jueves, 15 de noviembre de 2018

El sexo registral de las personas trans


Hablar de asuntos relacionados con personas trans sin ser una persona trans es especialmente espinoso. Si alguien cree que he usado términos incorrectos u ofensivos, que no dude en hacérmelo saber: pido disculpas por adelantado por cualquier error en este aspecto. Asimismo, reconozco que la terminología “nombre de hombre” y “nombre de mujer” que se usa en la segunda parte del artículo es inadecuada, pero la uso por claridad y concisión.


Cuando leo todas esas frases de corte anarquista rollo “no votes, no va a cambiar nada” o “votar es elegir el color de tus cadenas” siempre recuerdo lo que me dijo hace años una amiga trans. Esta chica consideraba que estas frases son signo de privilegio, porque solo las puede decir alguien cuya vida no vaya a cambiar demasiado dependiendo de quién gobierne: ella, perteneciente a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, no podía permitirse no votar. Para ella sí supone un cambio importante que el Gobierno lo ocupe un partido conservador o un partido (digamos) progresista: no se va a hacer la revolución votando, pero la vida diaria de muchas personas puede cambiar dependiendo de a quién se vote.

Llevo unos cuantos días dándole vueltas a esta anécdota, precisamente a raíz de un asunto relacionado con las personas trans. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha publicado una circular por la que permite a las personas trans ponerse un nombre adecuado al sexo vivido. En otras palabras: no se modifica el sexo registral (en el Registro Civil esta persona seguirá constando como “hombre” o como “mujer” según lo que le asignaran al nacer), pero se permite la imposición de un nombre que no concuerde con dicho sexo registral. Todo ello con un trámite muy sencillo y que abarca también a menores de edad. Se trata de una medida que puede ser un alivio importante para miles de personas y que nunca habría sido posible con el Gobierno del PP (1).

El derecho no ha empezado a mencionar la cuestión de la identidad de género hasta épocas recientes. Que yo sepa, una de las primeras menciones es en el texto original del Código Penal de 1995, que en su artículo 156 excluye la “cirugía transexual” consentida por el paciente de la calificación de lesiones (2). Tenemos que esperar hasta 2007: es este año, bajo el mandato de Zapatero, cuando se aprueba la ley sobre cambio registral de sexo: la famosa ley 3/2007.

La norma de 2007 es un avance importante y que en su día fue pionero, pero que hoy podemos ver como insuficiente: se restringe a españoles mayores de edad y exige un diagnóstico de disforia de género y un tratamiento de al menos dos años de duración para “acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado” (artículo 4.1.b Ley 3/2007). En otras palabras, deja fuera a los extranjeros, a los menores de edad, a las personas que no quieren transicionar, a quienes han tenido una mala experiencia en una UTIG y no quieren volver a acercarse por allí en un buen tiempo, etc.

Desde 2007 hasta ahora, nada se movió a nivel legislativo en el ámbito competencial del Estado. Fueron las Comunidades Autónomas quienes movieron ficha, y empezaron a aprobar leyes sobre personas trans. La medida más importante de esta norma era el establecimiento de una suerte de “carnets de identidad autonómicos”, que incluían el sexo vivido y el nombre elegido, y que obligaban a todo el personal público autonómico (lo que incluye a profesores y médicos) a tratar a la persona según esos datos. Muchas veces esos carnets se podían expedir incluso a nombre de menores. De nuevo, un avance importante pero que no resuelve el problema principal: que en el Registro Civil constan un nombre y un sexo incorrectos. Y el Registro Civil es la fuente de todo lo demás.

En estos momentos se está tramitando en las Cortes una modificación de la ley 3/2007, que busca entre otras cosas eliminar los requisitos médicos para acceder al cambio de sexo registral. Pero, entre que se aprueba y que no, hace tres semanas se dictó una instrucción de la DGRN “sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales”. Las instrucciones son mecanismos para mantener la coherencia en la actuación administrativa: se trata de directrices o pautas aprobadas por la autoridad, que determinan de qué forma debe interpretarse o aplicarse una determinada ley.

Es muy interesante la exposición de motivos de la instrucción, y lo es porque empieza reconociendo que la transexualidad ya no se puede considerar una enfermedad. Para ello cita el CIE-11 (último índice de enfermedades de la OMS), de reciente publicación, que mueve la transexualidad del epígrafe de “trastornos” al de “condiciones”. Ésta es la base de todo. Si la transexualidad no se puede considerar trastorno, es necesario adecuar toda la regulación para ello, eliminando la necesidad del diagnóstico de disforia y el correspondiente tratamiento para acceder al cambio registral. Pero, mientras que hay situaciones que pueden esperar a la nueva ley que se está tramitando, hay otras que requieren una actuación urgente: para ello se dicta esta instrucción.

La exposición de motivos cita como uno de los motivos de la urgencia el principio de interés superior del menor. Efectivamente, el estado de la ciencia ha demostrado que puede haber menores trans a una edad tan temprana como los cuatro años. Se habla del “irreversible efecto del transcurso del tiempo” y de los estragos que puede producir en los menores trans una situación de radical diferencia entre el registro y la realidad. Está claro que cualquier retraso en modificar los datos registrales de un menor en estas condiciones puede perjudicarle a diversos niveles, y es de agradecer que un órgano estatal lo ponga negro sobre blanco.

Ya descendiendo a nivel concreto, la DGRN cita diversa jurisprudencia que avala la idea de que para fijar el sexo del individuo son más importantes los factores psicosociales que los morfológicos. En esa línea, en el propio Registro Civil ha habido cierta discusión al respecto, debido al hecho de que cambiar el sexo registral del individuo era muy complicado (había que acogerse a la ley 3/2007) pero cambiar el nombre no lo era tanto. Por ello, había oficinas del RC que permitían imponer nombres no coincidentes con el sexo registral (en otras palabras, que una mujer trans se pusiera un nombre de mujer a pesar de que en el registro siguiera constando como hombre) y otras que no lo permitían (como mucho, dejaban poner nombres ambiguos, como Camino o Edén).

Esta diferencia de criterios se debe a una norma, el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, que en el caso de personas trans se convierte en una contradicción: “Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona (…) y los que induzcan a error en cuanto al sexo”. Las oficinas que permitían el cambio de nombre lo hacían basándose en la frase primera (ponerle a una mujer un nombre de hombre le perjudica objetivamente, por mucho que esa mujer conste en el RC como hombre); las que no lo permitían se basaban en la segunda (si una persona es registralmente un hombre, no se le puede poner nombre de mujer porque sería inducir a error en cuanto al sexo).

Lo que hace la Instrucción es resolver esta contradicción, y resolverla a favor de la primera interpretación. Para desestimar la segunda se usan distintos argumentos, como el derecho al nombre: si una persona usa un nombre durante años, la Administración no le puede imponer otro (u obligarle a escoger entre una lista de nombres “ambiguos”), y menos si se trata de un menor aún en desarrollo. Además, permitir los cambios de nombre no significa inducir a error en cuanto al sexo, porque el sexo real de la persona es el vivido, que es precisamente el que la persona trans intenta hacer constar de forma oficial mediante el cambio de nombre. También se descarta que estos cambios puedan dar problemas en la identificación de la persona, toda vez que el número de DNI no cambia.

