Filibusteros

En la última entrada hablamos, al hilo de otra cosa, del filibusterismo parlamentario. Nos referíamos a todas aquellas prácticas en las cuales se abusa del reglamento con el fin de paralizar la Cámara o de impedir que algunos de sus miembros disfruten de sus derechos legales. Más en concreto, denunciábamos que el PP y Ciudadanos estuvieran bloqueando la tramitación de una ley mediante el sencillo expediente de prorrogar, semana tras semana hasta sumar sesenta (casi dos años, contando vacaciones parlamentarias) el plazo para presentar enmiendas a la misma. Pueden hacerlo porque ambos partidos suman mayoría absoluta en la Mesa del Congreso.

Pues bien, justo esta semana hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha anulado un acto similar de filibusterismo sucedido, eso sí, en 2017. Para unas prisas, ¿eh? Uno podría preguntarse, en primer lugar, qué hace el Tribunal Constitucional pronunciándose sobre cuestiones de mayorías y minorías parlamentarias, algo que se antoja que pertenece al núcleo más básico de la soberanía. Si la mayoría de la Cámara toma una decisión, no habría mucho más que hablar: estamos en una democracia, y la mayoría quiere que este asunto no se trate. Punto.

Pero esta visión está un poco desfasada. El Tribunal Constitucional es una institución dedicada a proteger derechos fundamentales, no solo contra actos de jueces o administradores, sino también de mayorías parlamentarias. Y resulta que uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución es el derecho a participar en política, sea directamente o sea por medio de representantes. A partir de este precepto y de algunos otros concordantes se ha ido desarrollando la idea de que los parlamentarios tienen derecho a poder desarrollar su función sin restricciones arbitrarias, puesto que si no fuera así se verían conculcados no solo sus derechos fundamentales como representantes, sino también los derechos de todas aquellas personas que les han votado.

Sentado ya esto, vamos a ver qué sucedió en 2017. Unidos Podemos presentó una ley sobre relaciones laborales. De inmediato, el Gobierno la vetó, acudiendo a un precepto constitucional que le permite paralizar la tramitación de toda propuesta que suponga menos ingresos o más gastos: más en concreto, afirmó que supondría 1.500 millones más de gastos en prestaciones por desempleo, puesto que los empresarios se pondrían a despedir como locos. El asunto llegó a la Mesa del Congreso y este órgano –compuesto, como sabemos, por una mayoría absoluta de PP y C’s– aceptó el veto sin valorarlo. Es aquí, en la actuación de la Mesa, donde se centra el recurso de Unidos Podemos.

Y es que estamos ante algo muy grave. Si le concedemos al Gobierno la opción de vetar cualquier propuesta que le fastidie las previsiones económicas, debemos obligarle al menos a que demuestre que la propuesta le fastidia las previsiones económicas. Si no, le estamos concediendo una herramienta ilimitada para controlar a la oposición: la capacidad de aprobar en persona las leyes que saca adelante el Poder Legislativo. Menudo trágala, ¿no? No es aceptable que una Mesa amiga acepte sin más cualquier veto que venga del Gobierno.

El Tribunal Constitucional empieza su análisis recordando que la capacidad de presentar proposiciones de ley es “la máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático”. Es decir, que no se trata de una facultad menor, cuya restricción careciera de relevancia constitucional. Muy al contrario, vulnerar la facultad que tienen los diputados de presentar propuestas legislativas es atacar al núcleo duro de su función representativa.

¿Y se ha vulnerado esa capacidad? Pues el Tribunal Constitucional concluye que sí, y ello por dos razones. La primera, que el Gobierno se limitó a decir que la ley que proponía Podemos generaría 1.500 millones de gasto público sin vincularlo a ningún ejercicio presupuestario concreto, y lógicamente solo se puede hablar de aumento del gasto o de reducción del ingreso en relación al presupuesto actual, no a presupuestos futuros que aún no están aprobados. Y la segunda, y casi diría que más importante, que el Gobierno no explicó cómo llegó a esa cifra de 1.500 millones de gastos, sino que la arrojó a como pudo ser cualquier otra.

La Mesa, al comprar esos argumentos, no ha controlado de forma adecuada el derecho de veto del Gobierno y, en consecuencia, ha privado de un derecho fundamental a los diputados de Podemos. Dice el Tribunal Constitucional que la resolución de la Mesa por el que se acepta el veto del Gobierno es “abstracta y formalista” y que no responde a los argumentos de Podemos sino que se limita a decir que el Gobierno ha motivado su acto. En esas condiciones, la única solución posible es otorgar el amparo.

Esta resolución es interesante porque, como decíamos al principio, se puede aplicar casi palabra por palabra al asunto que comentábamos en la entrada anterior. Aquí también tenemos una proposición de ley presentada por la oposición y aquí también tenemos un bloqueo en la Mesa por medios discutibles: lo que en la sentencia que acabamos de analizar era la aceptación de un veto insostenible, en el caso presente es la prórroga indefinida del plazo de enmiendas. En un caso, como en el otro, el resultado es que la propuesta se bloquea y no se admite a trámite.

Ojo, no estamos diciendo que las proposiciones de ley de Unidos Podemos deban aprobarse sin más. Por supuesto que no. Están sometidas al mismo juego de las mayorías que todo el mundo, y si no logran concitar apoyo suficiente deben rechazarse. Pero una cosa es eso y otra que la proposición no llegue ni siquiera a debatirse porque otros grupos parlamentarios (que encima van de demócratas y constitucionalistas) la están bloqueando con malas artes. Eso es impedir trabajar a los diputados de Podemos y vulnerar sus derechos y los de sus votantes.

El asunto, eso sí, ya no tiene arreglo. En la semana y media transcurrida desde el artículo anterior de este blog, ha caído el Gobierno y se han convocado elecciones. Aunque Unidos Podemos, animado por la sentencia que hemos analizado, presentara un recurso de amparo para protegerse de la vulneración que sigue sufriendo semana tras semana, no estaría resuelto hasta dentro de dos o tres años, en un contexto parlamentario muy distinto.

Parece que esta vez los filibusteros han ganado.

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