transmitirlo cuando se quiere salir del sector, dejárselo en herencia a los propios hijos… si esto lo hace el dueño de una ferretería, nadie abre la boca. “Es que el taxi presta un servicio público y la ferretería no”. Correcto: pues aceptemos mi primera propuesta y convirtamos a los taxistas en funcionarios.

Si no vamos a hacer eso, si vamos a seguir manteniendo la prestación de este servicio público por medio de particulares, habrá que entrar a regular con mucha cabeza. No podemos decirles a los taxistas “le vamos a dar a usted este servicio público para que lo explote en régimen de negocio privado” y, a la vez, “le vamos a quitar todas las facultades del negocio privado (venderlo, contratar empleados, transmitirlo a los hijos… actos, por cierto, para los que siempre se requiere el consentimiento del Ayuntamiento) porque mafias”. Es contradictorio.

Pero en fin, todo esto son meras charlas de café hasta que no se garantice aquí lo importante, que es lo de las VTC: que Uber, Cabify y cualquier competidora que pueda aparecer entren (si es que tienen que entrar) de forma reglamentada y disciplinada. Que respeten las normas y que se salvaguarde el servicio público del taxi. Yo espero que lo consigan, la verdad. En este caso, si ganan los taxistas ganamos todos.









(1) Lo cual es ridículo, porque una estafa piramidal, por definición, exige la entrada constante de nuevos socios que financie los beneficios de los niveles superiores. En un panorama en el que las licencias de taxi son limitadas (para que entre un licenciatario debe salir otro) no puede haber una estafa piramidal.


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domingo, 20 de enero de 2019

Un niño sin vacunar en una guardería


El Estado surgido de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX ha operado siempre con normas. Leyes y reglamentos, ordenados de una manera jerárquica, y con una serie de criterios claros para saber qué pasaba cuando dos de ellos se contradecían: una norma superior pasa por encima de otra inferior, una norma posterior deroga a una anterior y así sucesivamente. Esta forma de actuar (racional, muy ilustrada) facilitaba de forma considerable la tarea del juez.

El problema es que esto cada vez es menos así. Las leyes, aparte de regulaciones, incluyen ahora principios. Por ejemplo, nuestra Constitución recoge en su artículo 1 el principio de libertad, habla en su artículo 9 del principio de seguridad jurídica, tiene en su Título I una extensa carta de derechos que funcionan también como principios, etc. Estos principios tienen la misma fuerza legal que las normas, pero no se pueden aplicar de la misma forma automatizada. Más en concreto: cuando dos principios chocan (por ejemplo, cuando la libertad de expresión del periodista del corazón choca con el derecho a la propia imagen del famoso) no se puede establecer una solución que privilegie a uno de ellos sobre el otro de forma abstracta y universal. Al contrario, habrá que estar a cada caso concreto. Se exige del juez una labor creadora para dotar de contenido esos principios y armonizarlos.

Así las cosas, cuando hace unos meses llegó a un Juzgado barcelonés un caso en el que se invocaban los principios de superior interés de un menor, libertad ideológica de sus padres, salud pública en relación a sus compañeritos de clase y por último derecho a la educación y derecho a la salud del propio menor, el juez debió tener ganas de cortarse las venas. Hala, majo, armoniza todo esto y soluciona.

El caso, claro está, es el del niño no vacunado al que se le denegó la plaza en una guardería pública barcelonesa. Los progenitores recurrieron, con un argumento un tanto peculiar: al no permitir que se matricule su hijo solo por el hecho de que han elegido no vacunarle, se está vulnerando su libertad ideológica. Lo llamo argumento peculiar por no llamarlo argumento de mierda. De hecho, Jacobo Dopico, en un tuit que, por desgracia, ha borrado, decía que “éste caso es como el de Alicante, en el que la defensa fue agravante”: acudir a un juez para denunciar que te discriminan porque no dejan que tu pequeñuelo no vacunado entre en una clase con otros treinta niños es jugar en modo difícil.

Plantear el asunto en términos de discriminación ideológica es un suicidio procesal absoluto. Es equivalente a decir que “es que no aceptan a mi hijo porque somos musulmanes (y le criamos en el Islam) o comunistas (y le criamos para que haga la revolución)”, pero olvida el pequeño detalle de que vacunar a tu hijo, al contrario que inculcarle una fe o unos principios políticos, no es una cuestión ideológica sino sanitaria. Y eso marca una diferencia vital que hace que se caiga toda la argumentación de la demanda. Más aún, te arriesgas a que el juez saque en respuesta el principio de superior interés del menor y te diga que deberías haber vacunado a tu retoño.