Por último, se sale al paso de las objeciones del estilo “es que llega el niño, dice que es una niña, los padres le cambian de nombre y ya la hemos liado”. Y se sale al paso de esta objeción con hechos. Se hace ver que normalmente los progenitores tardan en entender y aceptar la “incongruencia de género” de su criatura, por lo que cuando por fin acceden a ir al Registro a solicitar el cambio de nombre es porque la situación está consolidada. También se menciona que no se conocen supuestos de reversión (es decir, de menores que, cambiados de nombre, vuelvan al inicial cuando cumplen 18 años) y que, en todo caso, se debe legislar para la mayoría y no para una hipotética situación minoritaria.

Después de que toda la Exposición de Motivos hable de los menores de edad, sorprende que la regulación incluya también a los mayores. Quien puede lo más puede lo menos, supongo, y si se acepta que se cambie el nombre de niños pequeños no se ve por qué no se va a aceptar cambios similares en adultos. Así pues, lo que aquí se hace es desconectar el cambio de nombre del cambio de sexo: acogiéndose a esta nueva instrucción, una persona que conste en el Registro como hombre se podrá poner un nombre de mujer sin mayor problema.

El trámite es sencillo. En el caso de adultos o menores emancipados, basta con declarar ante el encargado del Registro Civil que “se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado” y que no cumple los requisitos de la ley 3/2007 para realizar el cambio registral de sexo (recordemos: diagnóstico de disforia y dos años de tratamiento). Ojo, que basta con una declaración, sin necesidad de practicar prueba. Y tampoco se dice nada sobre por qué no se cumplen los requisitos de la ley 3/2007. No es necesaria una incompatibilidad de ningún tipo: si estamos ante un mayor de edad que no quiere someterse a estos requisitos, le basta con declarar que no los cumple (lo cual, de hecho, es cierto) y se autoriza el cambio de nombre.

En el caso de menores de edad no emancipados, el trámite es similar aunque lo inician los padres o tutores del menor. El propio menor debe ser oído en todos los casos, y si tiene más de doce años debe además firmar él mismo la solicitud. Chrysallis, la asociación de progenitores de menores trans, ya ha redactado un modelo de formulario que incluye todos los elementos necesarios para que la solicitud se tenga en cuenta.

En conclusión, las personas trans tienen buenas noticias. Ya conozco a varias que han cambiado su nombre por este procedimiento simplificado. Ahora tienen vía libre para modificar su DNI y dar de alta toda clase de servicios (el contrato del móvil, los suministros de su casa, la cuenta bancaria) con su nombre real: no el que les pusieron sus padres hace quince, veinte o cuarenta años, sino el que llevan usando desde que se dieron cuenta de su condición. En otras palabras, ahora tienen más derechos y pueden vivir una vida mejor. Y eso siempre es positivo.



(1) Literalmente. En estos momentos se está tramitando en las Cortes una ley sobre identidad de género, y el PP ha pedido que se mantenga el requisito del diagnóstico de disforia para autorizar un cambio en el sexo registral.

(2) En España, el consentimiento del lesionado en las lesiones no exime de pena al lesionador. Por ello, el artículo 156 menciona ciertos casos que, pese a poder considerarse como lesiones en sentido amplio, no tienen esa consideración: trasplantes de órganos, esterilizaciones y cirugía transexual. Si no fuera por esta mención, cualquier cirujano que realice una operación de reasignación estaría cometiendo un delito.



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miércoles, 14 de noviembre de 2018

Cómo citar leyes


Las normas jurídicas permean nuestra vida. La civilización puede definirse como el intento infructuoso del ser humano de mantenerse lejos de una masa de leyes y reglamentos que no deja de crecer y que lo regula todo. Así, por mucho que no queramos, a medida que nos adentramos en la vida adulta tenemos que revisar convocatorias de becas, mirar convenios laborales, navegar entre artículos de la Constitución para opinar en un debate de Internet, rellenar formularios y autoliquidaciones de impuestos y, en general, entrar en contacto con el Estado legislador.

A veces, al navegar entre toda esa morralla encontramos cosas interesantes. Puede que hayamos descubierto un hueco para que nos den esa beca que creíamos que no íbamos a poder obtener, que nos hayamos dado cuenta de que nuestro jefe nos paga de menos o que constatemos indignados que la Constitución no recoge el derecho fundamental a caminar hacia atrás a la pata coja. Toca citar normas jurídicas, y toca citarlas mal porque nadie nos ha enseñado a hacerlo bien. Así que una vez más Así habló Cicerón, en su vocación de servicio público, va a dar unos consejos para la vida del estilo “cada-vez-que-hacéis-esto-mal-muere-un-abogato”.

Hay dos vicios principales que he ido detectando: citar el BOE y citar cada subdivisión del texto legal.

Citar el BOE
La práctica de citar del BOE (Boletín Oficial del Estado) está cada vez más extendida. Al menos yo cada vez la veo más, sobre todo en redes sociales: “según el BOE, el Estado le paga tanto dinero a la Iglesia”, “en la página tal del BOE dice que cual”, “mira, no tienes razón, el BOE dice que la cosa es de otra forma”, y así sucesivamente. En este momento estoy preparando un artículo sobre las directrices que se han publicado en el BOE para agilizar el cambio de nombre de las personas trans, y este error es continuo en el debate.

Una de las ideas más importantes del sistema jurídico liberal es la de publicidad de las normas. Las leyes y reglamentos tienen que estar escritas en un lugar donde todo el mundo pueda consultarlas y leerlas. Es un arreglo institucional correlativo a esta idea de que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”, que significa en realidad que se presupone que el ciudadano está en posición de conocer todas las normas, por lo que el desconocimiento de una es su problema. Para que esto tenga sentido, hace falta que las normas sean públicas.

Es por eso que, tras las revoluciones liberales, nacen los boletines oficiales. En realidad ya existían antes: en España, la Gaceta de Madrid (como se llamaba al BOE antes de 1936) llevaba editándose desde el siglo XVII y siendo propiedad del Estado desde la época de Carlos III. Sin embargo, estos proto-boletines eran más órganos de expresión y propaganda que otra cosa. Es en 1836 cuando se establece que las normas solo obligan desde el momento en que se publican en la Gaceta. La fecha es interesante, porque es justo la época en que en España se consolida el régimen liberal.

Durante 50 años más, de hecho, la Gaceta incluyó un contenido mixto, donde las noticias de prensa y los artículos de opinión se mezclaban con normas, anuncios oficiales y sentencias. En otras palabras, y esto es justo a lo que quería llegar, los boletines oficiales son equiparables a la prensa periódica, solo que contienen normas jurídicas en vez de información y opinión.

Esta comparativa nos lleva justo al meollo del asunto. Cuando citamos un periódico, ¿a que no usamos expresiones del estilo “esto lo publica El País en la página 56”? No, claro que no. Cuando queremos citar un periódico lo que nos importa no es la página (sobre todo en diarios online), sino el autor y la naturaleza de la pieza. Y eso es porque sabemos que un periódico tiene distintos autores y, sobre todo, secciones de diferente valor que deben ser interpretadas de forma distinta.

Pongamos un ejemplo: la frase “este Gobierno tiene como objetivo convertir todos los conventos en clínicas de abortos”. Una afirmación como ésta sobre la política del Gobierno no es igual en una noticia (donde se supone que debe ser un hecho contrastado), en una entrevista (donde es la opinión del entrevistado), en un editorial (donde es la posición oficial del periódico) o en una columna de opinión (donde no es más que el pensamiento del opinador de turno). Si la dice Salvador Sostres nos escandalizará menos que si se publica en una noticia de OKDiario, porque Sostres puede opinar lo que quiera pero la noticia debe cumplir ciertos requisitos de veracidad. Y por eso, para citar esa afirmación hay que explicar el contexto donde se produce.

