Objeción de conciencia

El Gobierno de Pedro Sánchez parece estar siguiendo a rajatabla el llamado “ciclo económico político”, que consiste en esencia en concentrar en la primera mitad del mandato todas las decisiones impopulares o de corte más ideológico para realizar al final las que tienen un impacto más directo en la economía de sus votantes (subidas de pensiones, rebajas de impuestos) con el fin de fidelizarlos. Creo que eso explica que acabemos de estrenar Gobierno, como quien dice, y ya estemos con el asunto de la eutanasia.

Aunque en realidad la eutanasia es una medida mucho menos polémica de lo que quieren hacernos creer los de siempre. Las encuestas que se han ido haciendo muestran un amplio apoyo popular a que se regule la eutanasia activa. Sí, hay pequeños núcleos, agrupados en torno al partido de siempre y al PP (que no deja de intentar imitar al partido de siempre, con los resultados que ya estamos viendo) que preconizan grandes males y asesinatos en masa de ancianos si se aprueba la norma. Pero en general, creo que la mayoría de españoles tenemos un punto muy de “vive y deja morir” de lo más aceptable, al menos en este aspecto.

De hecho, llevábamos ya varios intentos. Ya hace dos legislaturas (es decir, en la segunda de Rajoy, en la que se produjo la moción de censura) presentó el PSOE una ley de eutanasia, que fue bloqueada indefinidamente en la Mesa del Congreso gracias al filibusterismo que en aquella época gustaban de practicar PP y C’s. Fuimos a elecciones, empezó la legislatura fallida y el PSOE volvió a presentar una proposición de ley para regular este tema, que no salió adelante porque el Congreso se disolvió a los pocos meses. Parece ser que, ahora sí, a la tercera va a ser la vencida.

La proposición de ley de eutanasia (se llama proposición porque no sale del Gobierno, sino de un grupo parlamentario, el del PSOE) todavía puede cambiar mucho durante la tramitación parlamentaria, así que no la voy a comentar demasiado. Sí que voy a dejar claro que esto regula la eutanasia activa, es decir, lo que todos entendemos por eutanasia: matar o ayudar a morir a una persona que sufre una enfermedad dolorosa a petición de la misma. Otros conceptos anejos, como la eutanasia pasiva (retirada del soporte vital a quien lo necesita) y los cuidados paliativos (administración de sedantes a quien sufre un dolor fuerte) son plenamente legales, aunque no están regulados, y no son objeto de la propuesta del PSOE.

Quizá el aspecto que más me interesa de momento, sobre todo porque creo que sufrirá más bien pocos cambios, es el de la objeción de conciencia. Es curioso que las dos grandes leyes sobre derechos corporales impulsadas por el PSOE (me refiero, claro está, a esta futura ley de eutanasia y a la ley del aborto de 2010) incluyan este derecho. En ambos casos se ha hecho para reducir la conflictividad social y facilitar la aceptación social entre los profesionales de la salud. “Sí, los servicios sanitarios tienen que llevar a cabo procedimientos de aborto/eutanasia, pero tú, concreto trabajador que estás en contra, no tienes por qué”.

El artículo 19.2 de la ley del aborto establece el derecho de todos los profesionales sanitarios directamente implicados en la práctica de la IVE a negarse a colaborar. Esta negativa tiene que expresarse con antelación (no dice con cuánta, pero supongo que se refiere a “no te niegues cuando ya estamos listos para entrar en quirófano”) y por escrito. Abarca solo la IVE, no la atención anterior y posterior, que deberá prestarse en todo caso. Y, muy importante, el derecho a la objeción de conciencia nunca puede menoscabar el acceso ni la calidad de la prestación.

Este último inciso fue el más complicado de aplicar en la práctica. Así, muy pronto se supo que las mujeres que querían abortar en Navarra tenían verdaderos problemas, y que de hecho tenían que irse a Comunidades Autónomas fronterizas, debido al número de objeciones. Para controlar este problema, la oposición navarra consiguió que se aprobara un registro de médicos objetores, que fue avalado por el Tribunal Constitucional (1). En cuanto al aborto en Navarra, parece que se solucionó, como en otras Comunidades Autónomas, con conciertos con clínicas privadas, una solución prevista en la ley como excepcional.