A pesar de eso no os creáis que no lo intentan, ¿eh? Parece ser que los progenitores, en su recurso, incluyeron toda clase de literatura pseudocientífica que afirmaba que “no está demostrado” que vacunar tenga efectos beneficiosos. Así, vacunar o no vacunar sería una cuestión tan ideológica como bautizar o no bautizar, y negarle la matrícula a un niño no vacunado sería tan discriminatorio como negársela a uno no bautizado. Un paralelismo precioso, que tiene el inconveniente de no tener el más mínimo asidero en la realidad, debido al hecho de que las vacunas tienen efectos en la salud del vacunado. Y es más, tienen efectos en la salud de los demás, gracias a la inmunidad de grupo.

La elección acerca de la vacunación no está ni puede estar amparada por la libertad ideológica. La libertad ideológica, o en sentido amplio la libertad de conciencia, te permite optar por diversas concepciones de vida inocuas (tanto ideologías políticas como fes religiosas, o incluso construcciones éticas), no negarles a las personas a tu cuidado tratamientos médicos que tienen pleno derecho a obtener. En consecuencia, negarle a un niño no vacunado el acceso a una guardería nunca puede ser discriminatorio.

Desbrozada ya esta maleza inicial, pasemos a resolver el asunto. La jueza lo plantea como un conflicto entre el derecho a la educación entre el niño no vacunado y el derecho a la salud de sus potenciales compañeros de clase. Efectivamente, debemos recordar que aunque esos niños no sean hijos de antivacunas, pueden tener cualquier problema: es posible que no se les haya podido vacunar por causas médicas, que se les haya vacunado con una partida en mal estado, que provengan de países con otro calendario vacunal o que vengan de familias en exclusión social que ni siquiera sabían que tenían derecho a las vacunas. A lo mejor esas criaturas necesitan de forma especial la inmunidad de grupo. No es justo exponerlas a un posible vector de enfermedad.

Por otra parte, está el hecho de que el otro platillo de la balanza, el derecho a la educación del crío no vacunado, no es tan relevante. Estamos en una guardería, no en Primaria o en la ESO: se trata de un nivel no obligatorio, donde el elemento educativo se mezcla con el lúdico y en el cual realmente no hay un programa de estudios a seguir. Al niño no le va a pasar nada grave por perderse la guardería; simplemente estará en la misma situación que millones de niños en este país antes de empezar la educación primaria. La conclusión es, por tanto, obvia. En esta concreta ponderación de derechos, debe primar el derecho a la salud del resto de los alumnos.

Insisto en la importancia que tiene estar al caso concreto cuando ponderamos derechos. Si el niño hubiera intentado matricularse en un nivel educativo obligatorio, como Primaria o ESO, o no obligatorio pero percibido como más importante, como Bachillerato o FP de grado medio, no creo que la jueza hubiera optado por esa solución. Y, si hubiera optado por ella, no sé si yo la estaría apoyando: en la lucha contra los progenitores antivacunas tenemos que asegurarnos de no triturar tampoco nosotros los derechos de sus hijos.

Quizás la nota más escalofriante de este caso es, precisamente, el tema de la libertad ideológica. Que se pretenda prescindir de las pruebas (y aquí hablo de la evidencia científica, no de la prueba judicial) y que todo, tanto la ciencia como el chamanismo como la última chaladura del sacacuartos de turno, se conviertan en simples discursos en pie de igualdad. Así lo reclamaban los progenitores al decir que “las Administraciones deben ser neutrales ante las religiones, credos y creencias”, una afirmación que yo apoyo al 100% cuando hablamos de religiones, credos y creencias, pero no cuando hay ciencia de por medio.

Hay que estar muy al quite con estas cosas. En ese sentido, es de agradecer que tanto la jueza como la Administración lo hayan estado. Que como empiecen a colársenos estas cosas…





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miércoles, 16 de enero de 2019

52.000 inmigrantes


Pues ya lo tenemos aquí. Hubo acuerdo entre PP y Vox, no hubo transfuguismos de última hora (se necesitaban cinco diputados ausentes) y Juanma Moreno Bonilla fue investido ayer presidente de la Junta de Andalucía. Los andaluces van a disfrutar de las bondades de un Gobierno de derecha rancia y casposa, apoyada esta vez por el turbocapitalismo de Ciudadanos y por el filofascismo de Vox: si creían que el PSOE y Susana Díaz eran malos, se van a cagar.

