La huelga de taxis

El conflicto de los taxis sigue y seguirá. En Barcelona parece que se ha alcanzado un acuerdo, lo cual ha hecho que Uber y Cabify anuncien que se van (¡dos ventajas en una!). En Madrid, la cosa sigue adelante. El tema es, claro, las plataformas VTC, esas apps que nacieron supuestamente para poner en contacto a dueños de coches y a personas que buscan transporte interurbano pero que en realidad son empresas de transporte con todas las letras. A ver si podemos desbrozar un poco el asunto.

Tenemos que partir de un punto ineludible: el taxi es un servicio público. Nos cuesta verlo porque cuando hablamos de “transporte público” se nos vienen a la cabeza notas como “colectivo” y “por rutas fijas”, pero lo es. Presta el servicio de transporte individual y puerta a puerta, que es tan necesario como el cubierto por trenes, autobuses, metros y tranvías. Todo lo demás (que si las licencias, que si la modernización tecnológica, que si la libertad de elección, que si las botellitas de agua, que si la abuela fuma) debe ponerse en relación a esta idea básica.

Que sea un servicio público no quiere decir, a priori, que no pueda tener competencia privada. Hay actuaciones públicas que admiten la concurrencia con la iniciativa de particulares (universidades, centros deportivos y de ocio, servicio postal) y otras que no (alumbrado de calles, asfaltado de carreteras, control sanitario de los alimentos). Yo diría que el transporte público puerta a puerta es de las que sí lo admite. Pero esa competencia, de existir, tiene que darse en unas condiciones reguladas, que preserven siempre la prestación del servicio público por encima de los beneficios de los prestadores privados.

Y aquí nos encontramos con Uber y con Cabify. Empresas de transporte que ni siquiera admiten que son empresas de transporte (hace un mes una sentencia del TJUE declaró que Uber lo era, pero ésta sigue manteniendo en su web la retórica de “conectamos personas”), que coleccionan sanciones por competencia desleal, que no aceptan que sus trabajadores son trabajadores y que tributan fuera de España. Suena a la clase de empresas de las que se puede esperar cooperación y buena fe a la hora de regular, seguro.

La posición de los taxistas es, en realidad, de defensa. Han visto que las VTC van a quedarse y aspiran al menos a que estén reguladas, de tal manera que no se coman todo el pastel. Porque aquí parece que los únicos que presionan son los taxistas, cuando Uber y Cabify también lo hacen, pero en los despachos: el taxi, con su precio fijado y su obligación de cubrir todo el territorio, les supone una competencia muy desagradable. Si quieres cobrar más caro por recoger a alguien a una hora rara, en una zona alejada o en un evento multitudinario, te viene mal que tus clientes puedan llamar a un taxi y pagar una tarifa fija.

En esta defensa que protagonizan los taxistas tenemos que alinearnos todos los que creemos en lo público. Sí, a pesar de las deficiencias regulatorias, de los múltiples errores estratégicos que está cometiendo el colectivo del taxi (de los que hablaré más abajo) y de que éste se suela categorizar como un grupo de fachas desagradables. Porque las VTC funcionan como punta de lanza de toda clase de desregulaciones. Y la desregulación y la pérdida de servicios públicos nos afecta directamente a nosotros, ciudadanos y consumidores de clase trabajadora.

El guion siempre es el mismo y lo hemos visto en docenas de sitios, incluyendo este mismo sector en otras ciudades. Unos pocos liberaloides claman que cierto sector está cerrado, que es ineficiente, que está dominado por las mafias, que es necesario abrirlo a la saludable competencia. Poco a poco van ganando adeptos. El sector se abre y… ¡hop! Se convierte en un oligopolio, la calidad del servicio cae, los precios aumentan y, a la larga, todas las empresas ofrecen productos sospechosamente parecidos a precios sospechosamente similares. Eso es lo que va a pasar con el transporte público si la huelga del taxi no triunfa. Porque esto es una prueba de fuerza: si el taxi no consigue imponerles ahora una regulación a las VTC, demostrará que es débil y en uno o dos años las VTC conseguirán liberalizar el taxi.

El taxi es un servicio público, lo que significa que los precios están fijados, que la prestación es obligatoria y que hay medios de reclamar los incumplimientos. Esto dejará de ser así si triunfan Cabify y Uber. De esto va este conflicto: no de una supuesta mejora tecnológica (los taxis también tienen sus apps porque, bueno, estamos en 2019: todo tiene ya apps) ni de un supuesto mejor servicio, que en realidad no es más que las ansias de servilismo que tiene una generación a la que toda la vida le han dicho que es la hostia y de repente se ha encontrado currando de precaria en El País. Algunos hemos despertado y otros deciden su bando en un conflicto social en función de quién les da botellita de agua gratis.

Dicho esto, por supuesto que los taxistas están haciendo cosas mal en sus protestas, empezando por atacar vehículos VTC, lo cual no solo es un error estratégico grave (como si no tuvieran ya bastante mala prensa) sino una cabronada. Soy un ferviente partidario de que las huelgas molesten y mucho, así que me parece genial que corten carreteras y toquen las narices en IFEMA y en el MWC. Pero la gente que conduce coches VTC son, normalmente, trabajadores precarios que se están sacando algo de dinero explotando el único activo que tienen. No son el enemigo, sino el eslabon débil de la cadena.

También, una cosa que habrá que hacer cuando el servicio público esté asegurado es entrar a regularlo mejor. Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué a estas alturas del partido el servicio de taxis lo siguen prestando particulares: se trata de una pregunta que aquí nos hemos hecho ya con notarios y con registradores, nunca con una respuesta satisfactoria. Vivimos en una época en la que la figura del empleado público está muy aceptada. No sería tan raro integrar a los taxistas en la estructura del empleo público, con todo lo que ello conlleva: horario fijo, salario con cargo al presupuesto, etc.

En el caso de que se mantenga el actual modelo de explotación de particulares por licencia, la tela que cortar es también importante. Sin embargo, hay un problema gordo, y es que este modelo oscila en una tensión entre el servicio público y el negocio privado del titular de la licencia. El Ayuntamiento quiere que el servicio se preste con eficiencia, y por ello desea tener el control; el taxista desea sacarle rendimiento, y para ello quiere tener derecho a contratar empleados, vender el negocio al jubilarse o dejarlo en herencia cuando se muera, tres prácticas contra las que se rabia mucho.

Vengo leyendo que estas prácticas fomentan una “mafia”, generan “especulación” o incluso que son una “estafa piramidal” (1). A mí no me parecen más que las costumbres normales de cualquier negocio: asociarse con otros para formar empresas, contratar gente para sacar más rentabilidad, transmitirlo cuando se quiere salir del sector, dejárselo en herencia a los propios hijos… si esto lo hace el dueño de una ferretería, nadie abre la boca. “Es que el taxi presta un servicio público y la ferretería no”. Correcto: pues aceptemos mi primera propuesta y convirtamos a los taxistas en funcionarios.

