sábado, 19 de marzo de 2016

Gobierno sin control

De las muchas virtudes que adornan al Partido Popular el respeto a la Constitución no ha sido nunca una de ellas. Ah, por supuesto que se les llena la boca con el asunto: Constitución aquello, Constitución lo otro, los catalanes deben acatar la Constitución, viva la Constitución. Pero luego, cuando se trata de pasar al plano de los hechos, esas afirmaciones hechas con la boca grande se quedan en nada. Véase, por ejemplo, el escaso respeto que tienen por los derechos fundamentales o por la figura del decreto-ley, de la cual abusan sin recato.

¿Por qué digo esto? Por la enésima manifestación de la crisis institucional que estamos viviendo. Se trata de algo que no ha causado demasiado revuelo en redes sociales y que sin embargo es un síntoma grave de descomposición: el Gobierno se niega a permitir que las Cortes Generales ejerzan su función de control. El pasado jueves Pedro Morenés plantó a la Comisión de Defensa del Congreso, que le había convocado para explicar las conclusiones de una cumbre de la OTAN. Rajoy le apoya y el Gobierno en pleno va a ausentarse de la próxima sesión de control del Congreso.

El argumento de Rajoy es muy simple: como este Congreso no fue el que eligió al actual Gobierno, éste no tiene ningún deber de someterse a su control. El argumento del Congreso, que ya ha hablado de llevar el asunto al Tribunal Constitucional, es igualmente sencillo: la legislación aplicable (como el artículo 66.2 de la Constitución y el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno) establece que las Cortes controlan al Gobierno, sin especificar que tengan que ser las mismas que lo eligieron.

¿Quién tiene razón? La posición del Gobierno, aunque oportunista (luego volveremos sobre ello) tiene cierta lógica: una de las razones por las cuales el Congreso de los Diputados puede controlar al Gobierno es porque fue él quien lo eligió. Si hay elecciones, cambia la composición de la Cámara y se habla incluso de “nuevas Cortes”, esa relación de dependencia se rompe. Ya no hay un vínculo de confianza entre ambas instituciones. ¿Qué sentido tiene que las nuevas Cortes controlen a un Gobierno que está en funciones, es decir, ya de salida? No demasiado.

Además, es cierto que la Ley del Gobierno afirma que “todos los actos y omisiones del Gobierno” están sometidos al control parlamentario. Pero la misma norma dice que el Gobierno en funciones debe limitar su actividad al “despacho ordinario de los asuntos públicos”, es decir, a actos normales, de trámite. No puede proponer leyes ni realizar otra serie de facultades de índole política. El Gobierno en funciones, definitivamente, no es una figura que esté pensada para someterse a control por las nuevas Cortes. Desde ese punto de vista Rajoy tiene algo de razón.

El problema es que toda esta argumentación sirve para una situación normal, donde el Gobierno en funciones se limita a estar de comparsa durante treinta o cuarenta días mientras se negocia el nuevo. Pero es evidente que no estamos ahí. Al contrario, nos encontramos en un momento patológico, de profunda crisis institucional, donde lo más probable es que Rajoy continúe en el sillón como mínimo hasta agosto. Es evidente que en estas condiciones, aunque el Gobierno vaya al ralentí, va a terminar adoptando decisiones polémicas sobre las cuales las Cortes pueden querer explicaciones. Por no hablar de sus actos previos al 20 de diciembre de 2015, que no se tomaron estando en funciones y que son por supuesto susceptibles de control parlamentario.

Esto es lo que desmonta la posición del Gobierno y concede la razón al Congreso en esta controversia. La ley no dice que tenga que controlar al Gobierno la misma Cámara que le eligió: no lo dice porque no hace falta, porque en situaciones normales será eso lo que pase. Pero eso no implica que, en un momento anormal como el presente, el Congreso de los Diputados pierda esa importante labor constitucional. De hecho, en esta situación de impasse, donde la labor legislativa y presupuestaria está paralizada, la función de control se convierte en la única razón por la cual mantener reunidas a las Cortes.

El argumento de la no vinculación es absurdo. “No nos sometemos al control de este Congreso porque no ha sido el que nos ha elegido”, dice el Gobierno. Bien, entonces: ¿por qué os habríais de someter al control del Senado durante los cuatro años de legislatura? Al fin y al cabo el Senado tampoco os ha elegido, ¿no? O hagamos un experimento mental: supongamos que la Constitución permite celebrar elecciones generales cada dos años sin que cambie forzosamente el Gobierno, a modo de los comicios de mitad de mandato de EE.UU. (1): ¿alguien diría que las nuevas Cortes no pueden ejercer el control del Gobierno? Evidentemente no. En ninguno de esos dos casos se pone en cuestión el derecho de las Cortes a controlar a un Gobierno que no han elegido.

La razón por la cual las Cortes pueden controlar la acción del Gobierno es porque vivimos en una monarquía parlamentaria (artículo 1.3 CE), en la cual las Cortes representan al pueblo soberano (artículo 66.1 CE). En otras palabras, el derecho de las Cortes a controlar al Gobierno no deriva de que haya sido una determinada formación parlamentaria la que haya elegido a éste. Deriva de que el Parlamento representa la soberanía nacional y el Gobierno no. El poder del Parlamento viene del pueblo; el poder del Gobierno, del Parlamento. Las Cortes son un órgano jerárquicamente superior al Gobierno, independientemente de quién las componga en cada momento. Por eso y no por otra razón pueden controlar su actividad.

Lo único que permite dar sentido al argumento de la no vinculación es la afirmación implícita de que el Gobierno está en funciones. Y, como hemos visto, eso no es particularmente relevante en una situación como la actual. Si vas a estar siete meses ocupando la presidencia de un Gobierno, durante los cuales vas incluso a convocar elecciones, no es admisible que no te sometas a control parlamentario. Así que no: Rajoy no tiene razón al negarse a ir al Congreso.

No sé qué opinará el Tribunal Constitucional cuando, dentro de tres años, resuelva el previsible recurso que va a presentar el Congreso. Quizás incluso declare que lo que Rajoy está haciendo es acertadísimo desde el punto de vista jurídico. Pero en todo caso es feo. Es una deslealtad institucional que acelera el proceso de descomposición democrática de este malhadado país. Aunque bueno, por otra más…
  






(1) Sí, sé lo que propongo es una aberración desde el punto de vista del sistema parlamentario, pero las Constituciones raras veces aplican de forma pura los modelos teóricos.






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