Escéptico hacia el movimiento escéptico

Cuando yo era joven e inocente el movimiento escéptico me impresionó. Un grupo de personas que divulgaban ciencia y luchaban contra la religión y las estafas desde el atril de la objetividad y la imparcialidad. Wow. No podía por menos de encantarme. El problema es que luego crecí y aprendí algunas cosas sobre objetividad, privilegio y control del discurso. También me bajé del pedestal adolescente al que mi supuestamente perfecta y no sesgada razón me había subido. Y descubrí con sorpresa que muchos escépticos, algunos de los cuales me doblan en edad y experiencia, siguen encaramados ahí.

Entiéndaseme bien. No voy a dejar de ser escéptico. No voy a volverme religioso ni a empezar a tratarme con homeopatía: antes al contrario, voy a seguir rechazando la superchería como mentirosa y dañina. Pero miro a mi alrededor, a mis compañeros del movimiento escéptico (y aquí el masculino no se está empleando como genérico inclusivo) y me invade una triste desazón. El escepticismo como movimiento tiene problemas muy graves de empatía, de desconexión con los problemas sociales y de conciencia. Voy a advertir de algunos de ellos.

       1.- El movimiento escéptico parece haber convertido la razón en un fin en sí mismo, cuando no es más que un medio. En general es un medio que se usa poco, cierto, y cuya utilización hay que promover. Pero igual que uno no usa un destornillador para apretar una tuerca, hay problemas donde la empatía y la escucha atenta son respuestas mucho mejores que la aplicación a bocajarro de silogismos. Más que nada porque si no entiendes un problema no puedes proponer soluciones adecuadas al mismo, por muy correcta que sea tu forma de pensar.

       Imagina que una víctima te cuenta que ha sufrido un delito. No tiene que ser algo particularmente traumático, como una violación, un maltrato o un intento de asesinato: puede ser que a tu interlocutor le han sacado una navaja para robarle la cartera. Si tu respuesta es “si no hubieras hecho tal o cual cosa no te habría pasado” esa persona te va a mandar a la mierda, con toda la razón. Porque, aunque sea totalmente cierto (los actos de la víctima están en la cadena causal que desemboca en el delito) lo que tu interlocutor necesita en ese momento no es eso. Una respuesta empática habría sido mucho mejor. Y exigir un rebatimiento racional de tu argumento no va a ayudar, por cierto.

       Mucho escéptico hace exactamente eso cuando se le habla de un problema social, especialmente (pero no solo) si tratamos de feminismo. Si una mujer se siente preterida y rechazada en los eventos escépticos la respuesta no es explicarle por qué no se tiene que sentir así. La respuesta es dejar que hable y se explaye sobre por qué está incómoda en esos eventos. Y si varias mujeres dicen lo mismo igual es entonces el momento de asumir que hay un problema y desarrollar racionalmente medidas para solucionarlo.

       2.- La aplicación sesgada e interesada de la racionalidad es en realidad un subproducto de la composición demográfica del movimiento escéptico, mayoritariamente formado por varones con todo el resto de privilegios, incluido el económico. Si en un grupo sólo hay varones heterosexuales y con dinero, los problemas que se traten serán los propios de varones heterosexuales y con dinero. Nadie va a hablar de amor romántico o de preferentes, sino de que la Constitución de Carolina del Norte no permite a los ateos ocupar cargos públicos o de que un homeópata estafó a su abuela.

       He escogido los términos de la comparación de forma consciente. Las preferentes, igual que la homeopatía, son productos que se colocan aprovechando los sesgos cognitivos y la necesidad de los clientes para engañarles: ni las preferentes salían rentables ni la homeopatía cura. En cuanto al amor romántico, es algo que, igual que la religión, permea toda nuestra cultura, se promociona como algo bueno y en la práctica mata. El movimiento escéptico podría ocuparse perfectamente de las cuatro cosas, pero sólo trata de dos de ellas. ¿Por qué? Lógicamente, porque no hay nadie autorizado pidiendo aumentar el abanico de temas.

       La respuesta del movimiento cuando se señala esto suele ser la misma: “nosotros estamos abiertos, que se incorpore quien quiera y promueva temas”. En general es lo que responde cualquier grupo cuando se le acusa de endogámico, y la respuesta obvia la forma en que está constituido el movimiento. Si no hay más mujeres científicas y racionales entrando en asociaciones escépticas es porque las ven hostiles, porque cada vez que se habla de discriminación, patriarcado o micromachismos salta la marea de bloggers y tuiteros diciendo que si feminazis y que si psicología evolucionista. ¿A cuántas mujeres ha alejado del movimiento Richard Dawkins con sus hipócritas denuncias de la situación de la mujer si y solo si la culpable es la religión musulmana?

       3.- Ya alejado de su deficiente tratamiento de problemas sociales que caen en su ámbito de trabajo, el movimiento escéptico tiene un indudable problema de fragmentación. Es incapaz de plantear una acción colectiva más poderosa que una firma en Change.org o alguna manifestación muy puntual. Creo que el problema es el enorme ego de mucho escéptico. Los turnos de preguntas de los Escépticos en el Pub a los que he asistido lo muestran bastante bien: la mayoría de los que intervienen aprovechan para soltar una miniconferencia, mencionar falacias sacadas de Wikipedia y/o tratar de pillar al ponente en un renuncio.

       Esto no significa negar que en el movimiento haya líderes de facto, claro. Los hay y no hace falta que diga quiénes son, pues todos los conocemos. Son normalmente los escépticos más agresivos, y es esta agresividad la que se celebra. No digo que eso sea malo; creo que un movimiento necesita virulencia y gente capaz de soltar diatribas. Pero se trata casi más de dirigentes morales, incapaces de hacer nada efectivo para plantear acciones colectivas, porque en eso chocan con el ego de los miembros de base. Como si crear comunidad o realizar acciones multitudinarias fuera algo propio de magufos y religiosos.

       Por la misma razón el movimiento es incapaz de expandirse. Está aquí para quien lo busque, pero ¿cuántas acciones efectivas de promoción y captación se dan? Los eventos, charlas y conferencias en bares están muy bien, pero son para la gente de dentro. Alguna acción puntual se ha tomado: la serie de programas Escépticos (emitida por EiTB), los libros de la colección “¡Vaya timo!”, el activismo científico dentro de IU, el hashtag #NoSinEvidencia o el Proyecto Antenas Albacete, pero se trata de excepciones con nombre y apellido, no de la regla. Además, son mayoritariamente actividades de promoción, no de captación, y con un alcance limitado: hay pocos intentos de atraer nuevos socios y construir grupos de activismo de base. Y cuando aun así la gente se acerca, ¿a cuántos se espanta con insultos y condescendencia?

       Esto hace que el movimiento escéptico me parezca cada vez más algo banal. Sí, está muy bien meterse con magufos en Twitter y escribir el enésimo post contra la homeopatía, pero si no somos capaces de crear masa y de promover de verdad el pensamiento crítico (a ser posible también entre la señora de cincuenta años que es ama de casa y el inmigrante que no tiene trabajo fijo) estamos haciendo el canelo. Somos cuatro gatos, estamos encantados de serlo y no estamos haciendo nada para ampliar nuestro número.

