martes, 20 de febrero de 2018

No los llames héroes

Hace años, en este mismo blog catalogué una entrada con la etiqueta “Palabras que no soporto”. Pretendía que fuera el primer artículo de una serie que versaría sobre palabras y expresiones de uso común que he acabado por aborrecer. La idea era denunciar cómo ciertas palabras enmascaran la realidad o sirven para encarrilar el pensamiento en una dirección determinada. Al final no continué el proyecto, pero he decidido retomarlo porque en los últimos tiempos me he dado cuenta de que hay una palabra que cada vez me gusta menos. Me refiero al término “héroe”, en especial cuando se usa para catalogar profesiones enteras.

Lo oímos con frecuencia: los bomberos y los médicos (en realidad todo el personal sanitario) son héroes porque Salvan Vidas, así, en mayúsculas. También se afirma que los policías y los militares lo son, porque nos protegen como sociedad. En algún caso lo he oído sobre los socorristas. En círculos de izquierdas, supongo que para contraprogramar el descrédito que sufre esta figura, se habla también de los profesores de colegio e instituto en términos de heroicidad: ellos educan a nuestros niños, que, como nos enseñaron Los Simpson, son el futuro. ¿Cómo no van a ser héroes?

Pero el hecho es que no lo son. El héroe, por definición, es aquel que realiza una conducta arriesgada y virtuosa a la que no está obligado. Un héroe puede ser la persona que se lanza contra el terrorista que va a secuestrar el avión aun a riesgo de morir. El tipo que entra en una casa en llamas porque ha oído llorar a un niño. La mujer que se tira al agua a rescatar a alguien que se ahoga. Personas que, en un momento determinado de sus vidas, decidieron hacer algo que nadie les exigía y que les ponía en peligro pero que beneficiaba a otro ser humano. Alguien que destaca de entre los demás por un acto virtuoso puntual.

Una médica o un bombero no son héroes. Son más que eso: son profesionales. Personas que dedican sus vidas y sus carreras a intentar mejorar las condiciones de vida de otros. Gente que se levanta todas las mañanas y se va a curar enfermedades o a rescatar a gente de edificios en llamas. A veces se juegan el tipo y a veces no, pero lo suyo no es una decisión de un día sino un trabajo de años que necesita de una constancia ejemplar y que ha venido precedido de una formación. Llamarlos héroes es, de alguna manera, rebajarlos.

Hay algo más. Algo más insidioso, que se me viene a la mente cada vez que oigo a alguien usar ese término, y que tiene que ver con el tema de las recompensas. No es lo mismo un héroe que un profesional. A un héroe, alguien que ha hecho algo puntual a lo que no estaba obligado, la mejor manera de recompensarle es con una ceremonia, un agradecimiento público y quizás un premio. Pero un profesional necesita más cosas: necesita un buen salario, unas condiciones de trabajo dignas, un contrato estable, un equipo en buen estado, etc. Como es lógico, un trabajador dedicado cuesta más dinero que un espontáneo.

Y no sé. Cada vez que veo a alguien usar el término “héroe” para referirse a un miembro de estas profesiones, se me revuelven las tripas. Porque me da por pensar que es lo que quieren quienes están demoliendo el Estado del bienestar: un sistema público que se sostenga, esencialmente, sobre los hombros de unos trabajadores a los que se les recortan recursos y a los que se les pide de forma rutinaria que hagan mucho más de lo que cualquier ley o convenio obliga. En definitiva, se trata de convertir a profesionales en héroes, que son mucho más baratos (un premio a la excelencia anual y arreando) y que además permite jerarquizar la profesión entre quienes se prestan a ese juego y quienes no. Todo ello tomando como rehenes a los ciudadanos, que son los que sufrirán si los profesionales no tragan con su conversión forzada en héroes.

En fin, supongo que serán paranoias mías, que soy un malpensado. Pero por si acaso, prefiero desterrar de mi lenguaje toda la terminología heroica y llamar a las cosas por su nombre.





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sábado, 17 de febrero de 2018

Alquileres de vivienda 4 - Reparaciones

En las dos entradas previas de esta serie analizamos la obligación principal del arrendador (ceder la casa durante el tiempo del contrato) y la del arrendatario (pagar la renta). Pero aparte de las obligaciones principales, en todo contrato hay deberes secundarios. En el caso del arrendamiento de vivienda, estas obligaciones están relacionadas sobre todo con las obras en el inmueble, y esto será lo que veamos en este artículo y en el siguiente. Por supuesto, antes de pasar a mayores, el recordatorio de todas las entradas: lo que voy a exponer es el régimen legal. Las partes pueden pactar otro diferente pero nunca más perjudicial para el arrendatario.

Las obras se pueden clasificar en dos grandes categorías: de conservación y de mejora. Las obras de conservación son las que buscan mantener el inmueble en las condiciones pactadas. Quizás sería más apropiado llamarlas “de reparación”, porque son obras que se producen sobre todo cuando se produce un deterioro (se ha roto una cañería, se ha estropeado la lavadora) y lo que buscan es arreglarlo. Las obras de mejora, por su parte, pretenden aumentar la utilidad o el valor del inmueble. En este artículo hablaremos solo de las obras de conservación; las de mejora quedan para el mes que viene.

El principio general en las obras de conservación es el siguiente: son de cargo del arrendador. El casero debe mantener la vivienda en las condiciones de habitabilidad pactadas sin que tenga derecho a elevar por ello la renta. Eso quiere decir que tiene que reparar todo lo que se rompa, aunque se trate de un servicio superfluo.

Por ejemplo: supongamos que, en una casa arrendada de alto nivel, se rompe el jacuzzi. El arrendador no puede escaquearse diciendo “la casa es habitable sin el jacuzzi, que es un mero lujo innecesario, así que no lo arreglo”. Ese argumento no es válido. El inquilino ha alquilado una casa con jacuzzi y el dueño debe realizar todas las reparaciones necesarias para que pueda disfrutar de ésta (1).