Con el BOE pasa lo mismo. Es cierto que ya solo incluye contenido oficial, pero este contenido oficial es muy variado. Una afirmación la podemos encontrar en una ley, en un reglamento, en una convocatoria de becas o en una sentencia. En todos esos casos, la afirmación tiene un alcance distinto. Si encontramos, por ejemplo, la frase “la homeopatía constituye delito de estafa”, podemos preguntarnos: ¿viene en una ley (es decir, es una norma), en un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (es una interpretación general de una norma) o en una sentencia penal cualquiera (es una interpretación de una norma en un caso concreto)? Lo mismo pasa, por cierto, con el resto de boletines oficiales, por ejemplo los autonómicos.

Decir que tal cosa está en “la página cual del BOE de tal día” es no decir nada, al igual que lo sería decir que “aparece en la página 8 de El País”. Lo que hay que hacer es citar el acto concreto en el que aparece el contenido que nos interesa. Para ello hay que tener en cuenta que la mayoría de documentos públicos tienen un código identificador, compuesto por un número de serie y por el año de publicación: la Ley 11/2018 es la undécima ley que se publica en 2018, y así sucesivamente (1). Además, las leyes y reglamentos de alto nivel suelen tener un nombre acortado, que se puede usar en lugar de su número identificador: Código Penal, Ley Concursal, Ley del Procedimiento Administrativo Común, etc.

Dentro del texto hay que localizar también el artículo que nos interesa. Y eso nos lleva de cabeza al segundo error:

Citar cada subdivisión en que se enmarca el artículo
Toda norma jurídica tiene dos grandes partes. En primer lugar está el preámbulo o exposición de motivos, que no tiene valor jurídico: solamente es una declaración en la que se explica por qué se ha dictado esa norma, qué partes tiene y qué se busca con ella. En segundo lugar está la parte reguladora propiamente dicha, que contiene una serie de artículos numerados y luego unas pocas disposiciones que tratan temas generales.

Lo que aquí nos interesa son los artículos, que contienen el grueso de la regulación legal. Estos artículos están agrupados en diversas subdivisiones: cuanta más larga y compleja sea una norma, más subdivisiones habrá. Lo normal es que las normas se dividan en Títulos y estos en Capítulos, pero a veces los Títulos se agrupan en Libros (por ejemplo, en los Códigos civil y penal) y otras los Capítulos se dividen en Secciones y éstas en Subsecciones. Cada una de estas rúbricas trata de un tema. Así, en la Constitución el Título I trata de los derechos y los deberes fundamentales. Este Título está dividido en cinco Capítulos, cada uno de ellos con un tema concreto, y el Capítulo 2 se divide incluso en Secciones.

Pues bien, el error al que me refiero consiste en citar un artículo de la siguiente forma: “el artículo 33 de la Sección 2 del Capítulo II del Título I de la Constitución dice que…”. Se hace como si esta enumeración diera empaque o ayudara a la identificación del artículo. Ni lo uno ni lo otro. En cuanto al empaque, tanta paja entre el artículo y la norma de la que procede no hace más que dificultar la lectura. En cuanto a la identificación, tampoco vale para nada porque en una norma todos los artículos son correlativos: no hay más que un artículo 33 en toda la Constitución. Basta con decir, por tanto, “el artículo 33 de la Constitución dice que…”.

Si lo que queremos es citar varios artículos, incluso si son todos los que se incluyen en la subdivisión, lo que hacemos es citarlos como “artículos X a Z de la norma Y” o, incluso, “artículo X y siguientes”. Nadie dice que la estafa está regulada en la Sección 1 del Capítulo VI del Título XIII del Libro II del Código Penal, sino en los artículos 248 y siguientes del Código Penal.


Así pues, la cita de normas legales es más simple de lo que parece: “el artículo X de la norma Y” o “el artículo X y siguientes de la norma Y”. Rápido, sencillo y para toda la familia.




(1) Cuando no haya ese código (no lo llevan, por ejemplo, las convocatorias de becas y otros reglamento de carácter muy específico) al menos se podrá citar la fecha: resolución de la Dirección General de RR.HH. de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de fecha tal y cual.


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martes, 6 de noviembre de 2018

#LeoAutorasOct - Mis lecturas de 2018


Este año, mi #LeoAutorasOct se ha compuesto de once títulos, repartidos entre la ciencia ficción (8), la fantasía (2) y los superhéroes (1). Al contrario que en años pasados, he incluido también comics.

En la versión original de esta entrada había una reflexión sobre cómo puede ser difícil cumplir con el objetivo de este mes (lo cual es, claro, la gracia del asunto) y cómo al final decidí no computar los Mortadelos viejos y otras cosas releídas mil veces que uso como pasaojos antes de dormir. Pero con once reseñas, no hay mucho más que pueda decir antes de que la entrada se vuelva inmanejable. Así que directamente paso a comentar mis lecturas de octubre de 2018.


1. El piso mil (Katharine McGee, 2016)
En el año 2118, una supertorre de mil pisos domina Nueva York. En esta arcología de nuevo cuño, la estratificación social es física: las familias más ricas viven en lujosos apartamentos en los pisos superiores mientras que los pobres se hacinan en los inferiores. Un día, una joven cae desde la azotea del piso mil. ¿Ha resbalado, se ha tirado o la han tirado? El piso mil es el relato de los dos meses previos a esta muerte.

Novela juvenil contada, como ya viene siendo habitual, desde varios puntos de vista. Por un lado tenemos a Avery y Leda, las mejores amiguinchis de la snob sociedad de la cúspide de la torre, que sin embargo se irán separando. Luego está Eris, otra pija, que pronto descubrirá un desagradable secreto sobre su identidad y se verá obligada a buscarse la vida en los pisos inferiores. También está Rylin, una joven trabajadora que entra a servir en una casa rica. Y por último está Watt, que se gana la vida con trabajos de hackeo que ejecuta gracias a un ordenador cuántico ilegal que ha construido. Las vidas de los cinco se irán entrelazando hasta llegar a ese final: una chica (cuya identidad, por supuesto, no sabemos al principio) cayendo desde la torre.

He de decir que me costó entrar en El piso mil. Avery y Leda son tan pijas que al principio me daba igual su historia (un triángulo amoroso en torno al hermano adoptivo de Avery, aderezado por la condición de drogadicta recién desintoxicada de Leda) y solo quería que una revolución comunista socializara todas sus propiedades. Las penurias de Eris, como niña pija forzada a vivir en los barrios bajos, me daban también bastante igual. No me ayudaba tampoco el hecho de que toda la historia podría haber tenido un final mucho más satisfactorio si al menos uno de los protagonistas se hubiera sentado a hablar con sinceridad una sola vez.

Pero poco a poco la novela me fue enganchando, y al final me descubrí sin querer terminarla, para no enterarme de la identidad de la chica que cae. Las últimas páginas, cuando tomas conciencia real de que todo lo que has leído hasta ahora conduce hacia un desastre, son quizás lo mejor de la novela. En la parte positiva está también la representación, tanto de raza (Watt y Leda, aunque ésta es un poco tramposa porque solo nos enteramos de que es negra en las últimas páginas) como de orientación sexual (Eris es bisexual, y de hecho la única relación no tóxica del libro es la que tiene ella con otra chica). Probablemente busque la segunda parte.