De momento ya ha habido un primer pasteleo, cuando el “inaceptable” paquete de propuestas de Vox se convirtió pocas horas después en un acuerdo de investidura. Cualquiera que coteje ambos documentos puede ver que no hay demasiados cambios, salvo quizás en el lenguaje. Es cierto que del dicho al hecho hay un trecho, y que no sabemos cuántas de estas políticas se implementarán. Me da a mí que Moreno Bonilla quiere comportarse con Vox de la misma forma que el PSOE se ha comportado siempre con IU: aceptando sus votos a cambio como mucho de unas pocas medidas cosméticas (1). De momento, las proposiciones de Vox están en la palestra y podemos opinar sobre ellas.

Una de las que más ha llamado la atención es la relativa a la expulsión de 52.000 inmigrantes irregulares que, supuestamente, tendría Andalucía. Esta liebre saltó en el primero de los dos documentos, el “inaceptable”, que decía en su propuesta 5:

Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía.

En el actual acuerdo de Gobierno esto se convierte en la propuesta 28:

Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral.

La idea sigue siendo la misma, como puede comprobar cualquiera que siga a los voxxies por redes sociales: la Junta tiene los datos de 52.000 inmigrantes irregulares y debe compartirlos con la Policía para que ésta pueda proceder a expulsarlos a todos. ¿Y de dónde ha sacado la Junta esos datos? De la Sanidad pública. Sería el Servicio Andaluz de Salud quien, al atender a estos inmigrantes, habría recopilado estos datos que ahora estaría reteniendo de forma ilícita.

Enseguida se ha desatado un debate. Los sindicatos policiales, siempre encantadores y firmes en su defensa de la legalidad, ya han salido a decir que hail Abascal y que la medida les parece estupenda porque a ver qué va a ser esto de que ellos no puedan acceder a cualquier dato personal esté donde esté. Los médicos, por su parte, ya han anunciado que bloquearán la medida por parecerles ilegal y contraria a la deontología: ellos son profesionales de la salud, no delatores, y no van a compartir los datos personales de quien aparezca por su consulta.

Pero el hecho es que, a nivel jurídico, la cosa ya está resuelta. La historia es la que sigue: en 2003, durante los últimos coletazos del mandato de Aznar, se reformó la Ley Orgánica de Extranjería para incluir una Disposición Adicional Quinta. En ella se establecía un deber de colaboración entre Administraciones públicas: éstas debían cederse mutuamente información sobre las personas interesadas en procedimientos de extranjería. En otras palabras, las autoridades encargadas de tramitar expedientes de expulsión podían solicitar datos de cualquier posible extranjero irregular, estuvieran esos datos donde estuvieran. De hecho, para los datos recabados por la AEAT, la Seguridad Social y el Padrón Municipal se preveía incluso el derecho de consulta directa por parte del Ministerio del Interior sin necesidad de consentimiento por parte del interesado.

Es decir, que esto que están intentando hacer ahora PP y Vox ya se intentó hacer en 2003, por una Ley Orgánica. ¿Y qué pasó? Que llegó el Tribunal Constitucional, claro. Cabe recordar que nuestra Constitución es bastante avanzada en ese aspecto, y en su artículo 18.4 ya reconoce la limitación en “el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal”, párrafo que se ha interpretado como una referencia a la protección de los datos personales. En otras palabras, en España la protección de datos de carácter personal no es un asunto menor o una exigencia de Europa, sino un mandato constitucional. Por ello, el Parlamento vasco recurrió la ley y, en 2013 (para unas prisas) el Tribunal Constitucional dictó sentencia.

El núcleo de toda la regulación en materia de datos personales es la idea de consentimiento. La recogida y el tratamiento de los datos personales debe ser consentida por el titular de dichos datos, y ese consentimiento debe hacerse finalidad a finalidad: si tú cedes tus datos para cierto objetivo (por ejemplo, recibir tratamiento médico), los encargados del tratamiento de dichos datos no pueden cederlos a terceros o aplicarlos a otro objetivo distinto (por ejemplo, un procedimiento de expulsión del país) sin tu consentimiento. Claro, la cosa nunca es tan fácil. A veces es posible limitar el consentimiento del titular cuando haya que proteger otros derechos o bienes constitucionales, siempre que se guarde el respeto adecuado al principio de proporcionalidad.