Si no vamos a hacer eso, si vamos a seguir manteniendo la prestación de este servicio público por medio de particulares, habrá que entrar a regular con mucha cabeza. No podemos decirles a los taxistas “le vamos a dar a usted este servicio público para que lo explote en régimen de negocio privado” y, a la vez, “le vamos a quitar todas las facultades del negocio privado (venderlo, contratar empleados, transmitirlo a los hijos… actos, por cierto, para los que siempre se requiere el consentimiento del Ayuntamiento) porque mafias”. Es contradictorio.

Pero en fin, todo esto son meras charlas de café hasta que no se garantice aquí lo importante, que es lo de las VTC: que Uber, Cabify y cualquier competidora que pueda aparecer entren (si es que tienen que entrar) de forma reglamentada y disciplinada. Que respeten las normas y que se salvaguarde el servicio público del taxi. Yo espero que lo consigan, la verdad. En este caso, si ganan los taxistas ganamos todos.

(1) Lo cual es ridículo, porque una estafa piramidal, por definición, exige la entrada constante de nuevos socios que financie los beneficios de los niveles superiores. En un panorama en el que las licencias de taxi son limitadas (para que entre un licenciatario debe salir otro) no puede haber una estafa piramidal.

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Un niño sin vacunar en una guardería

El Estado surgido de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX ha operado siempre con normas. Leyes y reglamentos, ordenados de una manera jerárquica, y con una serie de criterios claros para saber qué pasaba cuando dos de ellos se contradecían: una norma superior pasa por encima de otra inferior, una norma posterior deroga a una anterior y así sucesivamente. Esta forma de actuar (racional, muy ilustrada) facilitaba de forma considerable la tarea del juez.

El problema es que esto cada vez es menos así. Las leyes, aparte de regulaciones, incluyen ahora principios. Por ejemplo, nuestra Constitución recoge en su artículo 1 el principio de libertad, habla en su artículo 9 del principio de seguridad jurídica, tiene en su Título I una extensa carta de derechos que funcionan también como principios, etc. Estos principios tienen la misma fuerza legal que las normas, pero no se pueden aplicar de la misma forma automatizada. Más en concreto: cuando dos principios chocan (por ejemplo, cuando la libertad de expresión del periodista del corazón choca con el derecho a la propia imagen del famoso) no se puede establecer una solución que privilegie a uno de ellos sobre el otro de forma abstracta y universal. Al contrario, habrá que estar a cada caso concreto. Se exige del juez una labor creadora para dotar de contenido esos principios y armonizarlos.

Así las cosas, cuando hace unos meses llegó a un Juzgado barcelonés un caso en el que se invocaban los principios de superior interés de un menor, libertad ideológica de sus padres, salud pública en relación a sus compañeritos de clase y por último derecho a la educación y derecho a la salud del propio menor, el juez debió tener ganas de cortarse las venas. Hala, majo, armoniza todo esto y soluciona.

El caso, claro está, es el del niño no vacunado al que se le denegó la plaza en una guardería pública barcelonesa. Los progenitores recurrieron, con un argumento un tanto peculiar: al no permitir que se matricule su hijo solo por el hecho de que han elegido no vacunarle, se está vulnerando su libertad ideológica. Lo llamo argumento peculiar por no llamarlo argumento de mierda. De hecho, Jacobo Dopico, en un tuit que, por desgracia, ha borrado, decía que “éste caso es como el de Alicante, en el que la defensa fue agravante”: acudir a un juez para denunciar que te discriminan porque no dejan que tu pequeñuelo no vacunado entre en una clase con otros treinta niños es jugar en modo difícil.

Plantear el asunto en términos de discriminación ideológica es un suicidio procesal absoluto. Es equivalente a decir que “es que no aceptan a mi hijo porque somos musulmanes (y le criamos en el Islam) o comunistas (y le criamos para que haga la revolución)”, pero olvida el pequeño detalle de que vacunar a tu hijo, al contrario que inculcarle una fe o unos principios políticos, no es una cuestión ideológica sino sanitaria. Y eso marca una diferencia vital que hace que se caiga toda la argumentación de la demanda. Más aún, te arriesgas a que el juez saque en respuesta el principio de superior interés del menor y te diga que deberías haber vacunado a tu retoño.

A pesar de eso no os creáis que no lo intentan, ¿eh? Parece ser que los progenitores, en su recurso, incluyeron toda clase de literatura pseudocientífica que afirmaba que “no está demostrado” que vacunar tenga efectos beneficiosos. Así, vacunar o no vacunar sería una cuestión tan ideológica como bautizar o no bautizar, y negarle la matrícula a un niño no vacunado sería tan discriminatorio como negársela a uno no bautizado. Un paralelismo precioso, que tiene el inconveniente de no tener el más mínimo asidero en la realidad, debido al hecho de que las vacunas sí tienen efectos en la salud del vacunado. Y es más, tienen efectos en la salud de los demás, gracias a la inmunidad de grupo.

La elección acerca de la vacunación no está ni puede estar amparada por la libertad ideológica. La libertad ideológica, o en sentido amplio la libertad de conciencia, te permite optar por diversas concepciones de vida inocuas (tanto ideologías políticas como fes religiosas, o incluso construcciones éticas), no negarles a las personas a tu cuidado tratamientos médicos que tienen pleno derecho a obtener. En consecuencia, negarle a un niño no vacunado el acceso a una guardería nunca puede ser discriminatorio.

Desbrozada ya esta maleza inicial, pasemos a resolver el asunto. La jueza lo plantea como un conflicto entre el derecho a la educación entre el niño no vacunado y el derecho a la salud de sus potenciales compañeros de clase. Efectivamente, debemos recordar que aunque esos niños no sean hijos de antivacunas, pueden tener cualquier problema: es posible que no se les haya podido vacunar por causas médicas, que se les haya vacunado con una partida en mal estado, que provengan de países con otro calendario vacunal o que vengan de familias en exclusión social que ni siquiera sabían que tenían derecho a las vacunas. A lo mejor esas criaturas necesitan de forma especial la inmunidad de grupo. No es justo exponerlas a un posible vector de enfermedad.

Por otra parte, está el hecho de que el otro platillo de la balanza, el derecho a la educación del crío no vacunado, no es tan relevante. Estamos en una guardería, no en Primaria o en la ESO: se trata de un nivel no obligatorio, donde el elemento educativo se mezcla con el lúdico y en el cual realmente no hay un programa de estudios a seguir. Al niño no le va a pasar nada grave por perderse la guardería; simplemente estará en la misma situación que millones de niños en este país antes de empezar la educación primaria. La conclusión es, por tanto, obvia. En esta concreta ponderación de derechos, debe primar el derecho a la salud del resto de los alumnos.

