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martes, 20 de agosto de 2019

Una nueva casa de apuestas


Hay una anécdota, posiblemente apócrifa pero muy ilustrativa, protagonizada por John Neville Keynes, el padre del economista que inventó el keynesianismo. John Neville era también economista, y vivió los locos años ’20, una época caracterizada por la fuerte inversión especulativa en Bolsa. Toda la clase media estadounidense se lanzó a invertir en el mercado de valores, no con intención de comprar acciones de empresas sólidas que dieran dividendos a final de año, sino de revender una o dos semanas después para sacar una ganancia. Un movimiento especulativo de libro, que acabó generando una separación dramática entre el estado real de las empresas y su cotización bursátil.

La cuestión es que John Neville Keynes estaba un día en la peluquería y su peluquero, un hombre sin formación económica, le vino a decir que él invertía mucho en Bolsa, que era muy fácil y se ganaba siempre. Keynes senior le dio la razón y, en cuanto salió de allí, vendió todas sus acciones. ¿Por qué, si el mercado no dejaba de crecer? Porque cuando la Bolsa se llena de gente que no tiene un conocimiento profesional de las inversiones (en definitiva, que no sabe lo que hace), el desastre está asegurado (1). A las pocas semanas, la burbuja estalló en el famoso crack del ’29.

La anécdota es, como digo, probablemente apócrifa, entre otras cosas porque John Neville Keynes era inglés y en el Reino Unido no estaban para tanta fiesta bursátil. Pero me ha venido a la cabeza al ver la cantidad creciente de anuncios de plataformas de inversión, que facilitan que cualquiera, sin formación ninguna, solo con una conexión a Internet, invierta todo el dinero que tiene (y el que no tiene) en a saber qué tocomochos. Como dijo Keynes Sr., en ese caso el desastre está asegurado, si no para la economía en su conjunto, al menos para el pobre infeliz que se ha metido ahí.

Vayamos a lo básico. Una inversión tiene, a los efectos que nos interesa, tres parámetros:

  • Rentabilidad, es decir, la cantidad de dinero que vas a sacar por euro invertido.
  • Riesgo, es decir, la posibilidad de perderlo todo porque la inversión no salga bien.
  • Liquidez, es decir, la posibilidad que tienes de recuperar el dinero metido antes de que se complete la inversión.

Por ejemplo, una cuenta bancaria tiene una rentabilidad muy baja, pero a cambio el riesgo es casi nulo y la liquidez es plena, ya que de hecho el principal atractivo de ese producto es la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras. Un plazo fijo suele tener una rentabilidad más alta, a cambio de perder liquidez: mientras dure el plazo no puedes sacar ese dinero. Y así sucesivamente.

Quizá no se te haya escapado que en los dos ejemplos anteriores he puesto “a cambio”. Y es que es así: la rentabilidad tiene una relación directa con el riesgo (a más riesgo más rentabilidad) y una relación inversa con la liquidez (a menor liquidez más rentabilidad). Es lógico, porque si tu negocio tiene muchas probabilidades de fracasar o exige que el dinero esté parado durante mucho tiempo, necesitas aumentar el “caramelo” para que la gente invierta en él. La conclusión es que si una inversión tiene una rentabilidad alta, es o porque es arriesgada o porque es poco líquida, o incluso por ambas cosas.

Y ahora entramos a eToro, que ya desde el principio ofrece rentabilidades obscenas, de hasta el 20% o incluso más. Esto debería ser el primer signo de alerta para el inversor que tiene poco dinero para perder. Lo segundo que llama la atención, o que llamaba cuando me metí a la página por primera vez (y lo digo en pasado porque creo que ya lo han retirado) es este anuncio. En él, viene a decir que puedes ganar dinero sin esfuerzo, porque puedes echarle un ojo a lo que están haciendo los inversores de mayor éxito y “engancharte” a sus inversiones, de manera que si él compra tú compras y si él vende tú vendes de forma automática.

Estupendo. O sea, que lo primero que se destaca en la web es que permite un comportamiento de free rider. El free rider, polizón, parásito o gorrón es, en contextos políticos y económicos, alguien que obtiene un beneficio de algo sin pagar sus costes, como el típico trabajador que no hace huelga pero está el primero para aprovechar las ventajas que se logren en la misma. Es un comportamiento que se debe desincentivar, pero eToro, al menos durante un tiempo, construyó su imagen de marca y su publicidad alrededor del mismo: puedes copiar las meditadas inversiones de usuarios que han gastado mucho tiempo en informarse y en decidir.

Pero si ese fuera el único problema, ni tan mal. Cuando empiezas a navegar por esta página, abajo del todo hay un aviso emergente en letra pequeña, como los que se usan para advertir de las cookies. ¿Qué dice? “Los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75% de las cuentas de inversionistas minoritarios pierden dinero cuando intercambian CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero”.

¡Madre mía con la ganancia segura! Supongo que esto es un aviso obligatorio por ley, y es de agradecer que exista, porque puede mantener alejado de esta plataforma a un buen número de consumidores. El problema, claro está, reside en quienes sobreestimen el riesgo y piensen que son capaces de estar en el 25% restante. Spoiler: no pueden. Debido a las dos cosas que mencionan en la advertencia, y que son el apalancamiento y los CFD.

El apalancamiento es una forma de abaratar las inversiones. Por ejemplo, un apalancamiento de 20:1 quiere decir que, por cada 20 € que cueste el activo, yo pago 1. En otras palabras, que solo pago el 5%. Si una inversión cuesta 10.000 €, con un apalancamiento del 20:1 yo pagaría solo 500 €. El resto, lógicamente, los está poniendo el intermediario, que en este caso es eToro (2). Y si todo va bien, pues no pasará nada, porque el intermediario se cobrará de mis ganancias y a mí me dará la diferencia. Pero si todo va mal, resulta que debes dinero como si hubieras invertido 10.000. Ahí va.

Este apalancamiento se utiliza para invertir en CFD. Los CFD, o contratos por diferencia, son mecanismos puramente especulativos, donde dos partes apuestan (y os juro que no se me ocurre una palabra más adecuada) acerca de si un determinado activo subirá o bajara de precio. Este activo puede ser cualquier cosa: acciones, divisas, el índice de una determinada bolsa, productos básicos, lo que sea. Pero ninguna de las dos partes del contrato tiene que tener de verdad esos activos, sino que simplemente están viendo a ver si suben o si bajan de precio.

En ese contexto, la apuesta es sencilla. El inversor abre un contrato diciendo que el activo subyacente va a subir de precio (entonces se le denomina “comprador”) o que va a bajar (se le llama “vendedor”). Estas ofertas se publican en webs como eToro, aunque justo es reconocer que, si bien es la que estoy tomando como ejemplo porque es la que conozco por su publicidad, hay otras cien. Otro usuario ve la oferta y la acepta, con lo que se convierte en la contraparte del contrato. Por fin, llega un momento en el que el inversor decide terminar el contrato. Si ha ganado (es decir, si “compró” y el activo ha subido o si “vendió” y el activo ha bajado), el otro le paga una cantidad de dinero que es mayor cuanto más se haya movido el precio del activo. Si ha perdido, será él quien le tenga que pagar ese dinero a la contraparte.

Esta idea de que los CFD apestan no es solo mía, ojo. La Autoridad Europea de Seguridad y Mercado ya se ha planteado incluso prohibir su publicidad y/o su venta minorista. No es que sean productos malos de por sí (asumiendo la ética capitalista dentro de la cual especular es algo moralmente lícito), pero sí que son poco transparentes y complicados de gestionar. Hay que tenerlos controlados precisamente para evitar que muchos pequeños ahorradores lo pierdan todo.