2. Pájaro Burlón integral (Chelsea Cain y Kate Niemczyk, 2016)
Barbara Morse fue agente de SHIELD, pero fue herida de muerte en un tiroteo. Ahora ha resucitado, gracias a los efectos combinados del suero de supersoldado y la fórmula del infinito. Y tiene sus propios objetivos.

Pájaro Burlón ha sido siempre un personaje secundario de Marvel, una espía de SHIELD sin poderes especiales. Ha sido vengadora, esposa de Clint Barton, damisela en apuros y otras mil cosas. Ahora tiene serie propia, unos poderes equiparables a los del Capitán América y la capacidad de no envejecer. Ingredientes perfectos para hacer una serie potente.

Este integral incluye un cómic conmemorativo de los 50 años de SHIELD y los números 1 a 8 de la serie principal. En ésta se desarrollan dos historias: “Puedo explicarlo” (nºs 1 a 5) y “Mi agenda feminista” (nºs 6 a 8). La primera habla de los efectos que tiene en el organismo de Morse la mezcla entre suero de súpersoldado y fórmula del infinito: tiene la peculiaridad de que los cinco números pueden leerse en cualquier orden. La segunda es una descacharrante historia ambientada en un crucero friki, hacia el que Pájaro Burlón es atraída con promesas de pruebas de la inocencia de su ex marido en un crimen del que le acusan.

Lectura ligera, amena y divertida, con señoras dando hostias como panes. Yo no sé qué más se le puede pedir a un tebeo.

3. La rosa de las nieblas (Lola Robles, 1999)
Nilfheim es un mundo hostil y duro, habitado por un pueblo guerrero al que se desterró allí por sus crímenes contra la civilización galáctica. Ahora un niflungar se ha convertido en emperador de la galaxia, y sus modos tiránicos sobrepasan todo lo visto antes. Cuatro rebeldes, representantes de una alianza de planetas democráticos, viajan a Nilfheim con una misión: conseguir ayuda para derrocarlo.

Conseguí La rosa de las nieblas en una librería de segunda mano. Antes solo había leído una novela de la autora (Yabarí) y me había dejado con buen sabor de boca, así que decidí comprar este libro. Fue un acierto. La novela trata muchos temas; el principal, para mí, es el choque cultural. Los cuatro protagonistas pertenecen a sociedades avanzadas, y su choque con una sociedad feudal, racista y patriarcal es el principal motor del libro. Pero es que además ellos también influyen en Nilfheim (pese a todos sus intentos de no hacerlo), y el planeta que se nos presenta al final es muy distinto del que había al principio.

Lola Robles trata estos temas desde la perspectiva anarquista y feminista que se le presupone, pero lo hace con un realismo muy interesante: en cierto momento de la novela se dice que la organización de los rebeldes no es la acracia perfecta pero es un avance. Y es que la tensión entre cumplir con su tarea rápido y quedarse en Nilfheim a ayudar en las luchas de los esclavos y de las mujeres está presente en todo el libro.

Si esto fuera una reseña más larga podría hablar de otros temas del libro: su confusa situación entre ciencia ficción y fantasía, su representación LGTB (una protagonista bisexual que vive su sexualidad con normalidad), su discurso en torno a la no violencia, su mensaje claro sobre la conexión entre la lucha de las mujeres y la lucha de los esclavos, etc. Pero tengo que reseñar más libros en esta entrada, así que, si os he dejado con la curiosidad, buscad y leed La rosa de las nieblas. No os arrepentiréis.

4. Diez variaciones sobre el amor (Teresa P. Mira de Echevarría, 2017)
Diez relatos sobre amor, en sus formas más variadas. Amor entre un poeta-genetista y su obra, amor entre un hombre-pájaro y una mujer, amor entre un colono y una criatura alienígena, entre un humano y su familia de adopción extraterrestre, entre dos amigos que buscan un espíritu guía en un robot industrial, entre una viajera del tiempo y una joven medieval, entre dos clones… amor, en definitiva.

Este libro y yo tenemos una clara incompatibilidad de caracteres. No creo ser una persona que carezca de imaginación, y las sinopsis de estos relatos me resultan de lo más atractivas. Y sin embargo la obra no me ha acabado de convencer. Creo que es el estilo de la autora, que en muchos de los relatos ella misma define como abstruso o introspectivo. Varias veces me encontré pensando “pero este personaje, ¿por qué hace esto?” ante una acción con gran carga poética pero poco comprensible. Me pasa lo mismo con el lenguaje: a mí cuéntame las cosas en lenguaje natural y me tienes dentro, pero no me llenes los relatos de olores a pachulí y a bergamota, de imágenes poderosas y de adjetivos extraños.

Aun así, tiene relatos notables. “La poética de las sirenas”, “A su imagen”, “Otoño” o “Como a sí mismo” me han gustado bastante. Así que si te atrae esta temática y esta forma de escribir ciencia-ficción, es tu libro.

5. Gamusinos (Raquel Froilán, 2018)
Nadie quiere ir a Zntak. Es un planeta feo y peligroso, habitado por gente extraña con gran afición a las bromas pesadas. Sin embargo tiene dos virtudes: es un lugar de exilio formidable y tiene mucha caza. Esas dos características arrastran allí a Bernal (nombrado “antropólogo” con la clara instrucción de no volver nunca a los mundos civilizados) y a Aquiles Montchblanc (millonario, cazador y tipejo repulsivo en general). A los nativos no les va a hacer mucha gracia la llegada de ninguno de los dos.

Conocí a Raquel Froilán al leer “Deli Bal”, su relato en No son molinos: fue, quizás, la historia que más me gustó del volumen (compitiendo ahí ahí con “La encantá del barranco”, de Enerio Dima), y por ello tenía ganas de leer este Gamusinos. No me ha decepcionado. La autora desarrolla una novela corta rebosante de humor, que me ha sacado carcajadas más de un vez. Tiene cierta resonancia pratchettiana que me ha resultado de lo más satisfactoria.

Si tuviera que sacarle pegas, están el hecho de que el final es algo apresurado y la presencia de un par de errores de edición. Aun así, se lo perdono todo por las risas y por cómo juega con el lector en relación a los gamusinos que dan título a la novela.

6. Kalpa imperial (Angélica Gorodischer, 1983)
Kalpa es el imperio más grande que jamás ha existido. Ha durado milenios, ha tenido centenares de emperadores, ha cambiado de capital docenas de veces, ha ardido hasta los cimientos y se ha vuelto a levantar. Vamos a conocer once momentos de su historia.

De Angélica Gorodischer leí Trafalgar en el #LeoAutorasOct dehace dos años. Me encantó y me quedé con ganas de Kalpa imperial, una obra que Ursula K. LeGuin consideró tan importante que ella misma se encargó de traducir al inglés. Sin embargo, al final me pasó aquello de dejarlo en el Kindle y no encontrar nunca momento para leerlo. Ahora lo he leído y me da pena no haberlo hecho antes.

