martes, 15 de agosto de 2017

La huelga de El Prat

El tema de la huelga de Eulen parece que se va a alargar. Para quien no lo sepa, se trata de los empleados de seguridad en el aeropuerto de El Prat, servicio privatizado y que lleva cerca de una semana de paro laboral. Anteayer los trabajadores acordaron rechazar la mediación de la Generalitat y mantener los paros, que se convierten ahora en indefinidos. ¿Qué reclaman? Una subida salarial y, además, mejores condiciones de trabajo, lo que implica contratar a más vigilantes.

El conflicto tiene bastantes aristas, pero yo me voy a centrar en una. Concretamente en la amenaza del ministro de Fomento de emplear a efectivos de la Guardia Civil para sustituir a los huelguistas si se rechazaba la mediación del Gobierno catalán. La medida ya se ha llevado a cabo, y desde ayer tenemos a señores con bigote vestidos de verde controlando los accesos al aeropuerto. ¿Las razones? Una serie de argumentos bastante volátiles sobre las colas que se forman y la alerta antiterrorista en que se encuentra España. Mi objetivo en esta entrada es analizar si la medida es legal.

La huelga es un derecho que forma parte del derecho fundamental a la libertad sindical. Por esa razón, debería venir regulada en una Ley Orgánica. Pero España es España, y la provisionalidad es ley: la norma que regula este importante derecho es el Decreto Ley 17/1977 (DLH), que como su propio nombre indica es previo a la Constitución. Posteriormente, el Tribunal Constitucional fue limando sus aristas más autoritarias. Así pues, estamos ante una materia donde la ley dice muy poco. En principio, tenemos claro que la huelga es una medida de presión para conseguir un equilibrio entre una parte más poderosa (el empresario) y una menos poderosa (cada trabajador individualmente considerado).

Por supuesto, la huelga no puede paralizarlo todo. El artículo 28 CE faculta al legislador para establecer “las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad”. Una manifestación de esta capacidad está en la fijación de servicios mínimos: cuando la huelga alcanza ciertos sectores de relevancia pública (transporte, sanidad, etc.), el Gobierno puede establecer un mínimo por debajo del cual no se puede hacer huelga. Sin embargo, sus poderes no se quedan ahí. El artículo 10.2 DLH faculta a la autoridad para “acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios” y para “adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas”. Una habilitación amplísima, que incluye en principio la intervención de la Guardia Civil para sustituir a los trabajadores.

Así pues, la solución a este conflicto dependerá, en primer lugar, de si consideramos que la tarea de los empleados en huelga es un “servicio esencial para la comunidad” o no lo es. Y aquí tenemos un problema. No existe una lista tasada de servicios esenciales. El Tribunal Constitucional ha dicho que esta noción “hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige” (STC 193/2006, FJ 2). Un servicio será esencial si busca garantizar los derechos fundamentales y otros bienes constitucionalmente protegidos, de tal manera que “la satisfacción de los mencionados bienes o intereses exija el mantenimiento del servicio”.

En definitiva, que hay que estar al caso concreto a la hora de determinar si una actividad es esencial o no. Así, distintas sentencias han considerado actividades esenciales el transporte ferroviario de personas y mercancías (STC 26/1981, FJ 10), el transporte aéreo (STC 51/1986, FJ 2) y el Metro (STC 53/1986, FJ 3), todas ellas por su conexión con el derecho fundamental a la libertad de circulación. También hay sentencias que consideran esenciales otras actividades, como las relativas a la sanidad pública.

Los trabajadores de Eulen se encargan de la seguridad en los aeropuertos. Sin ellos no se puede volar, puesto que son los que vigilan que se cumplan los reglamentos de seguridad: escanean maletas, vigilan los arcos detectores, patrullan, etc. En este sentido, creo que sí puede calificarse su actividad de esencial: la satisfacción del derecho fundamental a la libertad de circulación exige que el servicio se mantenga. En este sentido, la labor de los guardias de seguridad es similar a la de los auxiliares de vuelo afectados por la STC 51/1986 arriba mencionada, que declaró su tarea un servicio esencial.

Ahora bien, que un servicio sea esencial para la comunidad no quiere decir que el Gobierno pueda, de facto abolir el derecho de huelga en ese sector. La esencialidad del servicio le permite establecer medidas como servicios mínimos, pero dichas medidas tienen que ser proporcionales. De nuevo en palabras de la STC 193/2006, la autoridad debe “asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal”. O sea, debe garantizarse una cobertura suficiente y no más. Que se note que estamos en huelga pero que ésta no lo paralice todo.

Para medir la proporcionalidad de la medida gubernativa habrá que estar a los hechos concretos: ya dijo el Tribunal Constitucional que “los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga”, sino que habrá que mirar las características de ésta (STC 26/1981). ¿Y qué tenemos en El Prat? Una serie de paros parciales, durante los cuales se realiza una huelga de celo en la cual cada maleta es revisada exhaustivamente, lo cual genera retrasos de dos y tres horas. Todas las maletas son finalmente analizadas, por lo que no hay ningún riesgo de seguridad. Todos los pasajeros acaban entrando. El servicio se presta, aunque no con normalidad porque estamos en huelga.

En este supuesto, ¿es proporcional mandar a los agentes de la Guardia Civil a hacer ese trabajo? No, en absoluto. Proporcional habría sido establecer unos servicios mínimos razonables, que era más o menos lo que ya se estaba haciendo: una cola de 2-3 horas entra incluso dentro de la antelación con la que es apropiado ir a un aeropuerto. Pero eso le parece demasiado al ministro. Él mismo ha reconocido que lo que van a impedir los efectivos de la fuerza pública es que se formen colas. Es decir, de lo que se trata aquí es de sabotear la huelga. Es un acto de esquirolaje: se usa a funcionarios públicos para que el servicio se preste con normalidad, y ello es un balón de oxígeno para la empresa, que deja de sufrir los efectos negativos que debería tener toda huelga.

Lo diré otra vez: las huelgas sirven para presionar al empresario, y el mecanismo para ello es que no pueda ejercer su actividad de forma normal. Solo cuando la empresa empieza a fallar ante sus clientes porque sus instalaciones están paradas se aviene a negociar. Si llega el Gobierno y le garantiza la normalidad del servicio, sus incentivos para negociar se diluyen. Más aún si el ministro sigue abriendo la boca y amenaza con imponer un arbitraje para terminar el conflicto. La empresa sabe que solo tiene que esperar hasta que todo termine con mínimo coste para ella.

