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lunes, 10 de marzo de 2014

Seguridad jurídica

Vivimos un verdadero maremágnum legislativo. Si hay algo de lo que no se puede acusar a este Gobierno es de pasividad: trabajan a diario y con constancia por el objetivo de llevarnos al abismo. La Ley del Aborto, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y el recorte de la jurisdicción universal son todas normas que han sido aprobadas con el único objetivo de…

Así podría empezar un artículo cualquiera de cualquier periódico o bloguero de izquierdas. Y probablemente, con ese comienzo sería ampliamente difundido y retuiteado, llegaría a portada en Menéame y se llenaría de comentarios elogiosos hacia el autor. Y nadie se daría cuenta de una cosa, pequeña pero relevante: nada de lo que he mencionado está aprobado. No son normas en vigor. No son Derecho. No obligan a nadie. Son proyectos que, con seguridad, acabarán aprobándose, pero hoy por hoy no son ley.

“Buah”, podrá pensarse, “ya está éste con sus sutilezas de abogado. ¿Qué más dará?” Pero sí da. Da, y mucho. Porque si los periódicos anuncian a bombo y platillo que es Derecho lo que no lo es, la gente empieza a actuar según lo que estipulan las nuevas normas. ¿Cuántas mujeres creen que la Ley Gallardón está en vigor y ya no pueden abortar salvo casos restringidos? Yo he leído alertas feministas que aclaraban que no lo está ante las consultas sobre el tema. ¿Cuántas personas acuden a manifestaciones con más miedo del habitual por si les aplican la Ley de Seguridad Ciudadana? Yo he oído expresar este temor a amigos míos, gente bien informada.

Me decidí a escribir este artículo el otro día, cuando leí a un iluminado columnista de El País decir que la clave para entender el cierre de SeriesYonkis es la “reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual” (1). Y lo hice porque los periodistas, como profesionales de la información, deberían tener un mínimo de rigor y no decir que están produciendo efectos normas que no pueden aplicarse. Si ya es bastante malo que en los titulares se diga día sí y día también que “el Gobierno aprueba la ley de…”, que en cuerpo de los artículos y columnas de opinión se persista en el error es deprimente.

Aun cuando el cuerpo del artículo diga correctamente que el proyecto está en fase de tramitación, que no está aprobado, ¿qué importa? La gente se informa como se informa y tiene la comprensión lectora que tiene. Y no hablemos de los informativos, con sus constantes “la nueva ley prohibirá…” sin ninguna referencia a cuándo va a entrar en vigor esa prohibición. ¿Cuánta gente se informa en este país sólo (o principalmente) con el telediario? Quienes nos molestamos en buscar fuentes de información mejores (que, gracias a Twitter, obtenemos con facilidad) solemos olvidarnos de que no somos mayoría.

En los momentos de mayor paranoia a uno le da por pensar que, al margen de lo que puedan hacer periodistas bocazas, esta desinformación es una estrategia consciente. Y no me extrañaría. Al fin y al cabo estamos en un proceso de demolición no sólo del Estado social sino del Estado de Derecho, y la seguridad jurídica (consagrada en el artículo 9.3 CE como un principio que debe garantizarse) no iba a ser ajena a ello.

En el Antiguo Régimen, antes de las revoluciones liberales, interpretar el Derecho era un problema menor al lado de una tarea aún más titánica: identificar qué era Derecho. Saber cuáles de las normas escritas (con distintos nombres y fuentes y sin jerarquía clara), de las sentencias y dictámenes previos y de las costumbres que podían conocerse estaban en vigor y eran aplicables en un juicio era prácticamente imposible. Ello llevó a los ilustrados a postular la idea de la seguridad jurídica: es necesario que todo el mundo pueda conocer qué normas hay, qué dicen y cuándo entran en vigor. Fruto de esta idea nacieron, entre otras cosas, los Boletines Oficiales.