La Disposición recurrida tenía, en lo esencial, dos partes. En primer lugar había un deber general de colaboración entre Administraciones: el Tribunal Constitucional convalida sin más este deber porque se remite a la legislación general sobre protección de datos, que incluye la obligación de solicitar el consentimiento del interesado para ceder sus datos. En cuanto al segundo párrafo, el que preveía un acceso directo a datos inscritos en ciertos registros (como los de Hacienda) sin necesidad del consentimiento, el TC dijo que solo podía hacerse en el marco de un expediente de expulsión. Es decir, tiene que haberse iniciado ya un procedimiento administrativo para expulsar a una persona concreta e identificada y será en el marco de ese procedimiento donde pueda accederse a esos datos.

La ley dedicaba otro par más de artículos al acceso de la Policía al padrón municipal, y esos artículos también fueron recurridos. Es aquí donde el Tribunal Constitucional despliega el resto de la artillería. La base del argumento es, como siempre, la idea de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional se pregunta si la limitación del derecho fundamental (el derecho a la intimidad en su vertiente de protección de los datos personales) es proporcionada en relación a la finalidad que se desea cumplir (el control de fronteras). Y responde: lo será siempre y cuando no se produzcan accesos masivos o indiscriminados; en otras palabras, cuando se motive cada acceso.

¿La Policía necesita datos del padrón municipal para expulsar a inmigrantes ilegales? Bien, la ley le habilita para conseguirlos sin consentimiento de los interesados. Pero debe explicar los datos de qué personas necesita y por qué: no puede hacer una cata general, no puede hacer un “sácame todo lo que tengas de extranjeros, que rebusco”. Es necesario que el dato solicitado resulte “pertinente y necesario en relación con la finalidad que ha justificado el acceso”. Esto lo dijo el Tribunal Constitucional en 2013, y ojo, que lo dijo en relación al padrón municipal, que es un registro pensado para ser consultado por diversas autoridades con muy variadas funciones. Si se prohíben los accesos indiscriminados al padrón, ¿cómo no van a prohibirse a los archivos médicos, que contienen información clasificada sobre la salud de las personas?

Así pues, y por volver ya a nuestro caso, la Junta de Andalucía simplemente no puede coger los datos médicos de 52.000 inmigrantes y pasárselos a la Policía, ni siquiera aunque ésta se los pida. Si la Policía los quiere, que inicie los correspondientes 52.000 procedimientos de expulsión, identificando a las personas a expulsar, y justifique uno a uno qué datos necesita y por qué razón. Ninguna otra cosa es compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con los derechos fundamentales recogidos en esa Constitución que Vox dice defender y respetar tanto.

Pero claro, es que es mentira. Vox no es un partido constitucional, sino abiertamente ultraderechista y reaccionario. Su forma de enfocar la inmigración lo demuestra. Cabe recordar que la inmigración ilegal no es un delito, sino una simple infracción administrativa, pero Vox pretende privar de derechos fundamentales a las personas que la han cometido. Y lo digo en plural, derechos fundamentales, porque no solo hablo del derecho a la intimidad, sino también del derecho a la salud: ¿cuántos inmigrantes en situación irregular van a dejar de ir al médico? Es inhumano poner a alguien en esta tesitura. Incluso mirado desde la perspectiva egoísta resulta absurdo: ¿de verdad queremos tener andando por ahí a personas que tienen miedo de ir al médico? ¿Y la salud pública qué?

Vox se ha soltado la melena y está enseñando la patita a unos niveles muy altos. Los teóricos de “cuando le toque pactar se moderará” ya se la están envainando. Solo queda sentir lástima de la ciudadanía andaluza y esperar que su desgracia nos sirva a los demás como señal de aviso: en las próximas elecciones hay que ir a votar a la izquierda y hay que hacerlo masivamente. Si no podemos evitar que esta gentuza entre en el Parlamento, como mínimo hay que darle la patada al Grupo Mixto y quitarle toda influencia sobre el Gobierno.

Nos va mucho en ello. 






(1) Y no sé cuán bien le vaya a salir. Santiago Abascal no es tan dócil como Llamazares.



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miércoles, 9 de enero de 2019

La trampa de la unidad


La derecha está creciendo. Si uno quisiera ponerse geopolítico, diría que desde la quiebra de la URSS en 1989 no hay nada que frene la tendencia natural del capitalismo a tragárselo todo (desde los recursos naturales a los gobiernos democráticos, pasando por supuesto por esas nimiedades llamadas “derechos de los trabajadores”), pero no vamos a llegar tan lejos. Diremos simplemente que de un tiempo a esta parte no parece haber más que nazis en todas partes.