El escepticismo es necesario. En España, con una derecha que impone el catecismo a golpe de boletín oficial y una izquierda que contesta con reiki y biodanza, necesitamos pensamiento crítico como agua de mayo. El escepticismo debe permear todos los movimientos sociales, y debe ir también (e incluso yo diría que principalmente) hacia dentro. Pero tenemos un movimiento escéptico que no responde a esta necesidad. Encantado de haberse conocido, encabalgado en una presunta objetividad que no es tal y sin intención de cambiar, el movimiento no sirve hoy por hoy más que para calmar egos.

Ahora mismo los escépticos no somos capaces de dar respuesta a ninguna de las mentiras que nos intentan colar desde todas partes. Tenemos problemas muy graves de funcionamiento, y sólo podremos resolverlos si nos miramos en un espejo con ojos críticos. La primera labor de un escéptico debe ser examinarse a sí mismo y a los grupos a los que pertenece y preguntarse qué va mal.

Pero bueno, supongo que cuestionarse uno mismo es más difícil que criticar a Boiron o reírse del papa.

(Tengo que agradecer esta entrada a malos escépticos como @El__Yayo o @LatveriasDoom, así como a una persona que ha preferido no ser citada)

Nota final: voy a cerrar los comentarios. He dicho ya todo lo que tenía que decir y ha dejado de interesarme leer a anónimos explicándome por qué no estoy criticando bien.

La futura ley del aborto

Hoy se ha aprobado definitivamente el Anteproyecto de Ley del Aborto o, como de forma rimbombante la ha llamado el Gobierno, Ley Orgánica de Protección de laVida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada. Leyéndolo, a uno le invade una profundísima desazón. Voy a desgranar los elementos más importantes.

Sin embargo, quiero hacer una precisión. La ley no está aprobada. Se ha aprobado un texto que tiene que ser remitido a las Cortes. El Congreso la tomará en consideración en febrero, porque en enero hay vacaciones parlamentarias. Luego tiene que seguir un plazo de tramitación bastante largo, donde aún pueden cambiar muchos detalles. Probablemente hacia abril-mayo sea aprobada.

       1.- El primer punto que me ha llamado la atención es que la ley de campanudo nombre descentraliza la regulación del aborto. Me explico: tradicionalmente este tema había estado disperso entre el Código Penal y distintas leyes sobre sanidad. La ley de 2010 lo que hizo fue coger esas normas y unificarlas en un solo texto, dejando fuera sólo lo imprescindible: el delito de aborto, por ejemplo, seguía tipificado en el Código Penal. Pues bien, el anteproyecto elimina la ley de 2010 (no sólo la parte de aborto, sino también la de salud sexual y reproductiva) y distribuye sus contenidos entre siete normas.

       Esto en sí no es bueno ni malo, ya que lo que importa es el contenido de la regulación, pero el hecho de que todo pivote sobre el Código Penal es propio de una cierta concepción de las cosas. Además, al dispersar la regulación ésta se hace menos clara y sistemática.

       2.- El único punto positivo de la nueva norma es que despenaliza la actuación de la gestante. El lema “Aborto fuera del Código Penal” se ha cumplido, ya que los actos de la gestante que se practique o consienta un aborto ya no van a ser delito. El comportamiento de las demás personas que intervengan en el hecho, especialmente el de los médicos, sigue siendo punible.

      Sin embargo, este punto positivo tiene un sabor amargo, como de asqueroso paternalismo. La razón de destipificar la conducta de la gestante no es que su cuerpo sea suyo (razón por la cual no es delito la tentativa de suicidio aunque sí se castiguen los comportamientos de terceros que colaboran) sino que, pobrecita, es la víctima de todo este proceso.

            [Añadido a las 13:45 del 21/12] Además, la ley despenalizará la conducta de la mujer, pero pretende castigar la del tercero que le induzca a abortar fuera de los supuestos legales. Teníamos ya un delito de inducción al suicidio: ahora tenemos uno de inducción al aborto. Son equiparables: como suicidarse (y, ahora, abortar fuera de los supuestos legales) no es delito, no se puede castigar al que induzca a alguien a ello salvo que se tipifique un delito que sea expresamente "inducción a". Habrá que ver cómo interpretan los jueces este tipo, pero espero que se haga igual que la inducción al suicidio: se entiende que es necesaria una inducción verdaderamente importante, casi coactiva, para aplicar el tipo.

       3.- En cuanto a los casos en que se puede abortar, se vuelve a una situación peor que la de la ley de 1985. Pasamos de tener unos plazos (14 semanas sin dar causa, 22 semanas con ciertas causas, siempre si hay anomalías incompatibles con la vida) a una serie de supuestos, que se reducen de tres a dos: violación y riesgo para la embarazada.

       No hay mucho que decir sobre el supuesto de violación. Sobre el otro, se entiende la situación como un conflicto de derechos que sólo puede solucionarse con la interrupción del embarazo, ya que de otra forma se produce un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”. Esta modalidad puede practicarse hasta la semana 22. Para probar el riesgo, dos médicos que no trabajen en el mismo centro donde va a abortarse deben emitir un dictamen en el que se constate el menoscabo permanente o duradero a su salud. Antes este dictamen sólo requería ir firmado por un médico distinto al que va a practicar la intervención.

       El caso de que el feto presente graves anomalías incompatibles con la vida es especial. Recordemos el supuesto en el que estamos: sólo habilitará para abortar si hay riesgo de daño a la salud de la gestante. En este caso se puede abortar después de 22 semanas si las anomalías no se han detectado antes o si el riesgo vital no puede evitarse con un parto inducido. Es decir, la ley prefiere inducir el parto de un feto que no tiene viabilidad y conservarlo en una incubadora hasta que muera que permitir un aborto. Es enfermizo.

       4.- Se observa una importante burocratización del asunto. La gestante debe obtener informes de dos médicos distintos y ajenos al centro donde va a abortar, lo que la obliga a un peregrinaje de hospitales que puede comerse buena parte de su plazo.

       Además, se mantiene la obligación de informar a la gestante de otras opciones. Sin embargo, la información que en la ley de 2010 trataba sobre ayudas a la maternidad, derechos laborales y contracepción, se convierte aquí en un argumentario casi intimidatorio. Por ejemplo, se le debe recordar que la vida del feto es muy importante y que el aborto es excepcional y también indicar otras formas de resolver los conflictos que le llevan a abortar, porque seguramente la mujer no ha pensado suficiente en por qué se quiere someter a una cirugía invasiva. También hay que darle mucho miedo con los riesgos de la operación, sin que parezca que baste el documento de consentimiento informado habitual.

       Además, se le obliga a pensarse las cosas durante 7 días tras recibir la información (en la ley de 2010 eran 3), lo que supone otro bocado al plazo. En general no me gusta lo de informar a la mujer de por qué no debe abortar y obligarle a que se lo piense pero, si vamos a comparar, esta regulación es mucho peor que la de 2010.

