miércoles, 15 de abril de 2015

Aborto y menores de edad

Con esta entrada interrumpo la serie de posts sobre la tríada de leyes mordaza que fueron aprobadas el mes pasado. No dejan de ser noticia vieja y a mí me gusta comentar la actualidad. Y la actualidad hoy es la reforma de la Ley del Aborto que ha presentado el PP en el Congreso. La propuesta no viene del Gobierno, sino del partido, y así se han evitado una serie de engorrosos trámites prelegislativos (dictámenes y demás) que podrían retrasar una norma que tiene que salir rapidito para contentar a los fuerzapartos. A los que aún se dejen contentar por lo que ellos consideran una reforma descafeinada. A los tres.

De momento lo único que se ha aprobado es admitirla a trámite, es decir, iniciar los trabajos parlamentarios que conducirán a que, en un periodo de tiempo variable, esté aprobada y en vigor. ¿Cuánto va a tardar? No más de un par de meses; quizás menos, si el Gobierno le mete el turbo. Veremos.

El PP siempre ha estado en contra de que las menores decidan. Lo estaba en 2002, cuando aprobó la Ley de Autonomía del Paciente, cuyo artículo 9.4 pretendía conceder a los padres la capacidad de decidir sobre esta materia (1). Y lo está ahora, que introduce un nuevo párrafo en ese precepto que establece, sin sombra de duda, que para que una menor aborte es necesario “el consentimiento expreso de sus representantes legales”. Elimina así el ágil y razonable procedimiento establecido en la vigente Ley del Aborto: las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar deberán comunicárselo a uno de sus tutores salvo que aleguen una situación de conflicto grave.

Lo que pretende introducir el PP, no lo olvidemos, es una excepción al régimen general que dice que los mayores de 16 años pueden por sí solos prestar consentimiento a los actos médicos. ¿Está justificado introducir esa excepción? Pues no parece, pero vamos a dejar al legislador que se explique. Para eso está la exposición de motivos de las leyes, ¿no? La de la propuesta es cortita, de unos pocos párrafos. Vamos a analizarla.

Empieza diciendo que el hecho de que las mujeres de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus padres o tutores cuando abortan es fundamental. ¿Fundamental para quién? ¿Para ellas? Sí, pero “no se trata únicamente de la protección de la menor”, sino que el Código Civil establece para los padres una serie de deberes de protección hacia los hijos. Con la Ley del Aborto vigente algunos padres no podrán cumplir con esta obligación, ya que sus hijas podrán impedir que se enteren.

Hasta aquí todo correcto. Conforme: habrá algunos padres que no puedan cumplir con sus deberes hacia sus hijas. ¿Y por qué esto es un problema? Atención: porque priva “a las menores de la protección (…) de poder contar, en un momento crucial y complicado de su vida, con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad”. Toma ya pirueta argumental.

Esto no se sostiene por ningún lado. La posibilidad de no comunicar a los padres la decisión de abortar está abierta a cada mujer, que tendrá que solicitarlo expresamente. ¿De qué forma esta regulación le priva de la asistencia de sus padres? Al contrario, le permite elegir si la desea o no la desea. Más aún porque la ley actual sólo permite dejar de informar a los padres si hubiera un “peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos (…), desarraigo o desamparo”. El texto vigente permite que las menores de edad sean apoyadas por quienes las aman y, a la vez, que los maltratadores y violentos sean expulsados de su lado. ¿Dónde está el problema?

En ninguna parte, claro. La proposición de ley ha tenido que inventárselo para justificar el querer cargarse una regulación ponderada y razonable. Esta asquerosa neolengua se ve incluso desde el título de la propuesta: “Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores”. Es necesario inventarse que la ley que ampara a las menores de sus agresores en realidad las desprotege. Creado este falso desamparo puede venir el PP a “arreglarlo”, aprobando una ley que deja a las jóvenes en manos de la buena voluntad de sus progenitores. ¿Y si hay desacuerdo? No hay problema: que resuelva el juez atendiendo al superior interés de la menor. Y si el pleito sale años después, cuando el feto ya es un niño con la comunión hecha… pues bueno, mala suerte.

En fin, lo de siempre: viendo el PP que no cuela aprobar una ley que destroza la vida de muchas mujeres, saca por la puerta de atrás una norma que hace lo mismo con las más débiles. En realidad el número de víctimas de esta nueva ley va a ser escaso: muy pocas mujeres se han acogido a la posibilidad de no comunicar el aborto a sus progenitores, como es lógico si asumimos que en la mayoría de familias esta decisión no provocará una situación de violencia. Pero eso es un arma de doble filo, ya que esos mismos números prueban que no se está abusando de la excepción. Entonces, ¿por qué eliminarla? ¿Por qué abocar a las menores a la violencia familiar?

Ésa sí es una pregunta fácil. ¿Por qué? Por simple conservadurismo.




       (1) Aunque con tan mala técnica legislativa que en realidad no lo hizo. Jacobo Dopico lo cuenta muy bien aquí.


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