Tríada de mordazas (III). La LSC: infracciones y sanciones

El otro día estuvimos analizando el régimen general de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la primera de nuestras leyes-mordaza. Hoy vamos a estudiar la verdadera razón de ser de esta ley: el régimen sancionador. Y lo llamo verdadera razón de ser porque ocupa la mayoría de páginas y casi la mitad de artículos. Casi podría decirse que el resto del contenido de la ley no es más que un marco para el sistema sancionador.

La Ley de Seguridad Ciudadana es un paso adelante en la estrategia represiva del Gobierno. El objetivo es emplearla como base jurídica para la imposición rutinaria de multas y sanciones a toda clase de protestas políticas. Ante todo esto quiero decir dos cosas:

La LSC pasa de ser un punto secundario del sistema a una pieza clave. La prueba está no sólo en la gran cantidad de infracciones que se tipifican, sino también en la reforma del Código Penal, por el cual desaparecen las faltas. Cosas que ahora podrían tipificarse como faltas penales, porque no tienen la entidad suficiente para ser delito, se convierten en infracciones administrativas.

Eso perjudica a los afectados por dos razones. En primer lugar, porque aumenta la cuantía de la sanción: las faltas penales no siempre llevan multa (1) y, cuando la llevan, es proporcional a la renta del condenado. La LSC castiga todas las infracciones con multa, aumenta las cuantías y las hace independientes de la renta del sancionado. Y, en segundo lugar, porque ahora ya no será un juez (un tercero neutral) quien imponga las sanciones, sino la Administración. Y ante la Administración las declaraciones de los agentes tienen presunción de veracidad (artículo 52), por lo que las propuestas de sanción se convierten en firmes rápidamente… y ponte tú a recurrirlas.

Lo segundo que quiero decir es que esta ley tiene una finalidad represiva. Todas las normas sancionadoras tienen que proteger un bien jurídico, es decir, un valor que es importante para la comunidad. La norma penal que castiga el homicidio, por ejemplo, protege el bien jurídico “vida humana”, etc. ¿Qué bien jurídico defiende la LSC? Según su artículo 1 la seguridad ciudadana, que es un “bien jurídico de carácter colectivo” que se conserva mediante “la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”.

Una declaración muy bonita y muy genérica… que se ve desmentida cuando pasa a tipificar conductas. Por ejemplo, según el artículo 36.9 son infracciones graves las intrusiones en instalaciones “en las que se presten servicios básicos para la comunidad” cuando se perturbe su funcionamiento. Ante eso cabe preguntarse: ¿qué es un servicio básico para la comunidad? ¿Una tienda, un banco, el transporte público? Y, en ese caso, ¿cómo vulnera la seguridad ciudadana una manifestación pacífica en su interior?

Más ejemplos. Pasa a ser infracción grave el manifestarse frente al Congreso de los Diputados aun cuando no esté reunido (artículo 36.2). ¿Qué bien jurídico se defiende ahí? ¿Y en el artículo 36.4 (actos de obstrucción a la autoridad, en los cuales queda incluido parar un desahucio de forma pacífica y pasiva)? ¿Y la tenencia –no el consumo en vía pública, no: la mera posesión- de drogas aunque estén destinadas al autoconsumo (artículo 36.16)? ¿Y el desacato, que se sacó hace años del Código Penal por entender que la autoridad no debía tener una posición especial para defenderse de la mera falta de respeto (2) y que vuelve ahora como infracción leve (artículo 37.4)? ¿Y el mero hecho de estar presente en un local okupado, que también es infracción leve (artículo 37.7)?

¿Cómo conectan esas infracciones con el concepto de seguridad ciudadana? O, de otra forma: ¿qué bien jurídico se defiende ahí? Ninguno, o por lo menos ninguno tan importante como para justificar una sanción. Que cada una de las infracciones graves (las del artículo 36) tiene una sanción de 601 € mínimo, que puede escalar hasta un mínimo de 10.400 € sólo con que lleves el rostro tapado o que realices cualquier cosa que la autoridad considere “intimidación” (artículos 33.2 y 39.1.b).