También se ha sabido que los vigilantes de seguridad cobran menos que un guardia civil. Eso hace que uno se pregunte por qué estamos pagando los beneficios de una empresa privada cuando tenemos un cuerpo especializado de funcionarios que lo puede hacer cobrando salarios superiores. Es un debate legítimo. ¿Queremos que vuelva a ser la Guardia Civil la que patrulle los aeropuertos y controle las maletas? Perfecto.

Ahora bien, lo que no es admisible es usar a los funcionarios como esquiroles forzosos. Lo que no es admisible es entrar en un conflicto laboral como un elefante en una cacharrería a pretender que el servicio se preste con normalidad. Y, por encima de todo, lo que no es admisible (ni legal) es imponer unas medidas absurdamente desproporcionadas, por mucho servicio esencial que sea.





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martes, 8 de agosto de 2017

Separación, divorcio y nulidad

El mes pasado publiqué una entrada sobre temas matrimoniales en la que decía que la Iglesia católica aceptaba el divorcio en caso de no consumación. Varias personas me respondieron confundiendo el divorcio con la nulidad matrimonial: me decían, por ejemplo, que “querrás decir que la Iglesia acepta la nulidad” o que “hay más causas de nulidad que ésa”. Así que me he decidido a escribir esta entrada con el fin de explicar las tres crisis matrimoniales: la separación, el divorcio y la nulidad.

La separación matrimonial es la menos incisiva de las tres crisis. En ella, el vínculo conyugal se mantiene (los consortes siguen casados), pero atenuados. Así, se asume que cesa la convivencia entre los cónyuges y desaparece la posibilidad de usar bienes del otro para levantar las cargas del matrimonio. Además, se extingue el régimen de gananciales y pasa a aplicarse el de separación de bienes.

Cualquiera puede separarse con el único requisito de que hayan transcurrido tres meses desde el matrimonio. La separación la decreta un juez, después del oportuno proceso. Si la separación es de mutuo acuerdo y no hay hijos menores de edad o incapacitados, se prevé un trámite simplificado ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario (1).

Sin embargo, la separación de hecho (la cesación de la convivencia de forma prolongada) tiene también ciertos efectos. Así, el Código Civil dice que si los cónyuges llevan separados más de un año, cualquiera ellos puede instar ante un juez la disolución de la sociedad de gananciales. La jurisprudencia posterior ha matizado este requisito y hoy en día se entiende que el fin de la convivencia conyugal, siempre que sea efectivo y que se confirme con actos subsiguientes, determina el fin de la sociedad de gananciales. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene que dos personas que ya solo están casadas sobre el papel sigan aportando sus ganancias a un fondo común?

Como dos cónyuges separados siguen casados, la reconciliación entre ellos deja sin efecto la separación. Ahora bien, la sociedad de gananciales no revive: seguirán en separación de bienes salvo que pacten lo contrario en escritura pública.

El divorcio es la disolución del vínculo conyugal. Tradicionalmente para divorciarse era necesario que los consortes llevaran separados un cierto periodo de tiempo, de tal manera que ambas crisis eran sucesivas: primero separación y luego divorcio. Desde 2005, sin embargo, cualquiera de los cónyuges puede decidir divorciarse desde el tercer mes del matrimonio, sin necesidad de separarse antes.

A nivel de tramitación, el divorcio funciona igual que la separación: procedimiento judicial salvo que sea de mutuo acuerdo y no haya hijos, en cuyo caso se aplica el trámite simplificado ante el notario o el LAJ. Y por supuesto no existe el “divorcio de hecho”. Una vez concedido el divorcio, se extingue el régimen económico matrimonial y los cónyuges están, a todos los efectos, solteros. La reconciliación no hace revivir el vínculo: si los exconsortes quieren estar casados de nuevo, deben celebrar un segundo matrimonio.

La nulidad es algo que normalmente se asocia a matrimonio religioso pero que en realidad puede afectar a cualquier negocio jurídico, incluyendo al matrimonio civil. Consiste en la realización del acto de una forma tan viciada que realmente nunca llega a nacer. Un matrimonio nulo es aquel que, por lo que sea, no llegó a celebrarse válidamente, por lo que en realidad jamás ha existido.

Son matrimonios nulos los siguientes:
  • El celebrado entre personas que no pueden contraer matrimonio. No pueden casarse quienes ya estén casados y los menores de edad no emancipados. Y no pueden casarse entre sí los parientes en línea recta (padres con hijos), los parientes colaterales en segundo grado (el hermano con el hermano) y en tercer grado (el tío con el sobrino) y los condenados por participar en la muerte del cónyuge o pareja de cualquiera de ellos. El juez puede levantar las dos últimas prohibiciones.
  • El que no se celebre ante funcionario válido o que se celebre sin testigos. Sin embargo, la primera causa no operará si el funcionario que celebra el matrimonio viene ejerciendo sus funciones de manera pública (pese a no tener un nombramiento válido) y uno de los cónyuges va de buena fe.
  • El celebrado sin consentimiento matrimonial. El matrimonio es un negocio jurídico que tiene una serie de notas previstas en los artículos 66 a 68 CC: la igualdad, el respeto mutuo, la fidelidad, la convivencia, la corresponsabilidad, etc. Si alguien no quiere acceder a un negocio jurídico definido por estas notas, en realidad no consiente en contraer matrimonio. Así, son nulos el matrimonio simulado por ambas partes (por ejemplo, para darle papeles a uno de los cónyuges) y el matrimonio de conveniencia. También aquel celebrado por alguien sin capacidad mental para consentir.
  • El celebrado con un consentimiento viciado. Son vicios del consentimiento el error (sobre la identidad o sobre cualidades personales importantes del otro cónyuge) y la intimidación por parte del otro cónyuge.


Como se ha dicho, el matrimonio en el que concurra alguno de estos vicios es nulo y nunca ha existido. Sin embargo, dependiendo de cuál sea la causa de la nulidad, puede convalidarse el matrimonio. Así, en el caso de matrimonio con un menor, se convalida el vínculo si los cónyuges llegan a vivir juntos un año desde la mayoría de edad. Y en caso de error o intimidación, se convalida el vínculo si hay una convivencia de un año desde que desaparece el vicio del consentimiento.

Dado que el matrimonio nulo no ha existido nunca, se deben poner las cosas como estaban antes de su celebración, incluso a nivel patrimonial. Eso puede ser una cabronada para los hijos (que no tienen culpa de nada) y para el cónyuge de buena fe. Por eso, la ley les protege: los efectos producidos respecto de ellos permanecen. Además, el cónyuge de buena fe tiene derecho a una indemnización por parte del otro.