Insisto en la importancia que tiene estar al caso concreto cuando ponderamos derechos. Si el niño hubiera intentado matricularse en un nivel educativo obligatorio, como Primaria o ESO, o no obligatorio pero percibido como más importante, como Bachillerato o FP de grado medio, no creo que la jueza hubiera optado por esa solución. Y, si hubiera optado por ella, no sé si yo la estaría apoyando: en la lucha contra los progenitores antivacunas tenemos que asegurarnos de no triturar tampoco nosotros los derechos de sus hijos.

Quizás la nota más escalofriante de este caso es, precisamente, el tema de la libertad ideológica. Que se pretenda prescindir de las pruebas (y aquí hablo de la evidencia científica, no de la prueba judicial) y que todo, tanto la ciencia como el chamanismo como la última chaladura del sacacuartos de turno, se conviertan en simples discursos en pie de igualdad. Así lo reclamaban los progenitores al decir que “las Administraciones deben ser neutrales ante las religiones, credos y creencias”, una afirmación que yo apoyo al 100% cuando hablamos de religiones, credos y creencias, pero no cuando hay ciencia de por medio.

Hay que estar muy al quite con estas cosas. En ese sentido, es de agradecer que tanto la jueza como la Administración lo hayan estado. Que como empiecen a colársenos estas cosas…

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52.000 inmigrantes

Pues ya lo tenemos aquí. Hubo acuerdo entre PP y Vox, no hubo transfuguismos de última hora (se necesitaban cinco diputados ausentes) y Juanma Moreno Bonilla fue investido ayer presidente de la Junta de Andalucía. Los andaluces van a disfrutar de las bondades de un Gobierno de derecha rancia y casposa, apoyada esta vez por el turbocapitalismo de Ciudadanos y por el filofascismo de Vox: si creían que el PSOE y Susana Díaz eran malos, se van a cagar.

De momento ya ha habido un primer pasteleo, cuando el “inaceptable” paquete de propuestas de Vox se convirtió pocas horas después en un acuerdo de investidura. Cualquiera que coteje ambos documentos puede ver que no hay demasiados cambios, salvo quizás en el lenguaje. Es cierto que del dicho al hecho hay un trecho, y que no sabemos cuántas de estas políticas se implementarán. Me da a mí que Moreno Bonilla quiere comportarse con Vox de la misma forma que el PSOE se ha comportado siempre con IU: aceptando sus votos a cambio como mucho de unas pocas medidas cosméticas (1). De momento, las proposiciones de Vox están en la palestra y podemos opinar sobre ellas.

Una de las que más ha llamado la atención es la relativa a la expulsión de 52.000 inmigrantes irregulares que, supuestamente, tendría Andalucía. Esta liebre saltó en el primero de los dos documentos, el “inaceptable”, que decía en su propuesta 5:

Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía.

En el actual acuerdo de Gobierno esto se convierte en la propuesta 28:

Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral.

La idea sigue siendo la misma, como puede comprobar cualquiera que siga a los voxxies por redes sociales: la Junta tiene los datos de 52.000 inmigrantes irregulares y debe compartirlos con la Policía para que ésta pueda proceder a expulsarlos a todos. ¿Y de dónde ha sacado la Junta esos datos? De la Sanidad pública. Sería el Servicio Andaluz de Salud quien, al atender a estos inmigrantes, habría recopilado estos datos que ahora estaría reteniendo de forma ilícita.

Enseguida se ha desatado un debate. Los sindicatos policiales, siempre encantadores y firmes en su defensa de la legalidad, ya han salido a decir que hail Abascal y que la medida les parece estupenda porque a ver qué va a ser esto de que ellos no puedan acceder a cualquier dato personal esté donde esté. Los médicos, por su parte, ya han anunciado que bloquearán la medida por parecerles ilegal y contraria a la deontología: ellos son profesionales de la salud, no delatores, y no van a compartir los datos personales de quien aparezca por su consulta.

Pero el hecho es que, a nivel jurídico, la cosa ya está resuelta. La historia es la que sigue: en 2003, durante los últimos coletazos del mandato de Aznar, se reformó la Ley Orgánica de Extranjería para incluir una Disposición Adicional Quinta. En ella se establecía un deber de colaboración entre Administraciones públicas: éstas debían cederse mutuamente información sobre las personas interesadas en procedimientos de extranjería. En otras palabras, las autoridades encargadas de tramitar expedientes de expulsión podían solicitar datos de cualquier posible extranjero irregular, estuvieran esos datos donde estuvieran. De hecho, para los datos recabados por la AEAT, la Seguridad Social y el Padrón Municipal se preveía incluso el derecho de consulta directa por parte del Ministerio del Interior sin necesidad de consentimiento por parte del interesado.

Es decir, que esto que están intentando hacer ahora PP y Vox ya se intentó hacer en 2003, por una Ley Orgánica. ¿Y qué pasó? Que llegó el Tribunal Constitucional, claro. Cabe recordar que nuestra Constitución es bastante avanzada en ese aspecto, y en su artículo 18.4 ya reconoce la limitación en “el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal”, párrafo que se ha interpretado como una referencia a la protección de los datos personales. En otras palabras, en España la protección de datos de carácter personal no es un asunto menor o una exigencia de Europa, sino un mandato constitucional. Por ello, el Parlamento vasco recurrió la ley y, en 2013 (para unas prisas) el Tribunal Constitucional dictó sentencia.

El núcleo de toda la regulación en materia de datos personales es la idea de consentimiento. La recogida y el tratamiento de los datos personales debe ser consentida por el titular de dichos datos, y ese consentimiento debe hacerse finalidad a finalidad: si tú cedes tus datos para cierto objetivo (por ejemplo, recibir tratamiento médico), los encargados del tratamiento de dichos datos no pueden cederlos a terceros o aplicarlos a otro objetivo distinto (por ejemplo, un procedimiento de expulsión del país) sin tu consentimiento. Claro, la cosa nunca es tan fácil. A veces es posible limitar el consentimiento del titular cuando haya que proteger otros derechos o bienes constitucionales, siempre que se guarde el respeto adecuado al principio de proporcionalidad.

La Disposición recurrida tenía, en lo esencial, dos partes. En primer lugar había un deber general de colaboración entre Administraciones: el Tribunal Constitucional convalida sin más este deber porque se remite a la legislación general sobre protección de datos, que incluye la obligación de solicitar el consentimiento del interesado para ceder sus datos. En cuanto al segundo párrafo, el que preveía un acceso directo a datos inscritos en ciertos registros (como los de Hacienda) sin necesidad del consentimiento, el TC dijo que solo podía hacerse en el marco de un expediente de expulsión. Es decir, tiene que haberse iniciado ya un procedimiento administrativo para expulsar a una persona concreta e identificada y será en el marco de ese procedimiento donde pueda accederse a esos datos.

