Autonomía corporal

Si alguna vez en mi vida soy profesor de Filosofía del Derecho (cosa complicada, porque mi principal interés es el Penal) plantearé todos los años la siguiente pregunta:

Supongamos que ha habido un atentado o cualquier otra catástrofe y los hospitales declaran que les falta sangre para salvar vidas. ¿Quién donaría sangre?

El pueblo español tiende a ser bastante generoso en esta materia, así que me espero un verdadero bosque de manos levantadas. Entonces daría el segundo escenario:

El problema es que no todo el mundo es tan consciente como quienes estamos en esta aula, así que, pese a vuestras donaciones, sigue habiendo escasez de sangre. Por ello, el Gobierno anuncia una ley por la cual se podrá sacar sangre por la fuerza a cualquier persona adulta cuando sea necesario para salvar vidas. ¿Quién apoyaría la ley?

Preveo que el bosque de manos se pode drásticamente y sólo unas pocas personas estén de acuerdo con que les obliguen a dar sangre, por mucho que la consecuencia de lo contrario sea que muera gente. En ese momento fingiría extrañeza y le preguntaría a cualquiera de los que han bajado la mano por qué ha cambiado de opinión. “Al fin y al cabo”, le diría, “antes has querido donar sangre. ¿Qué diferencia hay? La sangre acabaría donde se necesita y tú te irías a casa con un bocadillo y un refresco.”

Evidentemente, su contestación iría en la línea de la autonomía corporal. Me diría que su cuerpo es suyo, que si quiere donar sangre puede hacerlo pero que no se le debería obligar. Creo que le resultaría difícil justificarlo mucho más allá, porque parece un principio moral básico: cada quien es propietario de lo que hay de su piel para dentro. Entender lo contrario sería tratar a esa persona como un instrumento, eliminar su dignidad. Y la dignidad, como sabemos, es la base de los derechos humanos.

Mi siguiente pregunta sería para quienes han mantenido la mano levantada. ¿Por qué lo han hecho? ¿Es que no creen en el principio de autonomía corporal? Probablemente la respuesta sería algo así como que sí, pero que en este caso se sacrifica más bien poco. La sangre, igual que el esperma o la médula, se regenera con rapidez. Y el proceso de donación de sangre es rápido, seguro e indoloro, un pinchazo y listo. Así que plantearía el siguiente escenario:

Viendo que la ley es exitosa, el Gobierno pretende expandir sus supuestos. Ahora se podrá obligar a todas las personas a ceder cualquiera de sus órganos, siempre que sea necesario para salvar una vida, que la operación ofrezca garantías de éxito y, por supuesto, que el cedente pueda seguir viviendo sin el órgano. ¿Quién apoya esta reforma?

Creo que cualquiera puede imaginar el resultado de este tercer sondeo. Muy, muy pocas manos quedarían levantadas. Y es normal. Ya no es “un pinchacito” de algo que se regenera, sino una operación más seria (que puede salir mal, como todas las operaciones) para extraer un órgano cuya pérdida, aunque no te mate, puede reducir tu calidad de vida. En general el consenso de la clase sería (o debería ser) que la ley que propongo en el tercer escenario no es ética.

Me causaría cierta gracia ver al ala más derechista del alumnado defendiendo esa posición con ardor (y bajo premisas liberales), porque una vez alcanzado el consenso diría yo lo siguiente:

Me alegro de tener una clase que está tan a favor de la libertad de elección en materia de aborto.

Estupefacción en la clase. Los alumnos que hasta hace un segundo rechazaban que el Estado regulara el interior de sus cuerpos empezarían a intentar rebatirme. Sospecho que tendrían más bien pocos argumentos, ya que su afirmación preferida, que el feto es un ser humano y tiene derecho a la vida, está descartada de origen: las personas que se morirán si no se les trasplanta un órgano o transfunde sangre también son seres humanos. Y, sin embargo, no es ético violentar la dignidad de otra persona mediante la cirugía forzosa para salvarles la vida. De la misma manera, no es ético obligar a ninguna mujer a parir. En un caso se trata a la persona como una fábrica de órganos; en el otro, como una incubadora. En ambos se la instrumentaliza y se le impide decidir sobre su cuerpo.

Cualquier intento de explotar las diferencias entre las dos situaciones puede rebatirse con facilidad. Por ejemplo, podrían decirme que no es igual matar (aborto) que dejar morir (transfusión / trasplante). Sin embargo, hay casos en los que el Derecho equipara la acción a la omisión: dejar morir a alguien constituye delito de homicidio si el omitente tenía el deber de cuidar de esa persona o la había puesto en la situación de riesgo que generó la muerte.

Si dejar morir a alguien que tienes a tu cuidado es tan delito como causarle la muerte, ¿obligamos a los progenitores a donar órganos a sus hijos menores de edad, so pena de castigarlos como homicidas? Ni siquiera habría que cambiar el Código Penal: bastaría con que los tribunales pasaran a entender que donar un órgano es un sacrificio exigible si va a salvar la vida de un menor que el donante tiene a cargo. En definitiva, sólo es necesario dejar de reconocer la vinculación de la autonomía corporal con la dignidad humana.

Tomarse la autonomía corporal en serio implica reconocer el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo. Y, en sentido contrario, pretender evitar que las mujeres aborten (sea con una prohibición completa o mediante el establecimiento de un complejo procedimiento para ello, como la ley Gallardón) es una patada en la boca a la autonomía corporal.

Por ello, yo sólo espero que el Gobierno sea coherente con su política. No tengo nada en contra de la ley Gallardón siempre que vaya acompañada de cambios normativos que adecúen el Derecho a las nuevas circunstancias. Personalmente yo sé lo que voy a hacer cuando la ley salga adelante: pedirme el riñón derecho del ministro de Justicia. Nunca se sabe cuándo el propio cuerpo va a fallar, ¿no?