El artículo 324

España tiene un problema. Bueno, a ver, tiene muchos, pero hoy me quiero centrar en uno: la excesiva duración de las causas judiciales. Los procesos se alargan y se alargan y se alargan y se alargan hasta el infinito. Si nos referimos solo a los procedimientos penales (es decir, a los que enjuician delitos), el principal cuello de botella es la instrucción, que es el nombre técnico para llamar a la investigación. Es aquí donde las cosas se atascan, porque los Juzgados de Instrucción están colapsados: cada juez tiene que investigar decenas o cientos de casos, lo cual significa coordinar a policías para que realicen materialmente los actos de indagación, escribir mucho papeleo, comunicárselo todo a las partes… todo esto con unos medios de lo más precario, tanto en material como en personal.

Así pues, en la pasada legislatura (1), el ministro Catalá tuvo una ideaza. ¿Qué iba a hacer el ínclito gobernante para resolver el problema? ¿Crear más Juzgados? ¿Dotar de más medios a los existentes? ¿Concederles la instrucción a los fiscales? ¡No! Todo eso son tonterías. Si la instrucción se demora más de lo que es aceptable, limitamos por ley su duración máxima y santas Pascuas. Es más, vamos a añadir a la ley una disposición adicional que deje claro que a este plazo máximo no se acompaña ninguna dotación extra de recursos. Problema resuelto, y nos da tiempo de irnos a merendar. No sé cómo no se le había ocurrido a nadie antes, ¿eh?

Semejante, eh, solución, se plasmó en el artículo 324 LECrim. Este artículo dice que la instrucción de los procedimientos penales durará un máximo de seis meses, salvo que se considere que se trata de un caso complejo (grupos criminales, muchos hechos punibles, actuaciones en el extranjero, etc.) en cuyo caso el plazo es de 18 meses prorrogables por un máximo de otros 18 meses. Cuando pasa ese tiempo, la causa se cierra: si se han recabado pruebas contra alguna persona, se abrirá juicio oral contra ella; si no, será archivada.

Esto es tan absurdo como establecer que un cirujano no puede estar más de dos horas operando o que las obras en tu casa no pueden durar más de cuatro días, de tal modo que pasado ese tiempo el médico y el obrero deben largarse dejando la operación o las obras tal y como estén. Si han terminado, bien; si no, pues qué lástima. Alguien ingenuo puede pensar que esta norma es, precisamente, una muestra de ingenuidad, de creer que el mundo se cambia a golpe de ley, cuando en realidad se necesitan políticas más continuadas en el tiempo. Alguien cínico diría que fue una maniobra del PP para intentar que las investigaciones sobre algunas de sus numerosas causas de corrupción se cerraran antes de acabar. En cualquiera de los dos casos, queda claro que se trata de una regulación estúpida.

El problema es tanto la resolución de las causas simples como las llamadas “complejas”. En los casos simples, seis meses pasan en un maldito suspiro, como bien puede contar esta fiscal. En los complejos, parece que 18 meses prorrogables por otros 18 es muchísimo tiempo, pero no es tanto. Por ejemplo, la instrucción del caso 11-M duró 31 meses, de marzo de 2004 a octubre de 2006. En el caso de los ERE de Andalucía, el Juzgado estuvo investigando desde enero de 2011 a junio de 2016, unos 65 meses. Con la instrucción de la Gurtel ni siquiera voy a contar meses: duró de 2008 a 2016. ¿A que ahora esos 36 meses –que ni siquiera son seguros, pues primero hay que conseguir que se declare compleja la causa y luego que se conceda la prórroga y que ésta sea del máximo posible– ya no parecen tanto?

Bien, si tan horrible es el artículo 324 LECrim, vamos a derogarlo. El PP ya no está en el poder, se le puede dar impulso parlamentario, incluso Ciudadanos se mostró a favor en 2016 presentando una proposición de ley que incluía la anulación de este artículo. No debería costar. Y supongo que con esta idea en la cabeza, el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea presentó en marzo de 2017 una proposición de ley con un único artículo: “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Y ahí sigue, atascada.

El problema está en la Mesa del Congreso, que es el órgano que gobierna la Cámara. Esta institución tiene nueve miembros, de los cuales cinco son de PP y C’s y cuatro son de PSOE y UP. Creo que ya se puede ver el problema. El PSOE aceptó esta distribución al principio de la legislatura y lleva arrepintiéndose de ella desde que ganó la moción de censura, porque permite que la derecha haga filibusterismo parlamentario de una manera cómoda y segura.

Llamamos filibusterismo a aquellas tácticas parlamentarias que intentan obstruir el funcionamiento normal de la Cámara por medio del abuso del reglamento. El ejemplo obvio es el de James Stewart en Caballero sin espada: aprovechando que en el parlamentarismo anglosajón nadie puede retirarle la palabra a un orador, éste habla, habla y habla con el fin de paralizar la sesión e impedir que se vote durante horas o incluso días. Aquí ha pasado algo parecido. Cuando una ley entra en tramitación, se abre un plazo de siete días para que se presenten enmiendas, plazo que puede prorrogarse las veces que haga falta si la Mesa lo aprueba. El plazo inicial terminó el 6 de junio de 2017 y desde entonces los cinco diputados de PP y Ciudadanos que conforman la Mesa lo han prorrogado sesenta veces.

Sesenta veces. Sesenta. Sesenta semanas sentándose cada martes y votando a favor de ampliarlo, sin que se les cayera la cara de vergüenza. Por supuesto, no tienen ninguna intención de presentar enmiendas. El texto original de la proposición de ley tiene once palabras: cualquier enmienda debería haberse propuesto hace ya mucho. Es una simple táctica dilatoria. Quieren llegar al final de la legislatura sin que esto se apruebe: el PP porque es su ley y Ciudadanos porque es el lacayito del PP. Sí, en 2016 presentó una proposición para que eliminar el artículo 324 LECrim, pero como gesto de cara a la galería que no iba a salir.

Es una actuación rastrera. Saben que no pueden competir en el debate parlamentario en este tema: la proposición de Podemos sería aceptada sin apenas trámite y ellos quedarían sin defensa, porque no hay defensa posible para algo como el artículo 324 LECrim. Así que usan su posición de poder en la Mesa, donde no hay diputados de esos molestos grupos parlamentarios vascos, catalanes y mixto (solo son nueve puestos a repartir entre los cuatro grandes) y donde un 47,43% de diputados –lo que tienen sumado PP y C’s– se transforma en una mayoría absoluta.

¿Qué se puede hacer? La vía larga es recurrir al Tribunal Constitucional en amparo. El derecho a participar en política es fundamental, y hay jurisprudencia constitucional avalando los derechos de diputados de la oposición frente a decisiones injustas o discriminatorias de los órganos de gobierno parlamentarios (en este caso, la Mesa). Pero para cuando eso estuviera resuelto, igual estamos en 2050 y nos gobierna un ciborg con el cerebro de Sigfrid Soria.

A corto plazo, pues imagino que habrá que hacer lo de siempre: tirar de decreto ley. Si Pedrete se anima, es el momento. Porque me temo que la opción de que al PP y a Ciudadanos (los partidos demócratas, constitucionalistas y de centro sensato) les entre de repente un ataque de responsabilidad no está ni siquiera encima de la mesa, por supuesto. Así han sido siempre: consideran que gobernar es su derecho divino y que cualquiera que les aparte de él es un golpista. Hay que limitarse a rodearlos y no hacer demasiado caso de sus ladridos.

(1) En verdad hace dos legislaturas, si contamos la fallida que fue de enero a mayo de 2016.

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