Hemos visto hasta aquí las tres crisis matrimoniales previstas en el derecho matrimonial español. Sin embargo, a veces son también relevantes las mencionadas en el derecho canónico, es decir, en la Iglesia católica. Esta institución permite el divorcio en un único caso: que el matrimonio no haya tenido contacto carnal, es decir, que no se haya consumado. Se supone que el vínculo no ha llegado a perfeccionarse y por eso puede disolverse. Como compensación, se multiplican las causas de nulidad: es nulo el matrimonio celebrado con un impotente, con un no católico, con un sacerdote, con los padres o los hijos de tu cónyuge si el matrimonio con él resultó ser nulo, con quien crea que el matrimonio católico es disoluble, etc.

¿Por qué son relevantes estas normas? En principio no lo serían: según vimos en la entrada que he enlazado al principio, en España el único matrimonio legal es el civil, por lo que las causas de disolución y nulidad del vínculo canónico no nos deberían importar. Pero nos importan, porque existe una excepción: el artículo 80 CC permite aplicar en España las decisiones católicas sobre matrimonio no consumado y sobre nulidad matrimonial. Solo las católicas, ojo, no las de ninguna otra confesión. Es la única quiebra que sufre el sistema de matrimonio civil único (pero con varias formas de celebración) que tenemos en España.

Ahora bien, para que estas resoluciones sean aplicables en España hay que reconocerlas como si fueran una sentencia dictada en un país extranjero, por medio de un procedimiento denominado exequatur. Y los tribunales españoles deben denegar el exequatur si la resolución que se trata de reconocer es contraria al orden público, es decir, a los principios básicos del derecho español. Algunas de las causas de nulidad canónica lo son y algunas no lo son: como podréis imaginar, la casuística es inmensa.

En conclusión: la separación es la ruptura de la convivencia y el régimen matrimonial, el divorcio es la disolución del matrimonio y la nulidad es la declaración de que el matrimonio nunca ha existido. Los tres procedimientos son civiles, aunque en el caso del matrimonio contraído ante un sacerdote católico es posible (en determinados casos) que el Estado español reconozca las resoluciones de disolución y nulidad dictada por las instituciones canónicas. Espero que se haya entendido.







(1) Y hoy en “nuestro legislador no sabe legislar”, capítulo 34434: cuando abolieron sin querer la separación contenciosa. El artículo 81 CC regula la separación (tanto contenciosa como de mutuo acuerdo) cuando hay hijos menores. El artículo 82 CC regula el procedimiento especial ante el notario o el LAJ cuando la separación es de mutuo acuerdo y no hay hijos menores. Entonces, ¿qué pasa cuando la separación es contenciosa pero no hay hijos? Técnicamente está abolida, porque el Código Civil no la menciona en ninguno de esos dos artículos. Y, como los artículos referentes al divorcio se remiten a lo previsto en estos dos preceptos, tampoco existiría el divorcio contencioso. Por suerte, los tribunales interpretan esta chapuza como lo que es: el enésimo error del legislador.




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miércoles, 2 de agosto de 2017

Difundir imágenes de un exhibicionista no va a llevarte a la cárcel

Cada vez tengo más claro que si no fuera por la prensa amarillista este blog no viviría. Hoy he podido leer un artículo de VICE, por otra parte bastante interesante, pero que ha sido tuiteado con el desafortunado dato de que “La Ley contempla prisión de 6 meses a un año para las mujeres que difundan estos acosos”. Se trata de los casos donde un hombre se pone a masturbarse mirando obsesivamente a una mujer (concretamente esto viene por un caso que sucedió hace poco en Valdemoro), y ésta lo graba y lo sube a redes para alertar. En el artículo se entrevista a un supuesto experto jurídico que menciona el artículo 186 CPE como base para sancionar a las mujeres que cometan esta conducta. En otras palabras: el “experto” dice que publicar la foto de un exhibicionista es, su vez, delito de exhibicionismo.

Esta afirmación es una barbaridad tan grande que exige que la diseccionemos punto por punto.

Punto 1: la definición de pornografía. El artículo 186 CPE castiga la difusión de material pornográfico. ¿Qué es pornografía? No existe un concepto legal. El Código Penal menciona cuatro supuestos donde un material es pornografía infantil. Podemos usarlos para dar una definición general: lo que sea pornografía en menores también lo será en mayores. Pues bien, para que algo sea pornográfico, el Código Penal exige que se represente una conducta sexualmente explícita (aunque sea simulada) o bien órganos sexuales. Se menciona también la intencionalidad: los fines del material pornográfico deben ser “principalmente sexuales”. Por su parte, la RAE también define lo que es pornografía, y da un concepto similar: presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación.

Así pues, podemos estar de acuerdo en que una imagen será pornográfica si cumple con dos requisitos: ser abiertamente sexual y pretender la excitación de quien la observe. La foto de un exhibicionista no cuadra aquí ni de lejos. Para empezar, normalmente no se ve una conducta sexualmente explícita, sino a un tipo tocándose el rabo por encima del pantalón: en la mayoría de los casos ni siquiera se aprecian genitales (1). Y para seguir, la foto se hace para denunciar una conducta, no con el objetivo de excitar a nadie. Así que no, algo así no puede considerarse pornográfico.

Punto 2: la difusión entre menores. Pero supongamos que la foto de un exhibicionista es pornografía. ¿Es delito ponerla en Twitter? La conducta castigada en el artículo 186 CPE es la siguiente: distribución de la pornografía de forma directa ante menores de edad (2). Nada que ver con colgarlo en Internet, donde todo el mundo puede verlo.

El artículo 186 CPE está pensado para castigar a quiosqueros que le venden pornografía a niños, o a los taquilleros de cines pornográficos que dejan pasar a menores de edad. Se exige que la pornografía sea puesta a disposición de los menores de manera directa: el delito se comete cuando se le da porno a alguien cuya madurez sexual no puede asimilarlo, no cuando ese porno se cuelga en un lugar donde todo el mundo (mayores y menores) puede verlo.

El “experto” consultado por VICE dice otra cosa. Afirma que es delito difundir pornografía “en canales a los que puedan acceder menores”. No sé si se da cuenta de que si eso fuera así todo el porno de Internet sería delictivo. Al fin y al cabo, cualquier menor con una conexión a Internet y un cerrojo en la puerta puede entrar a ver pornografía sin superar un solo control de acceso. Y no, el botón de “tengo 18 años” no cuenta como control de acceso.

Punto 3: el dolo. Vamos a suponer que nada de lo anterior existe, es decir, que difundir fotos de un exhibicionista cuadra con el delito previsto en el artículo 186 CPE Queda otro problema. Las conductas incluidas en el Código Penal solo se consideran delito si se han cometido con dolo, es decir, buscando el resultado delictivo (3). Y sin duda alguien que cuelga una imagen en un foro público donde todo el mundo puede verla no está buscando específicamente que la observen menores de edad.