Así pues, las reparaciones las debe realizar el dueño a su costa. Pero ese principio general, como siempre, tiene excepciones. En este caso, tres:

1.- Destrucción de la vivienda. Si la vivienda se destruye, siempre que esa destrucción no sea imputable al arrendador, éste no tiene obligación de reconstruirla. Al contrario, el contrato termina. Hablamos de situaciones muy extremas, normalmente provocadas por desastres naturales, que conllevan una declaración de ruina o una pérdida total del inmueble.

2.- Daños causados por el inquilino. Como es lógico, si es el propio inquilino quien rompe algo (aunque sea sin querer) no puede pretender que sea el casero quien pague la reparación. A estos efectos hay que tener en cuenta que el arrendatario es responsable de los daños que realicen las personas de su casa y que todo el mundo responde por los daños que causen sus animales.

En general, de todas formas, esta excepción se usa poco. Salvo que el daño se pueda imputar de forma directa y clara al inquilino o a alguien de su casa (“tropecé y me cargué la mesa de cristal”), se asume que la reparación corresponde al dueño.

3.- Pequeñas reparaciones derivadas del desgaste. Aquí está la madre del cordero. Se considera que son de cargo del arrendatario las “pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda”. Y la ley no dice más. No dice cuándo debe considerarse “pequeña” una reparación. Todos tenemos claro, por ejemplo, que cambiar una bombilla fundida o volver a poner el pomo de un armario son cosas pequeñas. Pero ¿y una reparación en la lavadora que, entre pieza y mano de obra, te cuesta 100 €? ¿Se considera pequeña o no?

No hay un criterio jurisprudencial uniforme para resolver este asunto. Muchos tribunales aplican un porcentaje que está en torno a 20% de la renta mensual, porque asumen que “pequeño” no es lo mismo para quien pague 300 € de alquiler al mes que para quien pague 1.100 €. Al final, lo más razonable es pactar en el contrato un límite concreto por debajo del cual las reparaciones se considerarán “pequeñas”. Pero no es práctica habitual.

¡Ojo! Para poder imputar la reparación al inquilino, no solo es necesario que sea pequeña, sino que derive del desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Es decir, que si no está demostrado cuál es el origen de la rotura, paga el arrendador. No aceptéis que os hagan pagar cosas que no tenéis que pagar, por muy pequeñas que sean.



En cuanto a la ejecución de la obra, la ley regula solo el caso en que el dueño sea responsable: si es el inquilino quien debe realizarla, pues él se la guisa y él se la come y el asunto no tiene más. Pero si es el casero, sí que hay más trámite. Para empezar, el arrendatario debe poner en conocimiento del casero la necesidad de reparaciones. La ley le obliga a hacerlo “en el plazo más breve posible”, pero aunque no le obligara está claro que se va a dar prisa en notificar. Además, debe permitir que el arrendador o sus técnicos pasen a la vivienda con el fin de verificar su estado.

Una vez que empiecen las reparaciones, el arrendatario tiene que soportarlas aunque le sean muy molestas o aunque le priven de parte de la vivienda. Eso sí, si las reparaciones se alargan más de veinte días, debe disminuirse la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que el arrendatario se vea privado: por ejemplo, si las reparaciones son en la cocina y esta constituye el 15% de superficie de la casa, la renta se reducirá en un 15%.

Si la obra es urgente, no es necesario este trámite: el inquilino puede comunicarle la circunstancia al arrendador, realizar la obra por sí mismo (lo cual quiere decir “pagando él a los operarios”) y exigir su importe al dueño. ¿Cuándo se considera que una obra es urgente? Cuando su realización evita un daño inminente o una incomodidad grave. El primer concepto está más claro que el segundo. A mi entender, una incomodidad grave es aquella que reduce la habitabilidad de la vivienda por debajo de lo que se considera mínimo: quedarse sin agua o sin luz, que se abra un boquete en la pared, tener una gotera sobre la cama…

No he hablado de los seguros de hogar. La Ley de Arrendamientos Urbanos no los menciona, pero es corriente que existan. Tanto inquilino como propietario pueden contratar un seguro de hogar para que ejecute las reparaciones de las que ellos sean responsables. Ahora bien, ¿es posible incluir en el contrato una cláusula por la cual el inquilino se obliga a contratar un seguro de hogar? La pregunta es pertinente, porque cada vez más las empresas dedicadas al alquiler obligan a los arrendatarios a tomar esta clase de seguros con una aseguradora amiga, con lo cual mejoran su beneficio.

La respuesta es “depende”. Si el seguro que se le ofrece al inquilino cubre todos los daños que se sufran en el inmueble, la cláusula es nula porque redistribuye en perjuicio del arrendatario el régimen de cargas previsto en la ley. Si es el inquilino quien tiene que pagar (o incluso contratar a su nombre) el seguro de hogar, la responsabilidad del arrendador desaparece: ante cualquier daño, quien respondería sería la empresa aseguradora pagada por el arrendatario.

Sin embargo, si el seguro que se le ofrece al inquilino cubre solo los daños que en principio sean responsabilidad suya (es decir, los que cause él mismo y los pequeños desperfectos derivados del desgaste), a mi juicio la cláusula sí es válida. Esto es así porque la ley permite que en el contrato se pacte cualquier garantía (además de la fianza) que asegure que el arrendatario va a cumplir. Y un seguro entra dentro de este concepto.

Por otra parte, tampoco es lo mismo incluir en el contrato la obligación de tomar un seguro que vendérselo directamente al inquilino. Si el contrato te obliga a adquirir un seguro, tienes que mantenerlo durante todo el tiempo del arrendamiento o se consideraría incumplimiento del contrato. Por el contrario, si directamente te endosan un seguro pero en el contrato de arrendamiento no se menciona nada al respecto, tienes plena libertad para cancelar el seguro en cuanto hayas entrado a vivir en la casa.