Una última vuelta de tuerca. Ya hemos visto que los CFD son inversiones acerca de un activo subyacente. Y ¿qué activos ofrece eToro para invertir? Pues tiene muchos (si vais a su web veréis los logos de Apple, Tesla o Netflix, por ejemplo), pero su buque insignia son… las criptomonedas. En efecto. Ese dinero de mentira, presuntamente firme e imposible de hackear, que en realidad solo vale para gastar electricidad en su minado y cuyos mercados están sujetos a unas oscilaciones de la hostia.

Otro anuncio en letra pequeña en la web: “El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar ampliamente y, por tanto, invertir en ellas podría no resultar apropiado para todos los inversores. Ningún marco normativo de la UE supervisa la inversión en criptomonedas. Su capital está en riesgo”. Podría haberlo escrito yo, en especial la apocalíptica advertencia del final. No creo que haga falta añadir nada más.

Esto es al final lo que queda de eToro y plataformas similares: empeñar capitales enormes que en realidad no tienes en una apuesta sobre si pseudodinero no avalado por nadie subirá o bajará. Y repetiré tantas veces como sea necesario el término “apuesta”, porque eso es lo que es. Quizás, no digo que no, un inversor profesional, que conozca el funcionamiento de los mercados, pueda moverse con cabeza en el mundo de los CFD y llegar a ganar dinero. Tú, inversor minorista que no tienes ni idea, sin duda no puedes. Y eToro y plataformas similares se dirigen precisamente a este perfil.

En conclusión, eToro no es más que una casa de apuestas hipertrofiada, que busca venderte como fácil lo que es difícil con el objetivo de que metas allí tu dinero. Desde este humilde blog, solo podemos recomendarte que no lo hagas. Las apuestas solo tienen un ganador: la banca.







(1) Conviene no hacer aquí una falacia de negación del consecuente. Que todos los que intervengan en el mercado sean profesionales no garantiza que se vaya a evitar el desastre.

(2) O los he conseguido yo endeudándome con un tercero, como por ejemplo pidiéndole un préstamo a un banco, pero aquí no hablaremos de ese caso.





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lunes, 12 de agosto de 2019

¿España ha dejado de ser católica?

“España deja de ser católica”, titulaba el otro día ElDiario.es. Con ello el redactor pretendía hacer un homenaje al famoso discurso de Manuel Azaña, dado en las Cortes el 13 de octubre de 1931. La razón se puede encontrar si se sigue leyendo: “ya hay más ateos y no creyentes que católicos practicantes”, termina el titular. Y, en la primera entradilla: “Aunque los que se dicen católicos son mayoría, solo un 22% acude a misa o se confiesa, mientras los agnósticos o ateos son casi un tercio, según el último CIS”.

La comparación de estos datos con la afirmación de Azaña parece, en realidad, bastante obvia. Y sin embargo no deja de chirriarme un poco. El político republicano dijo esa frase tan polémica en 1931, cuando la mayoría de españoles eran católicos practicantes, sin duda alguna. ¿Entonces? ¿A qué se refería con lo de que “España ha dejado de ser católica”? Hay que entenderlo bien, porque es una frase que, años después, el franquismo usó para atacarle a él y para imputarle una supuesta voluntad de destruir a la Iglesia en España.

En realidad basta con leer el discurso. Azaña (que, no lo olvidemos, era periodista y escritor: se dedicaba profesionalmente a la palabra), lo explica bastante bien. El debate del día era sobre el artículo de la Constitución que prohibía las órdenes religiosas peligrosas para la República, es decir, los jesuitas. Y, para fundamentar su posición, Azaña se remitió a lo que él consideraba la realidad vital de España. Vino a decir que en el pasado, España había sido un país católico y que había creado de hecho un catolicismo español, muy distinto al catolicismo francés o al italiano. Pero que, en el momento en que él hablaba, España ya no podía considerarse católica, porque su creación cultural ya no lo era. Y cito:

“Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo dentro del Cristianismo (…); pero también desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior de la civilización se hace en contra suya y, en España, a pesar de nuestra menguada actividad mental, desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y el guía del pensamiento español. Que haya en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura.

Por consiguiente, tengo los mismos motivos para decir que España ha dejado de ser católica que para decir lo contrario de la España antigua. España era católica en el siglo XVI, a pesar de que aquí había muchos y muy importantes disidentes, algunos de los cuales son gloria y esplendor de la literatura castellana, y España ha dejado de ser católica, a pesar de que existan ahora muchos millones de españoles católicos, creyentes.”

Creo que Azaña tenía razón. Por eso, España no era católica en 1931 y tampoco lo fue en los peores momentos del nacionalcatolicismo posterior. Por mucho que el franquismo impusiera una religión de Estado asfixiante en todas las relaciones de la vida privada, la (escasa) vida intelectual que hubo durante este periodo era la que se hacía por otro lado. Y sin duda España no es católica hoy en día, con independencia del número de creyentes y de cuántos de ellos sean practicantes comparados con los ateos. Por ello me parece un error el titular de ElDiario.es.

Pero es que, además, el propio contenido del artículo, esa supuesta novedad que hay en la superación de los fieles por parte de los incrédulos, tampoco es tal. Hace tiempo que ha sucedido. Lo que pasa es que ahora es más fácil de medir. Vamos a explicar por qué.

De forma tradicional, el CIS saca todos los meses una encuesta llamada “barómetro, en la que pregunta por diversas cuestiones sociológicas. Una de ellas es, como no podría ser de otra forma, la que tiene que ver con la religión. Se suelen hacer dos preguntas: cómo se define usted en esta materia y cuántas veces acude usted a ceremonias religiosas (excluyendo ocasiones sociales, como bodas o comuniones) Las respuestas posibles han sido, tradicionalmente, éstas:
  • ¿Cómo se define usted en materia religiosa? “Católico”, “de otra religión”, “no creyente” y “ateo”.
  • ¿Cuántas veces va usted a ceremonias religiosas (solo para quien se declare católico o de otra religión)? “Casi nunca”, “varias veces al año”, “alguna vez al mes”, “casi todos los domingos y festivos”, “varias veces a la semana”.


Vistas en retrospectiva, y teniendo en cuenta que yo no sé nada de estadística (por lo que mi opinión no vale de nada más que un simple cuñadeo de bar), me parecen preguntas muy malas. Para empezar, en la segunda falta un “nunca” (no he entrado en la vida en una iglesia, Hulio) y tiene superposiciones: “alguna vez al mes” y “casi todos los domingos y festivos” significan casi lo mismo. Y, para seguir, resulta complicado captar ese fenómeno tan bonito, que yo asocio mucho a nuestro país y no sé si se reproduce fuera de nuestras fronteras, del católico no practicante. Es decir, esa persona que se define como católico, cumple con (algunos de) los ritos católicos con significado social (bautizos, comuniones, bodas, funerales) pero ni le hace caso al papa ni pisa una iglesia fuera de estas ocasiones sociales.