Podría decirse que quien sube la imagen pornográfica a Internet no está buscando específicamente que la vean menores, pero que sin duda se imagina que algo así es posible y no le importa. Éste es un tipo de dolo que se llama “eventual”. Pero el dolo eventual no se admite en todos los delitos, y éste parece ser uno de ellos: se exige una exposición directa de los menores a la pornografía. ¿Cómo va a ser esa conducta compatible con un dolo eventual? Además, estamos en las mismas que en el punto anterior: si admitimos el dolo eventual para el delito del artículo 186 CPE, toda la pornografía de Internet pasa a ser delictiva.

Punto 4: la pena. Incluso descartando todo lo anterior, el titular sobre que la pena de este delito es “de 6 meses de cárcel a un año” resulta alarmista. Hay una segunda pena, de multa, y el juez debe decidir cuál de las dos impone. Y teniendo en cuenta el contexto (una imagen que busca la denuncia pública de un hecho probablemente delictivo) ningún juez impondría cárcel. Como mucho caería una multa.



Así que no. Lo mires por donde lo mires, difundir en Twitter la foto de un exhibicionista no es a su vez delito de exhibicionismo. Aunque lo fuera, la pena no sería un año de cárcel. La conclusión es obvia: VICE debe, o bien cambiar de asesores legales, o bien darle menos al clicbait.





(1) En el caso del exhibicionista de Valdemoro parece que, si amplías la foto, hay una sombra que podría ser el pene del tipo. Sigue sin convertir la imagen en algo “sexualmente explícito”, porque tienes que buscarlo para verlo.

(2) También se castiga la exhibición ante “personas con discapacidad necesitadas de especial protección”, es decir, discapacitados psíquicos. Cada vez que en el artículo mencione a los menores de edad, tened en cuenta que también se incluye a los discapacitados psíquicos, pero que no los menciono para no sobrecargar el artículo.

(3) En algunos casos se permite castigar también a quien actúa por imprudencia.



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martes, 1 de agosto de 2017

La vergüenza de LexNET

Y por fin ha sucedido. LexNET, esa plataforma que iba a acabar con el papel en la Justicia, ha colapsado. Empezó con un mensaje de Facebook del siempre activo José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Murcia, en el que avisaba de una gran vulnerabilidad: cualquier usuario registrado podía acceder a expedientes de otro y trastear con ellos. Se supone que, después de una reparación exprés que duró cinco horas, el asunto estaba arreglado. Sin embargo, la alerta siguió creciendo: pudimos leer tuits que decían, por ejemplo, que el sistema permitía entrar sin seleccionar un certificado digital. El viernes, cerrojazo: LexNET se corta sin previo aviso (1) y se forma un gabinete de crisis. Lo último que sabemos es que se abrió de nuevo ayer (último día del año judicial, es decir, pico de trabajo), que se estuvo cayendo durante toda la mañana y que cometía errores tan graves como notificaciones cruzadas. Año y medio ha durado el invento.

El asunto está acaparando menos portadas de las que probablemente debería. Parece que los periodistas no acaban de hacerse cargo de lo grave que es. Debido al error detectado originalmente por Muelas, cualquier persona con cuenta en LexNET podía acceder a todos los documentos que miles de órganos judiciales y de profesionales de la justicia han ido subiendo a la plataforma en este último año y medio. Y ojo, que parece ser que el registro en la plataforma no estaba restringido solo a abogados y procuradores. Es posible tener cuenta sin trabajar en el sistema judicial.

Esto significa que puede haber delincuentes que conozcan los datos personales actuales de sus víctimas. Que se han aireado nombres de testigos, de víctimas de delitos (incluso menores de edad), de denunciados y de condenados. Que información sensible de Policía y Guardia Civil ha quedado al descubierto, incluyendo nombres de agentes: menos mal que ya no existe ETA. Que cualquier abogado ha podido jugar sucio: le ha sido perfectamente posible acceder a la cuenta de su contrario, aceptar en su nombre una notificación que le perjudica y borrarla. El afectado no se entera y se le pasa el plazo para recurrirla. Precioso, ¿eh?

¿Desde cuándo estaba ahí la vulnerabilidad? El Ministerio dice que desde el 21 de julio, que se implantó la última actualización. Hay quien señala que puede llevar allí un año o incluso más. Da lo mismo. No voy a entrar en ese debate por dos razones. Una, porque es estéril: jamás lo sabremos. El código de LexNET no es público ni parece que haya un diario de versiones, así que no hay manera de que podamos analizarlo. Y dos, porque da igual: sea un día, un mes o un año, estamos ante un gravísimo error de nuestro Ministerio de Justicia. Error que se suma a otros cientos cometidos durante dos años en todo lo que tiene que ver con la Administración electrónica de justicia.

LexNET ha sido un despropósito, de principio a fin. Para empezar, nunca fue más que un sistema de correo electrónico con ínfulas. LexNET te permite, básicamente, enviar escritos al Juzgado correspondiente y recibir sus respuestas. Ya está. Nada parecido a un auténtico expediente electrónico que las partes y los órganos judiciales vayan aumentando con sus aportaciones, no: algo que puede ser sustituido por una cuenta de Hotmail. Por Dios, si ni siquiera tiene incorporado un sistema de alertas que te avise al móvil o al correo electrónico cuando te llega un escrito (2).

Esto último merece párrafo aparte. Si no te avisan, ¿quiere esto decir que tienes que estar cada día metiéndote en LexNET para saber si te ha llegado algo? ¡No! Porque hay una app. La app se instala en el móvil y, una vez allí… no hace nada. Nada en absoluto. Para saber si tienes notificaciones tienes que abrirla, momento en el cual te llena el teléfono de PDFs con informes de errores y parones técnicos. Si resulta que tienes alguna notificación, la app te permite… nada, de nuevo. Te toca ir a un ordenador, enchufar tu lector de tarjetas y acceder a LexNET con tu certificado digital. Una aplicación muy útil, como veis.

Una vez entras en la plataforma las cosas no mejoran. Solo puedes acceder a LexNET desde Internet Explorer, y no desde todas las versiones. Cambiar de pantalla es un verdadero suplicio, porque nunca sabes si se va a quedar colgado. Funciona lento como él solo. Además, está diseñado de forma muy ineficiente: para mandar un escrito a un determinado órgano primero tienes que incluir dicho órgano en tu agenda, lo cual suma varios pasos al trámite. Y una vez que por fin logras ordenarle al programa que haga lo que quieres, te encuentras con el tamaño máximo. No se pueden mandar archivos muy pesados… como, por ejemplo, fotos a color. No es de extrañar que no deje de haber parones técnicos.