Kalpa Imperial es una colección de once cuentos que narran once momentos de la historia de este imperio de fantasía. No están ordenados de forma cronológica, así que nunca sabes si lo que estás leyendo va antes o después de lo que acabas de leer. En algunos casos los relatos tratan de breves anécdotas de tal o cual personaje; en otros, se cuentan historias corales que abarcan siglos. Normalmente los protagonistas son los emperadores o las personas que trabajan para ellos; en otros casos, sobre todo hacia el final, la narración desciende a contar asuntos más domésticos.

Y si las narraciones de este volumen son bonitas y llenas de fantasía, no menos interesante es la voz del narrador. Porque diez de los relatos empiezan con la misma frase, tres palabritas de nada que lo cambian todo: “Dijo el narrador:”. Están contados como si fueran las historias que, en la propia Kalpa, recita un narrador en las calles para ganarse el pan. Bueno, un narrador o varios, porque de alguna manera Gorodischer se las arregla para que muchos de ellos tengan personalidad definida. Y la experimentación formal no acaba aquí: a veces, la voz del narrador se entremezcla con la de otros personajes, testigos de la historia e incluso sus protagonistas. Todo ello se hace con gran eficiencia, pues la autora nunca olvida que su objetivo es contar una historia.

El volumen venía gustándome mucho (algunos relatos más que otros, como siempre, pero en general el nivel era alto) y entonces llegamos al último relato. El undécimo, el único que no está narrado en una plaza de Kalpa. Y me dejó con las patas vueltas, como se suele decir. En este relato, protagonizado por los miembros de una caravana que cruza el desierto, se cuentan leyendas sobre el origen del mundo y del imperio (que, en Kalpa, lo mismo son). Y es en esas leyendas donde aparece nuestro mundo, claramente identificable pero deformado, como si la única fuente de información sobre él fueran viejas películas de Hollywood que alguien vio hace generaciones y cuyos argumentos se han convertido en mitos fundacionales.

¿Qué es, entonces, Kalpa? ¿Es nuestro mundo en el futuro? ¿Es un planeta colonizado por humanos que perdió el contacto con el mundo matriz? A saber. Si queréis darle vueltas y fabricar vuestra propia respuesta, ya sabéis: los once relatos de Kalpa Imperial os esperan.

7. El ciclo de Xuya (Aliette de Bodard, 2014)
8. En una estación roja, a la deriva (Aliette de Bodard, 2012)
En 1411, un barco chino llega a las costas americanas. Tiene más intención de comerciar que de conquistar, por lo que el contacto se hace de forma mucho menos violenta. Cuando los europeos llegan en 1492, los americanos ya han pasado todas las enfermedades euroasiáticas que en la vida real los diezmaron, y han aprendido a usar la pólvora. La historia, por tanto, es muy diferente.

“El ciclo de Xuya” es un libro de relatos dividido, muy claramente, en tres partes. En la primera se cuenta la historia de Norteamérica durante el final del siglo XX y el principio del XXI. Es una Norteamérica ucrónica, dividida en tres Estados: Xuya (una excolonia china), Magna Mexica (un imperio neoazteca que combina la más avanzada tecnología informática con los sacrificios humanos) y EE.UU. (un empobrecido país anglófono, que llega solo hasta las Rocosas). Las historias de esta primera parte tienen un marcado toque policiaco: dos de ellas, por ejemplo, son investigaciones de asesinato.

En el segundo tercio, la ucronía cede el paso a la ci-fi clásica. Estamos en el siglo XXII y la exploración espacial se lleva a cabo gracias a las Mentes, engendros mecánicos gestados en un vientre humano que son capaces de controlar las naves. Por último, en la parte final de esta recopilación se nos habla del conflicto entre una federación galáctica de corte occidental y los exiliados rong (descendientes de vietnamitas) tras la guerra civil en su planeta. Quizá el principal problema que tiene este volumen es que la vinculación de este último tercio con los dos primeros resulta como mínimo difusa: Xuya, Magna Mexica y demás son nombres que nadie pronuncia a estas alturas.

Para salvar esta distancia (distancia real: los cuentos de la última parte de “El ciclo de Xuya” no fueron originalmente concebidos como parte de este universo) la autora escribió En una estación roja a la deriva, una novela corta sobre una estación espacial a la que llegan refugiados de una guerra. Esta novelette actúa de puente y además cuenta una historia interesante y conmovedora.

El tema principal de “El ciclo de Xuya” es el desarraigo. Muchos de los personajes lo viven de una forma u otra: o no encajan en su cultura, o son emigrados (xuyanos en Magna Mexica o mexicanos en Xuya), o no son heterosexuales, o son refugiados de guerra. En este sentido, se agradece que En una estación roja a la deriva sea algo más larga y aporte mayor variedad temática, porque tanto desarraigo se me llegó a hacer repetitivo. Puede ser, de hecho, que En una estación… me gustara más que el libro de relatos, porque hay más tiempo para conocer (y querer u odiar) a los personajes.

En todo caso estamos ante una obra sobresaliente, que emociona y evoca a partes iguales.

9. Bitch Planet, libro uno (Kelly Sue DeConnick y Valentine De Landro, 2017)
EE.UU. es un patriarcado. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora lo es literalmente: está gobernado por un grupo de hombres denominado “los padres”. Ser mujer en este nuevo país es complicado: cualquiera demasiado agresiva, demasiado gorda, demasiado pudorosa, demasiado sexual o demasiado, en definitiva, “no conforme”, es enviada a un planeta de exilio y no vuelve a la Tierra. El cómic narra la vida de un grupo de habitantes de este “planeta de las zorras” a las que se les ofrece una aparente posibilidad de redención: participar en un torneo de Megatón (el deporte de moda, ultraviolento) contra equipos profesionales.

Tuve la duda de si leer Bitch Planet dentro del #LeoAutorasOct. La cuestión es que la guionista es mujer pero el dibujante no. ¿Se trata de leer obras con alguna mujer entre sus autores o de leer obras creadas íntegramente por mujeres? Además, en cómic hay un problema especial, y es que aparte de guionista y dibujante hay acreditados una pluralidad de profesionales (entintador, colorista, rotulista), y uno se pregunta si son autores o no.

Al final, después de debatirlo por Twitter, mi criterio es: leeré obras colectivas en octubre si tienen al menos a una autora en su grupo de creadores, y en cómic consideraré autores solo al guionista y al dibujante. Esto me ha permitido leer este fantástico tebeo en octubre. Me lo bebí en un par de horas (no es muy largo) y me he quedado con ganas de más: por suerte el segundo tomo ya está publicado en español.

Estamos ante una obra coral, protagonizada por todo un grupo de reclusas y también por las personas que deciden lanzar la idea de un equipo femenino de Megatón. Por ello, los cinco números contenidos en este tomo tratan una pluralidad de temas: la gordofobia, las jerarquías, la rebelión, la necesidad (o no) de entrar en el sistema para destruirlo desde dentro… La escena inicial pone un nudo en la garganta, y de ahí en adelante la cosa no deja de mejorar.

Mención aparte merecen las páginas finales de cada número, en las cuales hay supuestos anuncios de mecanismos para adelgazar o para ser perfecta, mezclados con propaganda subversiva.

10. Hijas de la guerra (Ana Roux, 2018)
URS-UL4 es un planeta helado donde solo hay una base militar. El sitio es desagradable pero tranquilo, y ha permitido que la doctora Vaani Kumar y la soldado Sahar Javadi desarrollen una bonita relación de pareja. Por desgracia, las cosas buenas nunca duran. La humanidad está en un tenso armisticio con un misterioso Enemigo, y cualquier cosa puede mandar la paz al carajo.