Y hasta aquí el artículo sobre obras de conservación. Por supuesto, lo mejor es que en vuestra casa arrendada no haya que hacer reparaciones, pero si hay que hacerlas, ya sabéis cómo actuar.








(1) Además, este argumento (el jacuzzi no se repara porque no es necesario para habitar la casa) es peligroso. Abre la puerta a que el arrendador se niegue a reparar casi cualquier cosa porque “podéis vivir sin esto”: el microondas, el lavavajillas, la televisión, uno de los lavabos si es que hay dos en la casa…




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sábado, 10 de febrero de 2018

Derechos y sentimientos

En este país no hay forma de librarse de los curas. Las noticias sobre gente denunciada por actos públicos de irreverencia religiosa son un goteo constante en nuestros medios de comunicación. Las condenas, por suerte, son más raras. Por eso me sorprendió ver la noticia del chaval al que han condenado a 480 € de multa por un acto en principio tan tonto como hacer un fotomontaje en el que le ponía su cara un Cristo. Luego ya vi que ha sido una sentencia de conformidad: el joven, que quizás estaba mal asesorado o que no tenía ganas de pleitear, ha aceptado una condena que podría haberse evitado con cierta facilidad. Porque éste es un caso fácil de ganar, como la mayoría de supuestos de escarnio.

Pero en fin, pese a que la condena sea por conformidad, ya tenemos el run-run de siempre. Que no hay derecho, que la libertad de expresión tiene límites, que cristianofobia, que si hay que castigar a quien lesione la libertad religiosa, etc. Y es aquí donde encontramos el primer problema: que los delitos de escarnio (por el que han condenado a este chico) y de profanación (por el que fue primero condenada y luego absuelta Rita Maestre) no son delitos contra la libertad religiosa, sino contra los sentimientos religiosos. Y eso es una cosa muy distinta.

Que digo la verdad puede comprobarse con la simple lectura del Código Penal. El escarnio y la profanación están incluidos en una Sección denominada “Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”. Se suele considerar que cada tipo penal tutela un solo bien jurídico, por lo que en esta sección habrá artículos que protejan la libertad religiosa, otros que defiendan los sentimientos religiosos y un último grupo que ampare el respeto a los difuntos. Son bienes jurídicos heterogéneos aunque, por su cercanía, estén regulados en la misma sección.

Leamos pues los artículos contenidos en esta sección. Están los tipos de proselitismo forzoso y de interrupción de ceremonias (artículos 522 y 523), que tutelan la libertad de conciencia. Está el tipo de profanación de sepulturas (artículo 526) que tutela el respeto a los difuntos. Y están los tipos de escarnio y profanación (artículos 524 y 525), cuyo bien jurídico protegido son los sentimientos religiosos. Como si su colocación sistemática no fuera lo bastante clara, los propios artículos dicen que los actos tipificados deben ejecutarse “en ofensa de los sentimientos religiosos”.

Esta distinción es importante, porque no es lo mismo la libertad religiosa que los sentimientos religiosos. La libertad religiosa es un derecho fundamental que debe ser protegido a toda costa. Los sentimientos religiosos, por el contrario, son otra cosa; está mucho menos claro que se les deba brindar una protección penal. Al fin y al cabo los sentimientos no tienen una existencia física y ofenderlos puede ser la cosa más fácil o más difícil del mundo. ¿Cómo se demuestra que se ha herido un sentimiento?

Habrá quien me diga que hilo demasiado fino, que la protección o la defensa de los sentimientos religiosos es parte de la libertad religiosa. Esa posición parecen sostener incluso órganos oficiales, que confunden y mezclan ambos conceptos a su antojo. Para responder quiero proponer una comparativa:
  • Yo, en ejercicio de mi libertad de expresión (un derecho fundamental básico, recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales sobre el tema) escribo una novela. Como padre de la criatura, siento que mi libro es estupendo. De repente, llega un crítico y le da una valoración negativa en una reseña cargada de ironía.
  • Yo, en ejercicio de mi libertad de reunión, monto una manifestación. Cuando termina estoy pletórico, porque hemos sido millones y quizás podamos cambiar las cosas. Al día siguiente, un locutor radiofónico dice que éramos cuatro gatos y nos llama ingenuos y populistas.
  • Yo, en ejercicio de mi libertad de asociación, me apunto a una ONG. Con el dinero que recaudamos y con el trabajo de voluntariado ayudamos a un colectivo que lo necesita. Un tuitero coge nuestro logo y hace un fotomontaje para reírse de nosotros.


En estos tres casos, es muy posible que mis sentimientos se vean agredidos. Yo he usado una libertad constitucional para realizar una acción que ha recibido burlas. Que me cabree es normal. Pero ¿de verdad sería lógico que yo acudiera al Estado a pedir que se condene al otro porque me ha herido en los sentimientos? ¿Tiene algún sentido que yo diga que han vulnerado mi libertad de expresión / reunión / asociación? ¿Sería aceptable que el Código Penal criminalizara las conductas del crítico, el locutor o el tuitero sobre la base de que ofenden mis sentimientos? La respuesta a las tres preguntas es la misma: no.

Entonces, ¿por qué la respuesta debería ser “sí” en el caso de que el derecho sea la libertad religiosa? Yo, en ejercicio de mi libertad religiosa, considero que el dios católico es el mejor. De repente viene uno a faltarle al respeto con un fotomontaje. Y el Estado, en vez de decirme que lo siente mucho pero que me toca envainármela, pone a mi disposición el tipo penal de escarnio a la religión para que interponga una denuncia mientras grito muy fuerte que se vulnera mi libertad religiosa. Es un doble rasero alucinante.