Aparte de que el sistema funciona regular, se implantó demasiado rápido. A mediados de 2015, al ministro de Justicia se le ocurrió que para el 1 de enero el papel se iba a acabar. "Papel cero", lo llamó el muy cínico. Dicho y hecho: lanzó LexNET (que llevaba un tiempo de rodaje en algunas comunidades autónomas) y prohibió la presentación de escritos en papel. La nueva plataforma sería obligatoria. Por supuesto, pasó lo que tenía que pasar: desbarajuste mayúsculo, porque el programa no dejaba de caerse. De hecho, los órganos judiciales estuvieron durante un par de meses admitiendo todavía escritos en papel, mientras que los fallos más gordos se solucionaban.

¿Y el papel cero qué tal? Muy bien, gracias. Los despachos de abogados y procuradores se han ahorrado, qué duda cabe, una pasta en papel. Pero ese coste simplemente se ha desplazado al Juzgado: normalmente, cuando los escritos llegan al órgano judicial, se imprimen allí y se almacenan físicamente. Puedo entenderlo, porque trabajar sobre papel a mí siempre me resulta más cómodo. Pero ha generado cosas como esta simpática anécdota: este mismo año, presenté un escrito en papel (se puede hacer en determinadas circunstancias) y el Juzgado me pidió copias para trasladarlas a los demandados. Llamé para preguntar y la funcionaria, muy amable, me dijo que es que estaban sin folios. Papel cero, lo llaman. 

Con todo, lo peor no es eso. Lo peor no es que nuestra justicia opere a través de una cuenta de correo electrónico que funciona mal y que no ha conseguido sus objetivos. Lo peor es que está en manos del Ministerio de Justicia. No es el Consejo General del Poder Judicial quien controla LexNET, sino el poder ejecutivo. No hace falta decir que esto pone mucha información en manos de quien no tiene que tenerla. ¿Qué le importa al Ministerio en qué pleitos interviene cada abogado, qué declara cada testigo o qué decide cada juez? Como dice Javier de la Cueva en este excelente artículo, si el Gobierno sabe qué jueces se encargan de qué casos, hay una puerta abierta importante para que intenten influir en sus decisiones mediante cursos de "formación" u otros mecanismos. Y por supuesto, si el Gobierno ve lo que hay, el siguiente paso es que meta mano en el sistema. ¿Quién nos garantiza que algo así no sucedería? Por supuesto, nadie.

Termino ya: lo de LexNET ha sido un despropósito de principio a fin. Desde el planteamiento del sistema a su titularidad, su coste (7,28 millones entre 2010 y 2016), su funcionamiento y su puesta en marcha. Esto solo podía acabar así: con una exposición masiva de datos personales. Veremos a ver qué dice el gabinete de crisis, pero yo creo que esto tiene una salida: dimisiones masivas y vuelta provisional al papel mientras se diseña un sistema mejor planteado y que funcione de verdad.

Cualquier otra cosa será un parche.






(1) En realidad avisaron, pero con tan poca antelación (el aviso fue a las 16:25 y el corte a las 16:30) que no cuenta.

(2) Esa funcionalidad existía en LexNET Abogacía, una especie de duplicado solo para abogados que cerró después de unos pocos meses de funcionamiento. Hablé de ello aquí.



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viernes, 21 de julio de 2017

La propiedad de un perro

La semana pasada conocimos un nuevo episodio de bajeza moral. El youtuber Dalas, conocido por la buena relación que mantiene con todas las mujeres que han pasado por su vida y por sus templadas y razonables opiniones políticas, ha ganado un juicio. Se trataba de la propiedad de Argos, un perro que compartía con su expareja, Miare. El asunto ha desatado bastante indignación porque Miare ha publicado capturas de pantalla, al parecer verificadas ante notario (1), en las cuales su ex dice que no le interesa el perro, que lo odia y que solo lo quiere recuperar por hacerle daño a ella.

Pretendo hacer algunos comentarios a raíz de este caso. Por desgracia, no he leído la sentencia: me baso en el vídeo que hizo Miare, en el comunicado de la protectora involucrada y en el hilo del abogado David Bravo. Por lo que parece, los hechos son más o menos los siguientes: hace dos años, Dalas firmó con una protectora de animales un contrato de adopción relativo al perro Argos. Sin embargo, la iniciativa para conseguir al animal había partido de Miare, que era la encargada de cuidarlo. La única razón por la que Dalas firmó el contrato es porque Miare era menor de edad, pero a todos los efectos el perro era de ella: lo cuidaba, lo presentaba como suyo, mantenía el contacto con la protectora, etc.

Nuestro derecho civil (liberal y de raíz romana) distingue entre sujetos y objetos. Un sujeto tiene autonomía, personalidad jurídica y derechos; un objeto no tiene nada de eso sino que puede ser poseído y convertido en propiedad. Los animales son considerados objetos. Concretamente, están dentro de los bienes muebles, donde forman una categoría propia: la de los semovientes, es decir, aquellos objetos que se mueven por sí mismos. Soy consciente de que la terminología que estoy usando es desagradable cuando se aplica a un animal doméstico, pero jurídicamente las cosas son así: en nuestro derecho, los animales son cosas y lo más probable es que tengan un propietario.

Así, una cría es propiedad del dueño de la madre desde el estadio fetal (artículos 354, 355 y 357 CC). A partir de ese momento puede ser transmitida como cualquier otra propiedad: mediante compraventa, donación, testamento, etc. El contrato de adopción no es más que una modalidad de donación, por la cual el adoptante adquiere la propiedad plena del animal pero con alguna carga extra. Es común, por ejemplo, que el contrato prohíba que el animal se dedique a la caza o a las peleas, que se establezcan normas para su cuidado y que no pueda cederse a terceros.

En este caso, tenemos un contrato que dice que la propiedad del perro es de Dalas. Sin embargo, su posesión (es decir, su custodia efectiva) la tenía Miare. Se da la circunstancia de que ambos tienen ya nula relación entre ellos, y que de hecho Dalas vive en otro país. Sin embargo, como el contrato está a su nombre, el youtuber interpuso lo que se llama una acción reivindicatoria: solicitar que el poseedor no propietario devuelva la cosa al propietario que ha perdido la posesión. Ante eso, Miare opuso el argumento de que el contrato era una ficción, puesto que Dalas se limitó a firmar por ella. Las pruebas de ello serían varios testimonios que afirman que, para todo el mundo de su entorno, el perro era de ella. El juez, sin embargo, no los ha tenido en cuenta.