Pues bien, la propuesta del PSOE sobre eutanasia bebe de todas estas experiencias previas. El artículo 16 de la proposición reitera la obligación de ejercer la objeción de conciencia anticipadamente y por escrito, y reitera de nuevo la idea de que se trata de un derecho que corresponde solo a los profesionales directamente implicados. No llega a decir lo que sí dice la ley del aborto (que las objeciones de conciencia no pueden impedir el acceso a la eutanasia), lo cual es a mi parecer un error. Sin embargo, sí obliga a las Administraciones a crear un registro de objetores que tiene por objeto “garantizar una adecuada gestión de la prestación”.

A mí, la verdad, es que me parece tibio. Creo que ninguna de estas dos leyes debería mencionar la objeción de conciencia, pero, si van a reconocerla, tendría que sujetarla a más límites. Los registros deberían ser obligatorios en ambos casos, y quizás usarlos para establecer controles numéricos: no más de un 30% o un 35% (o lo que se establezca) de objetores por cada centro donde se realicen estas intervenciones, sin incluir a residentes, sujeto a estricto orden de entrada de las solicitudes de registro y dejando siempre un mínimo de profesionales que no puedan objetar (al menos un médico y un enfermero).

Es un simple ejemplo, no una propuesta seria. Pero quiero una regulación firme y tasada que garantice que siempre va a haber profesionales sanitarios disponibles para atender las prestaciones de aborto y de eutanasia. Y si para eso hay que establecer límites, se establecen. ¿Discriminatorio? No lo creo. Es cierto que estás permitiendo a algunos ejercer su derecho mientras que se lo deniegas a otro, pero es que, y aquí está el quid de la cuestión, el derecho a la objeción de conciencia no es un derecho constitucional.

La Constitución recoge la objeción de conciencia en un único caso, que además ya no se aplica: el servicio militar obligatorio. En el resto de supuestos no existe. Es cierto que, en las primeras etapas de vigencia de nuestra Constitución, el TC dijo que el derecho a la libertad de conciencia (artículo 16 CE) garantizaba el derecho a la objeción de conciencia, pero luego se echó para atrás: si cualquiera pudiera negarse a cumplir las leyes porque le parecen mal o porque su moral no está de acuerdo con ellas, no existirían leyes. Hablaríamos casi de “disolución del derecho”.

Entonces, cuando la ley del aborto y la ley de eutanasia recogen la objeción de conciencia en temas moralmente controvertidos, lo hacen porque quieren. Es, por decirlo mal y pronto, un regalo que hace el legislador y que no tendría por qué hacer. El derecho a no practicar abortos ni eutanasias si te parecen mal estos procedimientos existirá solo mientras el legislador quiera, y existirá solo en las condiciones que el legislador quiera (2).

Ya hemos visto, de hecho, que ambas normas priman –aunque de forma mucho más clara la del aborto– la prestación del servicio sobre el derecho a la objeción de conciencia de los prestadores. El establecimiento de criterios numéricos solo sería una forma de concretar esta primacía, dándole además seguridad jurídica para todas las partes implicadas. Por supuesto, ambos registros tienen que tratarse con un nivel exquisito de protección de datos personales, ya que tienen conexión directa con las opiniones políticas y morales de los inscritos.

Sin embargo, ya he dicho que todo lo anterior me parece broza innecesaria. El derecho a la objeción de conciencia y el registro asociado me sobran por completo. Lo siento, pero si eres médico o si eres enfermero lo eres para todo, también cuando tu trabajo te obliga a asistir al paciente en una decisión que moralmente te parece horrenda. ¿Que de momento no estamos maduros para este debate y el aborto de plazos y la eutanasia activa solo se pueden aprobar aceptando a la vez la objeción de conciencia sanitaria? Vale. Pero esta debería ser algo llamado a extinguir en una década como máximo.

En unos años hablamos, entonces. Una modificación legal rapidita, quizás incluso para incluir contenido sancionador, y nos ponemos en serio con lo de que el aborto sea un negocio debido a que muchos médicos de la pública objetan a practicarlo o con lo de que no se puedan implantar reformas sociales de calado en este país sin dejar puertas traseras. No suena mal, ¿eh?

(1) Recordemos que la propia ley del aborto sigue recurrida ante el TC desde hace ya diez años.

(2) De hecho, en la ley del aborto el artículo que regula la objeción de conciencia no tiene carácter de ley orgánica, es decir, que no está vinculado con los derechos fundamentales. En el proyecto de ley de eutanasia curiosamente sí lo tiene, pero espero que tal carácter desaparezca durante la tramitación.

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