Pensemos en un caso práctico: estás emitiendo un streaming en directo de una manifestación. El artículo 36.23 castiga la difusión de imágenes de agentes de la autoridad cuando “pueda poner en peligro” su seguridad personal o familiar, es decir, siempre que el tipejo uniformado sea mínimamente reconocible, o ni eso. Al ser infracción grave, procede sanción de entre 601 y 10.400 €. Supongamos que, por lo que sea, estás documentando la actuación con la cara tapada: por ejemplo, porque es invierno y hace frío, o porque quieres evitar que te toquen las narices. Eso eleva la sanción a grado medio: 10.401 € a 20.200. Y supón que además discutes con el agente (“¡cabrón, vas a salir en todos los medios!”) o forcejeas con él para impedir que te quite la cámara. Ya tenemos un segundo agravante: uso de violencia o intimidación. Grado máximo: de 20.201 a 30.000 €. Por hacerle un vídeo de un policía y discutir con él agitadamente. Puede que un tribunal no lo interpretara así pero, recordemos, aquí primero se sanciona y luego ya, si eso, recurres ante los jueces.

¿Te parece que está todo demasiado indeterminado? No te preocupes: el legislador piensa en todo. El artículo 41 permite introducir reglamentariamente especificaciones en esta materia que, sin constituir infracciones nuevas, “contribuyan a la más correcta identificación de las conductas” prohibidas. Es decir: el legislador admite que ha dejado las infracciones intencionadamente vagas y habilita al Gobierno a concretarlas por reglamento. Porque “principio de legalidad” son sólo dos palabras muy largas.

¿Te parece mucho dinero? ¿Crees que no puedes pagar? No pasa nada, llegan las rebajas del artículo 54: si rechazas formular alegaciones y te limitas a ingresar el dinero de la multa ésta se reduce en un 50%. Como en las multas de tráfico pero con tus derechos fundamentales. Y luego puedes seguir recurriendo ante los tribunales, claro, es una facultad que tienes, pero… igual afecta un poco a tu credibilidad el haber pagado ya, ¿eh? Y total, si ya has pagado… ¿seguro que no prefieres dejarlo estar? Total, no vas a obtener una sentencia favorable y firme hasta dentro de dos años, y luego para que te devuelvan lo que has pagado… etc. etc. etc. (3)

Voy a comentar una última cosa. El artículo 43 de esta ley infame crea una nueva institución: el Registro Central de Infracciones. Como la reincidencia es una agravante (igual que llevar la cara tapada o emplear “violencia”), es necesario centralizar la información sobre sanciones. A partir de ahora ya no sólo podremos tener antecedentes penales sino también administrativos. Esos antecedentes duran tres, dos y 1 año según la infracción sea muy grave, grave o leve. Así que la Administración podrá saber, cuando te quiera sancionar, si eres un peligroso perroflauta que acostumbra a parar desahucios, hacer escraches a bancos y fotografiar policías. Maravilloso, ¿eh?

Termino con una reflexión. Esta ley es una respuesta a un modelo de protesta social más radicalizado, que hace cosas que antes no se hacían, o al menos no de forma tan masiva: ocupar la vía pública durante varios días, seguir a los políticos hasta sus casas, protestar en sedes de empresas, parar desahucios… durante años el poder ha sido incapaz de reprimir esta forma de protestar. Buena muestra son las reiteradas sentencias anulando sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno de Madrid o declarando que los escraches no son delito. Por eso, y de forma similar a lo que hicieron con las webs de enlaces, pretenden retirar cuestiones de la competencia del poder judicial y pasarlas a la Administración, añadiendo de paso una buena dosis de arbitrariedad.

Todo maravilloso.

      (1) A veces la pena es de localización permanente, es decir, arresto domiciliario.

     (2) Es cierto que el artículo 534 CPE castiga la falta de respeto a la autoridad, pero los tribunales lo interpretan unánimemente como una infracción que, para aplicarse, tiene que haberse perturbado el servicio público.

     (3) Antes la trampa habría sido aún más perfecta porque para recurrir había tasas judiciales. Ahora las personas físicas ya no están sujetas a este tributo.