La sentencia del caso Parot

Esta semana hemos sabido positivamente lo que llevaba meses barruntándose en los mentideros jurídicos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tumbado la doctrina Parot. Y se sabía ya porque existen muy pocos argumentos jurídicos a favor de esta doctrina. La violación de derechos fundamentales, que ha sido apreciada de forma unánime por los 17 jueces de la Gran Sala, es obvia para cualquiera que conozca un poco cómo funciona el Derecho.

Si estás leyendo esto es porque entiendo que ya sabes qué es la doctrina Parot. Si no, puedes leer esto que yo mismo escribí hace meses o este maravilloso texto de @jacobodopico donde pone dicha doctrina en su contexto. Entiendo que también sabes que lo que resolvió ayer la Gran Sala fue un recurso planteado por el Gobierno español contra la sentencia de la Sala que, también de forma unánime, declaraba que Parot era contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sentado esto, ¿qué ha dicho la Gran Sala para echar por tierra definitivamente Parot (1)? Bueno, esencialmente se planteaban dos cuestiones: la compatibilidad de la doctrina con el artículo 7 CEDH y con el artículo 5.1 CEDH. El primero de estos dos preceptos consagra el principio de legalidad como derecho de los individuos. Dice textualmente (y para lo que nos interesa) que “no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”. El artículo 5.1, por su parte, consagra el derecho a la libertad, estableciendo algunas excepciones: sentencias de cárcel, detenciones legales y cosas así.

El tribunal empieza el análisis por el artículo 7. Aplica la doctrina de la calidad de la ley: no puede serle aplicada a una persona una ley cuya aplicación no fuera previsible. Y, en el momento en que Inés del Río cometió los delitos por los que fue condenada, la ley era lo suficientemente precisa para que ella pudiera conocer que su pena iba a ser de un máximo de 30 años sobre los que se aplicarían reducciones por trabajo. El TEDH incluye en el Derecho español la práctica de los tribunales, que era constante en aplicar así las redenciones: no era previsible un cambio en la interpretación.

Se resuelve también aquí una cuestión muy debatida, uno de los escasos argumentos jurídicos que tenían los defensores de la doctrina Parot, y que no versa sobre ésta sino sobre la competencia del TEDH para tratar sobre el caso. El artículo 7 dice, como hemos visto, que no se le puede imponer a nadie una pena más grave que la aplicable en el momento de la infracción. Pues bien: los que defienden Parot dicen que esta doctrina no puede entrar en colisión con el artículo 7, porque Parot no influye sobre el alcance de la pena (que es de 30 años en todo caso) sino sobre su ejecución, concretamente sobre la forma de computarse los beneficios penitenciarios. Siendo así, el TEDH no podría conocer del asunto.

El tribunal zanja el problema diciendo que la diferencia entre el “alcance” de la pena y su “ejecución” no está siempre clara y que no toda medida adoptada con posterioridad a la sentencia es una cuestión de mera ejecución. Dice el tribunal que debe decidirse caso por caso “lo que la pena impuesta implicaba realmente en Derecho interno o, en otras palabras, cuál era su naturaleza intrínseca.” Y aquí, como había unas reducciones computables de 9 años, cambiar el sistema de imputación implica alargar de facto la pena 9 años sobre lo que era esperable, lo que entra de lleno en el alcance de la pena. Como la doctrina Parot no era ni de lejos previsible, resulta que se ha modificado el Derecho para aplicarle al reo una regulación que le perjudica. Y eso es contrario al derecho contenido en el artículo 7 CEDH.

Quince de los diecisiete jueces votan a favor de este argumento y concluyen que se ha vulnerado el artículo 7 CEDH por haberse saltado los tribunales españoles el principio de legalidad. Pero queda por examinar otra cuestión: la vulneración del artículo 5.1, es decir, del derecho a la libertad de Inés del Río. Y aquí coinciden los 17 jueces: desde el 2 de julio de 2008, Inés del Río Prada estuvo privada ilegítimamente de libertad. Aquí no importa la distinción entre alcance y ejecución de la pena, sino si la norma (en este caso la interpretación jurisprudencial) que permitía privar de libertad al demandante era previsible, y ya sabemos que no lo era.

Así pues, los 17 jueces están de acuerdo en que se ha vulnerado un derecho fundamental, y 15 están de acuerdo en que se ha vulnerado otro. El razonamiento jurídico, por lo que se puede ver del resumen, es sólido. Se ha dicho, de forma algo tramposa, que no se está eliminando la doctrina Parot sino su aplicación retroactiva. Y digo que este argumento es tramposo porque, como sabréis si habéis leído los post que enlazaba al principio, Parot consiste precisamente en la aplicación retroactiva de una interpretación de los tribunales. No hay duda alguna: la doctrina Parot es contraria a los derechos fundamentales.

Termino con una reflexión. No tengo nada a favor de Henri Parot, Inés del Río o cualquiera de las docenas de terroristas, asesinos, narcos y violadores que se van a beneficiar de la sentencia. Más aún, tengo bastante en contra. El hecho de que se hayan beneficiado de una redención de penas que funcionaba de manera automática cuando no debería hacerlo me fastidia, y que Inés del Río haya salido de prisión con una sensación de victoria moral y con 30.000 euros en el bolsillo me cabrea.

Pero la culpa de que hayamos llegado a estos extremos no es de Estrasburgo. El TEDH se ha limitado a señalar con fuerza vinculante lo obvio, lo que todo jurista que no esté cegado por la ideología ve: que la doctrina Parot era inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos. Si estamos así no es por Estrasburgo: si estamos así es por un legislador perezoso que tuvo 20 años para cambiar el Código Penal pero no lo hizo y por unos jueces que trataron de salvarle la cara al Gobierno mandando el problema diez años para delante. Por supuesto, cuando el TEDH señala esto, la jauría mira el dedo. Y brama.

(1)  Me estoy basando en el resumen de la sentencia, en español. La sentencia original sólo está disponible en inglés y francés, los idiomas oficiales del TEDH.