Hoy en día no se pueden hacer secretas las normas y dejar de publicar el BOE, pero sí se puede, si se quiere mermar la seguridad jurídica, recurrir a la desinformación. Hay que aprovechar que la gente ve el Derecho como una nebulosa, que no diferencia entre decreto, ley o sentencia, que no ve nada raro cuando lee que un “proyecto de ley” tiene efectos o que no conoce la jerarquía normativa. ¿El objetivo? Desmovilizar a la población a base de confundirla. La huida hacia delante de un Estado sin legitimidad.


A la hora de analizar el impacto de las normas jurídicas en la sociedad, hay que tener en cuenta una cosa: a la gente le da miedo el Derecho. Es común, al recibir una notificación del Juzgado o de la Administración, ponerse de los nervios y no hacer el más mínimo intento de entenderla, supongo que porque “saben” (creen) que no van a ser capaces. No digo ya la mera idea de sumergirse en la lectura de una ley que, a poco que sea complicada (pienso en normas administrativas o fiscales) desalienta a cualquiera que no tenga formación específica.

En realidad es bastante normal. El Derecho no sólo posee un lenguaje técnico propio, sino que de la correcta comprensión del mismo se deriva algo tan importante como saber qué puede hacer y qué no puede hacer el sujeto. No resulta raro que muchas personas sean incapaces de enfrentarse a él. Aprovecharse de esa incapacidad para reprimir es repugnante.




       (1) Esa “reciente reforma” entró en el Congreso de los Diputados el 14 de febrero y está en plazo de presentación de enmiendas. Quedan aún muchos trámites y varios meses para que la norma se publique en el BOE.


8 comentarios:

  1. Esto me recuerda en cierto modo algo que dice Tomás Moro en Utopía sobre las leyes. Él decía algo muy parecido. Decía que la multiplicidad de leyes y la oscuridad y hermetismo con que están redactadas y expresadas, a la postre acaba generando una serie de injusticias, haciendo que los que las saben interpretar se aprovechen de ello en su propio beneficio. Por supuesto, no es todo tan sencillo. Tampoco la propuesta que hacía de que las leyes fueran pocas y comprensibles es realista, pero como sucede mucho en Utopía, aunque no encuentre la solución, señala magistrálmente el problema. Las leyes son muchas y son complicadas porque tienen que cubrir y abarcar todo lo posible para tipificar el delito excluyendo lo legítimo. Y tienen un lenguaje técnico tan rico porque lo necesitan. Ahora bien, la cuestión que planteas en el artículo me parece muy interesante porque, si es cierto que hay una gran ignorancia jurídica y legal (y me incluyo) ¿es sólo culpa nuestra por burros o también tiene que ver conque nada de esto se enseñe en los colegios de ninguna manera? Somos ignorantes en materia legal en aspectos que socavan nuestra propia libertad de actuación y nuestros derechos (¿Por qué como vamos a hacer algo que desconocemos que podemos hacer?) y es triste cuando cada vez se revela como algo más y más necesario. El caso de manipulación que denuncias es notorio de esta situación. Personalmente, no sabría por dónde empezar. Y me resulta triste y penoso.

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    1. Es que la idea de unas pocas leyes, claras y accesibles (es decir, la idea de la codificación), llevaba permeando la cultura varios siglos antes de que los revolucionarios franceses y Napoleón se pusieran a legislar como locos. El orden jurídico del antiguo régimen era absurdamente complejo. Entre otras cosas, como se entendía que las leyes eran la expresión positiva de una ley natural, no podían derogarse. Así que leyes de hace cien, doscientos, trescientos años podían estar vigentes y contradecir leyes más actuales, también vigentes. Un caos.

      Pero claro, la propuesta de "unas pocas leyes, claras y accesibles" es, como bien dices, utópicas. En Utopía funcionan porque Utopía es una sociedad simple, pero las sociedades reales son mucho más complejas. Es necesario un lenguaje técnico y es necesaria la complejidad. Otra cosa es que hay veces (más de las que sería recomendable) que parece que se añade un extra de oscuridad que no viene justificado por nada.