La ley dedicaba otro par más de artículos al acceso de la Policía al padrón municipal, y esos artículos también fueron recurridos. Es aquí donde el Tribunal Constitucional despliega el resto de la artillería. La base del argumento es, como siempre, la idea de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional se pregunta si la limitación del derecho fundamental (el derecho a la intimidad en su vertiente de protección de los datos personales) es proporcionada en relación a la finalidad que se desea cumplir (el control de fronteras). Y responde: lo será siempre y cuando no se produzcan accesos masivos o indiscriminados; en otras palabras, cuando se motive cada acceso.

¿La Policía necesita datos del padrón municipal para expulsar a inmigrantes ilegales? Bien, la ley le habilita para conseguirlos sin consentimiento de los interesados. Pero debe explicar los datos de qué personas necesita y por qué: no puede hacer una cata general, no puede hacer un “sácame todo lo que tengas de extranjeros, que rebusco”. Es necesario que el dato solicitado resulte “pertinente y necesario en relación con la finalidad que ha justificado el acceso”. Esto lo dijo el Tribunal Constitucional en 2013, y ojo, que lo dijo en relación al padrón municipal, que es un registro pensado para ser consultado por diversas autoridades con muy variadas funciones. Si se prohíben los accesos indiscriminados al padrón, ¿cómo no van a prohibirse a los archivos médicos, que contienen información clasificada sobre la salud de las personas?

Así pues, y por volver ya a nuestro caso, la Junta de Andalucía simplemente no puede coger los datos médicos de 52.000 inmigrantes y pasárselos a la Policía, ni siquiera aunque ésta se los pida. Si la Policía los quiere, que inicie los correspondientes 52.000 procedimientos de expulsión, identificando a las personas a expulsar, y justifique uno a uno qué datos necesita y por qué razón. Ninguna otra cosa es compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con los derechos fundamentales recogidos en esa Constitución que Vox dice defender y respetar tanto.

Pero claro, es que es mentira. Vox no es un partido constitucional, sino abiertamente ultraderechista y reaccionario. Su forma de enfocar la inmigración lo demuestra. Cabe recordar que la inmigración ilegal no es un delito, sino una simple infracción administrativa, pero Vox pretende privar de derechos fundamentales a las personas que la han cometido. Y lo digo en plural, derechos fundamentales, porque no solo hablo del derecho a la intimidad, sino también del derecho a la salud: ¿cuántos inmigrantes en situación irregular van a dejar de ir al médico? Es inhumano poner a alguien en esta tesitura. Incluso mirado desde la perspectiva egoísta resulta absurdo: ¿de verdad queremos tener andando por ahí a personas que tienen miedo de ir al médico? ¿Y la salud pública qué?

Vox se ha soltado la melena y está enseñando la patita a unos niveles muy altos. Los teóricos de “cuando le toque pactar se moderará” ya se la están envainando. Solo queda sentir lástima de la ciudadanía andaluza y esperar que su desgracia nos sirva a los demás como señal de aviso: en las próximas elecciones hay que ir a votar a la izquierda y hay que hacerlo masivamente. Si no podemos evitar que esta gentuza entre en el Parlamento, como mínimo hay que darle la patada al Grupo Mixto y quitarle toda influencia sobre el Gobierno.

Nos va mucho en ello. 

(1) Y no sé cuán bien le vaya a salir. Santiago Abascal no es tan dócil como Llamazares.

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La trampa de la unidad

La derecha está creciendo. Si uno quisiera ponerse geopolítico, diría que desde la quiebra de la URSS en 1989 no hay nada que frene la tendencia natural del capitalismo a tragárselo todo (desde los recursos naturales a los gobiernos democráticos, pasando por supuesto por esas nimiedades llamadas “derechos de los trabajadores”), pero no vamos a llegar tan lejos. Diremos simplemente que de un tiempo a esta parte no parece haber más que nazis en todas partes.

La reacción de las fuerzas que deberían impedir que esto pasara no podía ser más desalentadora. No voy a entrar en el papel de la prensa ni (de momento) en el de los partidos parlamentarios. Me centraré en la respuesta a nivel de calle y redes, en especial del sector autoidentificado como comunista. Hablo de un grupo de gente muy concreto: treintañeros o mayores, en su mayoría hombres blancos con educación universitaria, que critican a los jóvenes que no están tan “formados” como ellos (hoy mismo he visto a uno quejarse amargamente de los frikis que hay en el movimiento) y que no dejan de hablar de términos como “posmodernismo” y “lucha parcial”. Últimamente están que no cagan con cierto libro cuyo título alude a una supuesta trampa de la diversidad, lo que demuestra la calidad intelectual de los sujetos.

Los comunistoides éstos me dan la rabia propia de la bala esquivada, porque durante mucho tiempo tuve todas las papeletas para convertirme en uno de ellos. Visto con la perspectiva que da el tiempo, es todo bastante penoso. Estamos hablando de unas personas que se sitúan en la periferia del discurso social y se ponen a exigir la unidad de la clase obrera al tiempo que expulsan a cualquiera que no sea exactamente igual que ellos. Y encima lo hacen como si tu interrupción les estuviera retrasando en la toma del Palacio de Invierno, cuando en realidad son unos mindundis incapaces de una acción coordinada que supere la decisión de si esta noche se cena kebab o pizza.

Más en concreto, quiero centrarme en un argumento que yo también repetí como lorito bien entrenado en mis épocas de proto-bolchevique: “la izquierda está perdiendo a la clase obrera porque ya solo sabe hablar de posmoderneces alejadas de los intereses de ésta; cuando llegue una derecha fuerte que les prometa trabajo y pan, los obreros votarán a esa derecha de forma masiva y tendremos un problema”. El argumento es atractivo porque te hace quedar de marxista enterado: ¡lo relevante es la estructura, no lo cultural, que es mera superestructura! ¡No os perdáis en guerras culturales, que nada importan mientras no cambie la relación entre capital y fuerza de trabajo!

El problema, claro está, es que ya desde Gramsci (y anda que no ha llovido desde Gramsci) somos conscientes de que la interrelación entre estructura y superestructura es mucho más compleja de lo que pensaban los primeros filósofos marxistas. Además, ¿cuáles son esas luchas parciales y posmodernas que dividen a la clase obrera? Pregúntale a cien comunistoides y obtendrás cien respuestas distintas, todas ellas basadas en las fobias personales del sujeto y ninguna sostenida por el más mínimo análisis racional. Las menciones más comunes son el feminismo y los temas LGTB, y te tienes que reír cuando lees a listos opinar que esas luchas no hablan de cuestiones materiales.