Como digo, no he leído la sentencia, pero entiendo el razonamiento jurídico que hay detrás. Para transmitir una propiedad según el derecho español hay que cumplir dos requisitos: que haya un acuerdo que permita la transmisión (una donación, una compraventa) y que se entregue efectivamente la cosa. Estos dos requisitos están perfectamente probados en la relación entre la protectora y Dalas. Sin embargo, no lo están en la relación entre Dalas y Miare, la cual solo ha podido aportar conversaciones de WhatsApp y testimonios. Nada que demuestre que Dalas le donó o vendió el perro, ni mucho menos un documento con ese contenido. En este punto, la resolución del juez es obvia: si Dalas no ha transmitido la propiedad de Argos a Miare, él es el verdadero propietario del animal y ella una mera poseedora que solo lo será mientras él lo tolere. Como él ha dejado de tolerarlo, la acción reivindicatoria debe triunfar.

La solución parece correcta, jurídicamente hablando. Pero también es insatisfactoria. No dejo de pensar que el juez podría habérselo currado un poco más. Todo el caso gira en torno a esta pregunta: ¿transmitió Dalas a Miare la propiedad de Argos una vez que él lo adquirió de la protectora? Es cierto que no hay un documento escrito que lo pruebe, pero sí existen indicios. El hecho de que haya testimonios que digan que ella trataba al perro como suyo en público y él lo aceptaba, por ejemplo. O los mensajes de WhatsApp y Twitter donde él reconoce que pega al perro y que realmente solo quiere recuperarlo en venganza y no porque le interese tener a un animal de compañía. O que fuera ella la persona que mantenía informada a la protectora de la evolución de Argos. Y, sobre todo, está el tema de los cuidados: era Miare quien atendía al perro, a su propia costa, y ése es un signo bastante demostrativo de propiedad. 

Este caso hay que mirarlo con una perspectiva un poco amplia. El Código Civil puede decir misa, pero la conciencia social va por otro lado, y no acaba de aceptar que los animales domésticos sean simples “cosas”, sometidas a las mismas normas que una mesita de noche o que una bicicleta. Como sociedad, nos hemos sensibilizado bastante con ese tema. Aunque legalmente sean bienes muebles, sabemos que los animales sienten y padecen, y no nos es indiferente que su dueño les maltrate o no. En este sentido, utilizar un enfoque exclusivamente civil para resolver los casos dudosos parece un error. Si una persona está cuidando públicamente al animal con la tolerancia de quien figura como su propietario no vemos justo que le atribuyan la propiedad a éste, y menos aún si hay pruebas de maltrato.

Sinceramente, no sé cómo resolver este asunto a nivel general. No sé si habría que hacer como Portugal, que este año ha reformado su Código Civil para establecer que los animales domésticos tienen sensibilidad y merecen protección jurídica, con todo lo que ello implica. Mientras se abre este debate, la solución puede pasar por la jurisprudencia: que los jueces apliquen criterios más razonables para atribuir la propiedad de los animales de compañía en los casos dudosos. Criterios que tengan en cuenta con quién va a estar mejor el animal y quién se ha ocupado de él en los años previos, por ejemplo. Sé que alguna vez se ha hecho así (ha habido juicios por “la custodia” del perro), e imagino que se irá generalizando.

En fin, estas elucubraciones le valen de poco a Miare, que se va a ver obligada a entregar el perro. Dado que se trataba de un juicio verbal fijado en razón de la cuantía (2) y ésta era inferior a 3.000 €, no es posible recurrir la sentencia. El juez ha sentenciado que el perro es de Dalas, y de Dalas es. Creo que Miare tiene todavía posibilidades de recuperarlo, pero no quiero dar ideas por si me lee quien no debe: su abogado podrá aconsejarla mejor que yo.

De momento, sirva este texto para dejar constancia de una grave disparidad entre un derecho civil que considera a los animales de compañía simples bienes muebles y una conciencia social que va por un lado muy distinto.






(1) Los niños rata fans de Dalas no parecen saber lo que es un notario. Un notario da fe pública de algo que aprecia con sus sentidos. En este caso, puede certificar el contenido de una conversación de WhatsApp de Miare, la fecha de los mensajes y el número de teléfono que contesta. Con esos datos, identificar al interlocutor no es muy complicado.


(2) Los pleitos declarativos civiles son de dos tipos: el juicio ordinario y el juicio verbal. Para decidir cuál procede, primero nos fijamos en la materia: las demandas relativas al derecho al honor o a la competencia desleal van siempre por el ordinario, mientras que las relativas a impagos de arrendamientos o al deber de alimentos van siempre por el verbal, por ejemplo. Y si ese criterio no nos resuelve el problema, se atiende al criterio residual: las demandas por menos de 6.000 € van al verbal, las otras van al ordinario.


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lunes, 17 de julio de 2017

Unas palabras prohibidas

En los últimos tiempos parece que la empresa Deliveroo ha crecido mucho. No es extraño, porque permite a los restaurantes externalizar el servicio de reparto de comida a domicilio, lo cual, sumado a la aparición de plataformas como Just Eat (que se encarga de llegar a los clientes y tramitar los encargos) abarata muchísimo este servicio. Teniendo en cuenta lo anterior, no es raro que los repartidores de Deliveroo se hayan puesto en huelga: sus condiciones de trabajo son miserables (como cabría esperarse), y reclaman mejoras.

Deliveroo es una de las empresas que más han internalizado el rollo de la “economía colaborativa”. Igual que Uber o que Airbnb, su modelo de negocio se basa en reclutar a miles de trabajadores bajo la fórmula del contrato de arrendamiento de servicios con un trabajador autónomo. Es decir, que se crea la ficción de que los trabajadores de la empresa son en realidad empresarios que ofrecen sus servicios a un único cliente. Esta fórmula del falso autónomo está muy de moda (1), y la “economía colaborativa” la aprovecha como nadie.

¿Por qué? Pues porque tiene varias ventajas para la empresa. La primera, que son los trabajadores los que ponen los medios para realizar su trabajo, en este caso la bicicleta / moto, el móvil y la ropa de trabajo. Y la segunda, que permite huir del derecho laboral y de sus molestos convenios colectivos, salarios mínimos, normas de seguridad y jornadas de descanso: si estamos ante dos empresarios, uno de los cuales presta servicios al otro, no es necesario que el derecho intervenga para garantizar nada, ¿no? ¡No hay que limitar la sacrosanta libertad contractual!