       5.- Las menores de edad no podrán abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores. Esto hay que ponerlo en perspectiva: un menor que tenga 16 años puede consentir que le practiquen cualquier procedimiento médico, por inseguro o invasivo que sea, salvo ensayos clínicos, técnicas de reproducción asistida y, ahora, aborto.

       Recordemos que con la ley de 2010 era la menor quien consentía; sus progenitores debían ser informados, pero si la gestante alegaba que eso le podía causar un conflicto grave, se prescindía incluso de este trámite. Pues bien, ahora también puede permitirse que la menor de edad aborte sin consultar a sus padres o sin consentimiento de éstos… tras un procedimiento judicial que debe iniciar la gestante. De nuevo, burocratización y retraso del momento en que se practica el aborto.

       6.- El último punto que voy a analizar es el de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. El Tribunal Constitucional tiene dicho, en su jurisprudencia más reciente (que contradice a otra más antigua), que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental, pues ello implicaría que nadie está obligado a obedecer la ley si alega razones de conciencia. Al contrario, es algo que el legislador puede establecer, si quiere, para casos concretos.

       Como no podía ser de otra manera, el anteproyecto amplía el derecho a la objeción de conciencia establecido en 2010. Para empezar, incluye en él a todos los profesionales sanitarios que tengan que prestar cualquier colaboración con la IVE (el enfermero que tenga que asistir la operación, el anestesista que tenga que sedar a la gestante) cuando la norma de 2010 sólo permitía objetar a los que tuvieran una implicación directa. Además, elimina una salvaguarda importante: la de que la objeción de conciencia no puede implicar que se menoscabe el acceso a la prestación.

En conclusión, tienen razón los que dicen que con esta reforma el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo va a verse menoscabada y reducida. No tanto por el paso de una ley de plazos a una de indicaciones: el supuesto de riesgo para la madre está redactado de forma lo suficientemente vaga como para que sea el coladero que era antes de 2010. No, el problema es otro: las trabas que hay a cada paso, desde el peregrinaje hospitalario hasta las objeciones de conciencia, pasando por la información intimidante, la obligación de pensárselo durante 7 días y la obligación de la menor que quiere abortar de acudir a un procedimiento judicial si sus padres se niegan.

Estamos ante una normativa castradora, que convierte un derecho ganado duramente en, de nuevo, una gracia que conceden unos médicos si quieren. En el plano ético el conflicto de intereses sólo puede resolverse a favor de la gestante, por una razón de dignidad humana, pero la ley va a permitir que no sea así. Su voluntad no es relevante, la ley la da por hecha: la que importa es la de sus padres, los médicos o el juez, que son los que tienen la última palabra. La mujer queda así infantilizada, incapaz de decidir sobre lo que pasa dentro de su cuerpo y de enfrentarse a las consecuencias si lo que ha hecho es ilegal. Se convierte en una pobre víctima de una situación conflictiva, cuya voluntad ha de ser suplida por gente que sabe más que ella.

Si esto no atenta contra la dignidad inherente a la mujer en tanto ser humano, yo no sé qué lo hará.

Incubadoras con patas

Dentro del debate sobre el aborto se pueden identificar tres posiciones:

       -Fuerzapartos hardcore: consideran que el aborto es el mal absoluto, normalmente por razones religiosas (aunque las vistan de seda) o porque son accionistas de fábricas de perchas. Por ello, apoyan una legislación prohibicionista, que “proteja la vida desde la concepción”, es decir, que impida el aborto en todos los supuestos.

       -Fuerzapartos moderados: consideran que el aborto es un mal, pero puede justificarse en atención a cierta ponderación de bienes. Sí, matar fetos no mola, pero hay ciertos casos donde bueno, vale, venga, si no hay más remedio… Por ello, apoyan una ley de supuestos.

       -Proelección: consideramos que el aborto entra dentro de la esfera de la libertad de la gestante, que debe decidir si lo considera un mal o un bien, al menos hasta cierto momento, avanzada la concepción, en el que se puede considerar que ya ha tenido bastante tiempo para pensárselo y no procede permitirle destruir un feto tan maduro. Por ello, apoyamos una ley de plazos.

Los fuerzapartos suelen acusarnos en este debate de no tener ninguna consideración hacia el feto. Eso es mentira. Sí, yo he dicho en alguna ocasión que no considero que el embrión esté dentro del círculo de la moralidad, por lo que no creo que se le deban conceder derechos. Pero ello no implica desconocer que la vida en formación es un bien jurídico, que el Derecho debe tener en cuenta. El feto no es un sujeto de derechos pero, dado que de él se puede derivar alguien que sí lo sea, su subsistencia es un bien jurídico relevante.

Este bien jurídico se contrapone, en principio, a la libertad de la gestante. Sin embargo, los proelección sostenemos que el conflicto se soluciona siempre a favor de la segunda. ¿Por qué? La razón tiene que ver con la dignidad humana. La dignidad es un concepto muy importante en la teoría de los derechos humanos: es, nada menos, el armazón sobre el que se asienta todo el edificio conceptual. Si los seres humanos tenemos derechos fundamentales es porque éstos se derivan de una premisa básica: como somos seres dotados de dignidad, hay que tratar a las personas como personas y no como instrumentos.

Pues bien: obligar a una mujer a gestar contra su voluntad, sea cual sea el interés que se pretende proteger con ello, es convertirla en un instrumento, en una incubadora humana, sin ninguna capacidad de decisión sobre lo que pasa dentro de las fronteras de su piel. La vida en formación será un bien jurídico importante, pero para defenderla no se puede anular la capacidad de decisión de la mujer que porta esa vida, que es una persona dotada de dignidad. Tampoco se puede someter esa voluntad a supuestos: ¿es que acaso una mujer tiene menos dignidad cuando se le ha roto el condón que cuando ha sido violada o peligra su salud o la del feto? ¿Por qué arbitrarias razones decide el legislador que en unos casos tenemos en cuenta su opinión y en otros no?

Hagamos un experimento mental. Supongamos que una mujer despierta un día y descubre que le han implantado un feto mediante procedimientos quirúrgicos. Se le informa de que ha sido seleccionada para llevar el embarazo a término: tendrá que lidiar con el dolor, la pesadez, los mareos, las contracciones y el parto. ¿Habrá alguien que diga que esa mujer no tiene derecho a extirparse ese cuerpo extraño aunque esto suponga la muerte del mismo? Claro que no, todos entendemos la vejación que es cargar a alguien con un embarazo que no quiere soportar. ¿Y por qué las cosas cambian cuando es la madre quien aporta material genético a ese feto?

Demos un paso más. Hemos negado que el feto sea sujeto de derechos, pero en realidad importa poco si lo es o no. En el experimento anterior, supongamos que lo que se injerta a la madre no es un feto, sino un aparato que emite la señal que mantiene en funcionamiento la máquina de soporte vital de un anciano. El aparato provoca los mismos problemas de salud que un embarazo y va seguido también de un parto. Si se extirpa, se apaga y el anciano muere. ¿De verdad habría alguien le negaría a la mujer el derecho a decidir si se extirpa o no el aparato, por mucho que implicara la muerte de un ser vivo, nacido, con derechos? De nuevo, claro que no: para mantener vivo a un humano no se puede violentar la dignidad de otro.