La reacción de las fuerzas que deberían impedir que esto pasara no podía ser más desalentadora. No voy a entrar en el papel de la prensa ni (de momento) en el de los partidos parlamentarios. Me centraré en la respuesta a nivel de calle y redes, en especial del sector autoidentificado como comunista. Hablo de un grupo de gente muy concreto: treintañeros o mayores, en su mayoría hombres blancos con educación universitaria, que critican a los jóvenes que no están tan “formados” como ellos (hoy mismo he visto a uno quejarse amargamente de los frikis que hay en el movimiento) y que no dejan de hablar de términos como “posmodernismo” y “lucha parcial”. Últimamente están que no cagan con cierto libro cuyo título alude a una supuesta trampa de la diversidad, lo que demuestra la calidad intelectual de los sujetos.

Los comunistoides éstos me dan la rabia propia de la bala esquivada, porque durante mucho tiempo tuve todas las papeletas para convertirme en uno de ellos. Visto con la perspectiva que da el tiempo, es todo bastante penoso. Estamos hablando de unas personas que se sitúan en la periferia del discurso social y se ponen a exigir la unidad de la clase obrera al tiempo que expulsan a cualquiera que no sea exactamente igual que ellos. Y encima lo hacen como si tu interrupción les estuviera retrasando en la toma del Palacio de Invierno, cuando en realidad son unos mindundis incapaces de una acción coordinada que supere la decisión de si esta noche se cena kebab o pizza.

Más en concreto, quiero centrarme en un argumento que yo también repetí como lorito bien entrenado en mis épocas de proto-bolchevique: “la izquierda está perdiendo a la clase obrera porque ya solo sabe hablar de posmoderneces alejadas de los intereses de ésta; cuando llegue una derecha fuerte que les prometa trabajo y pan, los obreros votarán a esa derecha de forma masiva y tendremos un problema”. El argumento es atractivo porque te hace quedar de marxista enterado: ¡lo relevante es la estructura, no lo cultural, que es mera superestructura! ¡No os perdáis en guerras culturales, que nada importan mientras no cambie la relación entre capital y fuerza de trabajo!

El problema, claro está, es que ya desde Gramsci (y anda que no ha llovido desde Gramsci) somos conscientes de que la interrelación entre estructura y superestructura es mucho más compleja de lo que pensaban los primeros filósofos marxistas. Además, ¿cuáles son esas luchas parciales y posmodernas que dividen a la clase obrera? Pregúntale a cien comunistoides y obtendrás cien respuestas distintas, todas ellas basadas en las fobias personales del sujeto y ninguna sostenida por el más mínimo análisis racional. Las menciones más comunes son el feminismo y los temas LGTB, y te tienes que reír cuando lees a listos opinar que esas luchas no hablan de cuestiones materiales.

Tengo tres grandes problemas con el argumento de las luchas parciales y posmodernas alejadas de los verdaderos intereses de la clase obrera. Paso a enumerarlos. En primer lugar, que es muy simplista. Presenta a la clase obrera como una masa de gente indiferenciada que, qué casualidad, se compone de varones blancos, heterosexuales y nacionales. Esa clase obrera tendría un conjunto único de intereses, reflejado en la doctrina marxista más clásica, y todo lo que se salga de ahí es “hablar de posmoderneces que no importan a nadie”.

La pega, claro está, es que la clase obrera no es esa masa unitaria, sino que está compuesta también por esa oficinista que sufre acoso laboral, por ese mecánico trans que va a tres palizas al año por serlo, por ese mozo de almacén marroquí que aguanta estoicamente los chistes sobre moros de sus compañeros de trabajo y por esa camarera lesbiana que tiene que sufrir que los clientes borrachos le pidan un trío con su novia y ella. Puede que a ellos sí les interesen esas “posmoderneces”. Puede que ya no se crean que lo único que importa es la abolición del capitalismo, porque su experiencia demuestra que hay otros problemas que intersectan con la condición obrera.

En segundo lugar, este argumento es muy clasista, puesto que sostiene que en cuanto venga la derecha a hablar de cosas concretas se va a llevar a los obreros de calle. Las versiones más hardcore de este argumento presentan a los miembros de la clase trabajadora poco menos que como bestias incapaces de analizar nada ni de pensar en otra cosa que no sea su próxima comida. En cuanto llegue alguien que se la garantice a costa de cualquier chivo expiatorio, se llevará sus votos. ¡Qué halagador!

