Este 20 de noviembre se cumple un año de una
de las mayores infamias que ha tenido que soportar la malhadada población
española: una Ley de Tasas judiciales que castra por completo el acceso a la
justicia de los grupos más desfavorecidos. Un tributo que se cobra al empezar
el procedimiento y que depende de la cuantía de éste, lo cual tiene el mérito
de no guardar relación ni con la teórica finalidad de la tasa (que es financiar
un servicio) ni con la capacidad económica del sujeto que la paga.
La idea de las tasas judiciales no es nueva. Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, ya escribió un opúsculo contra ellas a finales del siglo XVIII. En este panfleto les daba un apodo muy adecuado: impuesto sobre la aflicción. Efectivamente, cuando uno acude a pedir justicia es porque está afligido por un problema: le han despedido, le han multado, le han agredido, no sabe si cobrará lo que se le debe… Imponer una tasa a ese momento es una canallada.
La idea de las tasas judiciales no es nueva. Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, ya escribió un opúsculo contra ellas a finales del siglo XVIII. En este panfleto les daba un apodo muy adecuado: impuesto sobre la aflicción. Efectivamente, cuando uno acude a pedir justicia es porque está afligido por un problema: le han despedido, le han multado, le han agredido, no sabe si cobrará lo que se le debe… Imponer una tasa a ese momento es una canallada.
Yo
no me opongo a la existencia de tasas judiciales. Al fin y al cabo la Justicia
debe pagarse y creo que algunos de los que acuden a ella deberían colaborar a
su financiación (1). Los que litigan temerariamente, con afán dilatorio y
sabiendo que su pretensión no se aguanta deberían pagar parte del coste del
procedimiento. Pero para eso hay que reformar el sistema. Para empezar, el
sujeto pasivo del tributo (quien lo paga, vamos) no puede ser el demandante o
querellante, sino quien sea condenado en costas. En consecuencia, la tasa debe
cobrarse al final, cuando la sentencia sea firme. Y, por supuesto, su importe
debe reducirse y dejar de depender de la cuantía del procedimiento.
Pero
claro, un razonamiento así sólo se le puede ocurrir a un gobierno que, aparte
de preocupado por el coste de los servicios públicos, tenga algún interés en
los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y éste no es el caso. Porque
estamos viviendo el mayor retroceso social de la historia de la democracia, a
manos de una gente que considera que los derechos humanos son optativos. Y lo
que están haciendo con la Justicia es sólo un ejemplo.
Digámoslo
claro: la Ley de Tasas no es fruto de la estupidez. Sí, está mal redactada, se
tramitó con una rapidez absurda (porque había que aprobar una de sus
Disposiciones Adicionales, que suprimía una de las pagas extra de los
funcionarios) y hubo de corregirse pocos meses después de su promulgación. Pero
lo que hay detrás no es la estulticia, sino la voluntad clara de alejar la
Justicia de los ciudadanos.
La
Ley de Tasas es el principio. Han tocado o van a tocar todas las leyes
procesales importantes. La LOPJ ya ha sido modificada en lo que se refiere a la
elección del CGPJ. La Ley de Planta va a llevar la justicia a las capitales de
provincia, sacándola de pueblos y ciudades no capitalinas. El Código Procesal
Penal va a darle un peso desproporcionado al Ministerio Fiscal en la
instrucción de los delitos y en la acusación. Y así con todo.
Estamos
ante la punta de lanza de un ataque sistemático a nuestro derecho a la tutela
judicial efectiva. Ha preocupado menos de lo que debería: un acceso fácil,
barato y rápido a la Justicia es la única manera de parar todos los desmanes
que están cometiendo en otros campos. Sin Justicia no hay Estado de Derecho,
punto. La Ley de Tasas no es un problema de abogados, igual que la reforma
educativa no afecta sólo a profesores y la sanitaria no se limita a tocar los
puestos de médicos y enfermeros. Es un problema de todos, del modelo de
sociedad que queremos y del que nos están intentando construir.
Por
eso, porque esto es importante, quiero convocaros a la concentración que se ha
convocado el miércoles 20 ante las sedes de los órganos judiciales. En Madrid
es en Plaza de Castilla a las 12:00. Allí nos vemos.
(1) Otra cosa es que aquí
se haya dicho que las tasas iban a servir para financiar la asistencia jurídica
gratuita y esa partida presupuestaria no haya subido. ¿Dónde ha ido el dinero
de las tasas? Ah…
Ahora con la nueva ley que mañana van a llevar al consejo de ministros,se saltan los tribunales imponiendo multas desorbitadas que nadie va a poder recurrir con esas tasas Y seguimos para bingo
ResponderEliminarLa futura LSC ya es una locura. La combinación entre LSC y tasas judiciales nos deja, simplemente, inermes.
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