Quizá podríamos convenir en que un católico no practicante sería aquel que en la primera pregunta se define como “Católico” y en la segunda marca que no va “Casi nunca” a misa, ¿no? Consideraríamos practicantes a aquellos que van, como mínimo, “Varias veces al año”. Pues bien, ya en el barómetro del CIS de febrero de 2017 aparecían unos datos curiosos. Si cruzamos los datos de frecuencia con los datos de creencia (1), resulta que un 25,8% de españoles son católicos practicantes. Pero, según la misma tabla, un 26,4% son ateos o no creyentes. En febrero de 2017. Es decir, que ya hace dos años y medio había más incrédulos que fieles.

¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué sale ahora el artículo de prensa? Puede ser un redactor aburrido al cual le llamara la atención el dato y no se tomara la molestia de comprobar el histórico. Pero también puede tener que ver con que el CIS ha cambiado la forma de presentar estos datos. En mayo de este año, las respuestas posibles cambiaron:
  • ¿Cómo se define usted en materia religiosa? “Católico practicante”, “católico no practicante”, “de otra religión”, “agnóstico”, “indiferente, no creyente” y “ateo”.
  • ¿Cuántas veces va usted a ceremonias religiosas (solo para quien se declare católico o de otra religión)? “Nunca”, “casi nunca”, “varias veces al año”, “dos o tres veces al mes”, “todos los domingos y festivos”, “varias veces a la semana”.


Además, desde el barómetro de julio, se han empezado a dar datos desagregados por Comunidades Autónomas.

Las nuevas preguntas son mejores a nivel metodológico, al menos hasta donde yo puedo entender. Separan entre católicos practicantes y no practicantes, lo cual es razonable porque es una división sociológica, que la gente usa a la hora de definirse. No acaban con ese cajón de sastre que era el “no creyente” pero le agregan un “indiferente”, para que se meta todo el mundo a quien el tema religioso se la trae al pairo, y desgajan del concepto el agnosticismo. Y en cuanto a la pregunta de frecuencia, por fin puedes contestar que “nunca” vas a la iglesia y el “varias veces al mes” se convierte en “dos o tres veces al mes”, con lo que deja de superponerse con la categoría siguiente.

Claro, ha sido empezar a diferenciar entre católicos practicantes y no practicantes y desplomarse la cifra de éstos. En el barómetro de julio, el más actualizado y del que da cuenta la notifica que comentamos, solo un 22,7% de personas (¡ni un cuarto de la población!) se declaran dentro de esta categoría, mientras que un 29,1% de habitantes de este país no creen en Dios: esa es la suma de agnósticos, indiferentes-no creyentes y ateos. Ya hemos visto que no es una novedad que justifique un artículo de prensa, pero siempre está bien tenerlo en cuenta.

La laicización de la sociedad española avanza imparable. En la propia noticia se citan varios datos que muestran la reducción del poder social de la Iglesia. Por ejemplo, que en 2007 se celebraron 325.000 bautizos y en 2018 fueron solo 214.000 (redondeando, claro), o que en 2018 solo un 20% de matrimonios se realizaron por el rito católico (según los resultados provisionales del INE, un 23,17%). Y los jóvenes, salvo cuatro kikos de buena familia, cada vez pasan más de ellos. Se hunden. Se les cae el chiringuito de aquí a veinte años, gente.

El problema es el de siempre, el poder heredado. Mientras alguien les hacía caso, pues tira que te va. Cuando dejan de mandar, empiezan las campañas para conseguir que Religión sea evaluable, los apoyos a la ultraderecha sin careta, las presiones para marcar la casilla de la Iglesia en el IRPF y todo lo demás. Y el Estado no se queda atrás. Lo he dicho más de una vez. La política religiosa de este país se resume en: cuando los privilegios de la Iglesia resultan insostenibles porque socialmente no tiene ningún peso, se extienden al resto de confesiones de cierta importancia. Diga que sí.

En fin, quedémonos con lo bueno: España hace mucho que dejó de ser católica. No lo va a volver a ser nunca más. Azaña tenía razón.




(1) Lo estoy haciendo a lo cutre, excluyendo a los creyentes en otra religión. Es decir, me he limitado a sumar los datos de la tabla de frecuencia y aplicarlos a la tabla de creencia, sin buscar los datos reales. Hago esto por el escaso peso demográfico que tienen los creyentes en otra religión.




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jueves, 8 de agosto de 2019

¿Qué son los CIE?


Decía el presidente Mao (o al menos he escuchado la cita atribuida a él) que “el primer deber de un prisionero es evadirse”. Quizás, si te gusta el cine, conozcas la frase por “La gran evasión”: es ahí donde yo la oí por primera vez. No pude evitar que me viniera a la cabeza al leer el otro día que 24 inmigrantes sefugaron del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría (Tenerife), donde estaban retenidos. Por desgracia enseguida atraparon a diez de ellos, y ayer cayeron otros dos. Espero que los demás puedan eludir el operativo policial y escurrirse entre las grietas del sistema. Es complicado, pero quizás sea posible.

Y es que, si hay alguna situación de encierro radicalmente injusta en este precioso país, es la de los extranjeros en los CIE. Cuando se habla de este tema enseguida sale el blablá evidente de “si están ahí es porque han cometido un delito”, pero es precisamente lo contrario: los internos en los CIE están ahí porque NO han cometido un delito, o al menos así es en la gran mayoría de los casos. ¿Suena paradójico? No lo es cuando entiendes bien qué es un delito y qué no lo es.

El Estado, creo que esto no le va a pillar por sorpresa a nadie, a veces castiga conductas. Y las castiga por medio de dos grandes medios: la infracción administrativa y el delito. Se supone que son dos extremos en la misma escala. En ambos casos se trata de proteger bienes que son relevantes para la comunidad, pero las infracciones administrativas se consideran ataques más leves, o bien ataques contra bienes menos importantes. Los delitos, por el contrario, son ya cosa seria.

Ejemplos de infracciones administrativas: saltarse un radar cuando vas conduciendo, no declarar la trimestral si eres autónomo, beber en la calle en según qué CC.AA., el supuesto tan debatido de difundir las grabaciones de policías… ¿Veis una tónica común? Hay dos. La primera, que en todos los casos el castigo lo impone la Administración, no un juez. Y la segunda, que precisamente por eso no se puede privar a nadie de libertad: la sanción como mucho será una multa, una pérdida de puntos del carnet o algo similar.

En cuanto a los delitos, no me voy a poner a ejemplificarlos, porque seguro que a todos se nos ocurren muchos, desde los más obvios (asesinato, violación, robo) hasta los que no lo son tanto. Pero aquí ya tratamos con ataques graves contra los valores más apreciados por la sociedad. Tiene que intervenir un juez para castigarlos y es posible imponer las penas más altas permitidas por el derecho de cada país, algo que en España llega hasta el encarcelamiento.

Salvo que hablemos de extranjeros.

Si hablamos de extranjeros esa separación radical se rompe. Porque resulta que a los extranjeros se les puede expulsar del país, cosa que a los nacionales no. Y es esta diferencia, pequeña pero significativa, la que ha permitido crear un régimen de pseudo-cárceles paralelas donde se puede tener a inmigrantes durante 60 días en condiciones que nunca serían admitidas para presos.

¿Por qué? Muy sencillo. Existen algunas infracciones administrativas cuya sanción no es una multa o algo similar, sino la expulsión del territorio español. La más común de estas infracciones es la estancia irregular, es decir, “sin papeles”; sin embargo, hay otras que pueden ser cometidas por cualquier persona, sea extranjero irregular, extranjero regular o incluso español. Da lo mismo: cuando sean cometidas por una persona que no tiene la nacionalidad española, ésta puede ser expulsada del territorio. Hasta aquí podría ser hasta aceptable.