Estos, ejem, análisis, tampoco les concede a los obreros (siempre entendiendo “obrero” de la forma simplista que ya hemos visto) la capacidad de empatizar con quienes están en peor situación que ellos y de interesarse, en consecuencia, por teorías que superen el marxismo tradicional. Ya no es ni siquiera que el padre de familia obrera vea que su esposa sufre discriminación laboral o que su hijo homosexual sufre bullying homófobo, sino que lee los periódicos, tiene redes sociales y está abierto a lo que pasa en el mundo.

Al final, mucho mencionar a la clase obrera pero parecen incapaces de confiar en que ésta sepa identificar y calar a un facha según le vea venir.

Y por último, está el hecho de que este argumento se está revelando falso en sus dos partes. En primer lugar, allí donde está habiendo un ascenso de la ultraderecha (pienso en el Brasil de Bolsonaro, en el susto que ha pegado Vox en Andalucía o en el caso de los chalecos amarillos en Francia) las explicaciones suelen ser muy distintas a “los obreros se han lanzado a votar a los fachas”. Se puede hablar del papel de las clases medias, por ejemplo (1), o del desencanto de los votantes tradicionales de otros partidos. 

Pero es que además hay un hecho que me está dejando anonadado. Y es que esa famosa derecha que iba a llevarse de calle a la clase obrera con promesas concretas y materiales… no está haciendo promesas concretas y materiales. A ver, algunas sí, desde luego. Pero ¿cuáles han sido las primeras medidas de Bolsonaro en el Gobierno? Purgas ideológicas y control de la educación para eliminar el “feminismo de género”. Y cuando el Consejo Económico y Social francés decide lanzar una consulta ciudadana para tomarle el pulso a la ciudadanía, ¿qué medida es la que recibe más votos? La abolición del matrimonio igualitario.

El ejemplo más reciente es de España y de ayer mismo: el documento que Vox pretende conseguir que firmen PP y C’s si éstos quieren sus votos para la investidura de un presidente andaluz de derechas. La medida estrella ya la conocíamos desde hace días, y consiste en la eliminación de todo el sistema de protección contra la violencia de género. Sin embargo, el documento va más allá. ¿Qué se propone? Que el presidente de la Junta pida desmontar el Estado autonómico, que se deje de subvencionar a asociaciones “ideológicas” e islámicas, que se garantice que los andaluces que residen fuera no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en catalán, derecho de los padres a vetar contenidos de la educación de sus hijos, abolición de las leyes autonómicas de memoria histórica y LGTB y fijación del Día de Andalucía el 2 de enero para conmemorar el fin de la llamada Reconquista.

¡Joder con la derecha que iba a venir a hablar de cosas comprensibles y cercanas! Es que ni una propuesta sobre desahucios, paro o desnutrición infantil, ni aunque sea para disimular. Casi pareciera que han comprendido que esto es en buena medida una guerra cultural, una guerra que se gana en las cabezas de la gente y que va a determina qué es normal y aceptable para los próximos lustros. En un lado están las fuerzas del biempensantismo, de toda esta clase media que lleva años frunciendo el ceño ante desfiles del Orgullo y marchas feministas, sin alzar mucho la voz porque el consenso social iba por otro camino, y que cree que ha llegado la hora de vengarse. Y por el otro lado… bueno, tampoco quiero hacer sangre, comunistas superpuros, pero vais a tener que decidir, porque la afiliación no es automática.

Y en España el peligro es muy real. No temo un gobierno de Vox, pero sí temo a Vox como quinta fuerza, dándole al PP y a C’s los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y condicionando por ello toda su acción de gobierno. Aunque bueno, lo de “condicionar” es un decir. Casado es más facha que su abuela, y le han elegido por eso. En cuanto a Rivera, no olvidemos que su partido intentó jugar la carta del antifeminismo entre las elecciones de diciembre de 2015 y las de junio de 2016; como le salió mal, y fiel a su vocación de veleta, cambió de opinión pública enseguida.

Ambos están listos para sacar la tijera contra la LIVG en cuanto puedan, sobre todo si tienen a Abascal para echar las culpas. Vox no es un partido catch-all, se puede permitir ser facha sin complejos y plantearle a PP y a C’s exigencias que éstos nunca implementarían por voluntad propia. Aunque uno pensaría que decir “es que para alcanzar el poder tenía que pactar con los fachas y me exigían esto” no es la mejor excusa del mundo (me recuerda al famoso “fue sin querer queriendo” del Chavo del 8), la cosa es que entre convencidos cuela. Por desgracia, claro que cuela.