Sin embargo, parece que en el tema del aborto sí se puede. Lo que en casos normales no se discutiría aquí es tema de debate nacional. Está en el Gobierno un partido político que cree que es lícito vulnerar la dignidad humana para proteger bienes jurídicos, y eso se nota. Mañana se aprueba en Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley del Aborto, que volverá al sistema de supuestos pero restringido. En febrero empezará la tramitación parlamentaria, y en unos pocos meses, gracias al rodillo parlamentario de la mayoría absoluta, será ley.

Por ello os animo a que hoy por la tarde, a las 19:00, acudáis a la manifestación contra la contrarreforma del aborto que se celebrará en vuestra localidad. Es una cuestión de dignidad.

Comunistas con iPhone

Quizás uno de los argumentos más estúpidos que se han esgrimido nunca contra quienes defienden los derechos de los trabajadores es el que se concreta en la frase que da título a este post. Todos lo habéis leído más de una vez. Consiste en afirmar que un comunista, sindicalista o lo que sea es hipócrita por tener iPhone, irse de tapas después de una manifestación o comprar cualquier objeto de lujo. Los que lo esgrimen no se dan cuenta del ridículo que hacen vociferando un meme de Internet que está a la misma altura de estulticia que “a la puta Cuba” o “y Paracuellos, ¿qué?”

Voy a empezar diciendo una cosa: pese a que da mucho juego a efectos del humor, pensando serenamente no me gusta señalar las incoherencias ajenas. Me parece un ejercicio fútil: todos somos incoherentes, y quien diga que él no lo es miente. Todos nos desviamos a menudo de los imperativos éticos que nos hemos marcado, por necesidad, favoritismo, capricho, debilidad o cualquier otra razón. Señalar las incoherencias ajenas puede acabar con las propias volviéndose contra uno... aparte de que no dice nada sobre los argumentos que defiende el supuesto incoherente.

                                                         

Pero, al margen de eso, es que los comunistas con iPhone no son incoherentes en absoluto. Al fin y al cabo, ¿qué busca la ideología marxista? La abolición de la propiedad privada de los medios de producción para conseguir la sociedad sin clases y, por tanto, sin Estado. ¿Dónde aparecen en ese resumen los bienes de consumo, por más lujosos que sean? ¿Dónde dice que los comunistas tengan que vivir en la pobreza o rechazar la tecnología? Al contrario, si un comunista ha conseguido un sueldo trabajando, ese dinero es totalmente fruto de su trabajo y lo puede gastar en lo que quiera.

Se dice también que los comunistas con iPhone son hipócritas porque los iPhones son producto del sistema capitalista y en su producción intervienen esclavos y gente en condiciones de vida inaceptables. Conforme. Este argumento es totalmente cierto. Y, sin embargo, se aplica a todo. No hay en tu casa un solo producto que no sea fruto del sistema capitalista, desde tu moderno iPhone hasta la pera que te comes después de la cena. Supongo que aquí la hipocresía estará en, no sé, no limitarse simplemente a sobrevivir en una chabola comiendo de la basura para no darle beneficios a las empresas. Cualquier lujo (y cuando lees a esta gente ves lo lejos que llevan el concepto) sería revelador de una profunda incoherencia. Pues no, oiga. No cuela.

Así pues, queda claro: los comunistas con iPhone no son incoherentes. Eso lo sabemos todos. Y sin embargo, hay algo que no me termina de convencer de que esta gente hable por mí. Me explicaré. Un iPhone no deja de ser un lujo. Un smartphone no, es un tipo de teléfono con el que, WhatsApp mediante, puedes incluso llegar a ahorrar respecto del terminal no inteligente. Pero el producto de Apple, especialmente cuanto más nuevo sea el modelo (1), es un lujo en el que pagas por la marca.

Creo sinceramente que alguien que tiene dinero para gastar en ese bien tiene muy difícil llegar a comprender mi situación, la de los que están como yo y la de los que están peor que yo. No es cuestión de saberse la teoría: es cuestión de entender el punto hasta el que se ven mermadas las posibilidades de los que no tenemos privilegio económico. Sí, esa persona está en la misma clase social que yo, al menos desde la perspectiva marxista, pero existe una alta posibilidad de que no me comprenda cuando hablo y de que no pueda ofrecer soluciones realistas a mis problemas.

Por supuesto, ésta es sólo una apreciación personal. Estoy seguro de que hay muchos comunistas con iPhone que están verdaderamente en contacto con gente que no tiene nada (en asambleas o paralizando desahucios, por ejemplo) y pueden llegar a comprender. Pero yo, en principio, desconfío bastante cuando alguien con mucha más potencia económica que yo viene a ofrecerme soluciones a unos problemas que, posiblemente, no entiende.

       (1) Con esto quiero decir que tener el primer modelo no es lo mismo que tener el último, pues ahora hay un mercado mucho más diversificado y con opciones más baratas que hace tres años. Además, alguien que lo compró hace años puede haberse quedado sin trabajo y estar ahora en el arroyo.

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Imagínate: una coda

El otro día publiqué un post sobre privilegio económico, que era simplemente la adaptación de la canción de Leo Masliah “Imaginate m’hijo”. Es un texto que me fue difícil redactar y publicar: nadie que no haya estado en esa situación que eufemísticamente se llama “bajo el umbral de la pobreza” puede entenderlo con facilidad. Es un estadio mental de miedo, angustia, preocupación y vergüenza muy difícil de comunicar.

Pero ¿qué es el privilegio económico? Pensé en hacer una definición sucinta para el anterior post, pero empecé a pensar y el asunto tiene más miga de la que parece. Uno al principio piensa que la distinción entre privilegiados y no privilegiados se corresponde con la brecha básica de la sociedad de clases: la diferencia entre los que tienen y los que no tienen medios de producción. Privilegiados serían los empresarios; no privilegiados, los trabajadores. Fácil, sencillo y para toda la familia.

El problema es que esta distinción me parece excesivamente formalista. Uno puede empezar a hacerse preguntas. ¿Emilio Botín es un privilegiado? Sí, claramente. ¿Y el tío que monta una pequeña empresa y no sabe si va a poder sacarla adelante o se va a hundir y éste era su último cartucho porque tiene 50 años y no va a encontrar trabajo? Igual ya no tanto. Sin embargo, ambos son propietarios de medios de producción. En el otro sentido, un camarero o un teleoperador, ¿son privilegiados? Claramente no. Pero un catedrático universitario o el abogado senior de una gran empresa igual sí lo son, y también son trabajadores con su nómina y sus derechos laborales.

¿Entonces? ¿Qué es el privilegio económico? Creo que se puede definir, de forma tentativa, como la posesión de un medio de vida estable que permita cubrir las necesidades vitales y deje aún cierto remanente. El pequeño empresario que va a tener que cerrar a los dos días y no sabe qué hacer después no tiene privilegio alguno; el abogado senior de una gran empresa que sabe que no va a ser despedido y gana millonadas, sí lo tiene.