Pero ¿qué pasa? Que, para garantizar que el extranjero pueda ser expulsado, se le puede internar en un CIE. Es cierto que se requiere autorización judicial. Con ello se supone que se salvan las exigencias de Estado de Derecho: ¡no te mete aquí la Policía, amigo inmigrante, sino un juez! Pero no cuela. No deja de ser un caso en el que el Estado te encierra por haber cometido algo que, conceptualmente, tiene un valor idéntico a saltarte un semáforo o a defraudarle cuatro duros a Hacienda. Y: este encierro se puede dar cuando el expediente ya ha concluido (y está, por tanto, pendiente de ejecutarse una expulsión)… o cuando no lo ha hecho, como medida cautelar. Antes, por tanto, de saber siquiera si estamos ante un extranjero que haya cometido una infracción.

Las condiciones del encierro son también horripilantes. España tiene siete de estos centros, repartidos por todo el país, y cada cierto tiempo llegan denuncias de malos tratos, de muertes más que sospechosas, de hacinamiento y de privaciones. Se supone que no son centros penitenciarios, así que debe haber cierta libertad de movimientos, los internos tienen que poder acceder a su móvil, etc. En muchos casos, nada de eso es así. Ah, y para engrosar el caldo, los que vigilan a los internos no son funcionarios de prisiones (un cuerpo especializado, que se dedica a esto) sino policías nacionales.

En cuanto a los propios centros, también son muchas veces inapropiados: el CIE de Aluche (Madrid) está en un antiguo hospital penitenciario, los de La Piñera (Algeciras) y Barranco Seco (Las Palmas) son cárceles reconvertidas, el de Fuerteventura directamente era un viejo cuartel de la Legión (lo cerraron en 2018 tras años sin internos). Es decir, se trata de locales que se caen de viejos y que ya no cumplen los requisitos para alojar a nadie (1). No son solo los internos quienes denuncian que las condiciones de salubridad, agua o higiene de estos edificios no son las apropiadas, sino que también lo han dicho ONGs o hasta policías y jueces. Cuando alguien te dice que estaba mejor en la cárcel que en tu centro de internamiento no penitenciario es para hacérselo mirar, ¿no?

Al fin y al cabo, tiene sentido. Las cárceles son establecimientos permanentes destinados al cumplimiento de una pena y a la reinserción del penado (2). La ley que las regula menciona claramente y en detalle temas como la alimentación apropiada (y adaptada en lo posible a las convicciones del preso), el acceso de agua potable a todas horas, la ropa adecuada a la estación, la existencia de un tratamiento de reinserción y la realización de diversas actividades. Pero, en el caso de los CIE, no se busca reinsertar a nadie, así que ¿qué actividades se van a realizar? Y, en cuanto a cuestiones más básicas, ¿qué más da, si el que más va a estar allí durante sesenta días?

Así pues, el cuadro completo es: una persona que ha cometido una simple infracción administrativa acaba encerrada durante un máximo de sesenta días en un espacio de impunidad policial donde no se respetan sus derechos más básicos, o, en otras palabras, una especie de infierno en la Tierra varios órdenes de magnitud peor que una prisión española (3). ¿Y luego? ¿Se le expulsa? ¿Todo este sufrimiento al menos le ha valido de algo a alguien? ¿Ha servido para que el Estado alcance su objetivo de echar a quien está en España sin papeles?

Pues, según los datos, no demasiado. Las cifras son, de forma consistente, bajas, y de hecho hasta parecen estar descendiendo. En 2017, por ejemplo, solo se logró expulsar a un 34,5% de las personas que pasaron por el CIE. En 2015, los deportados fueron el 41%; en 2014, el 47%, y así sucesivamente. ¿Las razones? Muchas. Para empezar, que algunos son encerrados en el CIE de forma cautelar, mientras se instruye el procedimiento, y todavía pueden ganarlo. Y para seguir, que una vez decidida la expulsión ésta puede ser imposible por cualquier razón: que no se logre organizar un vuelo, que no se determine de qué país es el sujeto, que no haya convenio con ese país, que se trate de un refugiado o una embarazada…

En todos esos casos la persona es liberada después de pasar por el CIE, lo cual es una pequeña victoria porque puede quedarse en España, que es lo que quería. Pero a partir de ahí empieza una segunda odisea. Si ha ganado el procedimiento administrativo, tira que te va, pero si ha salido del CIE por ser inexpulsable está en una situación administrativa muy compleja: sobre él sigue pesando una orden de expulsión, con todo lo que implica, pero ya no se lo pueden volver a llevar. Y más aún, en cualquiera de los dos casos, esa estancia de hasta dos meses fuera de su entorno puede haberse cargado toda clase de oportunidades de arraigo (laborales, sociales, etc.) que pudiera tener.

Entonces, contesto a la pregunta que hay en el título de este artículo. ¿Qué son los CIE? En teoría, centros no penitenciarios que garantizan que un extranjero sobre el cual pesa un procedimiento de expulsión podrá ser deportado del territorio nacional si, llegado el caso, esa medida es necesaria. En la práctica, lugares mucho peores que una cárcel en dotación, personal y medios, donde se aparca sin mucho criterio y en condiciones inhumanas a extranjeros en situación irregular (o no) y que además no sirven para nada.

Ojalá nos libremos pronto de ellos. Mientras tanto, a los presos (porque eso son) que han cumplido con su primer deber en el centro de Hoya Fría solo me queda desearles buena suerte. La van a necesitar.




(1) Por no hablar del efecto psicológico de estar encerrado en algo que no deja de ser una cárcel, por muy vieja que sea.

(2) Otra cosa es que sea totalmente imposible reinsertar a nadie desde una prisión.

(3) Es cierto que en los CIE puede haber unos pocos extranjeros que sí hayan delinquido. En España, las penas de cárcel impuestas a extranjeros se pueden sustituir por la expulsión, y es posible que algunas personas en esta situación pasen por el CIE. Pero son una minoría.




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jueves, 25 de julio de 2019

Prohibido criticar al rey


En octubre del año pasado, el Parlament catalán dictó una resolución republicana. En ella, se criticaba que el rey interviniera en “el conflicto catalán” para justificar la violencia policial del 1 de octubre de 2017 y además se reafirmaba el compromiso con “los valores republicanos” y apostaba por la abolición de la monarquía, institución a la que denominaba “caduca y antidemocrática”. El Gobierno de la Nación, muy ofendido, anunció que recurriría el asunto ante el Tribunal Constitucional porque aquello no podía ser.

En su momento, yo escribí un artículo en este blog (que es, de hecho, lo que está enlazado más arriba), donde hablaba de los pocos visos de prosperar que le veía a ese recurso. Sí, el Gobierno puede impugnar las resoluciones de las Comunidades Autónomas, pero ¿qué vía iba a emplear en este caso? ¿Iba a decir que la resolución tenía un problema de forma (es decir, que el Parlament catalán carecía de competencias para criticar la actuación de una autoridad política) o que lo tenía de fondo (es decir, que las expresiones políticas antimonárquicas son inconstitucionales las diga quien las diga)? Ambos argumentos parecían más bien poco plausibles.

Por desgracia, y citando a Krahe, la España cañí nunca puede dejar de darnos españazos. El Tribunal Constitucional ha anulado el acuerdo de octubre de 2018: si alguien quiere la sentencia puede consultarla aquí. Algún día, dentro de treinta años, cuando escriban la historia de cómo se descompuso el régimen del 78, deberán dedicar libros enteros al papel del Tribunal Constitucional como pilar mamporrero que apuntala todo el sistema a costa de ir perdiendo, él mismo, toda su credibilidad. Porque es que esta sentencia no hay por donde cogerla. Ni con pinzas.