Escogí este libro por la autora, cuyo trabajo ya me había gustado mucho en No son molinos. Cuando lo abrí me di cuenta de algo curioso: está catalogado en Argos, la colección de fantasía de la editorial Cerbero, cuando por el planteamiento (planetas helados, militares futuristas, naves espaciales) habría sido obvio su encuadramiento en Wyser, la serie de ciencia ficción. Después de leerlo solo voy a decir que su adscripción a Argos es perfectamente válida, y que en ello tiene que ver el mote que le ha puesto el editor a la novela: “la de los centauros espaciales”.

Aparte de eso, es un poco más larga que el bolsilibro estándar de Cerbero, y eso se agradece. Muchas veces me ha pasado (se puede ver en este mismo artículo, con Gamusinos) que los libros de esta colección me parecen terminados con cierto apresuramiento, como si el autor se hubiera dado cuenta de repente de que se le acababan las palabras. A Hijas de la guerra no le pasa: cuenta la historia que quiere contar de una manera solvente y entretenida, con personajes bien definidos e incluso entrañables. Me ha tenido enganchado hasta el final. Así sí.

11. La estación del crepúsculo (Kate Wilhelm, 1976)
La crisis ecológica golpea con fuerza. En principio parece que la familia Summers se va a poder librar: es enorme, tiene mucho dinero, vive en un valle aislado, cuenta con profesionales de todas las ramas… Sin embargo, ni siquiera ellos pueden acabar con la esterilidad que se extiende por humanos y animales. La única solución parecen ser los clones.

Kate Wilhem es una autora injustamente infravalorada en nuestro país. Que yo sepa, solo dos de sus novelas se han traducido al español: ésta (también publicada como Donde solían cantar los dulces pájaros) y Casa inteligente, un libro de intriga con apenas componente ci-fi, que encima es el tercero de una saga. Ah, editoriales españolas de género: siempre cuidando el producto.

Tenía pendiente La estación del crepúsculo desde que me la recomendaron hace meses (además, Casa inteligente me gustó), y no ha sido una mala lectura. Está dividida en tres novelas cortas: una protagonizada por David, el hijo más joven de la familia Summers; otra centrada en Molly, una clon que participa en la primera expedición post-apocalipsis; y la última basada en Mark, el único humano individual en una sociedad de hermanos clónicos. La primera es quizás la peor, porque en ella pasan muchas cosas muy seguidas y hay demasiada terminología científica innecesaria. Además, las otras dos novelas tienen más relación entre sí que con la primera.

A nivel científico, se nota que la novela tiene ya unos pocos años. La idea de una crisis ecológica que golpea en media docena de frentes (desde la esterilidad de los mamíferos hasta los problemas en las cosechas) y que sucede de un año para otro parece hoy ampliamente superada. Pese a esta visión tan naif, estamos ante una interesante (y a ratos estremecedora) novela de clones, centrada en la temática de hasta qué punto la individualidad nos es vital para sobrevivir.


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miércoles, 31 de octubre de 2018

Matrimonio y pareja de hecho


Hoy me han preguntado por la diferencia entre matrimonio y pareja de hecho. No es la primera vez. Parece que una de las muchas cosas que se han cargado los millennials es el matrimonio, porque a mi alrededor hay bastante gente a la que le cuesta entender la diferencia. Y lo cierto es que esas diferencias existen, aunque son cada vez más pequeñas. Por eso, para no liarse, vamos a analizar ambas figuras.

Podemos definir el matrimonio como el negocio jurídico que le daba efectos legales a la convivencia conyugal. Se trata de un conjunto de formalidades que cambian el estado civil de los participantes. Hasta entonces estaban solteros, ahora están casados. Eso determina toda una serie de derechos y deberes: acceso a pensión de viudedad, posibilidad de presentar declaración conjunta de IRPF, permisos para cuidar al otro cónyuge, derechos hereditarios, etc. También a nivel económico hay diferencias sustanciales.

Durante buena parte de la historia, casarse ha sido un acto importante. Trascendente, incluso. No solo por el cambio que significaba a nivel social (era un rito de paso), sino porque se trataba de algo irrevocable. En la cultura católica el matrimonio era indisoluble salvo casos de no consumación. Incluso cuando en España se aprobó el divorcio, era complicado acceder a él: primero había que separarse, luego dejar pasar una cantidad de años y por último alegar una causa de divorcio de las tasadas en la ley. Sí, se trata de algo que hoy en día cuesta comprender, pero tenías que pedirle a un juez que te divorciara y éste podía negarse.

En esta situación, no es extraño que la gente pasara de casarse. En cuanto acabó el franquismo y la sociedad se abrió un poco, empezó a haber parejas que convivían pero no estaban casadas. Tiene sentido: casarse era un compromiso muy grande en tiempos cada vez más cambiantes, y cuando las cosas van bien nadie echa de menos los derechos que te da el estar casado. Así, comenzaron a proliferar parejas que se llamaron “de hecho” en contraposición a los matrimonios, que serían las parejas “de derecho”. Los miembros de las parejas de hecho no cambiaban de estado civil ni adquirían derechos especiales.

Ahora bien, pronto estas parejas de hecho empezaron a reclamar derechos. Es un cierto sinsentido jurídico (la “pareja con derechos” ya existe: es el matrimonio), pero la cosa es que coló. Empezaron a aparecer registros autonómicos de parejas de hecho, que tienen exactamente la misma función que el Registro Civil en el caso de los matrimonios: probar a terceros que la pareja existe. Y poco a poco las leyes fueron equiparando ambas figuras en distintos temas.

Algunos ejemplos son muy lógicos. Por ejemplo, cuando en 2004 se aprobó toda la legislación de violencia de género, se equiparó al matrimonio con las “relaciones de análoga afectividad” incluso sin convivencia: no vamos a dejar desprotegidas a mujeres solo por el hecho de no estar casadas. Un poco la misma lógica rige toda la legislación sobre derechos del menor frente a sus progenitores, donde no importa si hay matrimonio o no. Sin embargo, en otras áreas no era tan imperativo igualar derechos y aun así se ha hecho: muchas Comunidades Autónomas han equiparado el matrimonio y la pareja de hecho en materia hereditaria (1), también se ha hecho en algunos convenios colectivos a efectos de derechos laborales, y a nivel estatal son iguales en cuanto a derechos en el alquiler de vivienda.

Mientras todo esto pasaba, el matrimonio perdía esa nota de irrevocabilidad que le había caracterizado siempre. La reforma del divorcio de 2005 facilitó muchísimo la disolución del matrimonio: ahora uno se puede divorciar después de solo tres meses de casado, sin separación previa y sin necesidad de alegar causa. En 2015 se dio a los notarios la posibilidad de tramitar los divorcios de mutuo acuerdo, lo que aceleró aún más los procesos. Hoy en día, divorciarse es cuestión de semanas.

Además, vivimos en una sociedad mucho más abierta y menos pacata que hace cuarenta años: el matrimonio se ve de forma mucho más pragmática, como una forma de adquirir derechos, no como un medio de perfeccionar el amor de pareja. Se ha reducido la carga simbólica de las bodas, porque todo el mundo es consciente de que el matrimonio es un estado temporal. Sí, la gente sigue invirtiendo dinero en hacer bodorrio, pero se centran en el convite: en cuanto a la ceremonia, cada vez más parejas optan por prescindir de ella. Los matrimonios religiosos se han desplomado e incluso se ha hecho común celebrar el banquete un día e “ir a firmar” (es decir, casarse propiamente) otro.