      No creo que sea sólo culpa de la población. Nadie hace nada por culturizarla jurídicamente ni por informarla de sus derechos. En otros países se hace, pero yo tampoco sabría por dónde empezar. No es que sobre espacio en los currículos académicos de la educación obligatoria :(

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  2. La verdad, creo que esos problemas de entendimiento que hay en el Derecho no son propios solo del Derecho, sino también de muchas ciencias, como la física o las matemáticas. La solución pasaría por que se incluyesen introducciones a dichas disciplinas (para comprenderlas) en el sistema educativo (y que sean impartidos por especialistas). La verdad, me aterra saber que las ciencias no son lo único que no ha sabido abordar bien el sistema educativo (en Biología 101 puse hace tiempo un texto pidiendo mejoras en la enseñanza al respecto de la cultura científica -puedo darte muchas anécdotas sobre él). Pero, a la vez, tiene un lado positivo: no somos los únicos con dicho problema y podemos buscar entre más una forma de resolverlo.

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    1. Es cierto lo que dices: la gente le tiene miedo a los lenguajes técnicos. La diferencia que hay entre el Derecho y las disciplinas que mencionas es que la gente puede pasar por la vida sin saber nada de física y prácticamente nada de matemáticas, pero con el Derecho no es así. Alquilar una casa, comprar un coche, recurrir una multa de tráfico, pagar impuestos o firmar un contrato de trabajo son cosas que, en buena medida, todos vamos a hacer durante nuestra vida.

      Una "introducción al Derecho" en la educación obligatoria... bueno, en principio no la vería mal. Pero en España es obligatorio dar matemáticas hasta 3º de la ESO (al menos 9 cursos con 4 horas de esa materia a la semana) y el anumerismo es la tónica. Pregunta por la calle a ver quién sabe interpretar un porcentaje o recuerda cómo se hacía una regla de tres. Así que soy un tanto escéptico hacia esa solución.

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  3. Me parece muy interesante ese paralelismo que intuyo sobre lo que se ha denominado la forma de censura actual, basada en la sobreinformación y en la desinformación, frente a la censura tradicional que ocultaba datos relevantes. Y coincido en que hay un problema de desconocimiento que en parte se deriva de que el Estado no proporciona ningún tipo de formación al respecto. Los grupos activistas pueden paliar esta falta sólo en parte: en las luchas de vivienda, a veces, se estudian la ley de arrendamientos urbanos o la normativa sobre ejecuciones hipotecarias; grupos de abogados activistas ofrecen cursos de autodefensa civil... En gran medida es responsabilidad de los que sabemos de derecho tomarnos muy en serio la necesidad de difundir el conocimiento que tenemos. Y creo que también nos corresponde destruir ese temor reverencial que el derecho inspira.

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    1. Es muy interesante lo que dices sobre nuestra responsabilidad como juristas y activistas. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos acceso a un conocimiento técnico que la gente no tiene, y la responsabilidad moral de usarlo para que sirva a la gente, no al poder. No sabía que había abogados haciendo divulgación en grupos antideshaucios: me parece una labor muy necesaria.

      Estoy muy de acuerdo con la última frase. El Derecho inspira miedo, pero no es más que una herramienta. Aprender a usarla es vital.

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  4. El problema es que la gente no tiene ni idea de cómo funciona su propio sistema. Si quieres quejarte del Estado (y me parece muy bien que se haga, está todo hecho un desastre), ¿Qué menos que conozcas las bases que lo regulan?.

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    1. Eso es totalmente cierto. No me gusta, por ejemplo, ver a activistas proelección usar el lema "aborto fuera del Código Penal" contra la Ley Gallardón, cuando ésta deja expresamente impune la conducta de la mujer que aborta, por mucho que lo haga desde el paternalismo. Pero la culpa no es de la gente. Si te venden el Derecho como algo abstracto, infinitamente rígido y a la vez infinitamente dúctil, y que no puede ser comprendido... pues supongo que llega un momento en el que ya ni lo intentas.

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