En primer lugar, el abogado de la Generalitat intentó interponer un “óbice de inidoneidad”, lo que en jerga jurídica significa que intentó convencer al Tribunal de que no podía entrar a juzgar un documento semejante, por ser una resolución que no tenía efectos jurídicos sino que se agotaba en sí misma. Al fin y al cabo, el Tribunal Constitucional es una institución que decide sobre la constitucionalidad de normas y de resoluciones que despliegan efectos obligatorios, no de posicionamientos políticos. No se puede anular una toma de posición política, no se puede decir “usted ya no es republicano, a usted ya le parece bien la actuación del rey el 1 de octubre de 2017”.

El Tribunal Constitucional no acepta este argumento. Entiende que la resolución no es un mero posicionamiento político sino un verdadero acto jurídico, más en concreto uno en el que la Cámara catalana “se arrogaba una potestad de censura de aquel acto regio”, que iba inserto en una resolución dictada “en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales”, que usaba términos tan duros (“carga peyorativa” es el concepto que emplea el TC) como 'rechazar' y 'condenar' y que se adoptó en un debate de política general. Nada de lo cual convierte a un posicionamiento político en un acto jurídico, claro está (1), pero el TC parece opinar que sí.

Pasando ya al fondo del asunto, el resto de la sentencia es una larguísima disertación sobre la posición del rey en las monarquías parlamentarias y lo bueno que es que tengamos esta figura de consenso. Viene a recordar que la Corona es una institución especial, que se sitúa por encima del debate político, cuyo titular es inviolable (está más allá de cualquier censura o control) y no está sujeto a responsabilidad (no sufre consecuencias por sus actos (2)). Además, no tiene facultades propias de decisión ni actúa de forma autónoma.

También dedica unas líneas a distinguir entre las críticas a instituciones políticas hechas por ciudadanos (que en principio serían intocables, al estar amparadas por la libertad de expresión) y las hechas por instituciones políticas, que son entidades dotadas de unas competencias de las cuales no pueden salirse. Pone la venda antes que la herida: el Parlamento de Cataluña, igual que cualquier otra entidad colectiva pública o privada, no tiene derecho a la libertad de expresión porque los derechos fundamentales derivan de la dignidad humana.

Las conclusiones de todo lo anterior son una barbaridad antijurídica que uno ni siquiera esperaba de un estercolero jurídico como es el Tribunal Constitucional español. Juro que la he releído dos y tres veces porque no me acababa de creer lo que pone. Pero no, no estoy equivocado. Todo lo que voy a citar procede del fundamento jurídico 4.c, ya al final de la sentencia.

La sentencia dice que la resolución (que usaba los verbos “rechazar” y “condenar” para referirse a la actuación del rey) “toma posición institucional emitiendo un juicio de valor que es contrario a la configuración constitucional de la Institución de la Corona”. En otras palabras, “aquellas afirmaciones de “rechazo” y “condena” al rey son contrarias al art. 1.3 y 56.1 CE, que determinan el estatus constitucional del Monarca”. El artículo 1.3 de la Constitución es el que determina que la forma del Estado español es la monarquía parlamentaria. Sí, el Tribunal Constitucional ha dicho que ninguna institución puede criticar la actuación del rey porque ello va contra la propia concepción de la monarquía.

También dice (insisto que no me estoy inventando nada: FJ 4.c) que, como el rey es neutral respecto a la contienda política, eso le asegura un respeto institucional “cualitativamente distinto” al de las demás instituciones del Estado. En tercer lugar, pone negro sobre blanco el argumento competencial del cual yo me reía hace unos meses: “tal decisión de la Cámara autonómica ha sido adoptada fuera del ámbito propio de sus atribuciones, que son las que le confieren la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su propio Reglamento Orgánico, que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios”.

Por último, insiste en la idea de que como el rey no tiene ninguna responsabilidad política (recordemos: inviolable y no sujeto a responsabilidad), pretender imputársela y sancionarle por ello, aunque la sanción sea en forma de resolución de rechazo, significa desconocer el sistema competencial previsto en la Constitución. La conclusión no puede ser otra: se anula por inconstitucional la resolución del Parlament de Catalunya de octubre de 2018. Ea, todos para casa.

Es real que se me ha cortado la respiración leyendo esta sentencia. Qué país. Qué país, de verdad. ¿En qué cabeza cabe que una Cámara legislativa, el lugar donde reside la soberanía popular, tenga límites a la hora de hablar sobre un tema de actualidad y de tomar resoluciones al respecto? Porque esto no es un tema del Parlamento autonómico de Cataluña: esto es una prohibición general dirigida a todas las instituciones del Estado, desde el Gobierno de la Nación hasta el último municipio del país. A partir de ahora, nada de criticar los actos del rey.

Aparte, la resolución, pese a tanta palabrería y tanta supuesta razonabilidad, es mala a más no poder. Sí, es cierto que el rey es inviolable, pero eso significa que no puede ser procesado judicialmente, no que no podamos opinar sobre lo que hace. Sí, es cierto que no está sujeto a responsabilidad, pero eso solo quiere decir que no se le puede sujetar a una moción de censura o a ningún procedimiento similar, no que las instituciones no puedan reprobar sus actos reprobables. Sí, es cierto que no tiene iniciativa política directa, pero también lo es que realiza actividades de proyección pública porque es un jefe de Estado.

Al final, son muchas páginas para tratar de intelectualizar algo muy simple: los reyes, como podríamos decir en una retórica casi rajoyesca, hacen cosas. Puede que no las hagan por iniciativa propia, y puede que de esas cosas no sea posible hacer derivar para ellos consecuencias jurídicas ni políticas. Pero esas cosas tienen una dimensión pública indudable, y eso puede generar un debate. A veces ese debate tiene lugar no en el bar o en el supermercado sino en cámaras legislativas (porque precisamente esa es la función primordial de éstas: debatir sobre la actualidad política y tomar decisiones al respecto) y puede llevar a una resolución que fije una postura. Esta vía está prevista en todos los reglamentos parlamentarios del país, y exigir una competencia específica para criticar o rechazar los actos regios (en vez de permitir que se haga con este mecanismo general) es hacer trampas.

Escribir este artículo me ha costado, no por la lectura de la sentencia sino por lo que dice sobre nuestra descomposición institucional. Que haya que estar defendiendo así al rey de una crítica, de un simple posicionamiento contrario, deja clarito el pozo en el que estamos. Para librarse de una simple crítica, que en realidad ni siquiera era para tanto –se hablaba de “rechazo” y de “condena”, ya está, no se pedía asaltar la Zarzuela ni poner la guillotina en la Puerta del Sol– han tenido que inventarse una doctrina según la cual la inviolabilidad del rey alcanza las opiniones sobre su persona cuando son emitidas por una institución. El monarca pasa de inviolable a intangible.

Sigamos tensando la cuerda, sigamos. Total, es gratis.






(1) Pensemos en qué pasaría si se hubiera aprobado el mismo texto, exactamente el mismo texto, pero donde critica “el posicionamiento del rey Felipe VI” y “la monarquía” hubiera dicho “el posicionamiento de la Comisión Europea” y “la UE”. ¿Estaríamos entonces teniendo este debate?