El resultado de todo esto es que el matrimonio y la condición de pareja de hecho se han ido acercando. Han desaparecido tanto la principal traba para casarse (la dificultad para divorciarse) como la consideración social del matrimonio como acto solemne y único; al mismo tiempo, muchas de las desventajas de la pareja de hecho se han ido limando. Hoy en día las principales diferencias entre matrimonio y pareja de hecho son en materia de herencia en las Comunidades Autónomas de derecho común y en materia de pensión de viudedad (2). Aparte de eso, ambas figuras se parecen mucho.

Así pues, la confusión es normal. Esto no lo podríamos haber afirmado hace treinta años, pero ahora sí: el matrimonio y las parejas de hecho se parecen mucho. Y la equiparación no puede más que avanzar, según vayan ampliándose los tipos de familia y la gente siga reclamando derechos sin tener que pasar por el aro de casarse. Que así sea.





(1) En España hay dos clases de Comunidades Autónomas: las forales (que tienen su propio derecho civil) y las comunes (que aplican el Código Civil estatal). Lógicamente solo las Comunidades Autónomas forales han podido intentar esa equiparación.

(2) A nivel fiscal, también es cierto que solo los matrimonios pueden hacer la declaración conjunta del IRPF. Pero no lo cuento como una ventaja porque esa modalidad solo beneficia a las parejas en las que entra un único salario, situación rara entre quienes optan por pareja de hecho.


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lunes, 29 de octubre de 2018

El militar de la Manada expulsado del Ejército

Los delitos mediáticos generan grandes quebraderos de cabeza a todas las personas relacionadas. Hablemos, por ejemplo, del caso de la Manada. Dos de los condenados son trabajadores del sector público, y encima en ramas tan sensibles como la Guardia Civil y el Ejército. Cuando este dato trascendió, se alzó un clamor exigiendo su expulsión. Sin embargo, la Administración Pública no lo tiene tan fácil a la hora de echar a alguien, pues sus normas de despido son, comprensiblemente, rígidas.

Pensemos en Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de la Manada. Cuando entró en prisión preventiva, fue suspendido en funciones. La suspensión se produce cuando un militar resulta implicado en un proceso penal o en un procedimiento disciplinario por falta muy grave. No puede durar más de seis meses o del tiempo que se pase en prisión preventiva; como cuando a Cabezuelo se le levantó la prisión provisional (junio de este año) ya habían pasado más de seis meses desde su imputación, el Ejército no tuvo otra que reincorporarle al servicio activo. Eso sí, sin asignarle destino, una posibilidad que prevé la ley para los casos en que aún está pendiente la sentencia firme.

Estos días, ha salido una nueva noticia: las Fuerzas Armadas directamente expulsan a Cabezuelo. Cabezuelo tenía lo que se conoce como “compromiso de larga duración”: había firmado para ser militar hasta los 45 años. Este compromiso puede resolverse en caso de condena por delito doloso (artículo 10.1.i de Ley de Tropa y Marinería). Ojo, he dicho “puede resolverse”. Esto no es como el final de la situación de suspensión de servicios, que es automática, sino que aquí hay que instruir un expediente y dar audiencia al interesado. Ese expediente ya se ha instruido y el Ejército ha decidido que Antonio Jesús Cabezuelo no puede seguir siendo miembro de las Fuerzas Armadas.

Cabezuelo ha dicho que recurrirá. Y, por mucho que me duela, creo que tiene razón. La condena en el asunto de la Manada todavía no es firme. Es cierto que la ley no requiere la firmeza para resolver el compromiso (habla simplemente de la “imposición de condena por delito doloso”), pero a mí me parece un requisito obvio. Una condena no firme es una condena que aún es recurrible (en este caso, de hecho, está recurrida) y que, por tanto, puede ser anulada en una instancia superior. No se puede ejecutar, y si no se puede ejecutar no debería tener otras consecuencias ni habría que tenerla en cuenta para nada.

Derivar efectos de una sentencia que aún no es firme es de lo más discutible desde el punto de vista jurídico. Además, plantea una serie de problemas prácticos bastante importantes. Supongamos que el TSJ o el TS absuelven a Cabezuelo. La decisión de resolver su compromiso con el ejército sería ya firme (ya sabemos cuánto tardan las cosas en este bendito país), por lo que no se podría recurrir. Cabezuelo tendría que iniciar su carrera profesional desde cero, y a lo mejor ya ni siquiera podría por razones de edad. En otras palabras, tendríamos a una persona que ha resultado absuelta pero a la que se ha expulsado de su trabajo como si estuviera condenada. Ya digo: un sinsentido.

Más allá de estas cuestiones formales, está la pregunta (planteada por @nielisse en Twitter, y que ha sido la que me ha motivado a escribir esta entrada) de hasta qué punto es útil, desde la perspectiva de la reinserción, privar a un delincuente condenado de su medio de vida. En otras palabras: ¿tiene razón ese clamor popular pro-expulsión del Ejército del que hablábamos al principio? Es una pregunta difícil, porque creo que aquí nadie siente la menor simpatía por Cabezuelo, pero hay que hacérsela.

El problema es que no hay respuesta fácil. No solo es una cuestión ética y no fáctica, sino que hay que tener en cuenta muchos factores: el derecho a la reinserción de Cabezuelo, la naturaleza y gravedad del delito, el tipo de trabajo del que se pretende echarle, el derecho de la Administración de evitar que sus trabajadores cometan conductas que le impidan conseguir sus fines constitucionales, etc. Me da la sensación de que no se puede dar una solución general, sino que hay que ponderar cada caso.

Por ejemplo, veamos el tipo del delito. El propio Cabezuelo tiene condenas anteriores por delitos de riña tumultuosa (peleas grupales, como las de bar o las de bandas) y nunca se ha valorado su expulsión del ejército (1). Sin embargo, no es lo mismo una pelea de bar que un abuso sexual que veremos si no acaba calificándose como violación. La gravedad, la intencionalidad, y la   afectación a bienes jurídicos de terceros no tienen nada que ver entre ambos delitos.

El hecho de que el delito sea privado (es decir, que no se haya cometido en relación a la condición militar de Cabezuelo) no es, en principio, impedimento para su expulsión. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen más que dicho que la finalidad de la Administración es servir los intereses generales y que por ello la conducta privada de sus trabajadores no es de su incumbencia salvo que redunde en perjuicio del servicio. Esta doctrina se ha aplicado, por ejemplo, a oficiales de policía: se ha considerado que la Administración tiene derecho a que éstos sean irreprochables penalmente, pues tener unos cuerpos policiales formados por delincuentes condenados afecta sin duda al servicio público. La misma doctrina se puede trasladar a los militares.

En cuanto a la reinserción, no la veo comprometida aquí. Los mecanismos de reinserción deben adecuarse al delincuente y a las razones que le han llevado a delinquir. Si hay una adicción de por medio, habrá que intentar curarla; si se trata de problemas psicológicos, imponer el tratamiento adecuado; si estamos ante una persona que delinque para vivir, procurarle otros medios de vida. En la mayoría de esos casos, privar al condenado de su trabajo afecta directamente a su derecho a la reinserción.