Pero venga, quizás la comparación anterior no sea muy convincente. Al fin y al cabo, cada derecho fundamental es distinto y no se pueden comparar unos con otros como si todos fueran idénticos. Pongamos entonces el ejemplo de la libertad ideológica, que es hermano de la libertad religiosa: en ambos casos se trata del derecho de creer en un cierto sistema de ideas, que en un caso son políticas y en el otro religiosas. Yo, en ejercicio de esta libertad, me hago comunista. Considero que el comunismo es lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde la invención de la patata frita. Y entonces viene uno y hace un fotomontaje de su cara en el cuerpo de Lenin. Eso me ofende. ¿Por qué no puedo pedir que le pongan una multa? ¿Por qué es Lenin merecedor de menor protección que Jesucristo?

Se suele entender que el derecho fundamental a la libertad religiosa tiene dos vertientes: una interna (poder creer en lo que te dé la gana o en nada) y otra externa (poder manifestar tu fe mediante ritos y ceremonias). Reírse de una figura religiosa no daña ni a una ni a otra vertiente: ni te impide creer ni te impide manifestar tu creencia. Tu derecho a creer no incluye, no puede incluir, un derecho a prohibir que otros se burlen de tu objeto de adoración. Eso quiere decir que la protección de los sentimientos religiosos no puede considerarse parte de la libertad religiosa sino que será, en todo caso, un bien jurídico autónomo.

El problema, claro está, es que como bien jurídico autónomo no tiene mucho recorrido. Cuando alguien usa su libertad ideológica y de expresión para mofarse de una creencia, ser mitológico o dogma, decir de contrario que “es que esto me ofende” no es un argumento demasiado fuerte. La ofensa es libre: lo que molesta a unos no molesta a otros, incluso dentro de la misma comunidad. Los derechos fundamentales no deben limitarse por sentimientos: si a ti te ofende que yo haga un fotomontaje de tu dios pues ya lo siento, pero lo que no puede hacer el Estado es restringir mi libertad porque no te gusta lo que hago con ella.

Así que sí: los tipos penales de escarnio religioso y de profanación deben desaparecer. Deben desaparecer porque no tutelan nada digno de protección: no defienden la libertad religiosa sino solo los sentimientos de los fanáticos. Y eso, en una democracia, no debe ser protegido.






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viernes, 9 de febrero de 2018

¿Una revolución con sonrisas?

En todo este asunto del procés catalán hay un tópico que no deja de repetirse: el de “la revolución de las sonrisas”. Acuñado al principio por los independentistas, parecen habérselo adueñado los fachas para llenar los titulares de ingeniosos (no) juegos de palabras sobre el tema. Si nos ceñimos a su significado original, parece que remite a una idea curiosa: la de una revolución no violenta, amable, que busca construir en vez de destruir y que lo quiere hacer no por la fuerza de las armas sino por la de los votos y la ilusión de Todo Un Pueblo.

Solo hay un problema: que eso no es una revolución.

La prueba es que aquí no hay resultados. El procés se alarga y se alarga de manera indefinida. Hay quien diría que agoniza, que se resiste a morir. Otros podrían afirmar que ninguno de los políticos que lo ha sostenido quiere darlo por terminado (1) porque el independentismo es fuerte en las calles y los votantes castigarían a quien tomara esa decisión. Pero lo que no puede decir nadie, ni siquiera el observador más entusiasta, es que el procés esté hoy más cerca de la independencia de Cataluña de lo que lo estaba en octubre del año pasado.

Miremos la historia. ¿En qué casos un territorio consigue independizarse del Estado al que pertenece? Se me ocurren tres escenarios (2):
  • El caso más obvio es el de una independencia violenta, en la que la fuerza de las armas expulsa al Estado del territorio independentista. Caso típico: las independencias americanas.
  • Luego está el supuesto de que el Estado esté tan postrado o tan sumido en problemas internos que no sea capaz de oponerse a una secesión más o menos pacífica. Caso típico: la disolución de la URSS o la separación de Eslovenia de una Yugoslavia que se descomponía.
  • Por último, es posible que un segundo Estado, más fuerte que aquel del cual se intenta segregar el territorio, ampare la secesión por las razones que sean. Caso típico: las secesiones de Cuba y Filipinas, apoyadas militarmente por EE.UU. También puede ser que sea la ONU quien juegue el papel del segundo Estado: pienso ahora en todas las resoluciones de Naciones Unidas favorables a la descolonización.


En la realidad, los procesos secesionistas son complejos y suelen incluir los tres elementos (violencia, problemas en el Estado matriz y apoyo internacional) en proporciones variables. Pero el hecho es que en el procés catalán no hay nada de eso. La comunidad internacional apoya a España en este asunto: sí, en tal o cual país pueden organizarse manifestaciones de ánimo a los independentistas, pero los Estados y las organizaciones internacionales tienen clara su postura. Por otra parte, España no está tan postrada como para poder impedir una secesión no violenta.

En este escenario, la única arma con la que podrían contar los independentistas es precisamente la violencia. Un Estado que quiere y puede mantener el control de un territorio no lo suelta salvo que se le obligue. Pero los independentistas no solo han renunciado a la violencia, sino que aunque no fuera así serían incapaces de entrenar una fuerza militar suficiente. Sin esos mecanismos, no veo forma de que la independencia pueda salir adelante por mucho que se hagan declaraciones, manifestaciones o referendos.

El procés catalán y el rollo de la “revolución de las sonrisas” me parecen un triunfo del pensamiento positivo. El pensamiento positivo es esa ideología, tan tóxica y tan presente en todos lados, según la cual para conseguir tus objetivos no hay que quejarse y luchar por ellos sino más bien pensar en positivo. Los pensamientos moldean la realidad. Todo depende de un cambio de actitud: una actitud orientada hacia tus objetivos te permitirá conseguir dichos objetivos sin más. Las versiones más místicas de esta basura hablan de una “ley de la atracción”; las menos místicas vienen a decir que todo está interconectado y que si cambias tu actitud todo lo demás cambiará también.