(2) Los actos del rey deben ser firmados por un ministro, por el presidente del Gobierno o por el presidente del Congreso de los Diputados y son éstos los que responden, tanto política como jurídicamente, de dicho acto. Es lo que se llama “refrendo”.





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miércoles, 17 de julio de 2019

Atrapados en Ucrania


Los habréis visto en redes sociales. Quejándose. Acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de incumplir sus compromisos internacionales e incluso la ley española. Metiendo sus temas en todos los hashtags para intentar que les hagan casito. Abriéndose cuentas de Twitter a nombre de “Bebé Apátrida” (en serio) con el fin de dar pena. Son los españoles que se fueron a Ucrania a recurrir a servicios de gestación subrogada y, una vez allí, ya con el bebé, se encontraron con que el Consulado español en Kiev no se lo inscribía. Ellos pueden volver, sí, pero el bebé no se inscribe como hijo suyo.

El tema de la gestación por subrogación ha ido calando paulatinamente en el debate público. Los partidos lo tienen en sus programas, en especial Ciudadanos, que ha hecho de ello bandera (1). Regularlo, mantenerlo prohibido, darles una solución a esos Pobres Padres Ucranianos… el debate está ahí. No será una sorpresa, por cierto, que yo deje claro que estoy en contra, por toda una serie de argumentos tanto de principio (se trata de alquilar un proceso biológico que afecta por completo a la madre gestante durante las todo un año contando los procedimientos de fertilidad previos, algo muy distinto de un trabajo), como de clase y género (solo afecta a mujeres pobres), jurídicos (las condiciones en que se realiza esta práctica en distintos países, los llamados “contratos ucranianos”) y de resultados (la alta posibilidad de que un pederasta se compre un bebé sin ningún control).

En principio, la legislación española está muy clara: el contrato de vientre de alquiler es nulo (artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida), es decir, es como si no se hubiera firmado nunca. La ley lo equipara a cualquier otro contrato sobre órganos: yo no puedo vender un riñón y tampoco puedo alquilar mi capacidad gestante. Eso sería todo. Tampoco hay sanción, ojo, simplemente se determina la filiación a favor de la gestante (que quedaría reconocida como verdadera madre de la criatura a nivel registral) y se podrá interponer una demanda de paternidad hacia el padre biológico que corresponda.

En caso de que alguien intente realizar este contrato, el Estado tiene armas muy poderosas para detectarlo, como son la red sanitaria pública y el Registro Civil. Simular un parto es hoy mucho más complicado que hace cincuenta o cien años, porque normalmente habrá toda una serie de documentos públicos que dirán que la parturienta era en realidad A y no B. En clínicas privadas el control puede llegar a ser menor, pero ya estamos hablando de centros exclusivos en donde hay que pagar un dinero importante. Queda la opción del parto en casa, pero es mucho más arriesgada.

En fin, como digo, todo esto está muy claro. Ahora bien, ¿qué pasa con los niños nacidos mediante gestación subrogada en países donde esta técnica es legal? Unos españoles quieren a un crío con su material genético, se van a EE.UU. o a Ucrania (dependiendo de sus posibles) y usan este servicio. ¿Pueden inscribir al niño en el consulado español como hijo suyo? Al fin y al cabo, lo que han hecho es legal en ese país. Y el niño no tiene la culpa de la forma en que ha sido generado, por lo que debería prevalecer su mayor protección. Pero, por otra parte, no deja de ser cierto que, si lo hubieran hecho en España, no podrían haber inscrito al bebé como hijo suyo…

Este debate ya se ha tenido. Se tuvo a finales de la primera década del siglo, y giró en torno a una pareja de hombres que había usado esta técnica en EE.UU. Esta pareja intentó inscribir al bebé como hijo suyo, se lo denegaron, recurrió, ganó, la Administración recurrió, ganó, la pareja recurrió… creo que el asunto llegó hasta el Supremo. El resultado fue la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Esta instrucción venía a decir que bueno, que vale, que por superior interés del menor se puede inscribir en España, como hijo de los subrogantes (y no de la gestante), al nacido de españoles por vía de gestación subrogada en un país donde dicha técnica es legal.

Ahora bien, hay unos requisitos. Más en concreto, es necesario presentar una sentencia judicial, dictada por el tribunal de ese país, donde determine la filiación del niño a favor de los subrogantes. O, en otras palabras, que después de que nazca el bebé es necesario acudir a un tribunal para que sea éste el que declare la filiación a favor de los subrogantes. Pero es que además, esta sentencia judicial extranjera debe ser reconocida por los organismos españoles, y para ello se tiene que controlar entre otras cosas que se han respetado los derechos de la gestante, en especial el tema del consentimiento para gestar. Insisto: eso es lo que requiere la Dirección General de los Registros y del Notariado española para inscribir a menores nacidos por gestación subrogada.

¿Qué pasa? Pues que al parecer, en Ucrania no emiten esta clase de sentencias. Está permitida la gestación subrogada, sí, pero no se emiten sentencias judiciales que validen esta situación porque la ley ya declara que los subrogantes son los padres de la criatura (2). Así que el Registro Civil del Consulado de Kiev venía permitiendo la inscripción de estos bebés solo con la prueba de ADN, vía expresamente prohibida por la Instrucción de 2010. Cuando ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a inscribir a esos bebés, lo ha hecho cumpliendo estrictamente la legislación española, legislación que ya es una apertura de mano respecto de su configuración inicial.

Despeguémonos por un momento del tema jurídico. Una de las cosas en las que insisten los compradores atrapados en Ucrania es en el tema de clase. Que ellos son pura clase media, que no tienen dinero para irse a hacer el proceso a EE.UU. o Canadá, que Ucrania ya les cuesta pero que pueden acceder a ello con esfuerzo, que les están discriminando por no tener dinero, etc. Ciudadanos les ha comprado el discurso, cómo no, y ya se les ha visto pedir que la gestación subrogada sea “accesible” en el sentido de “barata”.

Vamos a ver, melones, ¿por qué creéis que Ucrania es más barata que EE.UU. o Canadá? Un país arrasado, en medio de una guerra civil y gobernado por nazis, sobre el que recaen acusaciones insistentes de tráfico de personas, ¿y resulta que tener hijos por gestación subrogada es fácil y barato? Anda, ¿por qué será? Pero ¿esta gente le habrá echado un ojo a las condiciones draconianas del contrato que firman las gestantes, o a los centros donde viven (llamados, ya sin eufemismo alguno, “granjas”)?

Me parece absolutamente normal que, en estas condiciones, el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera cumplir la ley a rajatabla: aquí, o consta judicialmente que se han respetado los derechos de la gestante y que ésta se ha metido en el asunto de manera razonablemente voluntaria, o no hay inscripción. E insisto en que la instrucción de 2010 ya era un relajamiento respecto de la ley española, que directamente dice que estos contratos son nulos y que la verdadera madre de estos niños es la gestante. Así que menos quejas.

A nivel de derecho internacional, es cierto, la cosa parece favorecer a los compradores varados en Ucrania. Esto se ha discutido mucho en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha venido a decir que no hay un derecho a ser padre biológico, es decir, que los Estados miembros tienen pleno derecho a prohibir la gestación subrogada en sus territorios. Sin embargo, ante la situación de hecho de que ya haya un bebé nacido por esta técnica en un tercer Estado, el Estado miembro que prohíbe la gestación subrogada debe protegerlo, y eso significa darle la filiación a los subrogantes (3).