Tengo tres grandes problemas con el argumento de las luchas parciales y posmodernas alejadas de los verdaderos intereses de la clase obrera. Paso a enumerarlos. En primer lugar, que es muy simplista. Presenta a la clase obrera como una masa de gente indiferenciada que, qué casualidad, se compone de varones blancos, heterosexuales y nacionales. Esa clase obrera tendría un conjunto único de intereses, reflejado en la doctrina marxista más clásica, y todo lo que se salga de ahí es “hablar de posmoderneces que no importan a nadie”.

La pega, claro está, es que la clase obrera no es esa masa unitaria, sino que está compuesta también por esa oficinista que sufre acoso laboral, por ese mecánico trans que va a tres palizas al año por serlo, por ese mozo de almacén marroquí que aguanta estoicamente los chistes sobre moros de sus compañeros de trabajo y por esa camarera lesbiana que tiene que sufrir que los clientes borrachos le pidan un trío con su novia y ella. Puede que a ellos sí les interesen esas “posmoderneces”. Puede que ya no se crean que lo único que importa es la abolición del capitalismo, porque su experiencia demuestra que hay otros problemas que intersectan con la condición obrera.

En segundo lugar, este argumento es muy clasista, puesto que sostiene que en cuanto venga la derecha a hablar de cosas concretas se va a llevar a los obreros de calle. Las versiones más hardcore de este argumento presentan a los miembros de la clase trabajadora poco menos que como bestias incapaces de analizar nada ni de pensar en otra cosa que no sea su próxima comida. En cuanto llegue alguien que se la garantice a costa de cualquier chivo expiatorio, se llevará sus votos. ¡Qué halagador!

Estos, ejem, análisis, tampoco les concede a los obreros (siempre entendiendo “obrero” de la forma simplista que ya hemos visto) la capacidad de empatizar con quienes están en peor situación que ellos y de interesarse, en consecuencia, por teorías que superen el marxismo tradicional. Ya no es ni siquiera que el padre de familia obrera vea que su esposa sufre discriminación laboral o que su hijo homosexual sufre bullying homófobo, sino que lee los periódicos, tiene redes sociales y está abierto a lo que pasa en el mundo.

Al final, mucho mencionar a la clase obrera pero parecen incapaces de confiar en que ésta sepa identificar y calar a un facha según le vea venir.

Y por último, está el hecho de que este argumento se está revelando falso en sus dos partes. En primer lugar, allí donde está habiendo un ascenso de la ultraderecha (pienso en el Brasil de Bolsonaro, en el susto que ha pegado Vox en Andalucía o en el caso de los chalecos amarillos en Francia) las explicaciones suelen ser muy distintas a “los obreros se han lanzado a votar a los fachas”. Se puede hablar del papel de las clases medias, por ejemplo (1), o del desencanto de los votantes tradicionales de otros partidos. 

Pero es que además hay un hecho que me está dejando anonadado. Y es que esa famosa derecha que iba a llevarse de calle a la clase obrera con promesas concretas y materiales… no está haciendo promesas concretas y materiales. A ver, algunas sí, desde luego. Pero ¿cuáles han sido las primeras medidas de Bolsonaro en el Gobierno? Purgas ideológicas y control de la educación para eliminar el “feminismo de género”. Y cuando el Consejo Económico y Social francés decide lanzar una consulta ciudadana para tomarle el pulso a la ciudadanía, ¿qué medida es la que recibe más votos? La abolición del matrimonio igualitario.

El ejemplo más reciente es de España y de ayer mismo: el documento que Vox pretende conseguir que firmen PP y C’s si éstos quieren sus votos para la investidura de un presidente andaluz de derechas. La medida estrella ya la conocíamos desde hace días, y consiste en la eliminación de todo el sistema de protección contra la violencia de género. Sin embargo, el documento va más allá. ¿Qué se propone? Que el presidente de la Junta pida desmontar el Estado autonómico, que se deje de subvencionar a asociaciones “ideológicas” e islámicas, que se garantice que los andaluces que residen fuera no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en catalán, derecho de los padres a vetar contenidos de la educación de sus hijos, abolición de las leyes autonómicas de memoria histórica y LGTB y fijación del Día de Andalucía el 2 de enero para conmemorar el fin de la llamada Reconquista.

¡Joder con la derecha que iba a venir a hablar de cosas comprensibles y cercanas! Es que ni una propuesta sobre desahucios, paro o desnutrición infantil, ni aunque sea para disimular. Casi pareciera que han comprendido que esto es en buena medida una guerra cultural, una guerra que se gana en las cabezas de la gente y que va a determina qué es normal y aceptable para los próximos lustros. En un lado están las fuerzas del biempensantismo, de toda esta clase media que lleva años frunciendo el ceño ante desfiles del Orgullo y marchas feministas, sin alzar mucho la voz porque el consenso social iba por otro camino, y que cree que ha llegado la hora de vengarse. Y por el otro lado… bueno, tampoco quiero hacer sangre, comunistas superpuros, pero vais a tener que decidir, porque la afiliación no es automática.

Y en España el peligro es muy real. No temo un gobierno de Vox, pero sí temo a Vox como quinta fuerza, dándole al PP y a C’s los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y condicionando por ello toda su acción de gobierno. Aunque bueno, lo de “condicionar” es un decir. Casado es más facha que su abuela, y le han elegido por eso. En cuanto a Rivera, no olvidemos que su partido intentó jugar la carta del antifeminismo entre las elecciones de diciembre de 2015 y las de junio de 2016; como le salió mal, y fiel a su vocación de veleta, cambió de opinión pública enseguida.

Ambos están listos para sacar la tijera contra la LIVG en cuanto puedan, sobre todo si tienen a Abascal para echar las culpas. Vox no es un partido catch-all, se puede permitir ser facha sin complejos y plantearle a PP y a C’s exigencias que éstos nunca implementarían por voluntad propia. Aunque uno pensaría que decir “es que para alcanzar el poder tenía que pactar con los fachas y me exigían esto” no es la mejor excusa del mundo (me recuerda al famoso “fue sin querer queriendo” del Chavo del 8), la cosa es que entre convencidos cuela. Por desgracia, claro que cuela.

Así pues, el único consejo que puedo dar es que no os dejéis convencer por esta especie de “trampa de la unidad” que esgrimen algunos teóricos o pseudoteóricos dizque comunistas. La clase obrera no es una masa homogénea a la que algunos malintencionados estén intentando dividir por medio de preocupaciones irrelevantes de tal manera que cuando llegue el fascismo se los encontrará listos para cosechar. Antes al contrario, es un conjunto muy diverso de individuos que afronta la vida como mejor puede, y a veces la vida incluye cuestiones de identidad de género, de raza, de orientación sexual o de cualquier otra cosa. Atender a esas preocupaciones junto con las derivadas de la clase social no es mala leche por su parte, sino pura supervivencia.