Y yo veo mucho de eso en los políticos independentistas. Se proclama una república pero sus dirigentes siguen respondiendo a las citaciones de los tribunales del Estado y siguen yendo al Parlamento estatal. La cosa se alarga, hay elecciones (según la LOREG) y se discute si las leyes españolas permiten o no permiten investir a cierta persona como presidente de lo que –se supone– es un Estado independiente. El Tribunal Constitucional español dice que no y el presidente del Parlamento de la región independizada aplaza la investidura.

Así llevamos desde octubre: muchas sonrisas y nada que se parezca a una revolución. Ningún político independentista plantea una forma eficiente de desconectar Cataluña de España. No se hace nada en ese sentido. Los fans de la cosa no dejan de repetir el mantra de “nos vamos”, pero yo no veo que nadie se esté yendo a ninguna parte (3). Parece como si por tener una “actitud de república” todo debiera arreglarse solo, sin necesidad de realizar acciones que conduzcan a tener una república. La verdad es que desde fuera resulta cada vez más difícil tomarse en serio un proceso que se alarga a fuerza de golpes de efecto y que no consigue ningún resultado tangible.

El problema es que quien sí se lo ha tomado en serio es el Estado. El Estado ha aceptado el órdago y está utilizando un proceso que en principio era inocuo para iniciar una deriva autoritaria que llevaba tiempo deseando. Hemos visto guardias civiles saliendo al grito de “a por ellos”, presos políticos, autos que tienen en cuenta la ideología del imputado, jueces que deciden siguiendo criterios de oportunidad, llamaditas de los ministros a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Gobierno anunciando decisiones judiciales, etc. Toda una panoplia de represión que nos ha caído encima. Y lo que te rondaré. Esta misma semana hemos sabido que RTVE pretende monitorizar los emails de sus periodistas.

Ojo: no quiero tampoco adscribirme a ese discurso tan rancio de “los catalanes han despertado a la extrema derecha” o “han provocado una represión que nos va a afectar a todos”. La extrema derecha llevaba ya un ratito desperezándose, y la culpa de la represión solo es de quien reprime. En un mundo que vira a la derecha a velocidades agigantadas, este resultado era previsible, sobre todo con el PP en el Gobierno. Cataluña solo es una excusa; de no haberse presentado, ya se habrían inventado cualquier otra cosa.

En este contexto, resulta muy deprimente que la independencia sea un proceso muerto dirigido por incapaces. Si fuera de otra manera, a lo mejor los catalanes podían escapar del vórtice de palos que se nos viene encima. Pero, tal y como están las cosas, se lo van a tener que comer junto con el resto de España.






(1) Ya vimos que Puigdemont, en cuanto se filtraron esos mensajes de WhatsApp en los que asumía la derrota, los achacó a un bajón puntual.

(2) El cuarto caso, que es el de que el Estado reconozca el derecho a la secesión del territorio y le permita ejercerlo sin que nadie le obligue es completamente excepcional y se debe a circunstancias históricas muy concretas.

(3) Salvo Puigdemont.



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sábado, 27 de enero de 2018

El anonimato en Internet

El derecho al anonimato en las redes me parece importantísimo. Escribir bajo pseudónimo es un derecho básico y una forma de proteger la propia libertad. Quizás lo mejor que nos ha dado Internet es que cualquiera puede llegar a un público de millones de personas sin la necesidad de pasar por el filtro de un editor: esta gran difusión, unida al derecho al anonimato, ha cambiado la forma en que nos comunicamos. De repente, un don nadie con un canal de YouTube, un blog o una cuenta en Twitter está al nivel de medios de comunicación con cientos de empleados.

Al poder le resulta complicado de gestionar este anonimato. No es plato de gusto que cualquiera pueda comprobar tus mentiras y demostrárselas al mundo y que ni siquiera le puedas amenazar porque no sabes quién es. Así que, poco a poco, van lanzando globos sonda. Al hilo de una supuesta prevención de delitos (no vamos a dejar que nadie haga chistes de Carrero Blanco y salga impune), el PP lleva unos cuantos meses hablando de “regular las redes sociales” para prohibir el anonimato.

Y entonces ha sucedido lo de José Miguel Aspas Cutanda.

José Miguel Aspas Cutanda es miembro del PP y alcalde del pequeño pueblo turolense de Villar del Cobo. Y además parece ser un tuitero bastante influyente que usa el pseudónimo de Joe Pastrana. Bajo ese nombre se ha dedicado a decir barbaridades sobre rojos e indepes (lo normal), a inventarse cosas (eso ya empieza a ser cuestionable) y también a reconocer la comisión de delitos (ups). La identidad entre Aspas y Joe Pastrana la ha puesto de manifiesto un tuitero que ha sacado datos de ambos personajes: los dos viven en la misma casa, tienen la misma guitarra, tenían el mismo gato y pertenecen a la misma profesión. Además, el dibujo que servía de avatar a Joe Pastrana estaba en la cuenta de Facebook del señor alcalde. No parece, pues, que queden muchas dudas.

El debate se ha encrespado enseguida, porque mucha gente le tiene tirria al tal Joe Pastrana. Por un lado, ha habido quien ha ironizado con el hecho de que sea justo el partido de este tipejo el que pida prohibir el anonimato. Hemos visto a personas de izquierdas alegrándose y a otras lamentándose, porque hay que defender el anonimato de todo el mundo. Había quien valoraba los tuits de Joe Pastrana para llegar a la conclusión de que él merecía ser puesto al descubierto. La derecha, por supuesto, ha salido en tromba a defender a su ídolo y su derecho a operar bajo pseudónimo, en un ejercicio curioso de doblepensar. En fin, se ha dicho de todo.

Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con que se plantee el asunto desde el derecho al anonimato. Me explico: como digo, apoyo por completo el anonimato en redes. Sí, también para personajillos despreciables como este Joe Pastrana; el derecho o es para todos o no es para nadie. Si hay indicios de delito, que se denuncien, que se libren las oportunas órdenes judiciales y que se investigue lo que haya que investigar. Pero me opongo a cualquier iniciativa jurídica que pretenda vulnerar este derecho ex ante. Esas ideas de que haya que dar tu DNI antes de abrirte una cuenta de Twitter me parecen criminales.