En otras palabras, el TEDH no parece tener en cuenta para nada la situación de la madre gestante. El Tribunal queda, a mi entender, en una posición ética y de DD.HH. más atrasada que la que tenía el Gobierno español en 2010. Es cierto que el interés del menor es importantísimo, pero la gestante también tiene que ser protegida, y ha de evitarse que bajo la defensa de los derechos del niño operen mafias de compraventa de seres humanos. Hay que hacer una ponderación de derechos: puedo aceptar a regañadientes que se inscriba a bebés en las condiciones que ya hemos analizado (que se verifique ante un juez el consentimiento de la madre y que las autoridades españolas validen esa resolución), pero darle carta de naturaleza al negocio de las granjas de fetos es inaceptable.

Aparte, hay algo que me molesta en el análisis jurídico que se suele hacer de este asunto. Tiene que ver con la equiparación entre “superior interés del menor” y “entregarle el bebé a los subrogantes que han pagado por él”, como si la otra opción fuera, no sé, abandonarlo en el bosque para que se lo coman los lobos. Ese niño tendrá una madre (la gestante) y, al menos en la mayor parte de los casos, alguna red detrás, sea familiar o estatal. Y también tiene un padre biológico, que es quien ha puesto el esperma, y a quien se le pueden exigir los alimentos correspondientes. Vamos, que cumplir con un contrato nulo no es la única opción.

Los compradores subrogantes atrapados en Ucrania están muy felices. Dicen que el TEDH les acabará dando la razón y, ¿sabéis qué? Que es hasta posible. Sin embargo, tardará tiempo, y no hay ninguna vía para imponerles a los Estados la ejecución de esa sentencia. Me temo que van a tener que volver a casa sin el producto que han comprado: el niño se queda en Ucrania con su madre.




(Esta entrada me vino inspirada por este hilo, en el que también se habla de un supuesto que no tiene ni de lejos la misma carga moral que la gestación subrogada pero que puede ser igualmente un generador enorme de problemas jurídicos: la congelación de embriones.)






(1) Lo vincula, además, a su presunta defensa del colectivo LGTB, lo cual da un poco de asco.

(2) O eso dicen en prensa las asociaciones de gestación subrogada. No conozco la ley ucraniana hasta el punto de determinar si mienten.

(3) Así en los casos de Mennesson contra Francia (2014), Labassee contra Francia (2014), Foulon y Bouvet contra Francia (2016) y el dictamen de 10/04/2019 solicitado por el Tribunal de Casación francés. Sí, Francia se ha resistido bastante a reconocer a los críos producidos por esta técnica.


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miércoles, 10 de julio de 2019

La sentencia (firme) de la Manada


El anuncio del fallo definitivo del juicio de la Manada supuso el mes pasado una catarsis colectiva a distintos niveles. En comparación, el texto en sí de lasentencia (que salió hace unos días) no ha sido tan difundido. Es comprensible. Al fin y al cabo, una vez conocido resultado, a nivel jurídico el tema no tiene mucho donde rascar: como sociedad nos hemos hartado de discutir sobre lo que es una violación, sobre lo que es un abuso sexual, sobre lo que es la intimidación y sobre lo que es el prevalimiento. O era la una o era el otro, pero con semejante relato de hechos probados (que el Tribunal Supremo, recordemos, ya no podía modificar) estaba cantado que iban a salir condenados.

Eso no quiere decir, claro, que el abogado de la Manada no haya intentado hasta el último momento conseguir la absolución de sus patrocinados, tanto en sala como fuera de ella. Para lograr ese objetivo ha montado un circo mediático que excede con mucho el derecho de defensa. Cuando analizo este caso no puedo evitar compararlo con el del pederasta de Ciudad Lineal, otro delincuente que fue defendido por un abogado hasta las últimas consecuencias, con tanto tesón que el Tribunal Supremo llegó a felicitar al letrado (de oficio, por cierto) en la sentencia firme en que condena al pederasta.

¿Alguien conoce la cara del abogado del pederasta de Ciudad Lineal? ¿Alguien conoce su nombre? Claro que no. Y ¿por qué no? Porque no apareció en prensa a decir que las víctimas se lo inventaban todo, porque no se paseó por los platós afirmando que su defendido era un chico inocente aunque no muy buena persona, porque no contrató detectives privados para seguir a las víctimas, porque no trató de crear la impresión de que el tribunal estaba manipulado por la opinión pública. Porque, en definitiva, se limitó a hacer, sin aspavientos, su trabajo: garantizar que el tipo que tenía delante, hubiera hecho lo que hubiera hecho, tuviese la mejor defensa posible.

Excluido el circo mediático, quedan los argumentos expuestos en sala por parte del abogado de la Manada. Son los que el Tribunal Supremo resuelve primero, y son fundamentalmente tres:

1.- El típico y tópico de “todo se fundamenta en el testimonio de la víctima, que no es una prueba de verdad”. Hablé de ello aquí. El testimonio de la víctima es una prueba como cualquier otra, y puede servir para fundamentar una condena siempre que cumpla ciertos requisitos. Y aquí los cumple.

2.- El no menos tópico “el tribunal está manipulado por la opinión pública”. A eso contesta el Tribunal Supremo recordando que el debate sobre los procesos penales es una cuestión de interés público protegida por la libertad de expresión. Para evitar el exceso en el ejercicio de este derecho hay que preguntarse: el resultado del procedimiento ¿se basa en las pruebas o se basa en la percepción colectiva inducida por los medios de comunicación? Y aquí se basa en las pruebas.

Además, en los dos tribunales que se han encargado del caso hubo voces disidentes: en la Audiencia Provincial un voto particular que pedía la absolución y en el Tribunal Superior de Justicia dos que pedían la condena por violación. Parece poco propio de un tribunal manipulado, como bien constata el Tribunal Supremo.

3.- El tema del principio acusatorio. Éste era el único que tenía alguna posibilidad, nimia, de prosperar. Lo expliqué aquí. La idea es simple: si todas las acusaciones piden condenar por un delito A (en este caso violación) pero el tribunal condena por otro delito B (en este caso abuso sexual), se estaría vulnerando el derecho a la defensa del acusado, porque éste no ha podido defenderse de la acusación por B. Sin embargo, si los delitos A y B son homogéneos no pasaría nada, porque todos los elementos de B estaban efectivamente contenidos en la acusación por A.

La pregunta es, por tanto, ¿son delitos homogéneos la agresión sexual (violación) con intimidación y el abuso sexual con prevalimiento? La defensa, claro, sostenía que no, que ellos se defendieron contra la acusación de haber intimidado a la víctima y de repente les cayó encima una injusta condena por haberse prevalido de una situación de superioridad. El Tribunal Supremo zanja la discusión: el prevalimiento es una intimidación de menor grado, así que si pudiste defenderte de la segunda pudiste defenderte del primero.


Una vez ventilados los principales argumentos de la defensa, vamos a la acusación. Recordemos que había cuatro acusaciones: el Ministerio Fiscal, la acusación particular y los servicios jurídicos de la Comunidad Foral Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. Los cuatro pidieron, por supuesto, la condena por agresión sexual –es decir, por un delito contra la libertad sexual cometido con intimidación– que, al incluir penetración, se denomina jurídica y socialmente “violación”.