Así pues, el único consejo que puedo dar es que no os dejéis convencer por esta especie de “trampa de la unidad” que esgrimen algunos teóricos o pseudoteóricos dizque comunistas. La clase obrera no es una masa homogénea a la que algunos malintencionados estén intentando dividir por medio de preocupaciones irrelevantes de tal manera que cuando llegue el fascismo se los encontrará listos para cosechar. Antes al contrario, es un conjunto muy diverso de individuos que afronta la vida como mejor puede, y a veces la vida incluye cuestiones de identidad de género, de raza, de orientación sexual o de cualquier otra cosa. Atender a esas preocupaciones junto con las derivadas de la clase social no es mala leche por su parte, sino pura supervivencia.

Y digo más: con toda seguridad, cuando haya que pelear será esta clase de gente la que proporcione a los mejores combatientes. No es solo la que tiene más experiencia en lidiar con condiciones de mierda, sino que también es quien tiene más que perder si al final todo se hunde.





(1) Es cierto que desde una perspectiva puramente marxiana, la clase media no es otra cosa que clase obrera. Pero este discurso comunistoide que critico rechaza mucho a las clases medias y tiene una apelación directa al “barrio”, es decir, a los obreros con más conciencia de clase, que trabajan sobre todo en el sector secundario y viven en la periferia de las grandes ciudades. Es éste el sentido en el que empleo la palabra “obrero” en el texto.



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jueves, 3 de enero de 2019

¿Cómo regular los superhéroes?


Como soy una persona que llega siempre a tiempo a todo, hace unas semanas leí Civil War. No la Civil War II, que se publicó en 2016 y todavía se podría considerar “actualidad” entendiendo ésta de forma muy amplia, no: la Civil War original, la de 2006, la que fue adaptada de manera más bien libre en la película del Universo Cinematográfico Marvel. Veréis como en algún momento alguien me pone en las manos un tomo gigante con un smiley ensangrentado en la portada y me descubre Watchmen.

Para quien no la conozca, la historia de Civil War es la siguiente: unos superhéroes novatos, en un intento por conseguir notoriedad, provocan un desastre. Llevan al límite a un supervillano y éste provoca una explosión en la que mueren cientos de civiles, entre ellos 60 niños de una escuela que estaba al lado de la batalla. La opinión pública se vuelve contra los superhéroes. Aparece la siguiente pregunta: ¿quiénes son unos tipos enmascarados sin formación ni autoridad alguna, por muchos poderes que tengan, para actuar contra delincuentes?

Este estado de cosas pronto lleva a la aprobación de una ley que obliga al registro de todas las personas con superpoderes del país. Ya no podrán actuar por libre, sino que serán encuadradas en equipos asignados a los diversos Estados; estos equipos serán coordinados por SHIELD, la agencia de inteligencia ficticia que existe dentro de los comics de Marvel. El principal valedor del proyecto es Tony Stark, Iron Man, y le siguen muchos otros superhéroes, que entienden que no es justo que actúen como vigilantes sin estar sometidos al control de nadie. Pero otro grupo, capitaneado por Steve Rogers, el Capitán América, decide que no aceptará la norma y se rebela. A partir de ahí se inicia la ensalada de hostias habitual que todos esperamos en un tebeo de superhéroes.

El cómic plantea diversos temas, uno de los cuales, por cierto, parece ser la intrusión de voces nuevas en un mundo pequeño y endogámico (y que, oh sorpresa, se ve de forma negativa: son los héroes jóvenes y desconocidos los que causan el desastre que da inicio a la trama). Sin embargo, el principal es el viejo conflicto entre libertad y autoridad: las personas con poderes especiales, ¿deben estar sometidas a la dirección del Estado o deben ser libres para buscar a los villanos y combatirlos sin encomendarse ni a Dios ni al diablo?

La pregunta parece en buena medida irrelevante en la vida real. Al fin y al cabo, en la realidad no hay personas con capacidades especiales: como mucho algún Carl Lewis o algún Mohamed Alí. Pero las personas como Lewis o Alí no se dedican a combatir el crimen, sino que están a sus cosas. Los vigilantes (que de vez en cuando aparecen, e incluso, por influencia de los cómics de superhéroes, se disfrazan de mamarrachos) son tipos más bien mundanos. Y como no son más que particulares, se les aplica la misma legislación que a cualquier otro particular: en el caso particular de España, por ejemplo, eso implica dificultad para acceder a armas y una capacidad muy limitada de detener a delincuentes.