Ahora bien: eso no es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es que Joe Pastrana se ha descubierto él solo. La revelación de su anonimato se ha hecho con base en datos públicos, la mayoría de los cuales facilitó él mismo. No le han hackeado las cuentas o los dispositivos: es que subió a su cuenta troll una foto tomada desde su ventana. Cualquier desocupado con un poco de tiempo libre y Google Imágenes podría haber desvelado la identidad de Joe Pastrana: eso es, me atrevo a decir, lo que ha pasado.

Mantener el anonimato en redes exige privarse de cosas. Hay que ser inconcreto sobre dónde trabaja o estudia uno, no contar demasiado de la vida personal, no subir fotografías de sitios reconocibles, separar de forma radical los perfiles público y privado… toda una serie de precauciones que Joe Pastrana no ha tomado. Por supuesto, tenía pleno derecho a no tomarlas. Quizá nunca le importó demasiado el anonimato. Pero hay que tener en cuenta que cuantos más datos personales sueltes sobre ti, más posibilidades hay de que cualquiera los recopile y deduzca tu identidad a partir de ellos.

Voy a contar una batallita: cuando yo abrí el blog y la cuenta de Twitter, tuve que enfrentarme a la decisión de si usaba pseudónimo o no. Tenía bastante claro que era una política a largo plazo. A día de hoy, mi máxima de conducta sigue siendo tener cuidado sobre lo que digo en ambos medios de comunicación. Sé más o menos lo que puede saber de mí un lector casual y lo que puede conocer alguien que me acose. Es ahí justo donde puse la línea. La regla es “tuitea como si hubiera alguien con mucho tiempo libre apuntado y cotejando cualquier cosa que dices”. ¿Paranoico? Puede ser. Pero el anonimato hay que trabajárselo.

Aun así, estoy bastante seguro de que he cometido errores. Si alguien se empeña, puede identificarme. Cuando eso suceda me dolerá, qué duda cabe: a nadie que quiera ser anónimo le gusta verse expuesto. Pero en ningún momento se me ocurrirá hablar de vulneraciones de derechos. Si yo mismo desvelo quién soy, aunque sea de forma fragmentada, sé que me arriesgo a que cualquiera junte los fragmentos y obtenga mi identidad. Cosa distinta sería, por supuesto, que la revelación del secreto se produjera después de un acceso ilícito a mis cuentas. Pero ¿juntar datos que yo mismo he publicado?

En conclusión: no podemos caer en confusiones interesadas. Una cosa es que alguien haya desvelado la identidad de un tipo que subió el avatar de su cuenta troll a su cuenta pública. Otra muy distinta, que desde el Estado se proponga el registro de todas las personas que tienen cuentas en redes sociales por si acaso les da por delinquir. Conviene no confundir ambos planos porque podríamos acabar en sitios muy desagradables.




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jueves, 25 de enero de 2018

El retorno de la mili

Todo lo malo acaba volviendo. Creíamos que el servicio militar obligatorio era un fantasma del pasado y de repente, sin comerlo ni beberlo, nos encontramos con un debate sobre si debería reimplantarse. La cosa es que Emmanuel Macron quiere establecer una especie de “mini mili” de un mes enfocada a dar formación militar a la juventud, y los patrioteros de todo signo están que no cagan. Por supuesto, nos hemos tenido que comer el típico artículo de un iluminado que quiere para los chavales españoles de ahora lo mismo que él rechazó en su momento.

En España, la Constitución permite la existencia de un servicio militar obligatorio siempre que se garantice el derecho a la objeción de conciencia mediante un servicio social sustitutivo. Nada impide, por tanto, que vuelva la mili o que se instaure un servicio similar a lo Macron. De momento Ciudadanos lo ha rechazado (Francia no es España, y lo que allí suscita apoyo popular aquí no genera más que rechazo), pero ya se sabe cómo son estos globos sonda: la idea se va a quedar por ahí hasta que a alguien le convenga volver a sacarla.

La cuestión es que no acabo de entender para qué serviría reinstaurar la mili. Por un lado está el argumento liberal clásico que llevó a instaurarla por primera vez: si la soberanía es nacional, el ejército debe ser el pueblo en armas. La defensa de la nación no debe ser el privilegio de unos pocos nobles, sino una prestación que realizan todos los ciudadanos en cuanto tales. Además, que el ejército sea un cuerpo separado del pueblo es un riesgo evidente, porque si se pusiera levantisco nada impediría que tomara el poder por la fuerza.

El argumento siempre me ha parecido débil. Para empezar, solo cuadra bien con una versión militante de la condición de ciudadano, algo que ni mucho menos tenemos en la actualidad. La desafección hacia el Estado es total, y eliminar esa circunstancia es una condición indispensable para que una leva popular tenga éxito. Si la gente no lleva como timbre de honor el ser ciudadano y el defender a la patria, el reclutamiento forzoso lo único que consigue es una tropa desmotivada y que solo quiere pasar la mili con el menor número de marrones posibles. Lo que ha sido siempre, vamos.

Además, mientras siga existiendo el ejército profesional, es irrelevante de dónde procedan los soldados. Supongamos que mañana un general con más galones que neuronas se pone levantisco y decide resucitar la ancestral tradición española del pronunciamiento. ¿De verdad alguien se cree que el hecho de que los soldados sean de leva va a impedir el cuartelazo? Lo dudo mucho, y la existencia de esa misma tradición de pronunciamientos avala mis dudas. De hecho, casi me fiaría más de los soldados profesionales, porque se juegan la carrera si el golpe sale mal.