Puede que te estés preguntando si eres un privilegiado económico. Si te estás haciendo esta pregunta te respondo: sí, lo eres. Si no te has ido a dormir nunca con angustia por no saber de dónde sacar dinero, si no has andado kilómetros para ahorrarte unos euros de transporte público, si no apuras la ropa hasta que se te cae a pedazos, si no comparas precios de supermercados, si no has sentido nunca vergüenza ante invitaciones y regalos desinteresados, si no sabes lo que es la apatía ante el desastre inminente, si sabes que a principios del mes que viene tendrás disponible una cantidad fija de dinero que puedes prever… tienes un privilegio.

No eres ni mejor ni peor que las personas que no lo tienen: simplemente, te han tocado mejores cartas. Puede que pienses que no es un privilegio, que te lo has ganado duro estudiando, haciendo tu trabajo, trepando, montando tu empresa, arriesgándote. No lo niego, pero te pregunto: ¿de dónde partiste? ¿Partiste de una casa donde entraba un sueldo mensual, donde nunca se puso en duda que podrías estudiar, donde se te dio un capital cultural, donde siempre tenías un colchón para rebotar si caías? Si es así, siempre has sido privilegiado: tu esfuerzo, tu constancia y tu trabajo duro te han permitido mejorar tu posición dentro del privilegio, no te han sacado de una posición subordinada. Si no, felicidades: eres uno de los escasos casos de ascenso social.

Yo, sobra decirlo, no soy un privilegiado económico. Lo fui durante un tiempo: en mi casa entró durante años un sueldo de forma más o menos regular. Eso fue lo que me permitió estudiar en la Universidad y no ponerme a trabajar a los 16. Pero ya no es así, y hace años que tengo, con mayor o menor intensidad, la sensación opresiva que vengo describiendo, la de no tener red de seguridad.

El económico es, quizá, el único privilegio que me falta: soy hombre, heterosexual, cis, blanco, nacional, sin discapacidades, con educación superior… Soy el tipo de persona a quien se dirigen los anuncios. Salvo por el hecho de que no tengo dinero para comprar lo que ofrecen. Creo que la ausencia de este privilegio es en cierto sentido útil, porque me permite comprender la ausencia de otros privilegios. Utilizar la falta de un privilegio para empatizar con alguien a quien le falta otro es muy peligroso, porque corres el riesgo de proyectar tus propios problemas. Sin embargo, creo que puede ser útil y ayudar a crear vínculos de solidaridad: las opresiones son distintas, sí, pero la sensación en el estómago es la misma. 

Siete puntos manifiestamente mejorables de la Constitución

Hoy se cumplen 35 años desde la aprobación de la Constitución. La Carta Magna de 1978 es el segundo texto de estas características más longevo que ha tenido España (la ganadora sigue siendo la de 1876, que duró 47 años), pero no puede decirse que goce de buena salud. Hay puntos que necesitan una reforma urgente, y que la necesitan ya. He seleccionado siete:

       1.- Monarquía. El hecho de que la jefatura del Estado sea hereditaria es sin duda un atraso. Es impropio de una democracia que el mayor representante del Estado no sea elegido, al menos, por el Parlamento. Me da si igual el orden de sucesión discrimina o no a las mujeres: los cargos hereditarios carecen de sentido democrático. Pero no es sólo eso. Puede que en otros países la monarquía funcione bien y compense el poco sentido de la institución: lo que es cierto es que en España no lo hace. El rey no modera en absoluto la vida política del país, función que tiene encomendada en el artículo 56: antes al contrario, el peloteo mediático y el desinterés político han construido un muro de silencio, una esfera de impunidad a la sombra de la cual se han producido escándalos de corrupción muy notables.

       2.- El artículo 135. Antes de su completa reformulación, el artículo 135 CE tenía una regulación muy básica de la deuda pública. Desde septiembre de 2011 consagra el principio de estabilidad presupuestaria, nos somete desde la norma de mayor rango a las decisiones sobre déficit de la UE y, sobre todo, da prioridad absoluta al pago de la deuda pública. Antes que las nóminas de los funcionarios, antes que las pensiones, antes que las infraestructuras debe pagarse la deuda pública. Este artículo significa, en esencia, que el Estado consagra en su norma superior que ha dejado de ser soberano en materia de deuda pública.

       3.- La circunscripción provincial. En las elecciones al Congreso de los Diputados, la circunscripción electoral es la provincia. Esto se ha pasado por alto en todo el debate sobre reforma electoral (centrado en el tipo de listas y en la fórmula D’Hondt), pero es de vital importancia. En esencia: cuantos menos diputados se elijan por distrito, más desproporcional será el resultado. Da igual que se use la fórmula D’Hondt u otra más proporcional: si hay una circunscripción en la que se eligen tres diputados, simplemente no hay sitio para que salgan elegidos los candidatos de los terceros partidos. En España, cerca de la mitad de los diputados son elegidos en circunscripciones con menos de siete escaños (147 de 350 en 2011, el 42%), lo que implica que en esos territorios los terceros partidos tienen muy difícil lograr representación.

       4.- El Senado. El Senado, hoy en día, no vale para nada. Tiene una única función propia: autorizar al Gobierno para tomar medidas que obliguen a una Comunidad Autónoma a cumplir obligaciones que está incumpliendo. Aparte de eso, todo lo que haga lo puede deshacer el Congreso, y de hecho en el procedimiento de elaboración de las leyes se le pregunta a éste si acepta o rechaza las enmiendas aprobadas en el Senado. Sus capacidades de control del Gobierno están también limitadas: aunque los senadores pueden exigir información y plantear preguntas, sólo el Congreso puede hacer caer al Gobierno mediante moción de censura o cuestión de confianza.

       5.- Independencia del poder judicial y del Tribunal Constitucional. La Constitución no garantiza suficientemente la independencia de estas importantes instituciones. El órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que puede imponer sanciones y postergar o adelantar carreras, está integrado por ocho abogados y juristas elegidos por las Cortes y doce jueces y magistrados nombrados “en los términos que establezca la Ley Orgánica”. Gracias a Gallardón, la Ley Orgánica ha tenido a bien establecer que estos doce miembros sean también elegidos por las Cortes.

       En cuanto al Tribunal Constitucional, órgano supremo de interpretación de la Constitución, se elige entre las Cortes, el Gobierno y el CGPJ por propia decisión del constituyente. Esto ha dado lugar a las infames cuotas, que dividen el órgano que es la pieza clave del sistema en jueces “progresistas” y jueces “conservadores”.

       6.- Estructura territorial del Estado. Nuestra Constitución estableció un sistema kafkiano para que las regiones accedieran a la autonomía. En general las Comunidades Autónomas tenían que pasarse cinco años ejerciendo sólo las competencias del artículo 148 CE. Pasado ese tiempo, podían modificar su Estatuto y adquirir directamente todas las competencias no exclusivas del Estado. Pero las nacionalidades históricas podían ir directamente a este segundo paso. El Estado puede transferirle a las Comunidades Autónomas capacidades sobre sus competencias exclusivas. También puede armonizar las leyes de las Comunidades Autónomas, que versan sobre materias sobre las que no tiene competencia. Y dictar leyes sobre competencias autonómicas, que son subsidiarias. Y…

       Es un sistema excesivamente complejo, y que tiene muchos preceptos que estarían mejor en una disposición transitoria que en el articulado de la norma. Sin necesariamente reducir competencias, es necesario desbrozar, quitar paja y delimitar mejor las cosas. Por no hablar de que la norma se olvida por completo de las competencias de provincias y municipios.