El caso de Cabezuelo no es así. Cabezuelo y sus secuaces no cometieron su delito por ninguna de estas causas, así que el hecho de que tengan un trabajo concreto no es demasiado relevante. La reinserción vendrá, si es que viene por algún sitio, por cursos de formación, concienciación y sensibilización. Que Cabezuelo siga siendo militar no incide demasiado en su proceso de reinserción, y sí perjudica la imagen y los intereses de la Administración del Estado, por lo que en este supuesto pienso que está justificada su expulsión. Siempre, por supuesto, que se alcance una sentencia firme condenatoria.

Los mismos argumentos se aplican, claro está, al guardia civil de la Manada. Sin embargo, sí estaría en contra de que un empleador privado los despidiera: una cosa es que tener tal o cual trabajo no sea relevante para la reinserción y otra que les vayan despidiendo de todos los sitios donde consiguen ser contratados. Pero en fin, nada que no sepan los miles de excarcelados de este país que intentan encontrar trabajos legales.

Es importante no olvidar que los derechos fundamentales están en una pendiente resbaladiza permanente, y que los reclusos se encuentran en la parte de debajo de la rampa. Son los canarios en la mina. Por muy mal que nos caigan y por muy injustificables que sean los delitos que han cometido, no podemos ceder al populismo punitivo. No ya por compasión o por empatía, sino por mero egoísmo: nosotros vamos detrás.









(1) Dato que sabemos por su abogado, que en vez de callarse la boca lo ha usado como argumento a su favor en este caso.


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jueves, 18 de octubre de 2018

Una resolución republicana


El otro día el Parlament catalán aprobó una resolución antimonárquica. Esta afirmación, que en una democracia de verdad resultaría casi trivial (¿de verdad que los Comunes y los independentistas son contrarios a la monarquía? ¡Nunca lo había pensado!), ha traído toda clase de llanto y rechinar de dientes. Para saber de lo que hablamos, voy a transcribirla. ¡Y en español, por si eres de los que se empeñan en ir a Cataluña y no obedecer letreros escritos en catalán porque “no tengo obligación de entenderlos”!

Se trata de una resolución “Por la defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales”, y dice así en dos de sus puntos:

El Parlamento de Cataluña:
3.- Rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre.
4.- Reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por l abolición de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía.

Y ya está. Eso es todo. Una condena a cierta actuación de una autoridad pública y un rechazo genérico de la monarquía como institución. Uno podría preguntarse, con cierta retranca, qué hace el Parlamento de la independiente república catalana pronunciándose sobre la forma de Gobierno del reino de España, pero más allá de esa broma es una toma de posición perfectamente asumible. No llama a la violencia, no pide la guillotina en la Puerta del Sol, no reclama la toma del Palacio de la Zarzuela… es un simple “esto no me gusta”.

Esta declaración política debería haber tenido una respuesta política por parte del Estado. Ciertamente, Carmen Calvo afirmó que esa respuesta política iba a darse, y es lógico. Así funciona la política: tú dices una cosa, yo digo otra, si son compatibles nos pondremos de acuerdo y si no no. El problema es que para el Gobierno la “respuesta política” es llevar al Tribunal Constitucional la resolución parlamentaria catalana.

Hay vía para ello. Los artículos 76 y 77 LOTC, basados directamente en el artículo 161.2 CE, permiten recurrir no solo las normas legales de los Parlamentos, sino también las “disposiciones y resoluciones” sin fuerza de ley adoptadas por cualquier órgano autonómico. Aquí estaríamos ante lo que el reglamento del Parlamento catalán llama “resolución”: se trata de mociones “para impulsar la acción política y de Gobierno” (artículo 167 RPC) que en este caso se presentan después del debate anual sobre la orientación política del gobierno autonómico (artículo155 RPC).

El recurso del Gobierno se sustancia por los mismos trámites que el conflicto de competencias positivo (se trata como si el Parlamento catalán se hubiera atribuido funciones que no tiene), y tiene la peculiaridad de que produce la suspensión del acto recurrido. Es decir, que si al final el Gobierno lo interpone, la resolución antimonárquica quedaría suspendida y todos podríamos leer en la prensa que “el Tribunal Constitucional suspende la declaración del Parlamento de Cataluña”. Lo cual no es cierto: la suspensión se produce de forma automática, y el Tribunal Constitucional lo que puede hacer es levantarla.

Sin embargo, que exista un cauce procesal para llevar este asunto no impide que todo el tema me llene de perplejidad. Los artículos constitucionales y legales que he citado están pensados para servir como cláusula de cierre en relación a la impugnación de normas. De normas, no de declaraciones políticas. Es cierto que su dicción literal permite recurrir cualquier clase de “disposición o resolución”, pero toda la regulación está pensando en disposiciones que contengan normas, no con rango de ley (para eso está el recurso de inconstitucionalidad) pero sí con intención de obligar: el reglamento del Parlamento autonómico, decretos de cualquier tipo, circulares internas, etc.

Buena prueba de ello es el propio hecho de que se prevea la suspensión del acto recurrido. Algo se suspende para que no tenga efectos mientras se decide si es constitucional o no lo es. Las declaraciones políticas no tienen efectos: se agotan en la propia toma de la decisión. ¿Cómo se suspende un posicionamiento político? “Soy republicano”; “No, mire, no lo es hasta que no decidamos si le levantamos la suspensión, para lo cual tenemos un plazo de cinco meses”. Es absurdo.

Es más: ¿cómo se argumenta la inconstitucionalidad de un posicionamiento político? Existirían dos mecanismos: por la forma y por el fondo de la declaración. Por la forma, se trataría de negar que el Parlamento de Cataluña pueda pronunciarse sobre política; en otras palabras, entender que la resolución es inconstitucional porque su autor no es competente para dictarla. Pero eso es absurdo: la práctica parlamentaria de todo el mundo está llena de cámaras que votan sobre cuestiones políticas. Uno casi podría decir que la función de un Parlamento es, precisamente, debatir sobre la actualidad política. Y está bastante claro que la actuación pública de un jefe de Estado y la forma de gobierno de un país son dos materias políticas.

Parece que el Gobierno va a escoger la otra vía, la relativa al fondo: se trataría de afirmar que las expresiones políticas antimonárquicas son inconstitucionales. Así lo ha dicho Calvo, quien ha afirmado que la figura del jefe de Estado debe quedar fuera del debate partidista. Esto es una mamarrachada como un piano, y además peligrosa. ¿Cómo que no podemos discutir sobre la figura del rey? Claro que podemos, precisamente porque esto es (o se supone que es) una democracia con libertad de expresión.

El rey es una figura pública sometida a la crítica. La monarquía es una forma de gobierno con la cual se puede estar de acuerdo o no. El pensamiento republicano es plenamente lícito, como lo es cualquier ideología que pretenda una modificación constitucional. Y si esto es así, tan lícita es la expresión republicana hecha por un particular como la hecha por una institución pública siguiendo el juego de las mayorías. Me pone de mal humor que haya que estar recordando esto a estas alturas.

En cuanto al recurso, le preveo poco recorrido. Es posible que ni se presente, y si se presenta no irá a ninguna parte. Creo que ni siquiera un Tribunal Constitucional tan politizado como el nuestro va a convalidar semejante ataque a la libertad de expresión. Claro, puedo equivocarme, pero la verdad es que espero no hacerlo: solo faltaría que el Tribunal Constitucional declarase que, en España, el pensamiento político republicano es inconstitucional.




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