Junto a los argumentos clásicos, han aparecido de repente toda una serie de razones de nuevo cuño que justifican meter a los chavales en cuarteles. Están vinculadas, como no, a la lucha contra el nuevo Malo Maloso que Amenaza Occidente: el ISIS. La mini-mili de Macron busca que la ciudadanía conozca “las prioridades estratégicas del país”, entiendan “las grandes problemáticas de la seguridad” y se entrenen en actividades físicas. Lo que el mismo presidente llamó “una formación militar elemental” para todos los hombres y mujeres jóvenes de Francia.

No acabo de ver la utilidad de la medida. Incluso los propios palmeros del asunto, como el articulista de El País que he citado más arriba, entienden que no hay quien pueda parar a un tipo que se sube a un camión y empieza a atropellar inocentes. Aunque el susodicho articulista matiza que, dado que esas cosas no se pueden evitar, “parece sensato” darle a la ciudadanía nociones de autodefensa. Sudores fríos, ¿eh? Lo que más necesitamos en situaciones de emergencia: cientos de cuñados entorpeciendo la labor de los profesionales porque ellos hicieron un mes de mili hace diez años.

Seamos serios: un mes no sirve para darle a nadie formación útil de nada, y más si no se refresca de forma periódica. Así que no, lo que se busca aquí no es enseñar habilidades. Y entonces, ¿qué es? Simple, adoctrinar. Toda la propuesta habla de “disciplina”, de “respeto a la autoridad”, de “aumentar la cohesión social”, etc. Una serie de valores desfasados que dan bastante grima, la verdad. Cabe recordar que, en un estado democrático, el ciudadano tiene pleno derecho a no ser disciplinado, a no respetar a la autoridad y a odiar a todos sus compatriotas.

Al final, como siempre, el espíritu de una medida no se halla en la retórica de los políticos que la defienden sino en las barbaridades que se sueltan en la sección de comentarios. Cientos de garrulos con teclado dicen que muy bien, que una mili les hace falta a los jóvenes, que ojalá fuera de seis meses y que vale ya de tanto smartphone y de tanto botellón. ¡Así aprenderán disciplina y dejarán de estar mimados por sus papis! El cuento de siempre: como ellos tuvieron que aguantar una basura carcelaria que les dejó marcados, miran con envidia a los que nos libramos. Es el mismo discurso que se repite sobre el bullying: que forma carácter, que ahora somos todos unos blandos… Basura.

Lees los foros y es alucinante. Tanto resentimiento hacia quienes no tuvieron que comerse la mili no puede ser sano. Al parecer, el servicio militar te enseña a convivir con gentes muy distintas; por algún motivo, las redes sociales, que te permiten tener amigos en literalmente todo el mundo, no valen para eso. También enseñan compañerismo y responsabilidad, supongo que esta última entendida en el sentido de “si no haces lo que te grita un iletrado vestido de payaso, te sancionan”. Hay quien habla del asunto como un rito iniciático, lo cual no deja de ser preocupante. Y por último, parece ser que es la solución para que los jóvenes de hoy en día dejen de ser unos ni-nis. ¡Y yo pensando que lo que sucedía es que había una crisis económica del carajo!

En fin, tampoco tiene sentido comentar nada más: la propuesta de reimplantar la mili no es más que resentimiento disfrazado de cohesión social. Sin embargo, hay una circunstancia en la cual yo estaría dispuesto a apoyarla: que los primeros en ser reclutados sean los de la banderita de España en los balcones y los de los comentarios favorables a la medida. ¿No les gusta tanto este país? ¿No es tan positiva la mili? ¡Pues hala, a defenderlo, a hacer el paso de la oca, a aguantar al chusquero mientras los demás nos tocamos las narices!

Además, la medida se financiaría sola: yo, por lo menos, pagaría por verla.






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viernes, 19 de enero de 2018

Alquileres de vivienda 3 - La renta

En la entrada anterior de esta serie analizamos algo que puede verse como la obligación principal del arrendador: el deber de entregarle al arrendatario la posesión de la vivienda durante un tiempo determinado. Hoy veremos, en contrapartida, la obligación principal del arrendatario, que es pagar el precio. En el arrendamiento, el precio suele llamarse “renta”, por lo que nos referiremos a ella así. Y como siempre, antes de empezar, la advertencia: es nula cualquier cláusula contractual que modifique esta regulación en perjuicio del arrendatario.

Cuantía de la renta
La renta se fija en el contrato; en la ley no existen tablas ni valores de referencia, sino que el arrendador y el arrendatario pactan su cuantía. Existe una costumbre, que yo diría que está desapareciendo, que consiste en poner una renta anual y luego dividirla en doce mensualidades, con cláusulas como “La renta será de 9.600 € al año, dividida en 12 pagos mensuales de 800 € cada uno”. A todos los efectos se entiende que estamos ante una renta mensual.

Todo el tema de gestión del pago de la renta es bastante libre. La ley dice que el pago será mensual, realizado en los siete primeros días del mes y en mano en la vivienda arrendada. Sin embargo, concede libertad para pactar otro régimen; hoy en día, es común que se pague por transferencia o por recibo. El arrendador, eso sí, está obligado a entregar al arrendatario recibo de pago, salvo que éste se realice por medios que permitan acreditar el cumplimiento de la obligación.

¿Puede el arrendador exigir el pago anticipado? La ley responde con la siguiente frase literal: “en ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta” (artículo 17.2). Pero esto no tiene una interpretación clara. Lo habitual es que los contratos sigan el régimen legal, es decir, que la renta correspondiente a cada mes se pague en los siete primeros días de ese mes. El pago se realiza, por tanto, antes de que el arrendatario haya disfrutado de la vivienda durante el mes al que se imputa. Existen, por tanto, dos opciones:
  • Considerar este pago un anticipo. Eso quiere decir que el arrendador ya no puede pedir nada más, puesto que se le prohíbe exigir el pago anticipado de más de una mensualidad.
  • No considerar este pago un anticipo, puesto que sí, se paga por adelantado, pero es la renta del mes en curso. Eso quiere decir que el arrendador podría exigir a la vez la renta del mes corriente y la del mes próximo, que ya se consideraría anticipo.