       7.- Laicidad del Estado. El tema de la aconfesionalidad está muy mal cerrado. La Constitución nace ya atada por el llamado “Acuerdo básico” entre el Estado y la Santa Sede, de 1976. Durante el año 1978 se negocian otros cuatro acuerdos, que serán aprobados en 1979, ya con la norma vigente. En estos tratados se fijan materias polémicas, como la financiación de la Iglesia o la asignatura de Religión.

       En definitiva, la Constitución se redacta pensando en los tratados que se estaban negociando. Y así sucede que el artículo 16.3 obliga al Estado a mantener acuerdos de cooperación con las confesiones más importantes, nombrando expresamente a la Iglesia católica. El hecho de que en 1992 se firmaran acuerdos con protestantes, musulmanes y judíos no cambia las cosas: la supuesta aconfesionalidad de nuestro país privilegia, de iure y de facto, a la Iglesia católica, hasta un punto incompatible con un verdadero Estado neutral en materia religiosa.

He fijado sólo las siete carencias o problemas que a mí me parecen más relevantes. Pero son suficientes para decir una cosa: el modelo constitucional de 1978 está agotado. Ya no da más de sí: necesita una renovación integral y la necesita ya o se nos caerá encima.

Imagínate

Mi entrada de hoy no es más que un pálido desarrollo de esto. Conviene escuchar la canción original antes de leer mi texto.

Imagínate, mi hijo, imagínate.

Imagínate que no sientes vergüenza.

                                     

Que puedes hacer invitaciones.

Que puedes aceptar invitaciones.

Que puedes salir de comida, o de cena.

Que tus zapatos aguantan.

Que andas porque quieres.

Que la idea de un imprevisto no te pone malo.

Que mides lo caro en decenas de euros, no en euros. O en céntimos.

Que puedes prever tus gastos.

Que 300, 1.000 y 30.000 € te parecen cantidades diferentes.

Que no te sientes menos.

Que cuando hablas de dinero con privilegiados no te sube la bilis.

Que “no quiero nada” significa “no quiero nada”.

Que si te quejas nadie te dice "todos tenemos problemas", "trabaja" o "envidioso".

Que puedes no pensar en dinero durante un día entero.

Que nadie te llama parásito.

Que no piensas “tú qué coño sabrás” cuando un político, un empresario o un obispo hablan de pobreza.

Imagínate, mi hijo, que lees esto y no lo entiendes.

Mujer, cúlpate

Estoy harto, sinceramente harto, de las campañas que culpabilizan a la víctima. “Pedimos a las más jóvenes que eviten la violencia de género”, se permitía decir hace escasos minutos la cuenta de Twitter de la Policía Nacional. Se une a miles de advertencias similares. “No mandes fotos a tu novio” es otra que se repite mucho y que me cabrea especialmente. Vamos a ver, ¿por qué hay que presuponer que tu pareja es una escoria machista que va a usar tus fotos guarras para chantajear?

¿Qué tal si empezamos a centrarnos de una vez en el agresor? ¿En hacerle entender que los celos, el control y el chantaje emocional no son aceptables? Es más, ¿qué tal si nos dedicamos a reventar la idea de amor romántico, único, verdadero, imperecedero y eterno? ¿En cambiar la concepción de la masculinidad? ¿En hacer algo que no sea culpabilizar a la víctima? Porque estos mensajes claro que culpabilizan. ¿Alguien se imagina la que se liaría si alguien dijera que los niños víctimas de abuso van provocando? ¿O que las víctimas de ETA no habrían muerto si no hubieran ido alardeando de sus posiciones políticas? ¿O que los ancianos semianalfabetos tendrían que haberse leído bien sus contratos de preferentes? Ah, no, que alguna de esas cosas ya se ha dicho… y todo el cabreo de la opinión pública ha caído sobre al bocachancla. En el caso de la violencia de género no es así, nunca.

Hace años Bibiana Aído creó un teléfono de apoyo a hombres con dudas sobre la igualdad, medida que se llamó incluso “teléfono del maltratador”. No sé si fue una medida acertada, si pecó de ingenua o incluso si estaba atendido por gente cualificada: lo que sí sé es que de alguna forma hay que parar esta sangría, y la respuesta penal no es más que un parche, necesario pero insuficiente porque actúa sobre las consecuencias. Hay que actuar, urgentemente, sobre los posibles agresores: todos esos hombres normales, de cualquier nivel social, económico y cultural, que siempre saludan por la escalera. Es necesario cambiar por completo el mensaje cultural sobre las relaciones de pareja que reciben ambos géneros.

Las mujeres están expuestas a más fuentes de violencia que los hombres. Donde un hombre tiene miedo de ser atracado, una mujer tiene miedo de ser atracada y violada. Y frente a esa terrible amenaza todo lo que tienen son mensajes de culpa: “evítalo”, “pues yo no me dejaría hacer eso”, “es que cómo no le dejaste”, “mira, es que si vas así vestida…”, “es un problema de comunicación”. ¿Qué mierda de sociedad tenemos, en la que una mujer joven es incapaz deidentificar como violencia conductas de control tales como celar, controlar la ropa o impedir las relaciones con el grupo de amigos? ¿En la que se le dice a una persona cuya autoestima ha sido destruida que es que cómo no reaccionó?

No sé ni cómo terminar este texto. Lo he empezado por la rabia que me ha dado el tuit de la Policía, y el cabreo me ha traído hasta aquí. Sólo sé que estoy harto, y muy cansado, de una sociedad que contempla impasible el homicidio de una mujer a manos de su pareja cada semana, y que tolera y potencia los modelos de relación que hacen posible ese resultado.

Justicia para todos

Este 20 de noviembre se cumple un año de una de las mayores infamias que ha tenido que soportar la malhadada población española: una Ley de Tasas judiciales que castra por completo el acceso a la justicia de los grupos más desfavorecidos. Un tributo que se cobra al empezar el procedimiento y que depende de la cuantía de éste, lo cual tiene el mérito de no guardar relación ni con la teórica finalidad de la tasa (que es financiar un servicio) ni con la capacidad económica del sujeto que la paga.

La idea de las tasas judiciales no es nueva. Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, ya escribió un opúsculo contra ellas a finales del siglo XVIII. En este panfleto les daba un apodo muy adecuado: impuesto sobre la aflicción. Efectivamente, cuando uno acude a pedir justicia es porque está afligido por un problema: le han despedido, le han multado, le han agredido, no sabe si cobrará lo que se le debe… Imponer una tasa a ese momento es una canallada.

