Justicia para todos

Este 20 de noviembre se cumple un año de una de las mayores infamias que ha tenido que soportar la malhadada población española: una Ley de Tasas judiciales que castra por completo el acceso a la justicia de los grupos más desfavorecidos. Un tributo que se cobra al empezar el procedimiento y que depende de la cuantía de éste, lo cual tiene el mérito de no guardar relación ni con la teórica finalidad de la tasa (que es financiar un servicio) ni con la capacidad económica del sujeto que la paga.

La idea de las tasas judiciales no es nueva. Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, ya escribió un opúsculo contra ellas a finales del siglo XVIII. En este panfleto les daba un apodo muy adecuado: impuesto sobre la aflicción. Efectivamente, cuando uno acude a pedir justicia es porque está afligido por un problema: le han despedido, le han multado, le han agredido, no sabe si cobrará lo que se le debe… Imponer una tasa a ese momento es una canallada.

Yo no me opongo a la existencia de tasas judiciales. Al fin y al cabo la Justicia debe pagarse y creo que algunos de los que acuden a ella deberían colaborar a su financiación (1). Los que litigan temerariamente, con afán dilatorio y sabiendo que su pretensión no se aguanta deberían pagar parte del coste del procedimiento. Pero para eso hay que reformar el sistema. Para empezar, el sujeto pasivo del tributo (quien lo paga, vamos) no puede ser el demandante o querellante, sino quien sea condenado en costas. En consecuencia, la tasa debe cobrarse al final, cuando la sentencia sea firme. Y, por supuesto, su importe debe reducirse y dejar de depender de la cuantía del procedimiento.

Pero claro, un razonamiento así sólo se le puede ocurrir a un gobierno que, aparte de preocupado por el coste de los servicios públicos, tenga algún interés en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y éste no es el caso. Porque estamos viviendo el mayor retroceso social de la historia de la democracia, a manos de una gente que considera que los derechos humanos son optativos. Y lo que están haciendo con la Justicia es sólo un ejemplo.

Digámoslo claro: la Ley de Tasas no es fruto de la estupidez. Sí, está mal redactada, se tramitó con una rapidez absurda (porque había que aprobar una de sus Disposiciones Adicionales, que suprimía una de las pagas extra de los funcionarios) y hubo de corregirse pocos meses después de su promulgación. Pero lo que hay detrás no es la estulticia, sino la voluntad clara de alejar la Justicia de los ciudadanos.

La Ley de Tasas es el principio. Han tocado o van a tocar todas las leyes procesales importantes. La LOPJ ya ha sido modificada en lo que se refiere a la elección del CGPJ. La Ley de Planta va a llevar la justicia a las capitales de provincia, sacándola de pueblos y ciudades no capitalinas. El Código Procesal Penal va a darle un peso desproporcionado al Ministerio Fiscal en la instrucción de los delitos y en la acusación. Y así con todo.

Estamos ante la punta de lanza de un ataque sistemático a nuestro derecho a la tutela judicial efectiva. Ha preocupado menos de lo que debería: un acceso fácil, barato y rápido a la Justicia es la única manera de parar todos los desmanes que están cometiendo en otros campos. Sin Justicia no hay Estado de Derecho, punto. La Ley de Tasas no es un problema de abogados, igual que la reforma educativa no afecta sólo a profesores y la sanitaria no se limita a tocar los puestos de médicos y enfermeros. Es un problema de todos, del modelo de sociedad que queremos y del que nos están intentando construir.

Por eso, porque esto es importante, quiero convocaros a la concentración que se ha convocado el miércoles 20 ante las sedes de los órganos judiciales. En Madrid es en Plaza de Castilla a las 12:00. Allí nos vemos.

(1)  Otra cosa es que aquí se haya dicho que las tasas iban a servir para financiar la asistencia jurídica gratuita y esa partida presupuestaria no haya subido. ¿Dónde ha ido el dinero de las tasas? Ah…