Y Deliveroo lo ha aprendido muy bien, qué duda cabe. Tanto que, en esta huelga, se ha hecho público un documento donde se prohíbe a sus formadores el uso de ciertos términos. Entre las palabras “erróneas e ilegales” están “turno” (debe usarse “misión”), “salario” (mejor “pago”), “horarios” (hay que hablar de “disponibilidad”) y, por supuesto, “trabajo” (conviene decir “actividad” o “reparto”). Toda una neolengua que, aparte de sus efectos psicológicos sobre los trabajadores, tiene como objetivo declarado la evitación de problemas legales en caso de "control externo". No queremos que ningún algún molesto juez o inspector de trabajo a declarar que la relación entre Deliveroo y sus repartidores es laboral y debe aplicársele la normativa de trabajo.

En otras palabras: con esta terminología se trata de enmascarar la laboralidad de la relación.

Un principio básico de derecho privado es que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Si tú y yo firmamos un contrato de compraventa donde yo te vendo mi casa por un precio de 0 €, cualquier juez apreciará que eso es materialmente una donación y aplicará las normas (civiles y tributarias) que rigen la donación. De la misma manera, si Deliveroo está contratando trabajadores bajo la ficción del contrato de prestación de servicios con un autónomo, un juez tendrá que ver lo que hay debajo y aplicar a rajatabla el Estatuto de los Trabajadores y el convenio correspondiente.

La tentación de huir del derecho laboral no es nueva y, precisamente por ello, los tribunales llevan años sentando una depurada doctrina sobre los indicios que diferencian una relación laboral de otra clase de vínculos. Se habla de indicios porque las relaciones laborales están definidas por conceptos relativamente abstractos. Así, el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores menciona cinco notas que definen una relación laboral: personalísima, voluntaria, remunerada, por cuenta ajena y dependiente. Quizá el último concepto (dependencia) sea el más abstracto, pero es también el que se discute en este caso. Efectivamente, nadie duda de que la relación que une a Deliveroo con sus repartidores cumple con los otros cuatro requisitos (2), pero ¿se realiza en un contexto de dependencia?

Una relación tendrá la nota de dependencia si el trabajador se integra en la esfera organizativa del empresario. ¿Cómo se prueba eso? Pues algunos indicios clásicos son la asistencia a un centro de trabajo, el sometimiento a un horario, la programación de la actividad por parte del empresario, el uso de materiales de trabajo aportados por la empresa, que ésta dé instrucciones sobre cómo se tiene que realizar el trabajo, que tenga facultades disciplinarias, etc. En definitiva, toda una serie de criterios que permiten probar que el trabajador forma parte del ámbito de organización y dirección de la empresa.

Y aquí es donde entra la neolengua. Cuando Deliveroo, en su página web, menciona como una ventaja de trabajar con ellos que puedes repartir “con tu chaqueta o camiseta favorita”, lo que quiere decir es que no vas a llevar un uniforme que te identifique como un trabajador suyo. Cuando dice que “eres libre de elegir cuándo repartes” y prohíbe a sus formadores usar términos relativos al horario, lo que quiere decir es que no te marca los tiempos de trabajo. Cuando te exige tener tu propia moto/bici y smartphone, lo que quiere decir es que ellos no van a proporcionarte herramientas de trabajo. En otras palabras: están luchando contra todos esos indicios clásicos de laboralidad que acabamos de ver, para mantener la ficción de que sus trabajadores son empresarios que les venden un servicio.

El problema es que no cuela. La laboralidad de un vínculo deberá analizarse atendiendo a todos los elementos relevantes. Y aquí los hay para aburrir:

  • Es la empresa la que decide qué repartidor se encarga de cada pedido, es decir, que es ella quien organiza la actividad.
  • Del propio tuit que denuncia la neolengua deducimos varias cosas interesantes. Por ejemplo, que Deliveroo tiene formadores que transmiten las directrices aprobadas por la empresa. Estas directrices llegan hasta el aspecto que debe tener el repartidor o la forma de tratar con los restaurantes y los consumidores.
  • La empresa implementa una aplicación con la cual deben trabajar todos los repartidores, e inscribir en ella sus incidencias.
  • La empresa selecciona a los repartidores, en un proceso que se inicia cuando rellenas un formulario en la sección Colabora con Nosotros de su web.
  • Sí hay horarios: en el propio formulario tú decides cuándo deseas trabajar, y en esa franja debes estar disponible por si llega un encargo.
  • Sí hay uniforme, solo que va en la moto o bici: todos hemos visto vehículos con la caja de Deliveroo enganchada.
  • Que sea el trabajador quien aporta las herramientas no es tan relevante, puesto que existe asentada jurisprudencia (desde los años ’80) que acepta que los repartidores de mercancías con vehículo propio pueden perfectamente tener una relación laboral dependiendo de las circunstancias. Aquí tenéis una sentencia de 2011, por ejemplo.
  • Como reverso de su integración en la esfera organizativa del empresario, el repartidor no tiene su propia organización empresarial: no emite facturas, no contrata empleados, etc.


Por último, quiero mencionar otros indicios de laboralidad, relativamente novedosos y adaptados a la llamada “economía colaborativa”, que un juez británico ha apreciado en el caso de Uber. Son aplicables a este caso porque esta empresa es prácticamente idéntica a Deliveroo en su forma de funcionar y porque el concepto británico de relación laboral es muy similar al español. Son los siguientes:
  • Que los conductores trabajan bajo una marca ajena, que hace publicidad de sí misma y no de unos u otros conductores.
  • Que resulta ridículo pensar que en Londres hay 30.000 pequeños empresarios unidos por una única aplicación web. Algo así sería inmanejable para cualquier empresa.
  • Que los conductores no tienen posibilidad de hacer crecer su negocio si invierten en medios o en personal: la única forma de aumentar sus ingresos es trabajar más horas.
  • Que es la plataforma quien controla la información necesaria para desarrollar el negocio.
  • Que la empresa puede modificar unilateralmente los términos del contrato.


Estos cinco elementos se aprecian también en el caso de Deliveroo (incluyendo el último: es una de las razones de la huelga), y se suman a los anteriores. No hay por donde cogerlo: los repartidores de Deliveroo son pura fuerza de trabajo integrada en el ámbito organizativo de la empresa. Su relación es, por tanto, laboral. Toda la neolengua que intenta negarlo no es más que una forma más o menos creativa de encubrir un fraude masivo a la hora de contratar. Espero que así lo aprecie la Inspección de Trabajo en el expediente que les acaban de abrir.

La conclusión solo puede ser una: los trabajadores de Deliveroo (verdaderos trabajadores, nada de colaboradores) tienen todo el derecho del mundo a hacer huelga. Esperemos que consigan sus reivindicaciones.