Y digo más: con toda seguridad, cuando haya que pelear será esta clase de gente la que proporcione a los mejores combatientes. No es solo la que tiene más experiencia en lidiar con condiciones de mierda, sino que también es quien tiene más que perder si al final todo se hunde.

(1) Es cierto que desde una perspectiva puramente marxiana, la clase media no es otra cosa que clase obrera. Pero este discurso comunistoide que critico rechaza mucho a las clases medias y tiene una apelación directa al “barrio”, es decir, a los obreros con más conciencia de clase, que trabajan sobre todo en el sector secundario y viven en la periferia de las grandes ciudades. Es éste el sentido en el que empleo la palabra “obrero” en el texto.

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¿Cómo regular los superhéroes?

Como soy una persona que llega siempre a tiempo a todo, hace unas semanas leí Civil War. No la Civil War II, que se publicó en 2016 y todavía se podría considerar “actualidad” entendiendo ésta de forma muy amplia, no: la Civil War original, la de 2006, la que fue adaptada de manera más bien libre en la película del Universo Cinematográfico Marvel. Veréis como en algún momento alguien me pone en las manos un tomo gigante con un smiley ensangrentado en la portada y me descubre Watchmen.

Para quien no la conozca, la historia de Civil War es la siguiente: unos superhéroes novatos, en un intento por conseguir notoriedad, provocan un desastre. Llevan al límite a un supervillano y éste provoca una explosión en la que mueren cientos de civiles, entre ellos 60 niños de una escuela que estaba al lado de la batalla. La opinión pública se vuelve contra los superhéroes. Aparece la siguiente pregunta: ¿quiénes son unos tipos enmascarados sin formación ni autoridad alguna, por muchos poderes que tengan, para actuar contra delincuentes?

Este estado de cosas pronto lleva a la aprobación de una ley que obliga al registro de todas las personas con superpoderes del país. Ya no podrán actuar por libre, sino que serán encuadradas en equipos asignados a los diversos Estados; estos equipos serán coordinados por SHIELD, la agencia de inteligencia ficticia que existe dentro de los comics de Marvel. El principal valedor del proyecto es Tony Stark, Iron Man, y le siguen muchos otros superhéroes, que entienden que no es justo que actúen como vigilantes sin estar sometidos al control de nadie. Pero otro grupo, capitaneado por Steve Rogers, el Capitán América, decide que no aceptará la norma y se rebela. A partir de ahí se inicia la ensalada de hostias habitual que todos esperamos en un tebeo de superhéroes.

El cómic plantea diversos temas, uno de los cuales, por cierto, parece ser la intrusión de voces nuevas en un mundo pequeño y endogámico (y que, oh sorpresa, se ve de forma negativa: son los héroes jóvenes y desconocidos los que causan el desastre que da inicio a la trama). Sin embargo, el principal es el viejo conflicto entre libertad y autoridad: las personas con poderes especiales, ¿deben estar sometidas a la dirección del Estado o deben ser libres para buscar a los villanos y combatirlos sin encomendarse ni a Dios ni al diablo?

La pregunta parece en buena medida irrelevante en la vida real. Al fin y al cabo, en la realidad no hay personas con capacidades especiales: como mucho algún Carl Lewis o algún Mohamed Alí. Pero las personas como Lewis o Alí no se dedican a combatir el crimen, sino que están a sus cosas. Los vigilantes (que de vez en cuando aparecen, e incluso, por influencia de los cómics de superhéroes, se disfrazan de mamarrachos) son tipos más bien mundanos. Y como no son más que particulares, se les aplica la misma legislación que a cualquier otro particular: en el caso particular de España, por ejemplo, eso implica dificultad para acceder a armas y una capacidad muy limitada de detener a delincuentes.

Sin embargo, en el futuro la pregunta puede empezar a tener algo más de enjundia. No digo que nos vayan a visitar extraterrestres, que vayamos a tener una epidemia de arañas radiactivas o que vaya a aparecer la mutación del homo superior, pero hay un montón de avances tecnológicos que están a la vuelta de la esquina. Ropa inteligente, modificaciones genéticas controladas, nanobots, mierdas así. En cuanto aparezcan esas tecnologías, que se abaraten es cuestión de tiempo, y si se hacen asequibles a 1 de enero hay que asumir que el 2 de enero tendremos pseudosuperhéroes por las calles.

En principio, todo este cambio tecnológico no debería suponer un cambio jurídico. Por muchos poderes que tenga, un superhéroe no pasa a ser una autoridad pública, y si no es una autoridad pública no tiene apenas facultades para luchar contra el crimen. De alguna manera, Civil War apoya esta idea (y aviso que a partir de aquí hay spoilers), puesto que la causa del Capitán América se retrata con mucho más cariño que la de Iron Man, pero es ésta la que gana. El mensaje es claro, o al menos lo fue para mí: los rebeldes pueden caer bien, pero al final no hay mucho que hacer fuera del marco jurídico de la autoridad.

Además, la forma en que se gana es significativa. Durante Civil War, el bando gubernamental realiza toda clase de acciones de moralidad y legalidad cuestionables, como por ejemplo reclutar a supervillanos, crear un clon de Thor que acaba por descontrolarse (y por matar a uno de los rebeldes) y construir una prisión en la Zona Negativa. Sin embargo, el bando rebelde intenta mantener unos estándares éticos altos, hasta el punto de que Punisher asesina a dos villanos que intentan unirse… e inmediatamente después el Capi le expulsa a hostias por matar en nombre de su causa.

Y sin embargo, en la batalla final, cuando el bando rebelde está ganando y Steve Rogers está a punto de asestarle el golpe de gracia a un Tony Stark cuya armadura ya está destrozada, es placado por diversos ciudadanos y miembros de los servicios de emergencia. Eso le hace convencerse de que su lucha no tiene sentido, puesto que no está peleando por prestar un servicio mejor sino por él mismo y por su ego. El mensaje sigue siendo claro: la gente quiere, necesita, por encima de todo, estabilidad, y solo la va a encontrar en el sistema, por muy desagradable que éste sea y por muchas cosas horribles que haga. Aunque puedan simpatizar con los revolucionarios, al final se irá con quienes le garanticen pan y seguridad.

Tiendo a estar más de acuerdo con el bando de Iron Man que con el del Capitán América. Volviendo a ese hipotético futuro del que hablaba más arriba, si va a haber supertipos prefiero que estén identificados y tengan un número de placa a que vayan por ahí sin rendir cuentas a nadie. Ahora bien, esa idea de que la estabilidad es preferible a cualquier otra cosa tampoco me gusta nada: es la antesala del autoritarismo. Y ya están las cosas lo bastante jodidas en el mundo real como para añadirle una policía política con superpoderes, muchas gracias.

