Victimización secundaria

Estos días anda corriendo por las redes sociales un vídeo bastante impactante. En él se muestra la traumática experiencia que es para una mujer denunciar un delito de violencia de género. A pesar de que lo que se enseña es una actuación, no hechos reales, sirve para ilustrar el calvario institucional que es, de hecho, denunciar el maltrato machista. Hay suficientes mujeres que pueden contar una experiencia traumática con las fuerzas de seguridad o los órganos judiciales para que el asunto sea considerado una mera anécdota o casos aislados.

El fenómeno por el cual la víctima pasa por el sistema de justicia más como una mercancía a procesar que como una persona con necesidades a atender se denomina “victimización secundaria”. No es exclusivo de los casos de violencia de género (en general nuestro proceso penal se orienta muy poco hacia la víctima), pero en éstos es más sangrante: el desconocimiento de cómo funciona esta clase de delitos puede tener efectos devastadores cuando se combina con la particular debilidad psicológica en que se suele encontrar la víctima. No es casualidad que las asociaciones de ayuda a mujeres que han sufrido maltrato recomienden a denunciante no parecer recuperada ante los jueces (no ir maquillada ni con ropas alegres a las vistas): la probabilidad de encontrarse con uno que se cree el mito del “tipo” de mujer maltratada es alta.

Conviene recordar que la victimización secundaria en casos de violencia sobre la mujer está prohibida en tratados internacionales de los que es parte España. Me refiero al Convenio de Estambul de 2011, que está en vigor desde agosto de este año. Su artículo 15 obliga a formar a los profesionales para impedir este fenómeno, y el 19 a regular procedimientos de ayuda que expresamente lo eviten. ¿Qué están haciendo los poderes públicos para cumplir estas obligaciones? O, más apropiadamente: ¿están haciendo algo? Me temo la respuesta.

Cuando se habla de victimización secundaria la patulea MRA (que siempre está al acecho para esparcir mentiras) suele decir grandes tonterías sobre el proceso. Que a ver si no se va a tener que interrogar a la víctima y realizar pruebas, me han llegado a decir. Como si eso tuviera algo que ver. Como si allanar el camino, dejar de tratar a la víctima como basura y formar a los profesionales que tratan con ella tuviera algo que ver con la ineludible práctica de la prueba. Porque sí, esto es una cuestión de profesionales y dinero invertido: de lo más bajo a lo más alto, de policías a jueces, se acusa la falta de medios, de formación y, muchas veces, de empatía.

Una de las mentiras más difundidas en materia de violencia de género es que denunciar es fácil, que una vez hecho eso el Estado te da condena inmediata, paguita, pisito, la custodia de los niños y pedicura gratis. Y no es así. No lo es en absoluto. Se trata (con una alta probabilidad) de una odisea. Se convierte la búsqueda de justicia en un calvario que la víctima prefiere no recorrer si puede evitarlo. ¿Y quién podría culparla? ¿De verdad es tan raro que se retiren denuncias (1) y que tantos procesos terminen por incomparecencia de la víctima? El sistema no es que ayude precisamente.

Termino ya: el Estado tiene la obligación, no sólo moral sino también jurídica, de reformar los procedimientos de atención a las víctimas y la formación de los profesionales para asegurar que los procedimientos judiciales en todos los delitos, pero especialmente en materia de violencia de género, sean lo menos hostiles posible para la víctima. En definitiva, de garantizar que se hace justicia.

(1) Aunque el concepto de “retirar una denuncia” no es técnicamente correcto. En este artículo del Teniente Kaffee se explica muy bien.