Yo no me opongo a la existencia de tasas judiciales. Al fin y al cabo la Justicia debe pagarse y creo que algunos de los que acuden a ella deberían colaborar a su financiación (1). Los que litigan temerariamente, con afán dilatorio y sabiendo que su pretensión no se aguanta deberían pagar parte del coste del procedimiento. Pero para eso hay que reformar el sistema. Para empezar, el sujeto pasivo del tributo (quien lo paga, vamos) no puede ser el demandante o querellante, sino quien sea condenado en costas. En consecuencia, la tasa debe cobrarse al final, cuando la sentencia sea firme. Y, por supuesto, su importe debe reducirse y dejar de depender de la cuantía del procedimiento.

Pero claro, un razonamiento así sólo se le puede ocurrir a un gobierno que, aparte de preocupado por el coste de los servicios públicos, tenga algún interés en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y éste no es el caso. Porque estamos viviendo el mayor retroceso social de la historia de la democracia, a manos de una gente que considera que los derechos humanos son optativos. Y lo que están haciendo con la Justicia es sólo un ejemplo.

Digámoslo claro: la Ley de Tasas no es fruto de la estupidez. Sí, está mal redactada, se tramitó con una rapidez absurda (porque había que aprobar una de sus Disposiciones Adicionales, que suprimía una de las pagas extra de los funcionarios) y hubo de corregirse pocos meses después de su promulgación. Pero lo que hay detrás no es la estulticia, sino la voluntad clara de alejar la Justicia de los ciudadanos.

La Ley de Tasas es el principio. Han tocado o van a tocar todas las leyes procesales importantes. La LOPJ ya ha sido modificada en lo que se refiere a la elección del CGPJ. La Ley de Planta va a llevar la justicia a las capitales de provincia, sacándola de pueblos y ciudades no capitalinas. El Código Procesal Penal va a darle un peso desproporcionado al Ministerio Fiscal en la instrucción de los delitos y en la acusación. Y así con todo.

Estamos ante la punta de lanza de un ataque sistemático a nuestro derecho a la tutela judicial efectiva. Ha preocupado menos de lo que debería: un acceso fácil, barato y rápido a la Justicia es la única manera de parar todos los desmanes que están cometiendo en otros campos. Sin Justicia no hay Estado de Derecho, punto. La Ley de Tasas no es un problema de abogados, igual que la reforma educativa no afecta sólo a profesores y la sanitaria no se limita a tocar los puestos de médicos y enfermeros. Es un problema de todos, del modelo de sociedad que queremos y del que nos están intentando construir.

Por eso, porque esto es importante, quiero convocaros a la concentración que se ha convocado el miércoles 20 ante las sedes de los órganos judiciales. En Madrid es en Plaza de Castilla a las 12:00. Allí nos vemos.

(1)  Otra cosa es que aquí se haya dicho que las tasas iban a servir para financiar la asistencia jurídica gratuita y esa partida presupuestaria no haya subido. ¿Dónde ha ido el dinero de las tasas? Ah…

Aborto y biología

A la hora de hablar de aborto, los grupos de fuerzapartos intentan darle a su posición un aura de respetabilidad científica diciendo que su postura es una cuestión de biología: el feto es un ser humano y no hay más que hablar. Dedico esta entrada a desmontar esta idea: el debate sobre el aborto no se mueve, no se ha movido nunca, en el plano de la biología.

En materia de aborto hay una realidad fáctica, biológica, en la que todos estamos de acuerdo: la interrupción voluntaria del embarazo es la destrucción, por decisión de la gestante, del embrión o feto que hay en su interior. Sobre esta afirmación no hay duda y, por tanto, no hay debate. La ciencia no puede ir más allá. La ciencia no nos puede decir si las mujeres deben o no abortar o si el Estado debe o no permitirlo porque eso es una cuestión ética y política, no científica.

En otras palabras, la ciencia se ocupa del ser, de describir y explicar lo que existe: en este caso, existe un feto de la especie humana que es destruido por voluntad de su gestante. Pero no puede ocuparse del deber ser, es decir, de las dos preguntas que rodean el aborto: ¿debe el Estado permitir la interrupción del embarazo? ¿Es ético que una mujer se la practique? Pretender que una de las posturas en este debate se deriva directamente del sustrato fáctico es, simplemente, un ejemplo de deshonestidad intelectual.

El debate sobre el aborto, digámoslo claro, trata sobre la asignación de derechos. ¿Tiene el feto derecho a la vida? ¿Tiene la mujer derecho a incidir sobre el feto que crece en su interior? ¿Tiene el padre algún derecho sobre el proceso? ¿Y un comité de médicos? El resultado que se le dé dependerá de los bienes jurídicos que se contrasten y de la forma en que se conciba el círculo de la moralidad, cosas que no tienen ninguna relación con la realidad biológica subyacente.

Así, los profetos consideran que el feto debe estar dentro del círculo de la moralidad, porque su criterio es haber sido concebido dentro de la especie humana. Los proelección consideramos que no debe estarlo (al menos no durante todo su desarrollo) porque el criterio debe ser otro, por ejemplo, la capacidad de sentir dolor o la viabilidad. La realidad biológica subyacente es la misma: la valoración e interpretación que se le da, no.

Por supuesto, todo el debate aparece teñido de biología. Tiene sentido, ya que hablamos de seres humanos. La inclusión de un feto en el círculo de la moralidad se basa, en definitiva, en si se le considera parte del cuerpo de su gestante o un individuo independiente. Es fácil acudir a la biología para sustentar las propias opiniones. Pero no creo que debamos caer en su juego. Hay que reivindicar el derecho a decidir de las mujeres entendiendo que nuestros argumentos han de moverse en el plano de la política y la ética, no de la biología.

El cuento del emprendedor

Tradicionalmente montar una empresa en España era un procedimiento largo y desquiciante, que requería docenas de trámites burocráticos. Por suerte, los poderes públicos, en su objetivo de fomentar el emprendimiento, han hecho cambios legales y ahora montar una empresa en España es un procedimiento largo y desquiciante que requiere docenas de trámites burocráticos. Además, se han abierto lugares como los viveros de empresa: grandes espacios diáfanos con mesas y wi-fi para que los emprendedores puedan trabajar.

Últimamente me estoy pasando mucho tiempo en uno de esos viveros. Y les veo. Son los emprendedores, los empresarios del futuro, los que van a tirar del carro de este país y lo van a poner en primera línea, los que van a crear empleo para todos. Qué bonito discurso. El problema es que uno mira a las personas de las que se está hablando y deja de creérselo. Les ves comiendo de tuppers, hablando de miserias, tirándose horas en el vivero, buscando hacer movimientos conservadores para no quedarse en bragas… y sabes que no estás ante la futura clase empresarial. Estás ante curritos.

Curritos, sí. Trabajadores, con mentalidad de trabajadores y recursos de trabajadores. No están ahí porque tengan una idea original y quieran aportar valor añadido al país mediante su explotación lucrativa: están ahí porque tienen 50 años, les han despedido, no encuentran nada y se están desesperando. Asimilan a duras penas la neolengua empresarial que adquieren en los cursos gratuitos y se lanzan a ver si ganan algo de dinero y no pierden lo poco que pueden invertir. ¿Qué empresas van a montar estas personas? ¿Qué habrá de original en ellas? ¿Cuántas de ellas sobrevivirán tres años?