Por todo ello, quería proponer una especie de tercera vía, que no sería ni el control gubernativo ni la libertad absoluta. Se trataría de un sistema de licencias, similar al que tienen otras profesiones que están en el límite del ejercicio de la autoridad, como por ejemplo el detective privado. El supertipo o supertipa pasaría un examen y se inscribiría en un registro. Su nombre quedaría en secreto salvo orden judicial, pero su alias, su traje y su zona de actuación serían públicas. Se le otorgarían ciertas facultades de lucha contra el crimen, superiores a las de un particular propiamente dicho pero inferiores a las de una autoridad pública.

Sin duda este sistema no triunfaría en Europa, y yo la verdad es que lo prefiero: no me gustan los vigilantes armados, por mucha licencia que tengan. Pero en EE.UU. las dinámicas son otras, por desgracia. El mero hecho de que la cultura popular de superhéroes haya nacido y haya cobrado fuerza allí antes que en cualquier otro lugar del mundo es una buena prueba de esto que digo. El sistema de licencias sería una forma de adaptar las capacidades especiales a la idiosincrasia estadounidense… y de evitar lo que, a la larga, seguro que sería una guerra civil.

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El militar de la Manada, con depresión

Paren las rotativas: el militar de La Manada, el tal Cabezuelo, padece una profunda depresión. O eso han publicado medios serios y fiables (El programa de Ana Rosa) basándose en datos tan relevantes como la ropa del sujeto. Lo cierto es que Cabezuelo, junto a sus cuatro compinches, lo tiene bastante crudo: en breve se sabrá si le meten de nuevo o no en prisión provisional. Aunque sea que no (yo, de hecho, creo que será que no), ya dijimos que lo va a tener difícil para esquivar la condena definitiva, sea por abuso o sea por agresión, porque los hechos son ya intocables, y éstos recogen al 100% la versión de la víctima.

He leído por ahí que lo de la depresión (de existir) puede ser una estrategia procesal, como la enfermedad de Pinochet, que le duró hasta que llegó a Chile. Yo no lo creo. Coincido más bien con lo que dice esta tuitera: es de lo más creíble que este tipo, ante la posibilidad real de comerse como mínimo siete años de cárcel (1), se haya roto. No olvidemos que a éste fue también al que echaron de su trabajo. Está afrontando por primera vez las consecuencias de sus actos y no le gusta nada.

Por supuesto, asumir que puede ser cierto que Cabezuelo tenga depresión no quiere decir compadecerlo o sentir lástima de él. Sin embargo, proporciona un material de análisis bastante interesante. A nivel superficial, por ejemplo, se han hecho muchos chistes sobre el tema, regodeándose en el sufrimiento de un tipo que ha causado tanto daño; y yo me he unido a ellos con alegría. Sin embargo, y si todo va como tiene que ir, en breve este tipejo se integrará en la masa de población reclusa de este país, y ahí la cosa cambia.

Se calcula que en torno a un 25% de reclusos tiene problemas relacionados con la salud mental (incluyendo adicciones). Un 25%. Lo repetiré por tercera vez: un veinticinco por ciento. Si vas a una cárcel y seleccionas al azar a cuatro internos para que echen una partidita de mus, la probabilidad dice que uno de ellos tendrá algún trastorno psiquiátrico (2). Es una barbaridad. Las estadísticas actualizadas a octubre de 2018 hablan de 59.160 reclusos: el 25% de esa cifra son 14.790. De esas casi 15.000 personas, la parte del león (entre un 35% y un 40%) se la llevan los cuadros depresivos y las adicciones.

Si la cárcel ya es mal lugar para que se reinserte nadie, cuando ese alguien tiene problemas mentales es aún peor. En España solo existen dos centros psiquiátricos penitenciarios y están desbordados. En la práctica, los reclusos que no suponen un problema están con los sanos y los que sí lo suponen pasan temporadas en el psicólogo penitenciario (que tampoco tiene tiempo ni recursos para atender a todo el mundo), en la enfermería de la cárcel o en el hospital local. No son formas, claramente.

Por otra parte, todo esto no nos puede hacer olvidar la otra pata del problema y es la siguiente: ¿qué se supone que buscan los medios sacando ahora esta no-noticia? Y es no-noticia en muchos ámbitos. Para empezar, por algo que ya hemos señalado en el primer párrafo, y es que el supuesto estado mental de Cabezuelo no es más que una especulación basada en su ropa y su aspecto. Pero es que además, y si fuera cierto lo de la depresión, ¿qué? No creo que El programa de Ana Rosa sea el medio donde se pretenda abrir el melón de la salud mental en las cárceles españolas. ¿Entonces?

Entonces es puro morbo, claro. Explotar cualquier cosa que permita mantener vivo el tema, a cualquier precio. Incluso aunque ello suponga blanquear y hacer quedar como víctima a un grave delincuente: oh, pobrecito, le jodió la vida a una chica, va a entrar en la cárcel por ello y ahora tiene depresión. ¿Qué interés periodístico puede tener que este hombre tenga un trastorno mental? Más aún: ¿qué interés periodístico puede tener la especulación sobre el tema? Ninguno en absoluto.

Y sobre todo: qué puntería a la hora de elegir al delincuente al cual compadecer, ¿eh? Porque anda que no están nuestras cárceles llenas de gente que ha tenido cero oportunidades en la vida, que están ahí por robar para comer y/o por traficar con cantidades ínfimas de droga. Pero no, el que nos tiene que dar pena es el tipo que se juntaba con sus colegas para irse de fiesta, robar gafas de sol y ver si podía protagonizar alguna violación grupal entre coñitas sobre burundanga. Hay que joderse.

Lamento mucho que en este país no haya voluntad de destinar dinero para que esos miles de reclusos que padecen trastornos mentales, esas 14.790 personas, reciban tratamiento: desearía que a todos ellos se les pudiera tratar en condiciones. Sí, también a Cabezuelo. Pero sin convertirlo en un circo mediático y sin vendernos que este tipo nos tiene que dar pena por estar afrontando, por una vez, las consecuencias de sus actos.

(1) En números redondos, lo mínimo que le van a caer son nueve años por el abuso sexual, de los cuales hay que restar los dos que ya cumplió en provisional.

(2) Ya, ya sé que no funciona exactamente así, pero no me digáis que no es gráfico.

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La reforma del alquiler

Se acabó. Le he dado cancha al presidente del Gobierno: he aguantado sus tibiezas, su falta de capacidad para llegar a acuerdos, su lentitud en el tema de la momia de Franco y lo moderada que es la legislación que saca. Pero lo que ya no le aguanto es que me haya currado durante meses una serie de entradas sobre alquileres y que ahora lleguen éstos y se la carguen de un plumazo y por decreto-ley. ¡Vamos, hombre! ¡Habrase visto! Y dicen que buscan proteger a los inquilinos. ¿Y a los honrados plumillas jurídicos, quién nos protege?