En general nuestros tribunales vienen aceptando la segunda interpretación, aunque a mí me parece dudosa por toda una serie de razones que no voy a desarrollar aquí. El precepto plantea otras dudas (por ejemplo: dice “mensualidad”; ¿qué pasa si el pago del alquiler se fija por trimestres o por semestres?), pero son menores, así que vamos a dejarlo así: según la interpretación mayoritaria, el casero puede exigirte, aparte de la renta del mes en curso, la del mes siguiente.

Pasemos a otra cuestión. La ley también prevé el pago de la renta en especie, que en este caso consiste en la reforma de la vivienda. Efectivamente, los contratantes pueden pactar que durante un plazo determinado el inquilino no paga renta pero a cambio tiene que rehabilitar o reformar el inmueble. El arrendatario acepta este pacto con todas sus consecuencias: si se gasta más en la reforma de lo que le habría costado pagar el alquiler de esos meses, no puede reclamar la diferencia.

Actualización de la renta
Vale, tenemos ya pactada la renta. ¿Y eso se va a quedar así siempre? ¿No puede subir o bajar? Pues bajar poco, por desgracia, pero hay dos formas de que suba. La primera es la actualización anual, que es el medio por el cual el casero puede subir la renta cada año (1). Esta actualización anual tiene que estar pactada en el contrato: si en el contrato no pone nada, la renta no se puede revisar. Y esto es lógico. La renta es, como hemos dicho, el precio del arrendamiento, y el precio es uno de los elementos esenciales de cualquier contrato. Una regulación que permitiera a una de las partes modificar el precio sin contar con la otra sería abusiva.

Así pues, es necesaria una cláusula que de forma expresa permita la actualización de la renta. Esta cláusula solo puede aplicarse una vez al año, en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato. En cuanto a los criterios que debe seguir la actualización, en principio son también de pacto libre. Lo habitual es recurrir a un porcentaje o a un índice como el IPC. En defecto de pacto expreso, se aplica el Índice de Garantía de Competitividad, que tiene la peculiaridad de que solo sirve para subir la renta, no para bajarla: cuando toma valores inferiores a cero (como en este momento, que está a -1,38%) se aplica el 0, por lo que la renta no se revisa.

Ojo, que la actualización de la renta es un derecho de la parte a la que beneficia (normalmente al arrendador), no un automatismo. Para aplicarla, es necesario notificárselo a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración. Y dado que solo puede hacerse, como hemos dicho, en la fecha en que se cumpla cada año del contrato, no es factible que, si al arrendador se le olvida un año hacer la actualización, pretenda al año siguiente hacerla doble.

La segunda forma en que puede elevarse la renta es la actualización por mejoras. Se trata del derecho que tiene el arrendador a aumentar la renta si realiza obras que aumenten el valor de la vivienda. Esta actualización solo se puede aplicar pasados tres años de duración del contrato. Además, como excepción, no es necesario que el contrato le permita expresamente realizarla, sino que opera la regla contraria: puede elevar la renta por este concepto salvo que el contrato se lo prohíba.

Eso sí, la elevación no es libre, sino que depende de una fórmula que podríamos resumir así: (Capital invertido en la obra – subvenciones públicas) x (Interés legal del dinero + 3 puntos porcentuales). De esa fórmula sale una cuantía que se suma a la renta anual, no a la mensual. Por poner un ejemplo: en 2017 el interés legal del dinero es del 3%. Si un propietario se gasta 10.000 € en una reforma, puede sumar el 6% de esa cantidad (600 €) a la renta anual, lo cual da lugar a una subida mensual de 50 €. Existe un límite máximo: por este concepto nunca se puede aumentar la renta vigente en más de un 20%.

De nuevo, esto es un derecho, no un automatismo: la elevación de renta solo se produce una vez terminadas las obras y tras la oportuna comunicación del arrendador donde se detallen los cálculos que determinan la cuantía y se demuestre el coste de las obras realizadas.

Otros gastos
Por último, hay que tener en cuenta que la renta no es el único gasto que tiene un inquilino, sino que hay otros. La ley establece dos categorías. Por un lado están los gastos que se pueden individualizar por contadores: luz, agua, Internet, gas, etc. Estos gastos son de cargo del inquilino. Esta regulación es lógica, puesto que es el inquilino quien los está gastando. De hecho, lo más normal es que los contrate él a su nombre y que el arrendador no tenga que preocuparse.

Y por otro lado, están los gastos que no pueden individualizarse por contadores, que son todos los demás; los más comunes son los gastos de comunidad de vecinos y el IBI. Estos gastos son en principio de cargo del casero. También se trata de una regulación lógica, puesto que son gastos asociados a la propiedad de la vivienda, no a su uso. Sin embargo, se puede pactar que sean de cargo del inquilino. El pacto debe constar por escrito y cuantificar el importe anual exacto de los gastos que incluye. Si se refiere a tributos, no afecta a la Administración: el casero sigue teniendo que pagar el IBI aunque luego se lo puedan repercutir al inquilino.

Impago
No me voy a extender mucho sobre este tema porque lo veremos en la quinta entrada de esta serie, dedicada a la terminación del contrato. Simplemente reseñar que parece ser una tendencia en alza incluir en los contratos una cláusula por la cual el inquilino permite al arrendador que, en caso de impago, le meta en un fichero de morosos. Es una cláusula no prevista en la LAU pero completamente lícita a mi entender.


Como vemos, el tema de la renta está más sometido al libre pacto que otras materias de la misma ley. Y eso es un problema porque, en este contexto, “libre pacto” suele significar imposición del arrendador al arrendatario. Pero en fin, la ley todavía le reconoce algunos derechos al inquilino: hay que conocerlos, usarlos y defenderlos.



(1) La LAU también permite que se pacte su bajada, pero ¿alguna vez habéis visto un arrendamiento que baje año a año en vez de subir?



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