Catequesis por orden judicial

Las noticias judiciales resultan tremendamente incomprensibles para el público en general. El mundillo jurídico es un marasmo de términos técnicos que los lectores no manejan y que, muchas veces, los periodistas tampoco entienden bien. En demasiadas ocasiones la información periodística en esta materia no tiene mucho sentido, pero normalmente basta con que alguien con conocimientos técnico-jurídicos se acerque a los documentos originales (sentencias, autos, normas) para que pueda explicarlo bien.

Y a veces hay cosas que son incomprensibles hasta para el profesional. Me refiero, claro está, al auto de un Juzgado de Sevilla que ha sido noticia estos días por atribuir al padre de un menor la facultad de decidir si éste va a clase de catequesis o no. He tenido la oportunidad de acceder tanto al auto como a las alegaciones de las partes (1) y la verdad es que hay cosas que sigo sin entender.

Pongámonos en situación, con unos nombres supuestos que sean apropiados: José y María han anulado su matrimonio y tienen un hijo, Jesús, de 8 años, cuya custodia está atribuida al padre. Lo primero que se desprende de la lectura de toda la documentación es un profundo rencor mutuo: las partes no dejan de acusarse entre sí de mentir de forma habitual, de pretender manipular a la jueza y de querer poner al menor en contra del otro. Es un torrente de bilis que desborda la formalidad jurídica que deberían tener estos escritos y transmite un clima muy crispado.

En este contexto, Jesús afirma que se niega a iniciar los cursos de catequesis a los cuales quiere apuntarle su padre. Su madre apoya su decisión y deniega el permiso para que Jesús sea matriculado. Dado que para actos extraordinarios de patria potestad se requiere acuerdo, José judicializa la situación (junto con otra serie de cosas) y su señoría resuelve dándole a él la facultad de decidir.

Del auto me sorprenden dos cosas:

       1.- Que no se haya oído al menor. Diversas normas jurídicas establecen que el menor tiene que ser oído en los procedimientos judiciales que le afecten. Así lo dice el artículo 9 de la Ley de Protección Jurídica del Menor y el propio artículo 156 CC, que es el que se ha aplicado en este conflicto. La ley es clara: el menor deberá ser oído cuando tenga suficiente madurez (2). Aquí Jesús tiene ocho años, una edad suficiente para que la jueza, al menos, realice un examen preliminar de madurez. Si la situación está tan crispada, si parece que como mínimo uno de los dos progenitores está usando a Jesús como arma… ¿no hubiera sido adecuado que su señoría citara al menor y le preguntara, al menos, qué es lo que quiere hacer? ¿Seguro que se puede fijar cuál es su superior interés –criterio rector en los pleitos sobre menores- sin oírle?

       2.- La doctrina de los actos propios. La piedra de toque de la resolución judicial es la doctrina de los actos propios. Dice la jueza que María, que según todos los indicios es católica (se casó por la Iglesia, ha anulado su matrimonio de forma canónica, bautizó a Jesús, ha insistido en que sea matriculado en un colegio concertado católico) no puede “actuar ahora en contra de los actos libremente asumidos en su día” al negarse a que su hijo reciba cursos de catequesis.

     Personalmente creo que esto es una barbaridad. La doctrina de los actos propios sirve para defender las expectativas legítimas que otras personas puedan haber adquirido a partir de mi actuación previa. El ejemplo clásico es: si yo otorgo la emancipación de mi hija, ésta hace testamento y muere, yo no puedo pedir que se anule el testamento en base a que la emancipación fue nula. Otro caso: si yo he conseguido en un juicio que se anule un contrato no puedo pretender en otro que se cumpla. Es una doctrina muy útil que se aplica normalmente para actos con trascendencia económica.

      Pero, ¿qué expectativas legítimas genero cuando yo sigo los ritos propios de mi religión? ¿Se tiene que esperar de mí que los cumpla siempre de forma coherente? Obviamente no: cuando hay implicados derechos fundamentales no hay actos propios que valgan. Si yo decido ceder mi derecho a educar a mi hijo en mis convicciones religiosas porque éste me ha manifestado que no desea recibir esa formación, ¿qué actos propios me van a imputar?

Estos son los dos principales problemas que veo al auto, y creo que son bastante graves. Los padres tienen derecho a decidir la formación moral de sus hijos, sí, pero los menores son también titulares del derecho a la libertad religiosa: decidir sobre algo tan importante sin oír a Jesús me parece un error, sobre todo cuando el conflicto está tan enconado. Y rechazar la posición de la madre atendiendo a sus actos previos no tiene ninguna justificación: es cierto que recibir unos cursillos no le causará a Jesús ningún daño, algo que dice el auto, pero no sé yo si su superior interés puede definirse como una mera ausencia de perjuicio.

Estamos, en definitiva, ante una resolución judicial mal motivada y en la que no se han cumplido todos los trámites que, a mi juicio, hubiesen sido aconsejables. Como consecuencia, creo que conjuga mal la libertad religiosa de José con la de Jesús, aunque tampoco creo que éste vaya ahora a ser sometido a un adoctrinamiento insoportable: si es verdad que el tinglado religioso se ha derrumbado en su cabeza, será imposible reconstruirlo. Sin embargo, quiero hacer una última reflexión: me encantaría saber cuál habría sido el sentido de la sentencia si la religión implicada hubiera sido otra…

(1) Cuando hablo de un procedimiento judicial suelo enlazar los documentos originales. Evidentemente en este caso no puedo, pues enlazar el auto implicaría vulnerar la intimidad de tres personas, una de ellas menor.

(2) Se presume que de doce años en adelante tiene suficiente madurez y deberá ser oído siempre. Antes de esa edad, habrá que valorarlo en cada caso.