(1) Es curioso cómo la explotación del trabajador va por modas, ¿no? Primero fueron los trabajadores temporales contratados en fraude, luego las ETTs, luego los becarios y ahora los falsos autónomos. Cada moda, por supuesto, desprotege más a los trabajadores que la anterior.

(2) “Personalísima” quiere decir que es el trabajador y no otra persona quien tiene que hacer el trabajo, es decir, que el repartidor no puede reclutar por su cuenta a un ayudante para que le sustituya. “Por cuenta ajena” significa que es la empresa quien se queda todos los frutos del trabajo del repartidor y a cambio le paga un salario independientemente de si logra obtener beneficios. Las notas de voluntariedad y retribución son obvias y no las voy a explicar.



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viernes, 14 de julio de 2017

Profesiones jurídicas V - Los secretarios judiciales (que ya no se llaman así)

Hoy toca hablar del último colectivo de profesionales jurídicos que trabaja en Juzgados y Tribunales: los letrados de la Administración de Justicia, que hasta 2015 se llamaban secretarios judiciales. Por entradas anteriores sabemos que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, los fiscales impulsan el proceso buscando que se cumpla la legalidad, los abogados defienden a las partes del litigio y los procuradores tienen como tarea principal quejarse en los comentarios de este blog.

Los letrados de la Administración de Justicia son, básicamente, los que permiten que los cuatro profesionales anteriores puedan trabajar.

Tradicionalmente, el juez era el rey en el Juzgado. No solo cumplía su función jurisdiccional, sino que era también quien se encargaba de la administración del órgano, es decir, del papeleo. El secretario judicial se configuraba como un mero asistente del juez en esta tarea: era el jefe directo del personal del Juzgado (bajo la dirección del juez), llevaba los archivos y confeccionaba la estadística judicial. Aparte de eso, como todo secretario, era quien daba fe: en su caso eso significa certificar que los actos procesales se realizaban efectivamente. Como podéis comprobar en la redacción original de la LOPJ, éstas eran básicamente todas sus funciones, al margen de tareas concretas que les encomendara la ley en cada jurisdicción.

Sin embargo, ya entrado el siglo XXI se vio que aquella división no tenía sentido. Es un poco absurdo que el juez tenga que encargarse de la jurisdicción (leer escritos, presidir vistas, valorar pruebas, redactar autos y sentencias) y, además, de toda la administración del Juzgado. Así que en sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (2003, 2009 y 2015, principalmente) se ha ido avanzando en la dirección de separar ambas competencias. El juez que juzgue y el secretario judicial que administre el Juzgado. En la última modificación, y con el fin de adecuar el nombre de la figura a sus nuevas tareas, se elimina la denominación de “secretarios judiciales” y se impulsa la de “letrados de la Administración de Justicia”.

¿Y qué hacen los LAJ? Pues para empezar, el artículo 440 LOPJ les confiere la condición de autoridad pública y les otorga la dirección de la oficina judicial, es decir, de los funcionarios que trabajan en los órganos judiciales. Ya no ejercen sobre todo este personal una autoridad delegada como asistentes del juez, sino que la propia ley les confiere la jefatura del órgano. Por sí solo este cambio es enorme, porque ya el juez no se tiene que preocupar de nada en esta materia: gestión de personal, organización del trabajo de los funcionarios, medios materiales… de todo eso se encarga el LAJ.

Además, sigue teniendo atribuidas una pluralidad de materias. Algunas de ellas son las clásicas del secretario judicial, como las ya mencionadas fe pública, custodia de archivos y estadística judicial. Otras fueron añadidas o concretadas en las reformas de 2003, 2009 o 2015: por ejemplo, los LAJ garantizan el reparto de asuntos, facilitan información a las partes que lo soliciten, llevan el registro, dan cuenta al juez de la presentación de escritos y del transcurso de plazos y promueven el empleo de medios audiovisuales e informáticos.

Por último, los LAJ tienen competencia en materia procesal, puesto que les atribuyen la función de “impulsar el proceso”. Son ellos quienes expiden diligencias, que son escritos por los cuales se ordena el procedimiento (1), se da constancia de algún extremo, se comunica algo o se manda ejecutar una resolución previa. También dictan decretos, que son como las diligencias pero argumentadas: los decretos se dictan sobre todo en los procedimientos que son de competencia de los LAJ.

“¿Pero cómo?”, podréis decir. “¿Qué hacen los LAJ llevando procedimientos? ¿No habíamos quedado en que se encargan del papeleo mientras el juez es quien resuelve los asuntos?” Sí, pero no. En las últimas vueltas de tuerca de la reforma, se han atribuido a los letrados de la Administración de Justicia ciertas competencias sobre materias que no son propiamente jurisdiccionales o que no plantean desacuerdos importantes. Se trata de la misma lógica: liberar al juez de toda carga que no sea el ejercicio de la jurisdicción entendida en sentido estricto.

Así, pese a que la función jurisdiccional se define como “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, muchas labores de ejecución descansan hoy en el LAJ. También se encargan de diversos actos de jurisdicción voluntaria, es decir, de aquellos asuntos que necesitan la intervención de un órgano judicial pero que no tienen propiamente un conflicto que resolver: declarar el fallecimiento de un desaparecido, tramitar una consignación (2), convocar la Junta General de una sociedad mercantil contra la voluntad de los administradores, etc. El LAJ es también quien tramita el procedimiento monitorio (3). Por último, la ley le concede funciones de conciliación y mediación.

Estamos, por tanto, ante una de las figuras más importantes del sistema: no solo es quien se encarga de que el Juzgado funcione, sino que también es quien ordena e impulsa el proceso judicial mediante diligencias e incluso resuelve asuntos donde tiene competencia exclusiva. Como he dicho al principio, es el que permite que los demás puedan hacer su trabajo.









(1) Chiste de secretarios judiciales: ¿Cuáles son los escritos procesales más pijos? Las diligencias de ordenación, porque se abrevian DIOR.

(2) La consignación es la puesta de dinero a disposición de un acreedor que no quiere recibirlo. Por ejemplo: imaginemos que me peleo con mi casero y éste se niega a aceptar el pago de una mensualidad con el fin de generar una situación de impago y echarme así a la calle. Yo puedo evitar esta trampa consignando el dinero a su nombre en el Juzgado.

(3) El procedimiento monitorio es un mecanismo para reclamar deudas de forma rápida. Básicamente, el reclamante presenta un escrito diciendo que el reclamado le debe X y documentando por qué es así. El secretario judicial dicta una diligencia por la cual le ordena al reclamado que pague o que se oponga. Si paga, asunto resuelto; si se opone, ya se va a un juicio propiamente dicho; si no hace nada, se declara que la deuda existe y se puede ejecutar.


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