Si hay algo que caracteriza esta sentencia es la paja. Son 133 páginas de lo que se podría decir perfectamente en 50, imagino que con la idea de que cuanta más morralla haya en la base del edificio menos probable será que el Tribual Constitucional lo tire luego por atentar contra el derecho a la defensa. La cosa es que dedica párrafos y párrafos a distinguir el abuso sexual por prevalimiento de la agresión sexual por intimidación. Algo bastante complejo porque son figuras muy similares. Cito:

"Cuando no existe consentimiento o éste se muestra conseguido mediante un acto de fuerza física o moral (compulsiva, de carácter intimidante), estamos en presencia de un delito de agresión sexual. Sin embargo, cuando la relación es consentida, pero tal consentimiento está viciado por una causa externa que opera a modo de coacción psicológica (relación de superioridad determinada por las causas legales), concurriendo, sin embargo, tal consentimiento, el delito ha de calificarse de abuso sexual” (FJ 5º.4).

Tratar de aplicar este esquema a casos reales es como coger agua con un colador (¿qué diferencia hay entre la “fuerza moral” y la “coacción psicológica”?), y ésta es una de las razones por las cuales se está hablando de cambiar la regulación de estos delitos. Pero vamos a centrarnos. Cinco tipos en un cuartucho donde han metido a empujones a una chica más joven que ellos y algo borracha. ¿Es intimidación o es, como ya han creído los dos tribunales previos, simple prevalimiento de una situación de superioridad?

Pues es intimidación, claro. Obviamente. Sin ninguna duda. El Tribunal Supremo trae a la sentencia una doctrina que lleva existiendo décadas y que debería haber entrado en este proceso desde el primer momento: la de la intimidación ambiental. La intimidación ambiental es aquella que se realiza sin amenazas explícitas, pero que deriva de un ambiente hostil, del cual la víctima no puede escaparse y que le lleva a someterse. ¿Qué dice el Tribunal Supremo a este respecto? Pues varios párrafos, que no me resisto a citar:

“no existió consentimiento alguno por parte de la víctima, creándose una intimidación que se desprende sin género de dudas del terrible relato de hechos probados, del que deriva una obvia coerción de la voluntad de la víctima, que quedó totalmente anulada para poder actuar en defensa del bien jurídico atacado, su libertad sexual. (…)

Ello sin duda le produjo un estado de intimidación, que aunque no fuera invencible, sí era eficaz para alcanzar el fin propuesto por los acusados, que paralizaron la voluntad de resistencia de la víctima (…), sin que en momento alguno existiera consentimiento por parte de la misma, y sin que sea admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores.  (…)

En consecuencia, la intimidación hizo que la víctima adoptara una actitud de sometimiento, que no de consentimiento.” (FJ 5º.7)


Una vez determinada la violación, el Tribunal Supremo impone también dos agravantes. La primera es la relativa a que los actos sean especialmente degradantes o vejatorios, y lo hace por conductas tales como que todos ellos la penetraran varias veces, que ninguno usara preservativo y que abandonaran a la víctima en el cuarto de los hechos. La segunda es que los hechos fueron cometidos por dos o más personas: no hubo un único agresor con los demás jaleando, sino que todos fueron autores. Rechaza aplicar la agravante de especial vulnerabilidad de la víctima, porque los datos que fundamentarían dicha agravante (la diferencia de edad y que ella había consumido alcohol) ya se han usado para determinar la concurrencia de intimidación. El resultado son 15 años de prisión.

Quedan aún algunos puntos menores por analizar, como son el tema del robo del móvil o el de la indemnización, pero voy a cortar aquí porque prefiero hablar de una cosa que el Tribunal Supremo no dice más que de pasada pero que sí mencionó en la nota de prensa. En ésta muestra sorpresa por el hecho de que nadie le haya pedido que condene a los miembros de la Manada por varias violaciones.

Voy a explicar esto, aunque es algo desagradable de leer. Está acreditado en el relato de hechos que, entre unos y otros, estos delincuentes violaron a la víctima un total de diez veces. ¿Cuántas violaciones cometió cada uno? ¿En qué orden? Es irrelevante. En violaciones grupales, donde los agresores van turnándose, lo común es condenar a todos a tantas penas como delitos se hayan cometido, sea como autores de sus propias violaciones o como cooperadores necesarios de las agresiones de los demás. Y los cooperadores necesarios tienen la misma pena que los autores. Si se hubiera actuado de esta forma, a cada miembro de la Manada le habrían caído 150 años de cárcel (10 delitos x 15 años de pena por cada uno) nominales.

¿Por qué no se ha hecho así? ¿Por qué se ha considerado que, desde que entraron en el cubículo hasta que salieron de él, cada uno de ellos estaba cometiendo un solo delito continuado? ¿Por qué ni siquiera han acusado a ninguno de ellos como cooperador necesario de los delitos continuados de los demás? No se sabe, o por lo menos yo no lo sé. Hay que preguntárselo a las cuatro acusaciones, porque el Tribunal Supremo no puede condenar a nadie sin que se lo pidan. Principio acusatorio, recordemos.

Por supuesto, esos 150 años no habrían sido tales, porque en España existen normas para racionalizar el cumplimiento de las penas. Se habrían quedado en 20 años, algo no muy distinto de los 15 que tienen que cumplir ahora. Eso sí, habría sido posible que en la práctica nunca accedieran a mecanismos de reinserción como permisos penitenciarios o terceros grados, porque el derecho a éstos se consigue cuando cumples cierto porcentaje de la condena (por ejemplo, un 25%, un 50%...) y, en casos como éste, se podría haber tenido en cuenta la totalidad de años impuestos y no lo que queda después de la acumulación (1). Y claro, la cuarta parte de 150 años ya supera los 20 de cumplimiento efectivo.

De alguna manera creo que prefiero que las cuatro acusaciones hayan olvidado acusar por varios delitos. La posibilidad de que una persona esté veinte años de cárcel sin una mísera salida al exterior (que es lo que habría acabado pasando, sobre todo en un caso tan mediático como éste) es algo que creo que hay que erradicar de nuestra legislación, no fomentar. Sí, incluso cuando los delincuentes a los que se les va a aplicar la medida nos dan asco. Canario en la mina, pendiente resbaladiza y demás.

Al margen de eso, creo que la sentencia acierta. Esto era una violación de libro, no solo desde lo que socialmente se conoce como violación sino también desde la perspectiva legal. El Tribunal Supremo lleva un tiempo construyendo una jurisprudencia muy adelantada al respecto. Mucho más de lo que la gente se piensa: las frases que he citado no son ninguna novedad ni algo que el TS se haya inventado ahora en 2019. Ahora bien, esta sentencia es un jalón más en este sentido. Y supone un alivio, no por la pena sino porque se reconozca negro sobre blanco que una violación es una violación.

El caso de la Manada se ha cerrado, más allá de recursos de amparo que no van a ir a ninguna parte. La valoración que cada cual haga del mismo es algo que pertenece a su esfera íntima. Sin embargo, yo me quedo con tres ideas. Primero, la distinción entre abuso y agresión sexual es bizantina y no funciona. Segundo, hay que formar a los jueces en perspectiva de género de manera urgente, porque no es de recibo que dos tribunales vieran un simple prevalimiento en una clara situación intimidatoria. Y tercero, aun así hay que destacar que, en materia de hechos, los jueces han creído en todo momento las declaraciones de la víctima.

Porque los avances también hay que valorarlos, y éste es uno muy importante.







(1) Hablo en condicional porque es una posibilidad que puede aplicarse en unos supuestos sí y en otros no, dependiendo de lo que digan el Tribunal sentenciador y el juez de Vigilancia Penitenciaria.



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