Bromas aparte, el martes salió en el BOE el decreto de medidas de protección del arrendatario. Entró en vigor en el mismo momento de su publicación. Eso sí, solo se aplica a los contratos nuevos. Además, es posible que tenga una vida muy corta: si Sánchez no consigue la mayoría parlamentaria suficiente para convalidar el decreto, éste será derogado de forma automática (1) dentro de menos de un mes.

¿Y cuáles son las principales medidas que contiene? Vamos a explicarlas.

1.- Duración del contrato. Hasta ahora lo que teníamos era una estructura muy simple: el contrato duraba lo pactado por las partes. Una vez terminado ese periodo, se prorrogaba por años, con la particularidad de que durante los tres primeros solo el arrendatario podía impedir esas prórrogas, mientras que después de ese periodo ambas partes podían evitarlas avisando a la otra con treinta días de antelación. Es decir, que había un periodo de tres años durante el cual el arrendatario no podía ser expulsado, ya que era él en exclusiva quien decidía si se prorrogaba o no su contrato.

Este sistema sufre dos variaciones. En primer lugar, este periodo inicial pasa a ser de cinco años en caso de que el arrendador sea una persona física y de siete cuando sea una persona jurídica. Es decir, que si mañana firmas un alquiler con Globe Iberia, por poner un ejemplo, no te van a poder echar en siete años. La idea es evidente: cuanto más largos son los arrendamientos menor es la rotación y menor será la especulación, por lo que vamos a imponerles arrendamientos más largos a las empresas dedicadas a esto, que son justamente las entidades con más incentivos para especular.

La segunda variación se da después de este plazo de cinco/siete años, y me parece la más importante de toda la reforma. Básicamente, las prórrogas pasan de ser anuales a ser trienales. Es decir, que si después de este plazo de cinco/siete años tanto tu casero como tú convenís en mantener el contrato, éste se va a conservar tres años más, no un año más. Considero que esto es quizá lo más importante de la ley porque la angustia de haber terminado el periodo de prórrogas forzosas y saber que cada año te pueden echar es uno de los peores efectos psicológicos que generaba la norma previa.

Con esta modificación, por cierto, lo que se hace es revertir la reforma liberalizadora de 2013 y volver al régimen original de la LAU de 1994, salvo por lo de los siete años, que sí son novedad. Cabe recordar que la LAU de 1994 ya era una liberalización respecto de la normativa franquista: los famosos pisos de "renta antigua", donde el arrendamiento se prorroga hasta que el inquilino decide irse.

2.- Evitación de la subida de rentas a los pisos más vulnerables. El sistema de revisión de renta no se toca: solo se puede revisar cada año y siempre que el contrato lo autorice expresamente. Si el contrato lo autoriza pero no se detalla una metodología para practicar la revisión, se usa el Índice de Garantía de Competitividad, que tiene como mínimo el 0%, por lo que la renta nunca bajaría y solo podría subir.

Sin embargo, en los contratos de renta reducida, durante los cinco/siete años de prórrogas obligatorias esta variación no podrá superar el aumento del IPC. Se entiende que la renta es reducida cuando permitiría acceder a un programa de ayuda al alquiler de los establecidos en el Plan Estatal de Vivienda: en estos momentos, el límite está en los 600 € al mes. El problema es, claro, que en la práctica lo que pasa es que cuando acaba el régimen de prórroga obligatoria el casero dice “el alquiler ahora vale tanto, lo tomas o lo dejas”.

3.- No te pueden cobrar el gestor. La nueva ley piensa mucho en las SOCIMIS y demás empresas gigantes que se dedican a comprar y alquilar cientos de pisos. El funcionamiento suele ser: un propietario ausente, una oficina con poco personal y una serie de inmobiliarias, con presencia en los barrios, que actúan como agentes. Pues bien, la reforma prohíbe al arrendador persona jurídica cobrarle al arrendatario los gastos del contrato (por ejemplo, los honorarios de este gestor inmobiliario) salvo que sean iniciativa de éste.

4.- Limitan la fianza. Hasta ahora, y desde la reforma de 2013, las garantías que podían exigirte eran ilimitadas: como mínimo una mensualidad, y como máximo el cielo. Ahora el máximo son tres mensualidades, que sigue siendo una barbaridad, pero una barbaridad limitada. Queda en duda, a tenor del nuevo precepto, la legalidad de obligar al arrendatario a suscribir un seguro de hogar para cubrir los daños de los que él mismo es responsable: yo diría que ya no es posible, porque el coste de este seguro superará sin duda a la larga las dos mensualidades extra que pueden suponer las garantías.

5.- Dificultan los desahucios. Aparte de modificarse la LAU, se reforma también la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente las normas relativas al procedimiento de desahucio. Si los servicios sociales comunican que en la vivienda hay una situación de vulnerabilidad, el desahucio se puede paralizar durante un mes (dos si el arrendador es una persona jurídica) mientras éstos buscan soluciones. No es que sea perfecto, en especial dado lo colapsados que están los servicios sociales, pero como la justicia también está colapsada ese plazo de un mes puede alargarse con facilidad a tres o cuatro.

6.- Reducen los impuestos. Hay varias normas fiscales que cambian. En lo que afecta al arrendatario, antes tenía que abonar el impuesto de actos jurídicos documentados (un porcentaje sobre el total que se vaya a pagar de renta) y ahora ya no es así. No es de los cambios más relevantes: se ahorra normalmente menos de 100 €.

La nueva norma contiene también referencias a los alquileres turísticos (que saca definitivamente del ámbito de la LAU, por si hubiera alguna duda) y pretende tomar medidas para ampliar la oferta de vivienda pública. A mi entender se queda corta. A estas alturas, cualquier cosa que no sea poner en el mercado miles de casas a precios pre-burbuja y/o regular de forma draconiana límites máximos en los precios del alquiler es quedarse corto. Pero supongo que es un comienzo.

Puedo ver vestiduras rasgándose desde aquí. ¡Cómo que limitar los precios del alquiler! Sí señor, limitar los precios del alquiler, y cortar así el grifo de los beneficios de quienes especulan con bienes de primera necesidad. Porque sí, esto es el capitalismo, el que no corre vuela y especular es lícito. Pero también se supone que vivimos en un Estado que garantiza el acceso de todo el mundo a bienes básicos: si quieres especular, hazlo con obras de arte o con colecciones de sellos raros, deja en paz las casas de la gente y verás como nadie te dice nada.

(1) ¿Qué pasa con los contratos firmados entre la publicación del decreto y su no convalidación por el Congreso? ¿Se les aplica la reforma o no? Pues la cuestión es que no se sabe, porque la ley no dice nada. Además, en nuestra historia constitucional solo ha sucedido tres veces que el Gobierno pierda una votación de convalidación (en 1979, en 2006 y el año pasado con el tema de la estiba) y en ninguno de los tres casos llegó a pronunciarse el Tribunal Constitucional.

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