Sin embargo, en el futuro la pregunta puede empezar a tener algo más de enjundia. No digo que nos vayan a visitar extraterrestres, que vayamos a tener una epidemia de arañas radiactivas o que vaya a aparecer la mutación del homo superior, pero hay un montón de avances tecnológicos que están a la vuelta de la esquina. Ropa inteligente, modificaciones genéticas controladas, nanobots, mierdas así. En cuanto aparezcan esas tecnologías, que se abaraten es cuestión de tiempo, y si se hacen asequibles a 1 de enero hay que asumir que el 2 de enero tendremos pseudosuperhéroes por las calles.

En principio, todo este cambio tecnológico no debería suponer un cambio jurídico. Por muchos poderes que tenga, un superhéroe no pasa a ser una autoridad pública, y si no es una autoridad pública no tiene apenas facultades para luchar contra el crimen. De alguna manera, Civil War apoya esta idea (y aviso que a partir de aquí hay spoilers), puesto que la causa del Capitán América se retrata con mucho más cariño que la de Iron Man, pero es ésta la que gana. El mensaje es claro, o al menos lo fue para mí: los rebeldes pueden caer bien, pero al final no hay mucho que hacer fuera del marco jurídico de la autoridad.

Además, la forma en que se gana es significativa. Durante Civil War, el bando gubernamental realiza toda clase de acciones de moralidad y legalidad cuestionables, como por ejemplo reclutar a supervillanos, crear un clon de Thor que acaba por descontrolarse (y por matar a uno de los rebeldes) y construir una prisión en la Zona Negativa. Sin embargo, el bando rebelde intenta mantener unos estándares éticos altos, hasta el punto de que Punisher asesina a dos villanos que intentan unirse… e inmediatamente después el Capi le expulsa a hostias por matar en nombre de su causa.

Y sin embargo, en la batalla final, cuando el bando rebelde está ganando y Steve Rogers está a punto de asestarle el golpe de gracia a un Tony Stark cuya armadura ya está destrozada, es placado por diversos ciudadanos y miembros de los servicios de emergencia. Eso le hace convencerse de que su lucha no tiene sentido, puesto que no está peleando por prestar un servicio mejor sino por él mismo y por su ego. El mensaje sigue siendo claro: la gente quiere, necesita, por encima de todo, estabilidad, y solo la va a encontrar en el sistema, por muy desagradable que éste sea y por muchas cosas horribles que haga. Aunque puedan simpatizar con los revolucionarios, al final se irá con quienes le garanticen pan y seguridad.

Tiendo a estar más de acuerdo con el bando de Iron Man que con el del Capitán América. Volviendo a ese hipotético futuro del que hablaba más arriba, si va a haber supertipos prefiero que estén identificados y tengan un número de placa a que vayan por ahí sin rendir cuentas a nadie. Ahora bien, esa idea de que la estabilidad es preferible a cualquier otra cosa tampoco me gusta nada: es la antesala del autoritarismo. Y ya están las cosas lo bastante jodidas en el mundo real como para añadirle una policía política con superpoderes, muchas gracias.

Por todo ello, quería proponer una especie de tercera vía, que no sería ni el control gubernativo ni la libertad absoluta. Se trataría de un sistema de licencias, similar al que tienen otras profesiones que están en el límite del ejercicio de la autoridad, como por ejemplo el detective privado. El supertipo o supertipa pasaría un examen y se inscribiría en un registro. Su nombre quedaría en secreto salvo orden judicial, pero su alias, su traje y su zona de actuación serían públicas. Se le otorgarían ciertas facultades de lucha contra el crimen, superiores a las de un particular propiamente dicho pero inferiores a las de una autoridad pública.

Sin duda este sistema no triunfaría en Europa, y yo la verdad es que lo prefiero: no me gustan los vigilantes armados, por mucha licencia que tengan. Pero en EE.UU. las dinámicas son otras, por desgracia. El mero hecho de que la cultura popular de superhéroes haya nacido y haya cobrado fuerza allí antes que en cualquier otro lugar del mundo es una buena prueba de esto que digo. El sistema de licencias sería una forma de adaptar las capacidades especiales a la idiosincrasia estadounidense… y de evitar lo que, a la larga, seguro que sería una guerra civil.




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