El cuento del emprendimiento es la sublimación de la explotación, su estadio superior. Primero fueron los contratos temporales fraudulentos, luego las ETT, después los becarios, más tarde los falsos autónomos y, finalmente, los emprendedores. Aquí se alcanza el sueño dorado del capitalismo: la autoexplotación, el hecho de que sea el trabajador quien se explote a sí mismo. Es sencillo: o trabajas doce horas diarias para poder satisfacer una demanda exigente o te hundes. No tienes a nadie a quien reclamar, ningún empresario al que demandar y ninguna Inspección de Trabajo a la que acudir, porque nadie te está explotando: tú mismo estás decidiendo libremente que prefieres no dormir a no comer.

Este es el modelo que viene: pequeñas empresas, de cuatro o cinco trabajadores, dejándose los cuernos para competir. ¿Dije sueño dorado? Ahora digo sueño húmedo. ¿Trabajadores sin sueldo? Los tienes: como son empresarios, al principio asumen que no hay ganancia. ¿Trabajadores sin derechos laborales? Los tienes, porque no son trabajadores. ¿Trabajadores explotándose entre sí? Los tienes, cuando contratan a otro currito para cualquier cosa y se creen algo. ¿Trabajadores sin asociar o, incluso, asociándose en patronales después de haber asimilado toda la retórica? Los tienes, tío, claro que los tienes.

¿Cómo se soluciona esto? Pues sólo veo un camino: que los emprendedores dejen de creerse el cuento, asuman su condición de trabajadores y se organicen como tales. Por supuesto, esta solución es, hoy en día en España, ciencia ficción. Por lo tanto, no hay nada que hacer: gloria al nuevo modelo de explotación.

El matrimonio poliamor: propuestas

Laentrada del otro día sobre el matrimonio poliamor suscitó, si no muchas visitas sí un cierto debate. Al hilo de eso me pregunté: con el derecho español en la mano, ¿qué tendría que hacer un grupo poliamor que quisiera estabilizar su unión? Bueno, quizás lo más obvio sea casarse entre sí unos con otros, sobre todo si son pares: así uno de ellos podrá ejercer todas las prerrogativas que corresponden al cónyuge (porque lo será), lógicamente hablando con la voz del grupo.

Fuera de eso, pocas posibilidades hay. En cuanto al patrimonio, el grupo poliamor puede constituir una comunidad de bienes. Al fin y al cabo la sociedad de gananciales, régimen jurídico en el que se mueven la mayoría de matrimonios, no es otra cosa que una copropiedad. Esto tiene algunas ventajas y algunos riesgos. Como ventajas, que la copropiedad está regulada en nuestro Código Civil, que establece por ejemplo las mayorías necesarias para tomar decisiones sobre la cosa común. Como riesgos, que cualquiera de los comuneros puede vender su parte a un tercero, que entraría en la comunidad como uno más.

Quizás el siguiente paso lógico sea montar una asociación, a la que irían a parar todos los bienes que ganaran los miembros del grupo. Esto es ir más allá de un matrimonio tradicional: las asociaciones, al contrario que las comunidades de bienes, tienen personalidad jurídica, es decir, que se puede contratar con ellas. Al no ser una mera copropiedad, la posición en la asociación no puede venderse, sino que son los socios quienes deciden sobe la incorporación de uno nuevo. Además, existe velo entre el patrimonio social y el de los miembros, lo que significa que las demandas dirigidas contra la asociación no afectan a los bienes que los socios no hayan puesto en ésta. En contrapartida, eso sí, la asociación paga impuesto de sociedades.

El problema, sin embargo, no es (no lo ha sido nunca) la gestión del patrimonio común, sino la posición especial del cónyuge en una miríada de leyes. Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, se me ocurren tres: las pensiones de viudedad, la posición del cónyuge como heredero forzoso y el derecho del cónyuge del arrendatario a mantener el contrato si éste se marcha. Como ya hemos dicho, la solución puede pasar por matrimonios monógamos dentro del grupo poliamor, pero si el grupo no quiere pasar por ahí, ¿qué puede hacer?

En principio poca cosa. Nuestro Derecho es contrario a los matrimonios de más de dos personas. Pondré un ejemplo: todos los países tienen una cosa llamada “cláusula de orden público”, que es una norma que permite a los tribunales dejar de reconocer una sentencia extranjera que atente gravemente contra los principios más básicos del Derecho nacional. Es decir, que para que se ejecute una sentencia extranjera es necesario que los tribunales nacionales la reconozcan, y éstos pueden negarse a hacerlo si vulnera el orden público nacional. Pues bien: esta cláusula de orden público se ha utilizado para dejar de reconocer matrimonios poligínicos celebrados válidamente en países donde esa práctica es legal.

Sin embargo, hay algún resquicio para la esperanza, que se apoya en varias bases:

1)   Nuestra Constitución no sólo protege el matrimonio, sino también la familia como bien jurídico diferenciado, y si bien existen dudas sobre si el grupo poliamor puede casarse, no lo hay sobre que son una familia (1). Sin embargo, también es cierto que al tratarse de un principio rector de la política social, no se puede aplicar directamente sino sólo en la medida en que haya algo legislado.

2)   La cláusula de orden público se ha dejado de aplicar algunas veces. Se suele comentar un caso de un hombre que murió y sus dos esposas reclamaron pensión de viudedad: los organismos públicos dieron la pensión a ambas para evitar la discriminación, reconociendo así efectos al matrimonio polígamo extranjero. No tengo aquí la documentación, pero no sé si cuando se ha aplicado la cláusula de orden público a matrimonios múltiples no ha sido por la desigualdad entre géneros más que por la poligamia. Dado que el poliamor se basa en la igualdad, desde ahí podría subsanarse este escollo.

3)   La ley cada vez más reconoce la equiparación entre matrimonios y “relaciones de análoga afectividad”, es decir, parejas de hecho. A veces, aunque la ley no se refiera a ello, los tribunales sí lo hacen por entender que está presente el fundamento material del privilegio conyugal. El problema aquí es de prueba: en algunas Comunidades Autónomas existe el Registro de Parejas de Hecho, pero lógicamente no se abre a grupos.

De estas tres bases, la primera puede apoyar demandas hacia el legislador: se le debe pedir que regule este modelo de familia igual que regula otros, si no es mediante la institución matrimonial sí mediante otras fórmulas. Las otras dos se ven más bien como argumentos en debates judiciales. Si quieren probar que la relación existe, los miembros del grupo poliamor harían bien en formalizarla en una escritura pública, es decir, ante notario. Eso da fe y puede ayudar a probar la existencia de una relación de análoga afectividad, con vocación de permanencia. Otros actos, como la compra o alquiler en común de una vivienda, no estarían tampoco de más.

Soy consciente de que sólo estoy ofreciendo sucedáneos, uso torcido de instituciones jurídicas y una batalla judicial constante por que se reconozcan los derechos de los grupos poliamor estables. Pero, hasta que el legislador no se mueva, no hay otra.

(1)  Bueno, los lobbies católicos negarían que lo fuera, pero con eso ya se cuenta.